Quiero aclarar a los lectores y usuarios del blog que la publicidad que en él aparece en provista por Google, y el administrador del blog no tiene control sobre sus contenidos. La aparición de contenidos de publicidad política en el Blog es fruto de los algoritmos con que Google distribuye sus anuncios en internet y en esa medida no comprometen la posición política del administrador del blog ni de los colaboradores del mismo.
domingo, 27 de diciembre de 2009
sábado, 12 de diciembre de 2009
Iván Cepeda: “Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía y afronten la situación de Colombia”
Nadar contra una fuerte corriente es lo que hace el Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado (MOVICE) en Colombia, donde las mayorías en Congreso y Cámara están alineadas con los dictámenes del presidente Álvaro Uribe, que ahora aspira a una segunda reelección, aunque en su empeño viole lo establecido por la Constitución. En casos tan graves como los múltiples asesinatos de jóvenes pobres por parte de militares, que son presentados como guerrilleros y luego canjeados por reconocimientos y medallas, eufemísticamente llamados “falsos positivos”, la Fiscalía General de la Nación avanza a paso lento y sin ganas.
Instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, un estamento burocrático al que Álvaro Uribe, en los tiempos remotos de la primera candidatura presidencial prometió acabar, ahora se mantiene como un apéndice aún más funcional y sometido. La Procuraduría General de la Nación, el “ente autónomo de control y vigilancia de la función pública de los empleados del Estado”, no sólo no controla ni vigila, sino que tampoco es autónomo, y el propio Procurador General, Alejandro Ordóñez, es reconocido en el país como “el absolvedor”, pues desde su arribo a la institución se ha distinguido por la eficiencia para eximir de culpa a toda clase de militares y funcionarios uribistas vinculados con masacres y paramilitarismo.
En la otra orilla, una institución como la Corte Suprema de Justicia, que se ha negado a nombrar el nuevo Fiscal General de una terna presentada por el presidente, por considerar que los postulados no reúnen las condiciones mínimas necesarias para el cargo, ha sido objeto de toda clase de vituperios por parte del mandatario, de ataques descarados de sus funcionarios, e, incluso, de interceptaciones telefónicas o “chuzadas”, por parte del DAS, el organismo de inteligencia del estado adscrito a Presidencia.
En la corriente desenfrenada y unidireccional del actual gobierno colombiano, que se lleva sin pudor los diques constitucionales y legales, y ni se diga los morales y éticos que interpone cualquier institución, es donde el MOVICE actúa con empeño y tesón, a veces como un clamor solitario, pero también con una postura política clara. El estado colombiano, como responsable por acción, confabulación, omisión o permisividad, tiene una evidente responsabilidad en muchos de los crímenes cometidos contra los propios colombianos. Del mismo modo, el estado tiene la obligación de responder ante las víctimas, las familias, las organizaciones y ante toda la sociedad colombiana, garantizando el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral, y, sobre todo, la garantía de no repetición de esos crímenes.
Iván Cepeda Castro, además de escritor y periodista, es un destacado líder de los derechos humanos en Colombia y vocero del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE), organización nacida en 2003, que agrupa a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y algunas organizaciones que trabajan por los derechos humanos.
Iván Cepeda ha vivido en carne propia la violencia ejercida por el estado colombiano, como hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1984, durante el genocidio llevado a cabo contra la Unión Patriótica, un partido político que fue víctima de una persecución intencional y sistemática que lo condujo al exterminio.
Conversamos con Iván Cepeda en Madrid, ciudad que ha sido escenario del lanzamiento de una campaña internacional de más de 30 organizaciones europeas de derechos humanos, para llamar la atención sobre la persecución que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, por parte de las instancias estatales que deberían brindarles garantías.
Como vocero de las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, ¿qué sensación le produce llegar a Europa y percibir que el Gobierno colombiano es visto como un gobierno democrático, que cumple con los requisitos mínimos para ser tratado con deferencia por la Unión Europea?
No me sorprende. En el caso de España, para decir las cosas por su nombre, hay importantes inversiones del capital transnacional en Colombia. Para citar sólo un caso: en estos días se debate en manos de quién quedará el tercer canal de la televisión y el grupo PRISA tiene un importante interés en esta concurrencia. Entre las propiedades de este grupo, figura “El Tiempo”, el principal diario colombiano, dirigido por la familia Santos. Esa familia gobierna al país. Por lo menos, ha ocupado un lugar importante en ambos gobiernos del presidente Álvaro Uribe. El vicepresidente del país, Francisco Santos, es uno de los principales accionistas de esa casa editorial, y el ex ministro de Defensa, quien es candidato también para las próximas elecciones presidenciales, Juan Manuel Santos, también es accionista y dueño del periódico. No son, pues, sólo coaliciones o alianzas. Son verdaderos consorcios.
Así que el hecho de que se elogie al presidente Uribe, un gobierno que a duras penas puede sobrellevar un día sin un escándalo –lo que incluyen hechos criminales, como los llamados “falsos positivos”, y situaciones aún más evidentes-, pues que un gobierno extranjero lo elogie, lo único que implica es que sus intereses deben ser protegidos. Pero esa situación, cada día es menos posible ocultarla. Es un gobierno que se ha venido mostrando en todas sus facetas de corrupción y criminalidad en los últimos años.
Y yo creo que sí, que hay quienes se esfuerzan por mantener ese tipo de coartadas, para ocultar una situación tan grave como la que hay en Colombia, pero también hay una conciencia creciente en la comunidad internacional sobre qué es lo que el gobierno del presidente Uribe representa realmente. Para decirlo con claridad, uno de los aparatos criminales más mortíferos y destructivos que ha habido en los países de América Latina.
¿Alguna vez han tenido las víctimas en Colombia algún espacio de interlocución con el poder para incidir en lo que se llama allí la legislación “de paz” o en la política de construcción de la llamada “reconciliación”?
No. El Gobierno y el Poder Legislativo, en su gran mayoría, responden a los intereses del aparato criminal que ha producido tantas víctimas en Colombia. De ahí que no es un interlocutor, sino más bien un enemigo constante de estos procesos. Pero a pesar de que el Gobierno se ha empeñado, por todas las vías posibles, para que esos procesos no se puedan abrir paso, gracias a la acción de las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los abogados, los jueces dignos que tiene el país, en los últimos años se ha logrado producir un avance efectivo.
Ese avance se ve materializado en que más de cien funcionarios estatales, entre ellos un número significativo de congresistas, han sido llevados a las cárceles. Que muchos miembros de la Fuerza Pública han comenzado a ser llamados ante los tribunales, y que el fenómeno de la llamada “parapolítica” y los crímenes cometidos por el paramilitarismo se ponen en evidencia. Y cuando se ha ido reconociendo la realidad de que en Colombia ha funcionado la criminalidad de Estado.
Pero eso no es gracias al gobierno ni a la interlocución con el gobierno, sino que es el resultado de una lucha tesonera, dada en condiciones muy desiguales y siempre peligrosas, que han llevado a cabo las víctimas en sus regiones: los campesinos, los indígenas, las mujeres, muchas asociaciones de personas que han logrado ir construyendo este camino hacia los derechos humanos en el país.
Cuando se habla de crímenes de Estado, son conocidas las víctimas de los casos argentino o chileno, pero Colombia es una caja negra: no hay conocimiento de cuál es la dimensión de las víctimas y cuál es la realidad que ustedes afrontan cuando deciden no callar y exigir justicia, verdad y reparación.
Bueno, las cifras son cada vez más completas y claras. Estamos hablando de cerca de 50 mil personas desaparecidas en Colombia en los últimos 20 años, una cifra que supera de largo a países como Argentina y Chile, y a algunos centroamericanos. Hablamos del 10% de la población desplazada, más de 4 millones de personas; más de 150 mil homicidios y una gran destrucción de las comunidades: 18 pueblos indígenas están al borde de ser exterminados, en procesos que sin lugar a dudas pueden ser catalogados como genocidios, y también de sectores como los sindicalistas y los defensores de derechos humanos, que han sido víctimas de crímenes continuos durante estas dos décadas.
En Colombia, estamos en presencia de una criminalidad del sistema, con múltiples expresiones, que tiene la connotación de no ser apenas la violencia que se presenta en un conflicto armado, sino una violencia que promueve el Estado, para eliminar, anular, neutralizar a organizaciones enteras de activistas sociales. Y una violencia que además tiene la connotación de intentar presentar a sus víctimas simplemente como personajes encubiertos que actúan a nombre de la guerrilla.
Para entender mejor de qué estoy hablando, traigo a colación sólo un caso. Hace un año tenemos en la cárcel a Carmelo Agámez. Él es el líder de los campesinos de San Onofre, un poblado al norte de Colombia, que se convirtió en una especie de campo de concentración -y lo digo literalmente, no es una exageración- de los grupos paramilitares. En esa población de 50 mil habitantes, las personas fueron sometidas durante años a un régimen concentracionario, donde se les imponía un estricto régimen de vida: una hora para despertarse y acostarse, los paramilitares disponían de las mujeres, de las personas para esclavizarlas como peones en sus fincas… En fin, un régimen dantesco. Allí, Carmelo Agámez logró organizar al movimiento campesino, y llevó a la cárcel, no solamente a los paramilitares, sino a sus aliados políticos, sus jefes políticos. Y una vez que se logró esto, Carmelo fue acusado de ser aliado de los paramilitares. Él, que toda la vida fue su víctima, terminó siendo acusado por ellos, como forma de venganza, para llevarlo a la cárcel. Hace un año que Carmelo está en prisión. Yo lo fui a visitar hace unos meses. En la prisión hay 70 personas: 69 son paramilitares y políticos aliados de los paramilitares, y Carmelo vive en compañía de esta gente. Como puede entenderse, es una situación de inmensa peligrosidad, y, a pesar de eso, Carmelo sigue sosteniendo su lucha desde la cárcel.
La campaña electoral ya comenzó en Colombia, y la retórica guerrerista con respecto a Venezuela trata de rendir resultados en términos de apoyo al gobierno, o de solapamiento de otros problemas que tiene el país. ¿Cuál es la opción de las víctimas en este contexto, donde parece cada vez más difícil hablar de las situaciones de violación de derechos humanos y de lo que hay que reparar dentro del país?
Yo creo que nosotros estamos cada vez más cercanos de una acción política directa. El movimiento de víctimas ha dado una lucha jurídica, una lucha por ganar espacios, pero eso se muestra cada vez más insuficiente. No basta meter a los políticos a la cárcel: hay que ganar espacios políticos. Y creo que el movimiento social en Colombia ha comenzado una discusión sobre ese tema. Existen partidos políticos, es cierto, pero las víctimas y los movimientos sociales quieren tener poder, y quieren ejercer el poder.
Ahora, lo que está ocurriendo en Colombia con relación a Venezuela es una estrategia de largo alcance. Hay que recordar que, en los últimos años, se han ido produciendo, uno tras otro, varios golpes de estado. Primero se le dio un golpe de estado al presidente Hugo Chávez, posteriormente se intentó dar un golpe al presidente Evo Morales, más recientemente en Honduras se ha producido el golpe impune del señor Micheletti. Aquí lo que hay es un plan claramente articulado para acabar con estos gobiernos, y, sobre todo, para acabar con el proceso de integración latinoamericana.
Aquí el objetivo esencial no es uno u otro gobierno, es la unión de los países latinoamericanos en torno a una nueva política, a una nueva economía, a un nuevo tipo de relaciones que puedan configurar una fuerza que se oponga con claridad a unas relaciones tradicionalmente coloniales e imperiales.
En este contexto, por supuesto, el gobierno del presidente Uribe es una pieza central. Algunos hablan ya de que Colombia es una especie de portaaviones de Estados Unidos en América Latina, y creo que esas no son palabras exageradas. Estamos asistiendo a un contexto en el cual se ha creado una plataforma para agredir de manera clara ese proceso de integración. Y en las elecciones que vienen ese va a ser un tema a discusión, por supuesto, y las víctimas vamos a tomar partido y a tomar opción por enfrentarnos a ese tipo de proyecto que quieren destruir la unidad latinoamericana.
¿Cuáles son las exigencias de las víctimas en Colombia hacia la Unión Europea y sus gobiernos, en cuanto a la política exterior que deberían seguir con respecto al Estado colombiano?
Yo creo que los gobiernos colombianos han sido tratados con una extrema indulgencia, por decirlo de la manera más eufemística. Se ha tolerado durante años, a través de declaraciones supremamente tímidas, una situación que, de lejos, es la más grave en cuanto a derechos humanos en el hemisferio occidental.
Hablamos de un país que tiene una guerra de 50 años, el 10% de su población en la miseria por el desplazamiento forzado, un país en el que los crímenes de personalidades y de personas que defienden los derechos humanos son hechos cotidianos.
Y a todo esto se le intenta poner siempre paños de agua tibia, diciendo que son situaciones producto del terrorismo, producto de la lucha contra el narcotráfico.
Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía, afronten los hechos que suceden en Colombia con la gravedad que tienen, y propongan salidas acordes. No digo que todos los gobiernos se comporten de esta forma, pero hay sectores y partidos políticos en Europa para los cuales es tolerable una situación que, vista de manera objetiva, no es otra cosa que un inmenso río de sangre. Una realidad totalmente antidemocrática y contra los derechos humanos.
http://juanalbertosm.blogspot.com
Instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, un estamento burocrático al que Álvaro Uribe, en los tiempos remotos de la primera candidatura presidencial prometió acabar, ahora se mantiene como un apéndice aún más funcional y sometido. La Procuraduría General de la Nación, el “ente autónomo de control y vigilancia de la función pública de los empleados del Estado”, no sólo no controla ni vigila, sino que tampoco es autónomo, y el propio Procurador General, Alejandro Ordóñez, es reconocido en el país como “el absolvedor”, pues desde su arribo a la institución se ha distinguido por la eficiencia para eximir de culpa a toda clase de militares y funcionarios uribistas vinculados con masacres y paramilitarismo.
En la otra orilla, una institución como la Corte Suprema de Justicia, que se ha negado a nombrar el nuevo Fiscal General de una terna presentada por el presidente, por considerar que los postulados no reúnen las condiciones mínimas necesarias para el cargo, ha sido objeto de toda clase de vituperios por parte del mandatario, de ataques descarados de sus funcionarios, e, incluso, de interceptaciones telefónicas o “chuzadas”, por parte del DAS, el organismo de inteligencia del estado adscrito a Presidencia.
En la corriente desenfrenada y unidireccional del actual gobierno colombiano, que se lleva sin pudor los diques constitucionales y legales, y ni se diga los morales y éticos que interpone cualquier institución, es donde el MOVICE actúa con empeño y tesón, a veces como un clamor solitario, pero también con una postura política clara. El estado colombiano, como responsable por acción, confabulación, omisión o permisividad, tiene una evidente responsabilidad en muchos de los crímenes cometidos contra los propios colombianos. Del mismo modo, el estado tiene la obligación de responder ante las víctimas, las familias, las organizaciones y ante toda la sociedad colombiana, garantizando el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral, y, sobre todo, la garantía de no repetición de esos crímenes.
Iván Cepeda Castro, además de escritor y periodista, es un destacado líder de los derechos humanos en Colombia y vocero del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE), organización nacida en 2003, que agrupa a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y algunas organizaciones que trabajan por los derechos humanos.
Iván Cepeda ha vivido en carne propia la violencia ejercida por el estado colombiano, como hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1984, durante el genocidio llevado a cabo contra la Unión Patriótica, un partido político que fue víctima de una persecución intencional y sistemática que lo condujo al exterminio.
Conversamos con Iván Cepeda en Madrid, ciudad que ha sido escenario del lanzamiento de una campaña internacional de más de 30 organizaciones europeas de derechos humanos, para llamar la atención sobre la persecución que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, por parte de las instancias estatales que deberían brindarles garantías.
Como vocero de las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, ¿qué sensación le produce llegar a Europa y percibir que el Gobierno colombiano es visto como un gobierno democrático, que cumple con los requisitos mínimos para ser tratado con deferencia por la Unión Europea?
No me sorprende. En el caso de España, para decir las cosas por su nombre, hay importantes inversiones del capital transnacional en Colombia. Para citar sólo un caso: en estos días se debate en manos de quién quedará el tercer canal de la televisión y el grupo PRISA tiene un importante interés en esta concurrencia. Entre las propiedades de este grupo, figura “El Tiempo”, el principal diario colombiano, dirigido por la familia Santos. Esa familia gobierna al país. Por lo menos, ha ocupado un lugar importante en ambos gobiernos del presidente Álvaro Uribe. El vicepresidente del país, Francisco Santos, es uno de los principales accionistas de esa casa editorial, y el ex ministro de Defensa, quien es candidato también para las próximas elecciones presidenciales, Juan Manuel Santos, también es accionista y dueño del periódico. No son, pues, sólo coaliciones o alianzas. Son verdaderos consorcios.
Así que el hecho de que se elogie al presidente Uribe, un gobierno que a duras penas puede sobrellevar un día sin un escándalo –lo que incluyen hechos criminales, como los llamados “falsos positivos”, y situaciones aún más evidentes-, pues que un gobierno extranjero lo elogie, lo único que implica es que sus intereses deben ser protegidos. Pero esa situación, cada día es menos posible ocultarla. Es un gobierno que se ha venido mostrando en todas sus facetas de corrupción y criminalidad en los últimos años.
Y yo creo que sí, que hay quienes se esfuerzan por mantener ese tipo de coartadas, para ocultar una situación tan grave como la que hay en Colombia, pero también hay una conciencia creciente en la comunidad internacional sobre qué es lo que el gobierno del presidente Uribe representa realmente. Para decirlo con claridad, uno de los aparatos criminales más mortíferos y destructivos que ha habido en los países de América Latina.
¿Alguna vez han tenido las víctimas en Colombia algún espacio de interlocución con el poder para incidir en lo que se llama allí la legislación “de paz” o en la política de construcción de la llamada “reconciliación”?
No. El Gobierno y el Poder Legislativo, en su gran mayoría, responden a los intereses del aparato criminal que ha producido tantas víctimas en Colombia. De ahí que no es un interlocutor, sino más bien un enemigo constante de estos procesos. Pero a pesar de que el Gobierno se ha empeñado, por todas las vías posibles, para que esos procesos no se puedan abrir paso, gracias a la acción de las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los abogados, los jueces dignos que tiene el país, en los últimos años se ha logrado producir un avance efectivo.
Ese avance se ve materializado en que más de cien funcionarios estatales, entre ellos un número significativo de congresistas, han sido llevados a las cárceles. Que muchos miembros de la Fuerza Pública han comenzado a ser llamados ante los tribunales, y que el fenómeno de la llamada “parapolítica” y los crímenes cometidos por el paramilitarismo se ponen en evidencia. Y cuando se ha ido reconociendo la realidad de que en Colombia ha funcionado la criminalidad de Estado.
Pero eso no es gracias al gobierno ni a la interlocución con el gobierno, sino que es el resultado de una lucha tesonera, dada en condiciones muy desiguales y siempre peligrosas, que han llevado a cabo las víctimas en sus regiones: los campesinos, los indígenas, las mujeres, muchas asociaciones de personas que han logrado ir construyendo este camino hacia los derechos humanos en el país.
Cuando se habla de crímenes de Estado, son conocidas las víctimas de los casos argentino o chileno, pero Colombia es una caja negra: no hay conocimiento de cuál es la dimensión de las víctimas y cuál es la realidad que ustedes afrontan cuando deciden no callar y exigir justicia, verdad y reparación.
Bueno, las cifras son cada vez más completas y claras. Estamos hablando de cerca de 50 mil personas desaparecidas en Colombia en los últimos 20 años, una cifra que supera de largo a países como Argentina y Chile, y a algunos centroamericanos. Hablamos del 10% de la población desplazada, más de 4 millones de personas; más de 150 mil homicidios y una gran destrucción de las comunidades: 18 pueblos indígenas están al borde de ser exterminados, en procesos que sin lugar a dudas pueden ser catalogados como genocidios, y también de sectores como los sindicalistas y los defensores de derechos humanos, que han sido víctimas de crímenes continuos durante estas dos décadas.
En Colombia, estamos en presencia de una criminalidad del sistema, con múltiples expresiones, que tiene la connotación de no ser apenas la violencia que se presenta en un conflicto armado, sino una violencia que promueve el Estado, para eliminar, anular, neutralizar a organizaciones enteras de activistas sociales. Y una violencia que además tiene la connotación de intentar presentar a sus víctimas simplemente como personajes encubiertos que actúan a nombre de la guerrilla.
Para entender mejor de qué estoy hablando, traigo a colación sólo un caso. Hace un año tenemos en la cárcel a Carmelo Agámez. Él es el líder de los campesinos de San Onofre, un poblado al norte de Colombia, que se convirtió en una especie de campo de concentración -y lo digo literalmente, no es una exageración- de los grupos paramilitares. En esa población de 50 mil habitantes, las personas fueron sometidas durante años a un régimen concentracionario, donde se les imponía un estricto régimen de vida: una hora para despertarse y acostarse, los paramilitares disponían de las mujeres, de las personas para esclavizarlas como peones en sus fincas… En fin, un régimen dantesco. Allí, Carmelo Agámez logró organizar al movimiento campesino, y llevó a la cárcel, no solamente a los paramilitares, sino a sus aliados políticos, sus jefes políticos. Y una vez que se logró esto, Carmelo fue acusado de ser aliado de los paramilitares. Él, que toda la vida fue su víctima, terminó siendo acusado por ellos, como forma de venganza, para llevarlo a la cárcel. Hace un año que Carmelo está en prisión. Yo lo fui a visitar hace unos meses. En la prisión hay 70 personas: 69 son paramilitares y políticos aliados de los paramilitares, y Carmelo vive en compañía de esta gente. Como puede entenderse, es una situación de inmensa peligrosidad, y, a pesar de eso, Carmelo sigue sosteniendo su lucha desde la cárcel.
La campaña electoral ya comenzó en Colombia, y la retórica guerrerista con respecto a Venezuela trata de rendir resultados en términos de apoyo al gobierno, o de solapamiento de otros problemas que tiene el país. ¿Cuál es la opción de las víctimas en este contexto, donde parece cada vez más difícil hablar de las situaciones de violación de derechos humanos y de lo que hay que reparar dentro del país?
Yo creo que nosotros estamos cada vez más cercanos de una acción política directa. El movimiento de víctimas ha dado una lucha jurídica, una lucha por ganar espacios, pero eso se muestra cada vez más insuficiente. No basta meter a los políticos a la cárcel: hay que ganar espacios políticos. Y creo que el movimiento social en Colombia ha comenzado una discusión sobre ese tema. Existen partidos políticos, es cierto, pero las víctimas y los movimientos sociales quieren tener poder, y quieren ejercer el poder.
Ahora, lo que está ocurriendo en Colombia con relación a Venezuela es una estrategia de largo alcance. Hay que recordar que, en los últimos años, se han ido produciendo, uno tras otro, varios golpes de estado. Primero se le dio un golpe de estado al presidente Hugo Chávez, posteriormente se intentó dar un golpe al presidente Evo Morales, más recientemente en Honduras se ha producido el golpe impune del señor Micheletti. Aquí lo que hay es un plan claramente articulado para acabar con estos gobiernos, y, sobre todo, para acabar con el proceso de integración latinoamericana.
Aquí el objetivo esencial no es uno u otro gobierno, es la unión de los países latinoamericanos en torno a una nueva política, a una nueva economía, a un nuevo tipo de relaciones que puedan configurar una fuerza que se oponga con claridad a unas relaciones tradicionalmente coloniales e imperiales.
En este contexto, por supuesto, el gobierno del presidente Uribe es una pieza central. Algunos hablan ya de que Colombia es una especie de portaaviones de Estados Unidos en América Latina, y creo que esas no son palabras exageradas. Estamos asistiendo a un contexto en el cual se ha creado una plataforma para agredir de manera clara ese proceso de integración. Y en las elecciones que vienen ese va a ser un tema a discusión, por supuesto, y las víctimas vamos a tomar partido y a tomar opción por enfrentarnos a ese tipo de proyecto que quieren destruir la unidad latinoamericana.
¿Cuáles son las exigencias de las víctimas en Colombia hacia la Unión Europea y sus gobiernos, en cuanto a la política exterior que deberían seguir con respecto al Estado colombiano?
Yo creo que los gobiernos colombianos han sido tratados con una extrema indulgencia, por decirlo de la manera más eufemística. Se ha tolerado durante años, a través de declaraciones supremamente tímidas, una situación que, de lejos, es la más grave en cuanto a derechos humanos en el hemisferio occidental.
Hablamos de un país que tiene una guerra de 50 años, el 10% de su población en la miseria por el desplazamiento forzado, un país en el que los crímenes de personalidades y de personas que defienden los derechos humanos son hechos cotidianos.
Y a todo esto se le intenta poner siempre paños de agua tibia, diciendo que son situaciones producto del terrorismo, producto de la lucha contra el narcotráfico.
Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía, afronten los hechos que suceden en Colombia con la gravedad que tienen, y propongan salidas acordes. No digo que todos los gobiernos se comporten de esta forma, pero hay sectores y partidos políticos en Europa para los cuales es tolerable una situación que, vista de manera objetiva, no es otra cosa que un inmenso río de sangre. Una realidad totalmente antidemocrática y contra los derechos humanos.
http://juanalbertosm.blogspot.com
lunes, 7 de diciembre de 2009
ACTOS DE HABLA QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Abrumadora, preocupante y hasta peligrosa la celeridad con la cual está actuando la justicia colombiana en el caso de Nicolás Castro, bautizado ya por los medios como el ‘terrorista de la Internet’, por amenazar de muerte, a través de una red social digital, a Jerónimo Uribe, hijo del actual presidente de Colombia.
Han pasado más de 24 años de los execrables hechos del Palacio de Justicia, lugar en donde se cometieron delitos de lesa humanidad en la retoma del Palacio de Justicia, y aún no hay pronta justicia. De aquel lugar, atacado por un comando del M-19 y recuperado a sangre y fuero por el ejército nacional, salieron vivos magistrados y empleados de la cafetería y fueron ultimados por miembros del Ejército y sus cuerpos desaparecidos. Son 11 familias a las que aún el Estado no les da razón del paradero de sus cuerpos. Hoy está privado de la libertad el coronel Plazas Vega, comandante del operativo de retoma, en un proceso largo, que muestra poca celeridad de la justicia colombiana.
En Colombia permanecen sin resolver y en la más ignominiosa impunidad, masacres y magnicidios, cuyos criminales en calidad de determinadores y ejecutores, deambulan como ‘ciudadanos de bien’. Por la ya tradicional inoperancia de la justicia colombiana es que llama la atención la celeridad con la cual el aparato judicial del Estado asumió la judicialización de un joven universitario que dijo desear asesinar al hijo del Presidente
Pero una cosa es pensar con el deseo (pensamiento equivocado, sin duda, así no se tratare de la vida de Jerónimo Uribe) y otra muy distinta es que Nicolás Castro tenga la intención y los medios para perpetrar lo que puede señalarse como un impulso, una expresión verbal a lo mejor muy cotidiana en el ser humano, especialmente en el colombiano, acostumbrado a escuchar frases como ‘me va a tocar que mandarle al de la moto’ o pilas que ‘te puedo mandar a quebrar’ e incluso, la ya famosa frase del Presidente, ‘te voy a dar en la cara marica’.
Si el juez de control de garantías califica la conducta del estudiante universitario como instigación a delinquir, qué decir o cómo llamar cuando el papá de Jerónimo Uribe, mandó a un general de la Policía a matar a todos los sicarios de la llamada Oficina de Envigado. ¿No estaría el propio Presidente instigando a cometer ejecuciones extrajudiciales, al enviar ese mensaje a través de los medios masivos de comunicación?
¿Acaso los ‘falsos positivos’ no podrían resultan ser el resultado de una instigación presidencial para que miembros de la fuerza pública, motivados por la entrega de prebendas, dinero y felicitaciones (véase decreto Boina, por ejemplo y otras directrices), mataran inocentes ciudadanos y los presentaran como guerrilleros muertos en combate?
Abrumadora, preocupante y hasta peligrosa la celeridad con la cual está actuando la justicia colombiana en el caso de Nicolás Castro, bautizado ya por los medios como el ‘terrorista de la Internet’, por amenazar de muerte, a través de una red social digital, a Jerónimo Uribe, hijo del actual presidente de Colombia.
Han pasado más de 24 años de los execrables hechos del Palacio de Justicia, lugar en donde se cometieron delitos de lesa humanidad en la retoma del Palacio de Justicia, y aún no hay pronta justicia. De aquel lugar, atacado por un comando del M-19 y recuperado a sangre y fuero por el ejército nacional, salieron vivos magistrados y empleados de la cafetería y fueron ultimados por miembros del Ejército y sus cuerpos desaparecidos. Son 11 familias a las que aún el Estado no les da razón del paradero de sus cuerpos. Hoy está privado de la libertad el coronel Plazas Vega, comandante del operativo de retoma, en un proceso largo, que muestra poca celeridad de la justicia colombiana.
En Colombia permanecen sin resolver y en la más ignominiosa impunidad, masacres y magnicidios, cuyos criminales en calidad de determinadores y ejecutores, deambulan como ‘ciudadanos de bien’. Por la ya tradicional inoperancia de la justicia colombiana es que llama la atención la celeridad con la cual el aparato judicial del Estado asumió la judicialización de un joven universitario que dijo desear asesinar al hijo del Presidente
Pero una cosa es pensar con el deseo (pensamiento equivocado, sin duda, así no se tratare de la vida de Jerónimo Uribe) y otra muy distinta es que Nicolás Castro tenga la intención y los medios para perpetrar lo que puede señalarse como un impulso, una expresión verbal a lo mejor muy cotidiana en el ser humano, especialmente en el colombiano, acostumbrado a escuchar frases como ‘me va a tocar que mandarle al de la moto’ o pilas que ‘te puedo mandar a quebrar’ e incluso, la ya famosa frase del Presidente, ‘te voy a dar en la cara marica’.
Si el juez de control de garantías califica la conducta del estudiante universitario como instigación a delinquir, qué decir o cómo llamar cuando el papá de Jerónimo Uribe, mandó a un general de la Policía a matar a todos los sicarios de la llamada Oficina de Envigado. ¿No estaría el propio Presidente instigando a cometer ejecuciones extrajudiciales, al enviar ese mensaje a través de los medios masivos de comunicación?
¿Acaso los ‘falsos positivos’ no podrían resultan ser el resultado de una instigación presidencial para que miembros de la fuerza pública, motivados por la entrega de prebendas, dinero y felicitaciones (véase decreto Boina, por ejemplo y otras directrices), mataran inocentes ciudadanos y los presentaran como guerrilleros muertos en combate?
El Presidente sí puede verbalizar de esa manera sus deseos de acabar con una oficina de asesinos (le compete a la justicia demostrar que efectivamente lo son), y nadie advierte el peligro de ese acto de habla, pero si lo advirtió el juez en el acto de habla del joven Castro.
Muchos dirán que se trata del Presidente, que lo hace para defender a los colombianos de bien. Acá el asunto es que tanto Castro como Uribe se equivocaron al verbalizar sus deseos, pero ese hecho compromete en mayor medida al Presidente, pues su sola investidura le prohíbe expresarse en esos términos y para el caso de las directrices entregadas a las fuerzas militares, de producir más y mejores resultados en materia de orden público, debió, como comandante supremo, vigilar de cerca el actuar de los hombres bajo su mando.
Que en el joven Castro habiten odios que hizo públicos, que verbalizó en la red, no justifica la fuerza, la celeridad y el señalamiento del juez que conoció el caso, al ordenar privarlo de su libertad, enviándolo a la cárcel La Picota, sin considerar si quiera atenuantes como su pasado judicial, la real ‘altura’ jurídica del caso en el sentido de evaluar si se trata realmente de un hecho punible, una acción terrorista o una incitación para delinquir, para que se cometiera un delito.
Debió el fiscal sopesar el acto ilocutivo (‘me comprometo a matar a Jerónimo Uribe’) con su real capacidad de llevar a cabo el cometido, expresado, verbalizado. Es decir, ¿tiene los medios para asesinar al bien custodiado delfín? ¿Adelantó actividades conducentes a cumplir con la amenaza? ¿Se acercó a su señalada víctima, estuvo cerca de él, lo abordó? No hay cómo medir la certeza, el convencimiento de querer llevar a cabo su deseo del equivocado joven, al momento de proferir la amenaza, es decir, el cómo lo dijo, en qué contexto.
Este caso, jurídicamente, deja mal parada a la justicia por la celeridad demostrada y por la interpretación de los hechos que hiciera el juez, en un caso que se pudo resolver con una simple conminación pública al joven Castro, buscando con ello darle una lección para que entienda él y los demás colombianos, que no es responsable verbalizar odios, rencores o hacer comentarios ligeros como el que efectivamente hizo Castro.
Este tipo de expresiones o actos de habla demuestran que a través del lenguaje demostramos qué somos realmente. Y lo cierto es que Uribe y Castro muy poco valoran la vida, pues verbalizan, con facilidad, sus odios y rencores.
En cuanto a los efectos esperados y logrados por los actos de habla (factor perlocutivo) tanto del Presidente como del joven universitario, realmente genera más miedo lo dicho por el Presidente a través de sus directrices, políticas y órdenes públicas, dado que toda la fuerza represiva del Estado está a su servicio. Entonces, ¿Cuáles son, realmente, los actos de habla que ponen en riesgo la vida?
Consulte el blog La Otra Tribuna, http://www.laotratribuna1.blogspot.com/
jueves, 3 de diciembre de 2009
SOCIALISMO O CAPITALISMO, ESA NO ES LA CUESTIÓN
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El socialismo del siglo XXI que se impone por estos días en Venezuela y que Chávez ha querido diseminar por varios países de América Latina, corre el riesgo de repetir el carácter mafioso, intemperante, dictatorial y amenazante, reconocido y determinante en la implosión de la URSS. Los ya efectivos controles a la prensa, a las variables económicas que se expresan en un empobrecido mercado interno y la persecución a opositores, entre otros, lo irán llevando por el camino dictatorial característico de varios regímenes socialistas de la conocida cortina de hierro.
Las mafias de empresarios, nacionales e internacionales, que sostienen económica y políticamente al coronel Chávez muy seguramente harán que el mercado negro prospere para los productos que intencionalmente el Estado socialista controla para someter a sus asociados.
Logros socialistas como salud plena para todos los ciudadanos, avances importantes en medicina, deportes y diseño de armas, hacen juego con el control de libertades y derechos ciudadanos, ejercido efectivamente por un Estado gendarme, paquidérmico e ineficaz desde la perspectiva de la competitividad.
Las formas y las prácticas con las cuales el sistema socialista enfrentó y pretende enfrentar hoy el ideario del capitalismo en esta compleja etapa de la globalización, terminaron por legitimar las sensaciones de libertad y del goce de plenos derechos en los países que aceptaron la autonomía y las leyes del mercado; y fue así, justamente, por las drásticas limitaciones a los ciudadanos estatizados y por el sistema Gulag, implementado en la antigua URSS.
Más allá de la legitimidad alcanzada por ambos sistemas, lo cierto es que tanto el sistema capitalista, como el socialista han logrado demostrar que de la compleja naturaleza humana, se puede esperar decisiones, fenómenos y las prácticas más aberrantes y nocivas para el desarrollo del ser humano en libertad.
Los avances reconocidos para uno y otro sistema no dejan de demostrar los problemas que cada uno genera, especialmente en el contexto de un enfrentamiento ideológico, político, económico y militar como el que se vivió en el contexto de la Guerra Fría, y que hoy pretenden renacer Chávez y Uribe.
La concentración de la riqueza en pocas manos, un sistema financiero agiotista e irresponsable socialmente, extrema pobreza y la transición de un ciudadano activo políticamente a un ciudadano-cliente, subsumido en la lógica del consumo, caracterizan a un sistema capitalista que reduce la experiencia humana a un asunto económico, de valor de cambio y de uso.
Por el lado del socialismo, un ciudadano estatizado, con amplios beneficios en salud y educación, un estado policivo, vigilante y castigador, determinador y diseñador de conciencias, individuales y colectivas, caracterizaron las expresiones del viejo socialismo, hoy, al parecer, en franco regreso a través del ‘socialismo del siglo XXI’ de Chávez Frías.
Los dos sistemas son abiertamente perversos para la condición humana, por una razón sencilla: son producto de una naturaleza humana compleja y a veces indescifrable. Quienes estuvieron al frente de uno y otro, y lo están hoy, desconocen la complejidad del ser humano en sociedad y hacen de ese vacío, la mejor arma para imponer un ideario, que en uno y otro sentido, jamás ha considerado la idea de felicidad que el ser humano a través de los siglos viene construyendo y buscando.
Ni el mercado, con la publicidad perversa que le acompaña, ni el Estado, como faro del deber ser ciudadano, han logrado la plena felicidad humana por cuanto, muy seguramente, son expresiones de un ser humano, de una condición humana naturalmente perversa.
Mientras Chávez y Uribe exponen sus armas para intentar defender los idearios que sostienen los sistemas económicos, políticos y culturales que cada uno orienta, las vidas de los ciudadanos de Venezuela y Colombia devienen en medio de la intemperancia, del control y de la persecución ideológica. Hay que superar la dicotomía que nos obliga a elegir entre socialismo o capitalismo. Quizás el error esté ahí.
Lo cierto es que la permanencia de Chávez y Uribe –y de otros- al frente de los Estados que representan, redundará en beneficio de la industria militar transnacional, de las mafias y elites locales que actúan bajo la inercia de un mundo humano que no ha comprendido qué hacemos en este planeta.
Consulte el blog La Otra Tribuna, www.laotratribuna1.blogspot.com
El socialismo del siglo XXI que se impone por estos días en Venezuela y que Chávez ha querido diseminar por varios países de América Latina, corre el riesgo de repetir el carácter mafioso, intemperante, dictatorial y amenazante, reconocido y determinante en la implosión de la URSS. Los ya efectivos controles a la prensa, a las variables económicas que se expresan en un empobrecido mercado interno y la persecución a opositores, entre otros, lo irán llevando por el camino dictatorial característico de varios regímenes socialistas de la conocida cortina de hierro.
Las mafias de empresarios, nacionales e internacionales, que sostienen económica y políticamente al coronel Chávez muy seguramente harán que el mercado negro prospere para los productos que intencionalmente el Estado socialista controla para someter a sus asociados.
Logros socialistas como salud plena para todos los ciudadanos, avances importantes en medicina, deportes y diseño de armas, hacen juego con el control de libertades y derechos ciudadanos, ejercido efectivamente por un Estado gendarme, paquidérmico e ineficaz desde la perspectiva de la competitividad.
Las formas y las prácticas con las cuales el sistema socialista enfrentó y pretende enfrentar hoy el ideario del capitalismo en esta compleja etapa de la globalización, terminaron por legitimar las sensaciones de libertad y del goce de plenos derechos en los países que aceptaron la autonomía y las leyes del mercado; y fue así, justamente, por las drásticas limitaciones a los ciudadanos estatizados y por el sistema Gulag, implementado en la antigua URSS.
Más allá de la legitimidad alcanzada por ambos sistemas, lo cierto es que tanto el sistema capitalista, como el socialista han logrado demostrar que de la compleja naturaleza humana, se puede esperar decisiones, fenómenos y las prácticas más aberrantes y nocivas para el desarrollo del ser humano en libertad.
Los avances reconocidos para uno y otro sistema no dejan de demostrar los problemas que cada uno genera, especialmente en el contexto de un enfrentamiento ideológico, político, económico y militar como el que se vivió en el contexto de la Guerra Fría, y que hoy pretenden renacer Chávez y Uribe.
La concentración de la riqueza en pocas manos, un sistema financiero agiotista e irresponsable socialmente, extrema pobreza y la transición de un ciudadano activo políticamente a un ciudadano-cliente, subsumido en la lógica del consumo, caracterizan a un sistema capitalista que reduce la experiencia humana a un asunto económico, de valor de cambio y de uso.
Por el lado del socialismo, un ciudadano estatizado, con amplios beneficios en salud y educación, un estado policivo, vigilante y castigador, determinador y diseñador de conciencias, individuales y colectivas, caracterizaron las expresiones del viejo socialismo, hoy, al parecer, en franco regreso a través del ‘socialismo del siglo XXI’ de Chávez Frías.
Los dos sistemas son abiertamente perversos para la condición humana, por una razón sencilla: son producto de una naturaleza humana compleja y a veces indescifrable. Quienes estuvieron al frente de uno y otro, y lo están hoy, desconocen la complejidad del ser humano en sociedad y hacen de ese vacío, la mejor arma para imponer un ideario, que en uno y otro sentido, jamás ha considerado la idea de felicidad que el ser humano a través de los siglos viene construyendo y buscando.
Ni el mercado, con la publicidad perversa que le acompaña, ni el Estado, como faro del deber ser ciudadano, han logrado la plena felicidad humana por cuanto, muy seguramente, son expresiones de un ser humano, de una condición humana naturalmente perversa.
Mientras Chávez y Uribe exponen sus armas para intentar defender los idearios que sostienen los sistemas económicos, políticos y culturales que cada uno orienta, las vidas de los ciudadanos de Venezuela y Colombia devienen en medio de la intemperancia, del control y de la persecución ideológica. Hay que superar la dicotomía que nos obliga a elegir entre socialismo o capitalismo. Quizás el error esté ahí.
Lo cierto es que la permanencia de Chávez y Uribe –y de otros- al frente de los Estados que representan, redundará en beneficio de la industria militar transnacional, de las mafias y elites locales que actúan bajo la inercia de un mundo humano que no ha comprendido qué hacemos en este planeta.
Consulte el blog La Otra Tribuna, www.laotratribuna1.blogspot.com
jueves, 26 de noviembre de 2009
CASO USCÁTEGUI: UNA CONDENA EJEMPLARIZANTE QUE NO REPARA EL DOLOR DE LAS VÍCTIMAS
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La condena a 40 años de prisión proferida, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Bogotá, al general del ejército en retiro, Jaime Humberto Uscátegui, es un paso importante en el esclarecimiento de las responsabilidades que le caben al Estado colombiano en la comisión de masacres como la de Mapiripán y en la libre circulación, por aire, agua y tierra, de grupos paramilitares.
Aunque ya anunció el ex general que irá a instancia de casación, es decir, ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia[1], el fallo del Tribunal resulta ejemplarizante y aleccionador en tanto los militares deben comprender que en la lucha contra las guerrillas, su comportamiento no puede ser igual a la forma como operan los criminales de las FARC y el ELN.
Las obligaciones constitucionales y legales de los agentes de la fuerza pública no pueden obviarse por el solo hecho de estar librando una lucha a muerte contra las otoñales guerrillas. El comportamiento pérfido de las guerrillas no puede servir de acicate para que los militares colombianos actúen de la misma manera o por el contrario, faciliten o colaboren con el trabajo de limpieza ejercido por los paracos.
Ya es hora de que los generales de este país paguen por haber facilitado las operaciones de los paramilitares en vastas zonas del país, bien a través del retiro de las tropas oficiales para que las AUC cometieran tranquilamente las masacres, o bien, patrullando con los paracos, o colaborando con la entrega de pertrechos y material de intendencia.
Los ya comprobados nexos entre paras y militares deben servir para que en las escuelas de formación militar, las nuevas generaciones de oficiales y suboficiales reconozcan que la alevosía, la traición y en general las acciones pérfidas, son propias de los grupos armados ilegales y que por ninguna razón, deben hacer parte de la conducta de los militares y menos aún, hacer parte de una directriz del alto mando. Y es claro que la orden de autoridad superior para este tipo de crímenes, jamás opera como causal excluyente de responsabilidad.
Son muchos los asuntos que quedan pendientes por esclarecer de aquella masacre (1997) en la que murieron 49 personas. Por ejemplo, determinar quién facilitó el vuelo de dos aeronaves cargadas de paracos, que presumiblemente salieron del Urabá hacia el Guaviare, en primera instancia, y luego hacia Mapiripán, en el Meta.
Uscátegui tiene la responsabilidad de reconocer si las operaciones conjuntas o las omisiones cometidas en el cumplimiento del deber, obedecían a decisiones del alto mando, es decir, a una política del comando general de las fuerzas militares, o si por el contrario, obedecían a decisiones particulares de algunos oficiales que simpatizaban con las AUC.
Uscátegui se suma a una corta lista de altos oficiales vinculados con el paramilitarismo. Huelga recordar al ya fallecido general Farouk Yanine Díaz y el enredado caso legal del que hace parte el general Rito Alejo del Río.
Se espera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia actúe en derecho y confirme la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Es hora de que acciones ejemplarizantes de la justicia, expresadas en la sentencia condenatoria a 40 años de prisión, sirvan de referente para los militares activos y en formación, para que entiendan de una vez por todas que la sociedad espera de ellos un comportamiento totalmente distinto al que ya nos tienen habituados los criminales de las FARC y del ELN. Cuando las tropas oficiales actúan igual al enemigo que combaten, adquieren el mismo carácter criminal de quienes actúan al margen de la ley.
Lo cierto es que la condena al general Uscátegui poco servirá para calmar el dolor de los familiares de las 49 víctimas que murieron, porque un funcionario del Estado decidió, en un instante, que sus vidas carecían de valor.
Aunque ya anunció el ex general que irá a instancia de casación, es decir, ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia[1], el fallo del Tribunal resulta ejemplarizante y aleccionador en tanto los militares deben comprender que en la lucha contra las guerrillas, su comportamiento no puede ser igual a la forma como operan los criminales de las FARC y el ELN.
Las obligaciones constitucionales y legales de los agentes de la fuerza pública no pueden obviarse por el solo hecho de estar librando una lucha a muerte contra las otoñales guerrillas. El comportamiento pérfido de las guerrillas no puede servir de acicate para que los militares colombianos actúen de la misma manera o por el contrario, faciliten o colaboren con el trabajo de limpieza ejercido por los paracos.
Ya es hora de que los generales de este país paguen por haber facilitado las operaciones de los paramilitares en vastas zonas del país, bien a través del retiro de las tropas oficiales para que las AUC cometieran tranquilamente las masacres, o bien, patrullando con los paracos, o colaborando con la entrega de pertrechos y material de intendencia.
Los ya comprobados nexos entre paras y militares deben servir para que en las escuelas de formación militar, las nuevas generaciones de oficiales y suboficiales reconozcan que la alevosía, la traición y en general las acciones pérfidas, son propias de los grupos armados ilegales y que por ninguna razón, deben hacer parte de la conducta de los militares y menos aún, hacer parte de una directriz del alto mando. Y es claro que la orden de autoridad superior para este tipo de crímenes, jamás opera como causal excluyente de responsabilidad.
Son muchos los asuntos que quedan pendientes por esclarecer de aquella masacre (1997) en la que murieron 49 personas. Por ejemplo, determinar quién facilitó el vuelo de dos aeronaves cargadas de paracos, que presumiblemente salieron del Urabá hacia el Guaviare, en primera instancia, y luego hacia Mapiripán, en el Meta.
Uscátegui tiene la responsabilidad de reconocer si las operaciones conjuntas o las omisiones cometidas en el cumplimiento del deber, obedecían a decisiones del alto mando, es decir, a una política del comando general de las fuerzas militares, o si por el contrario, obedecían a decisiones particulares de algunos oficiales que simpatizaban con las AUC.
Uscátegui se suma a una corta lista de altos oficiales vinculados con el paramilitarismo. Huelga recordar al ya fallecido general Farouk Yanine Díaz y el enredado caso legal del que hace parte el general Rito Alejo del Río.
Se espera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia actúe en derecho y confirme la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Es hora de que acciones ejemplarizantes de la justicia, expresadas en la sentencia condenatoria a 40 años de prisión, sirvan de referente para los militares activos y en formación, para que entiendan de una vez por todas que la sociedad espera de ellos un comportamiento totalmente distinto al que ya nos tienen habituados los criminales de las FARC y del ELN. Cuando las tropas oficiales actúan igual al enemigo que combaten, adquieren el mismo carácter criminal de quienes actúan al margen de la ley.
Lo cierto es que la condena al general Uscátegui poco servirá para calmar el dolor de los familiares de las 49 víctimas que murieron, porque un funcionario del Estado decidió, en un instante, que sus vidas carecían de valor.
[1] Dentro de las funciones y competencias de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, está, según el Artículo 235, numeral 4, la de juzgar: “previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los miembros del despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública, por los hechos punibles que se les imputen”.
miércoles, 18 de noviembre de 2009
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Las sonrisas del ex ministro Arias y del ministro Fernández, una vez se hundió la moción de censura en el Senado, representan el triunfo del clientelismo puesto en marcha no sólo por estos dos bribones, sino por el propio gobierno de Uribe a través de la política pública Agro Ingreso Seguro.
Estos dos ladinos personajes de la política nacional sonríen porque no se dio la moción de censura. Sin duda, se trata de un triunfo pírrico tanto para ellos, como para este ilegítimo gobierno. Que la moción de censura se haya truncado significa que la política pública Agro Ingreso Seguro fue diseñada justo a la medida de las necesidades clientelistas del Gobierno de Uribe. Es, también, la demostración del poder absoluto que ha venido acumulando el Presidente de la República.
Por el contrario, lo que debe quedar muy claro es que efectivamente se diseña, se diseñó y se seguirán diseñando políticas públicas para pagar favores políticos a los sectores productivos y empresariales que han apoyado la reelección de Uribe y con ella, la profunda crisis institucional que vivimos en Colombia.
Cuando los asuntos del Estado se manejan con tal bellaquería, las violencias en todas sus manifestaciones parecen legitimarse en ese carácter mafioso que de tiempo atrás ha venido adquiriendo el Estado colombiano, manejado por funcionarios taimados de mediano y alto nivel.
Da tristeza el espectáculo brindado por estos dos laderos personajes del uribismo. Pero más tristeza genera el silencio de unos actores de la sociedad civil que deberían estar revisando no sólo la política Agro Ingreso Seguro, sino las otras políticas públicas y en general las actuaciones de este gobierno.
Leía hace poco un discurso del Rector de la Universidad de los Andes[1], en el que hace referencia al papel de la Academia. Recojo algunos apartes: “las universidades debemos propiciar espacios de debate sobre los problemas que afectan al país en todos sus ámbitos: la infraestructura, la economía, la gobernabilidad política, la violencia. Todo ello debe ser objeto de análisis, lo cual implica la confrontación de distintas posturas, en un clima de tolerancia. A su vez, esto exige una postura activa de la academia en la socialización de sus investigaciones, de tal manera que ellas aporten significativamente a la sociedad. Por su parte, los estudiantes tienen el compromiso de ser ciudadanos preocupados por los asuntos públicos que impactan el interés general. Esto es, ciudadanos que opinan críticamente sobre los problemas que aquejan al país y que proponen, desde su conocimiento, soluciones a los mismos. Tarea nada fácil.”
No se trata de una confrontación directa en contra de un Gobierno, por el contrario, de lo que se trata es de asumir una actitud y una acción política éticamente correctas en una nación acostumbrada al pillaje y confundida pues ya hay dificultades para distinguir qué es legal y qué es ilegal; qué es legítimo y qué no lo es; qué es éticamente correcto y qué no lo es. Pero también hay responsabilidades en los partidos y movimientos políticos, en los tibios candidatos a la presidencia que hoy se asoman a la arena electoral, en los líderes políticos y en un Estado que olvidaron límites éticos, convirtiendo a Colombia en un nido de pillos que buscan satisfacciones individuales.
Bien dice el padre jesuita, Francisco de Roux Rengifo, al señalar que "Colombia es una Nación fallida que vive una profunda crisis humanitaria y de dignidad; por eso tenemos la idea equivocada de que la dignidad nos va a venir de la protección que nos dé otra Nación, o de las armas, o de la seguridad del Estado. La construcción de Estado es muy precario y si no lo hacemos desde lo más hondo como los principios básicos de una ética pública, siempre tendremos fragilidades en las elaboraciones constitucionales que desarrollemos y tendremos resquebrajamientos en las autoridades públicas que designemos…”[2]
Insisto en que la Academia debe convertirse en un eficiente actor de control político de las actuaciones de los gobiernos, a partir del análisis, de la investigación, del seguimiento. Más allá de asuntos y orillas ideológicas, lo que está de por medio es la dignidad de la nación, el bienestar de todos los que vivimos en este territorio y la viabilidad del Estado.
Si la Universidad colombiana no lidera reflexiones profundas alrededor de la ética pública, del modelo económico que hoy condena a mayorías a vivir de manera indigna, de la gobernabilidad y de la legitimidad del actual régimen y en particular, acerca de la pérdida de los pesos y contrapesos por cuenta de la reelección, será responsable de las catástrofes sociales, culturales y políticas que vienen de la mano de la concentración del poder en una sola persona.
Mientras Arias y Fernández ríen y la Academia guarda silencio, el país entra en un peligroso estadio de insospechables consecuencias para todos. Solo resta esperar.
Las sonrisas del ex ministro Arias y del ministro Fernández, una vez se hundió la moción de censura en el Senado, representan el triunfo del clientelismo puesto en marcha no sólo por estos dos bribones, sino por el propio gobierno de Uribe a través de la política pública Agro Ingreso Seguro.
Estos dos ladinos personajes de la política nacional sonríen porque no se dio la moción de censura. Sin duda, se trata de un triunfo pírrico tanto para ellos, como para este ilegítimo gobierno. Que la moción de censura se haya truncado significa que la política pública Agro Ingreso Seguro fue diseñada justo a la medida de las necesidades clientelistas del Gobierno de Uribe. Es, también, la demostración del poder absoluto que ha venido acumulando el Presidente de la República.
Por el contrario, lo que debe quedar muy claro es que efectivamente se diseña, se diseñó y se seguirán diseñando políticas públicas para pagar favores políticos a los sectores productivos y empresariales que han apoyado la reelección de Uribe y con ella, la profunda crisis institucional que vivimos en Colombia.
Cuando los asuntos del Estado se manejan con tal bellaquería, las violencias en todas sus manifestaciones parecen legitimarse en ese carácter mafioso que de tiempo atrás ha venido adquiriendo el Estado colombiano, manejado por funcionarios taimados de mediano y alto nivel.
Da tristeza el espectáculo brindado por estos dos laderos personajes del uribismo. Pero más tristeza genera el silencio de unos actores de la sociedad civil que deberían estar revisando no sólo la política Agro Ingreso Seguro, sino las otras políticas públicas y en general las actuaciones de este gobierno.
Leía hace poco un discurso del Rector de la Universidad de los Andes[1], en el que hace referencia al papel de la Academia. Recojo algunos apartes: “las universidades debemos propiciar espacios de debate sobre los problemas que afectan al país en todos sus ámbitos: la infraestructura, la economía, la gobernabilidad política, la violencia. Todo ello debe ser objeto de análisis, lo cual implica la confrontación de distintas posturas, en un clima de tolerancia. A su vez, esto exige una postura activa de la academia en la socialización de sus investigaciones, de tal manera que ellas aporten significativamente a la sociedad. Por su parte, los estudiantes tienen el compromiso de ser ciudadanos preocupados por los asuntos públicos que impactan el interés general. Esto es, ciudadanos que opinan críticamente sobre los problemas que aquejan al país y que proponen, desde su conocimiento, soluciones a los mismos. Tarea nada fácil.”
No se trata de una confrontación directa en contra de un Gobierno, por el contrario, de lo que se trata es de asumir una actitud y una acción política éticamente correctas en una nación acostumbrada al pillaje y confundida pues ya hay dificultades para distinguir qué es legal y qué es ilegal; qué es legítimo y qué no lo es; qué es éticamente correcto y qué no lo es. Pero también hay responsabilidades en los partidos y movimientos políticos, en los tibios candidatos a la presidencia que hoy se asoman a la arena electoral, en los líderes políticos y en un Estado que olvidaron límites éticos, convirtiendo a Colombia en un nido de pillos que buscan satisfacciones individuales.
Bien dice el padre jesuita, Francisco de Roux Rengifo, al señalar que "Colombia es una Nación fallida que vive una profunda crisis humanitaria y de dignidad; por eso tenemos la idea equivocada de que la dignidad nos va a venir de la protección que nos dé otra Nación, o de las armas, o de la seguridad del Estado. La construcción de Estado es muy precario y si no lo hacemos desde lo más hondo como los principios básicos de una ética pública, siempre tendremos fragilidades en las elaboraciones constitucionales que desarrollemos y tendremos resquebrajamientos en las autoridades públicas que designemos…”[2]
Insisto en que la Academia debe convertirse en un eficiente actor de control político de las actuaciones de los gobiernos, a partir del análisis, de la investigación, del seguimiento. Más allá de asuntos y orillas ideológicas, lo que está de por medio es la dignidad de la nación, el bienestar de todos los que vivimos en este territorio y la viabilidad del Estado.
Si la Universidad colombiana no lidera reflexiones profundas alrededor de la ética pública, del modelo económico que hoy condena a mayorías a vivir de manera indigna, de la gobernabilidad y de la legitimidad del actual régimen y en particular, acerca de la pérdida de los pesos y contrapesos por cuenta de la reelección, será responsable de las catástrofes sociales, culturales y políticas que vienen de la mano de la concentración del poder en una sola persona.
Mientras Arias y Fernández ríen y la Academia guarda silencio, el país entra en un peligroso estadio de insospechables consecuencias para todos. Solo resta esperar.
Consulte el blog La Otra Tribuna, http://www.laotratribuna1.blogspot.com/
[1] Circuló por la red un pdf bajo el título PALABRAS DEL RECTOR DE KA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, CARLOS ÁNGULO GALVIS, DURANTE LA CEREMONIA DE PREGRADO Y MAGÍSTER, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
[2] Apartes de este discurso circularon en la red y fueron recogidos por varios medios radiales.
martes, 17 de noviembre de 2009
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Cuando la política y las acciones cotidianas de quienes ejercen y cumplen funciones estatales, e incluso, las de los ciudadanos, se ponen al servicio de mafias políticas[1], de grupos de poder económico y de multinacionales y de comandantes militares ávidos de poder y reconocimiento, ella misma y las acciones de aquellos, adquieren de forma natural un talante ilegítimo, que es, a la postre, generador importante de violencias y de la frágil y perversa cultura política colombiana.
Consecuencias de una política mafiosa o del actuar mafioso de agentes privados y estatales, son la sensación de impotencia, la desesperanza, la desazón y hasta el coraje de ciudadanos que al actuar dentro de las reglas del juego democrático y las de la propia ley, empiezan a reconocer lo ‘inútil’ que es continuar actuando de dicha manera, poniéndole precio a su actuar político ciudadano. Son esos elementos los que alimentan los tipos de violencia, que expresadas discursiva y actitudinalmente por los ciudadanos víctimas directas o indirectas de ese ejercicio perverso de la política, impiden el diálogo respetuoso alrededor de asuntos públicos de especial trascendencia para todos.
Para el caso colombiano, desde una perspectiva histórica, la política y la acción pública y privada de agentes del Estado y de ciudadanos en ámbitos privados, han estado asociadas y sujetas tanto a los poderes de facto (grupos armados ilegales, como guerrillas y paracos, y por supuesto, narcotraficantes, contrabandistas y mafias políticas de viejo cuño), como al creciente poder económico de corporaciones financieras locales e internacionales, consorcios y oligopolios, cada vez más desestabilizadores y generadores de incertidumbres en millones de ciudadanos del mundo.
El desencantamiento y el descentramiento de la política es consecuencia de la alianza mafiosa entre políticos y disímiles grupos de poder, legales e ilegales, apoyados en la acción premeditada de medios de comunicación y periodistas, que sujetos al morbo de lo noticioso, terminan vaciando de sentido a la política y a la acción política, cuyos efectos e intereses naturalmente colectivos, terminan al servicio de unos pocos. Esta constatación en Colombia suena a verdad aceptada e inmodificable, lo que genera aún más el espectro de violencia e incertidumbre al interior del país.
Si miramos las dos administraciones de Uribe - y las que vendrán - podemos decir que la política y la acción política han estado al servicio de mafias políticas enquistadas en los insepultos partidos políticos y en los intereses de los grupos económicos que lo llevaron al poder, que lo sostienen y que hoy reciben los beneficios de un Estado puesto a su servicio. Baste con revisar los proyectos agroindustriales puestos en marcha en la Orinoquia y en territorios aledaños, con recursos de la política pública Agro Ingreso Seguro.
Una política así, elimina la posibilidad de concebir ciudadanos que actúen bajo parámetros y principios éticos que permitan que en el imaginario colectivo se inoculen ideas como igualdad de oportunidades, claridad y respeto a las reglas de juego, para de esta manera decirle no al clientelismo, privado y público, primer generador de prácticas mafiosas.
Hoy más que nunca se necesita de una propuesta de gobierno que progresivamente enfrente y elimine las mafias políticas, y que de manera clara demuestre a empresarios, ex presidentes, políticos profesionales, funcionarios públicos -incluidos los militares- que las actuaciones clientelares de unos y otros, poco aportan a la construcción de una democracia y de un país cuyos ciudadanos no sólo respeten la institucionalidad, sino que le entreguen la legitimidad que tanto reclama y necesita el Estado y las acciones políticas de quienes dicen trabajar por el bien común.
Por esa vía, se necesita de un nuevo contrato social. Pero no hay hoy en la baraja de candidatos y precandidatos a la presidencia, quien agencie un proyecto político de tal magnitud, solo viable y deseable siempre y cuando enfrente las prácticas políticas mafiosas que históricamente se han enquistado en el Estado y ganado terreno, cada vez más, en instituciones del ámbito privado. Por ahora, cunde el mal ejemplo y la espiral de violencia crece.
Cuando la política y las acciones cotidianas de quienes ejercen y cumplen funciones estatales, e incluso, las de los ciudadanos, se ponen al servicio de mafias políticas[1], de grupos de poder económico y de multinacionales y de comandantes militares ávidos de poder y reconocimiento, ella misma y las acciones de aquellos, adquieren de forma natural un talante ilegítimo, que es, a la postre, generador importante de violencias y de la frágil y perversa cultura política colombiana.
Consecuencias de una política mafiosa o del actuar mafioso de agentes privados y estatales, son la sensación de impotencia, la desesperanza, la desazón y hasta el coraje de ciudadanos que al actuar dentro de las reglas del juego democrático y las de la propia ley, empiezan a reconocer lo ‘inútil’ que es continuar actuando de dicha manera, poniéndole precio a su actuar político ciudadano. Son esos elementos los que alimentan los tipos de violencia, que expresadas discursiva y actitudinalmente por los ciudadanos víctimas directas o indirectas de ese ejercicio perverso de la política, impiden el diálogo respetuoso alrededor de asuntos públicos de especial trascendencia para todos.
Para el caso colombiano, desde una perspectiva histórica, la política y la acción pública y privada de agentes del Estado y de ciudadanos en ámbitos privados, han estado asociadas y sujetas tanto a los poderes de facto (grupos armados ilegales, como guerrillas y paracos, y por supuesto, narcotraficantes, contrabandistas y mafias políticas de viejo cuño), como al creciente poder económico de corporaciones financieras locales e internacionales, consorcios y oligopolios, cada vez más desestabilizadores y generadores de incertidumbres en millones de ciudadanos del mundo.
El desencantamiento y el descentramiento de la política es consecuencia de la alianza mafiosa entre políticos y disímiles grupos de poder, legales e ilegales, apoyados en la acción premeditada de medios de comunicación y periodistas, que sujetos al morbo de lo noticioso, terminan vaciando de sentido a la política y a la acción política, cuyos efectos e intereses naturalmente colectivos, terminan al servicio de unos pocos. Esta constatación en Colombia suena a verdad aceptada e inmodificable, lo que genera aún más el espectro de violencia e incertidumbre al interior del país.
Si miramos las dos administraciones de Uribe - y las que vendrán - podemos decir que la política y la acción política han estado al servicio de mafias políticas enquistadas en los insepultos partidos políticos y en los intereses de los grupos económicos que lo llevaron al poder, que lo sostienen y que hoy reciben los beneficios de un Estado puesto a su servicio. Baste con revisar los proyectos agroindustriales puestos en marcha en la Orinoquia y en territorios aledaños, con recursos de la política pública Agro Ingreso Seguro.
Una política así, elimina la posibilidad de concebir ciudadanos que actúen bajo parámetros y principios éticos que permitan que en el imaginario colectivo se inoculen ideas como igualdad de oportunidades, claridad y respeto a las reglas de juego, para de esta manera decirle no al clientelismo, privado y público, primer generador de prácticas mafiosas.
Hoy más que nunca se necesita de una propuesta de gobierno que progresivamente enfrente y elimine las mafias políticas, y que de manera clara demuestre a empresarios, ex presidentes, políticos profesionales, funcionarios públicos -incluidos los militares- que las actuaciones clientelares de unos y otros, poco aportan a la construcción de una democracia y de un país cuyos ciudadanos no sólo respeten la institucionalidad, sino que le entreguen la legitimidad que tanto reclama y necesita el Estado y las acciones políticas de quienes dicen trabajar por el bien común.
Por esa vía, se necesita de un nuevo contrato social. Pero no hay hoy en la baraja de candidatos y precandidatos a la presidencia, quien agencie un proyecto político de tal magnitud, solo viable y deseable siempre y cuando enfrente las prácticas políticas mafiosas que históricamente se han enquistado en el Estado y ganado terreno, cada vez más, en instituciones del ámbito privado. Por ahora, cunde el mal ejemplo y la espiral de violencia crece.
[1] Mafias políticas: se llama así a la acción política de políticos, gamonales, caciques y líderes políticos con capacidad clientelar, que buscan de manera deliberada beneficiar a escogidos y selectos grupos de poder, legales e ilegales, violando elementales principios democráticos y derechos consagrados en la constitución, y hacerse con el poder. Las mafias políticas representan la cooptación del Estado y se convierten en un referente negativo para la acción política ciudadana.
Visite el blog LA OTRA TRIBUNA, www.laotratribuna1.blogspot.com
martes, 10 de noviembre de 2009
DEL PROYECTO NEOCONSERVADOR Y DEL VISTO BUENO DE LOS GRINGOS
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El acuerdo de cooperación militar firmado entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia debe entenderse como el visto bueno que el Departamento de Estado y el gobierno de Obama le dan a la continuidad de Uribe en el poder. Es decir, el tercer mandato de Uribe tiene ya la bendición de la potencia militar.
¿Qué falta entonces? Muy poco realmente. Que la Corte Constitucional cumpla con su función de control constitucional de la ley del referendo. Ojalá no cometa el error político de declararla exequible. Eso sería el fin de la institucionalidad en Colombia. Pero es altamente probable que le dé el sí, a pesar de que el proceso surtido en el Congreso y la ley misma están viciados, lo que los hace no sólo ilegales, sino ilegítimos. Se ha venido sosteniendo que varios de los magistrados de dicha Corte son cercanos al Gobierno.
En caso tal de que la Corte Constitucional declare inexequible la ley que dio vida al referendo reeleccionista, los simpatizantes de Uribe, los medios de comunicación y las ‘fuerzas oscuras’ de siempre, crearán un escenario de miedo, de terror, con atentados terroristas (falsos positivos, claro), que obligará a la ‘opinión pública’ a pedirle a Uribe que continúe, que se lance nuevamente. Claro, Uribe inmediatamente aceptará y en las urnas, los ricos y los pobres agradecidos con Uribe, darán su voto para cuatro años más.
En el eventual caso en el que Uribe desista de su aspiración, más por cansancio personal, que por considerar las voces oficiales que le piden que abandone su aspiración y que dé oportunidad a otros, quien gane las elecciones sabe de antemano que su gobierno será de mera transición, pues deberá devolver las riendas a Uribe en 2014. Para cumplir con esa tarea están dispuestos Juan Manuel Santos, Sergio Fajardo, Noemí Sanín, y hasta el mismo Rafael Pardo, verdaderos manzanillos al servicio de un modelo económico abiertamente contrario al espíritu de la Carta Política de 1991.
Lo cierto es que mientras el proyecto chavista se mantenga en Venezuela, Estados Unidos necesita de un alfil que contenga en algo a ese indescifrable socialismo del siglo XXI. En el plano interno, el proyecto neoconservador que encarna Uribe tiene simpatizantes de gran peso como el Procurador General de la Nación, una especie de censor oficial, un Torquemada moderno que extraña la caverna.
Con un marco constitucional como el de 1991, con todo y las reformas ya hechas, los colombianos que confían en la Carta Política y que han apelado a ella para defenderse del Estado y de los particulares, resultan incómodos para el sistema financiero, para las fuerzas militares y en general, para las élites económicas y políticas. Les incomoda que haya mecanismos de participación con los cuales los ciudadanos exijan el cumplimiento de sus derechos. Es más, les incomoda que haya derechos.
Las discusiones y la polarización que generan asuntos como el aborto, la dosis mínima y la eutanasia demuestran con claridad lo difícil que es y ha sido construir un país liberal[1] y un sentido de la ciudadanía a partir del cual cada colombiano sea capaz de decidir de manera autónoma sobre aquellos asuntos que sólo le competen resolver a él desde su esfera privada.
Todo está servido para que el proyecto neoconservador de Uribe se perpetúe, con él o con quienes han decidido acompañar su proyecto político. Ya en el plano internacional tienen el visto bueno de los Estados Unidos. En el plano interno, las voces disidentes que se levantan en contra del proyecto neoconservador de Uribe, apenas si se dejan oír en los canales y medios de información. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, viene ejerciendo contrapeso a la intención del Gobierno de cooptar y dominar los poderes públicos.
Sin duda, Uribe logró ‘despertar’ y darles un segundo aire a conservadores, retrógrados y retardatarios, que agazapados, estaban esperando a un líder capaz de sacarlos del letargo y de la inacción política, fruto de la crisis no sólo del partido conservador, sino de la fuerza de la Carta de 1991, que de alguna manera los mantuvo al margen durante un tiempo.
[1] En términos de garantizar libertades individuales y colectivas, y por supuesto, garantizar derechos.
El acuerdo de cooperación militar firmado entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia debe entenderse como el visto bueno que el Departamento de Estado y el gobierno de Obama le dan a la continuidad de Uribe en el poder. Es decir, el tercer mandato de Uribe tiene ya la bendición de la potencia militar.
¿Qué falta entonces? Muy poco realmente. Que la Corte Constitucional cumpla con su función de control constitucional de la ley del referendo. Ojalá no cometa el error político de declararla exequible. Eso sería el fin de la institucionalidad en Colombia. Pero es altamente probable que le dé el sí, a pesar de que el proceso surtido en el Congreso y la ley misma están viciados, lo que los hace no sólo ilegales, sino ilegítimos. Se ha venido sosteniendo que varios de los magistrados de dicha Corte son cercanos al Gobierno.
En caso tal de que la Corte Constitucional declare inexequible la ley que dio vida al referendo reeleccionista, los simpatizantes de Uribe, los medios de comunicación y las ‘fuerzas oscuras’ de siempre, crearán un escenario de miedo, de terror, con atentados terroristas (falsos positivos, claro), que obligará a la ‘opinión pública’ a pedirle a Uribe que continúe, que se lance nuevamente. Claro, Uribe inmediatamente aceptará y en las urnas, los ricos y los pobres agradecidos con Uribe, darán su voto para cuatro años más.
En el eventual caso en el que Uribe desista de su aspiración, más por cansancio personal, que por considerar las voces oficiales que le piden que abandone su aspiración y que dé oportunidad a otros, quien gane las elecciones sabe de antemano que su gobierno será de mera transición, pues deberá devolver las riendas a Uribe en 2014. Para cumplir con esa tarea están dispuestos Juan Manuel Santos, Sergio Fajardo, Noemí Sanín, y hasta el mismo Rafael Pardo, verdaderos manzanillos al servicio de un modelo económico abiertamente contrario al espíritu de la Carta Política de 1991.
Lo cierto es que mientras el proyecto chavista se mantenga en Venezuela, Estados Unidos necesita de un alfil que contenga en algo a ese indescifrable socialismo del siglo XXI. En el plano interno, el proyecto neoconservador que encarna Uribe tiene simpatizantes de gran peso como el Procurador General de la Nación, una especie de censor oficial, un Torquemada moderno que extraña la caverna.
Con un marco constitucional como el de 1991, con todo y las reformas ya hechas, los colombianos que confían en la Carta Política y que han apelado a ella para defenderse del Estado y de los particulares, resultan incómodos para el sistema financiero, para las fuerzas militares y en general, para las élites económicas y políticas. Les incomoda que haya mecanismos de participación con los cuales los ciudadanos exijan el cumplimiento de sus derechos. Es más, les incomoda que haya derechos.
Las discusiones y la polarización que generan asuntos como el aborto, la dosis mínima y la eutanasia demuestran con claridad lo difícil que es y ha sido construir un país liberal[1] y un sentido de la ciudadanía a partir del cual cada colombiano sea capaz de decidir de manera autónoma sobre aquellos asuntos que sólo le competen resolver a él desde su esfera privada.
Todo está servido para que el proyecto neoconservador de Uribe se perpetúe, con él o con quienes han decidido acompañar su proyecto político. Ya en el plano internacional tienen el visto bueno de los Estados Unidos. En el plano interno, las voces disidentes que se levantan en contra del proyecto neoconservador de Uribe, apenas si se dejan oír en los canales y medios de información. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, viene ejerciendo contrapeso a la intención del Gobierno de cooptar y dominar los poderes públicos.
Sin duda, Uribe logró ‘despertar’ y darles un segundo aire a conservadores, retrógrados y retardatarios, que agazapados, estaban esperando a un líder capaz de sacarlos del letargo y de la inacción política, fruto de la crisis no sólo del partido conservador, sino de la fuerza de la Carta de 1991, que de alguna manera los mantuvo al margen durante un tiempo.
[1] En términos de garantizar libertades individuales y colectivas, y por supuesto, garantizar derechos.
Nota: consulte http://www.laotratribuna1.blogspot.com
Entrevista a Yuri Neira
El 1 de mayo de 2005, Nicolás Neira, un estudiante de 15 años quien apoyaba la marcha de los trabajadores, cayó asesinado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la Policía Nacional. Su padre, Yuri Neira, ha tenido que afrontar desde aquel día una terrible persecución de parte del Estado colombiano por averiguar la verdad de lo ocurrido y porque sigue denunciando con vehemencia los atropellos y abusos de autoridad por parte de la Policía Nacional.
Julio Cortés: –El asesinato de Nicolás Neira ocurrió en 2005. ¿En qué va el proceso judicial?
Yuri Neira: –Desde su asesinato, hace 1620 días, se inició la denuncia ante las autoridades respectivas. El proceso ha pasado de un lado a otro: primero, la Unidad de Vida [de la Fiscalía]; luego, lo cogió la Justicia Penal Militar y después dijo que eso no le correspondía; posteriormente, se decidió que la justicia ordinaria debía seguir con el caso. El expediente va de lado a lado, hasta que llega al fiscal Mario Iguarán, que decide trasladarlo a la Unidad de Derechos Humanos, Fiscalía 53. Eso hace cuatro meses ¡después de 4 años empieza el caso! La Procuraduría, en un borrador, dice que los autores son de la Policía Nacional. Hay un capitán y un subteniente investigados.
JC: –¿Hay imágenes o testigos que comprometen a miembros del Esmad en el asesinato de Nicolás?
YN: –Ese día, las cámaras del Estado en ese punto se dañaron. Hubo una película que hicieron un mes después de los hechos, pero una persona se hizo pasar por mí y se llevaron la película. Hay una foto, que tomó un ciudadano nacionalizado canadiense, de cuando a Nicolás lo estaban golpeando unos policías: ahí se ve cuando Nicolás está en el suelo. Este testigo me dio sus datos y las fotos, además, se ofreció para declarar en la embajada de Colombia en Canadá, pero hasta el momento no lo han llamado a dar testimonio. Después del entierro de Nicolás, le llegó el DAS a la casa y lo deportaron. Ahora este testigo no puede volver al país fácilmente. Otro testigo fue asesinado. Quedan tres.
JC: –Ud. ha sido víctima de un crimen de Estado, no sólo por lo de Nicolás sino por la persecución a la que se ha tenido que enfrentar. ¿Cómo ha sido su vida en este tiempo?
YN: –Me cambió totalmente la vida. Yo trabajaba en una empresa de seguros y, con lo de Nicolás, mi vida gira 180 grados. Ahora me dedico a los derechos humanos. Esto me ha traído 24 detenciones arbitrarias por parte de la Policía. En medio de esto vienen cuatro atentados: el último fue 24 horas después del allanamiento a la Casa Salmón Cultural. Luego del cuarto atentado me tocó irme cuatro meses al Brasil. Decidí devolverme, a pesar de que a nadie le gustó la noticia por el riesgo de ser asesinado. Les dije que si me pegan un tiro en Colombia estoy con mi gente, en mi casa, en mi terreno, con mis amigos, pero es que allá estaba solo y muriéndome lentamente. La lucha es estar acá, en Colombia.
JC: ¿Cómo están sus condiciones de seguridad en este momento?
YN: Se supone que gozo de medidas de protección: una camioneta y dos agentes del DAS. Pero, como decía Piedad Córdoba: “uno no tiene escoltas sino espías”. Dije que no aceptaba más esto, porque me niega muchas cosas y estoy vendiendo a mi gente, con quien yo charle está siendo 'fichado'. Ahora me dicen que no me garantizan protección así como ando. Yo asumo el riesgo por la búsqueda de la verdad de lo que pasó con Nicolás. Y si averiguar la verdad implica que me disparen nuevamente, pues que así sea. Yo sigo en la campaña contra la brutalidad policial y por el desmonte del Esmad. Sin embargo, temo por mi vida, porque ya sé que la Policía no me va a asesinar con otro atentado, pero sí lo van a pasar como un falso positivo, inventando que por robarme el celular me dieron 3 puñaladas.
JC: –¿Cómo fue el allanamiento a la Casa Salmón Cultural?
YN: –Ese día llegaron agentes del DAS y la Policía, rompieron chapas y puertas, levantaron el piso de la cocina buscando explosivos, trajeron carros y perros antiexplosivos. No encontraron ni cuchillos, porque días antes se habían prestado para una olla comunitaria. La fiscal que ordenó el operativo llegó al sitio y está denunciada, por actuar como juez y parte. Ese día se hicieron presentes el Movice, Iván Cepeda, Bruno Díaz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organizaciones juveniles y medios de comunicación que registraron este allanamiento ilegal. El Estado tiene miedo de que los jóvenes piensen y se organicen, los llaman terroristas porque reclaman una educación de calidad, rechazan el servicio militar obligatorio o porque están visibilizando el cierre de hospitales.
JC: –¿Cómo nace la Casa Salmón Cultural y qué reivindica de este espacio de participación y activismo juvenil?
YN: –A los cien días del asesinato de Nicolás hago el primer pendón. Me invitan unos jóvenes a una casa llamada la Casa del Árbol. Allí conozco gente que habla de reivindicaciones y derechos, movilización social y lo que pasó con Nicolás. Son jóvenes políticamente formados. En ese lugar conocí al colectivo Creacción de Espacios, con quienes trabajamos. En otra parte había un combo que se llamaba Salmón Cultural y estaban pidiendo esa casa, la tomamos en arriendo y empezó un proceso. Me llamó la atención el nombre del Salmón, por eso le colocamos Salmón Cultural. Allí se organizan reuniones, participo del cine club, en la Marcha Contra el Hambre, en la lucha por los corteros, en la Minga indígena, con los negros, con las mujeres. Va surgiendo una apuesta política en la Casa, se da un trabajo articulado con diferentes combos juveniles, con niños de Ciudad Bolívar.
JC: –¿Cómo percibe la movilización y la solidaridad de la gente para acompañar esta lucha tan justa, pero tan riesgosa?
YN: –Ha sido bastante buena: se han hecho movilizaciones, la gente recuerda mucho a Nicolás, los muchachos hacen stencils de Nicolás, le hicieron una placa. Hay apoyo de organizaciones, de la Fundación Manuel Cepeda, de universidades y de jóvenes que han ayudado mucho. Lo que pasa es que también hay mucho miedo. Lo que hicieron con Nicolás fue una demostración de barbarie y están mandando un mensaje, diciendo que les puede pasar lo mismo. Entiendo ese miedo y me preocupo: no aguantaría otro asesinato por Nicolás. Los amigos de Nicolás acaban de conmemorarle, este 9 de octubre, su cumpleaños. Es muy bueno que se acuerden de Nicolás, pero yo debo hablar por tantos estudiantes caídos, ése es el deseo de Nicolás.
JC: –¿Cómo analiza esta realidad de violencia e impunidad que históricamente ha padecido nuestro país?
YN: –Es impunidad amparada por todos los entes de control y organismos del Estado. Me refiero a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y hasta a la Alcaldía de Bogotá, porque Lucho Garzón no quiso hacer nada cuando ocurrió la muerte de Nicolás. En estos entes me dicen: 'ahí le estoy colaborando', y yo les digo que no necesito que me colaboren sino que hagan su trabajo. Lo mismo a la Policía, al DAS, al CTI. Hay un grave problema de impunidad, es una política de Estado. Se encubren entre ellos mismos: la Policía cuida al fiscal y el fiscal le hace pasito, a su vez, porque sabe que la Policía es la que lo está cuidando. Yo busco la verdad, porque sé que en este país no hay justicia.
JC: –¿Qué mensaje le envía a los jóvenes, quienes enfrentan tantas adversidades por parte de un Estado policiaco represivo, al tiempo que hay tantas necesidades de cambios para el país?
YN: –Tienen que pensar que con violencia no se saca nada. Los jóvenes deben estudiar para preparar el cambio con inteligencia: se deben hacer acciones directas no violentas. Hay que denunciar y acordarse de que el silencio está matando más que las balas del Estado. A pesar del miedo, hay que oponerse a las injusticias que se cometen. No podemos ser permisivos con tanta masacre, hay que respetar nuestra dignidad y construir, pero sin violencia. La revolución y el cambio están en la inteligencia, en el amor y en el compartir de la cotidianidad.
Julio Cortés: –El asesinato de Nicolás Neira ocurrió en 2005. ¿En qué va el proceso judicial?
Yuri Neira: –Desde su asesinato, hace 1620 días, se inició la denuncia ante las autoridades respectivas. El proceso ha pasado de un lado a otro: primero, la Unidad de Vida [de la Fiscalía]; luego, lo cogió la Justicia Penal Militar y después dijo que eso no le correspondía; posteriormente, se decidió que la justicia ordinaria debía seguir con el caso. El expediente va de lado a lado, hasta que llega al fiscal Mario Iguarán, que decide trasladarlo a la Unidad de Derechos Humanos, Fiscalía 53. Eso hace cuatro meses ¡después de 4 años empieza el caso! La Procuraduría, en un borrador, dice que los autores son de la Policía Nacional. Hay un capitán y un subteniente investigados.
JC: –¿Hay imágenes o testigos que comprometen a miembros del Esmad en el asesinato de Nicolás?
YN: –Ese día, las cámaras del Estado en ese punto se dañaron. Hubo una película que hicieron un mes después de los hechos, pero una persona se hizo pasar por mí y se llevaron la película. Hay una foto, que tomó un ciudadano nacionalizado canadiense, de cuando a Nicolás lo estaban golpeando unos policías: ahí se ve cuando Nicolás está en el suelo. Este testigo me dio sus datos y las fotos, además, se ofreció para declarar en la embajada de Colombia en Canadá, pero hasta el momento no lo han llamado a dar testimonio. Después del entierro de Nicolás, le llegó el DAS a la casa y lo deportaron. Ahora este testigo no puede volver al país fácilmente. Otro testigo fue asesinado. Quedan tres.
JC: –Ud. ha sido víctima de un crimen de Estado, no sólo por lo de Nicolás sino por la persecución a la que se ha tenido que enfrentar. ¿Cómo ha sido su vida en este tiempo?
YN: –Me cambió totalmente la vida. Yo trabajaba en una empresa de seguros y, con lo de Nicolás, mi vida gira 180 grados. Ahora me dedico a los derechos humanos. Esto me ha traído 24 detenciones arbitrarias por parte de la Policía. En medio de esto vienen cuatro atentados: el último fue 24 horas después del allanamiento a la Casa Salmón Cultural. Luego del cuarto atentado me tocó irme cuatro meses al Brasil. Decidí devolverme, a pesar de que a nadie le gustó la noticia por el riesgo de ser asesinado. Les dije que si me pegan un tiro en Colombia estoy con mi gente, en mi casa, en mi terreno, con mis amigos, pero es que allá estaba solo y muriéndome lentamente. La lucha es estar acá, en Colombia.
JC: ¿Cómo están sus condiciones de seguridad en este momento?
YN: Se supone que gozo de medidas de protección: una camioneta y dos agentes del DAS. Pero, como decía Piedad Córdoba: “uno no tiene escoltas sino espías”. Dije que no aceptaba más esto, porque me niega muchas cosas y estoy vendiendo a mi gente, con quien yo charle está siendo 'fichado'. Ahora me dicen que no me garantizan protección así como ando. Yo asumo el riesgo por la búsqueda de la verdad de lo que pasó con Nicolás. Y si averiguar la verdad implica que me disparen nuevamente, pues que así sea. Yo sigo en la campaña contra la brutalidad policial y por el desmonte del Esmad. Sin embargo, temo por mi vida, porque ya sé que la Policía no me va a asesinar con otro atentado, pero sí lo van a pasar como un falso positivo, inventando que por robarme el celular me dieron 3 puñaladas.
JC: –¿Cómo fue el allanamiento a la Casa Salmón Cultural?
YN: –Ese día llegaron agentes del DAS y la Policía, rompieron chapas y puertas, levantaron el piso de la cocina buscando explosivos, trajeron carros y perros antiexplosivos. No encontraron ni cuchillos, porque días antes se habían prestado para una olla comunitaria. La fiscal que ordenó el operativo llegó al sitio y está denunciada, por actuar como juez y parte. Ese día se hicieron presentes el Movice, Iván Cepeda, Bruno Díaz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organizaciones juveniles y medios de comunicación que registraron este allanamiento ilegal. El Estado tiene miedo de que los jóvenes piensen y se organicen, los llaman terroristas porque reclaman una educación de calidad, rechazan el servicio militar obligatorio o porque están visibilizando el cierre de hospitales.
JC: –¿Cómo nace la Casa Salmón Cultural y qué reivindica de este espacio de participación y activismo juvenil?
YN: –A los cien días del asesinato de Nicolás hago el primer pendón. Me invitan unos jóvenes a una casa llamada la Casa del Árbol. Allí conozco gente que habla de reivindicaciones y derechos, movilización social y lo que pasó con Nicolás. Son jóvenes políticamente formados. En ese lugar conocí al colectivo Creacción de Espacios, con quienes trabajamos. En otra parte había un combo que se llamaba Salmón Cultural y estaban pidiendo esa casa, la tomamos en arriendo y empezó un proceso. Me llamó la atención el nombre del Salmón, por eso le colocamos Salmón Cultural. Allí se organizan reuniones, participo del cine club, en la Marcha Contra el Hambre, en la lucha por los corteros, en la Minga indígena, con los negros, con las mujeres. Va surgiendo una apuesta política en la Casa, se da un trabajo articulado con diferentes combos juveniles, con niños de Ciudad Bolívar.
JC: –¿Cómo percibe la movilización y la solidaridad de la gente para acompañar esta lucha tan justa, pero tan riesgosa?
YN: –Ha sido bastante buena: se han hecho movilizaciones, la gente recuerda mucho a Nicolás, los muchachos hacen stencils de Nicolás, le hicieron una placa. Hay apoyo de organizaciones, de la Fundación Manuel Cepeda, de universidades y de jóvenes que han ayudado mucho. Lo que pasa es que también hay mucho miedo. Lo que hicieron con Nicolás fue una demostración de barbarie y están mandando un mensaje, diciendo que les puede pasar lo mismo. Entiendo ese miedo y me preocupo: no aguantaría otro asesinato por Nicolás. Los amigos de Nicolás acaban de conmemorarle, este 9 de octubre, su cumpleaños. Es muy bueno que se acuerden de Nicolás, pero yo debo hablar por tantos estudiantes caídos, ése es el deseo de Nicolás.
JC: –¿Cómo analiza esta realidad de violencia e impunidad que históricamente ha padecido nuestro país?
YN: –Es impunidad amparada por todos los entes de control y organismos del Estado. Me refiero a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y hasta a la Alcaldía de Bogotá, porque Lucho Garzón no quiso hacer nada cuando ocurrió la muerte de Nicolás. En estos entes me dicen: 'ahí le estoy colaborando', y yo les digo que no necesito que me colaboren sino que hagan su trabajo. Lo mismo a la Policía, al DAS, al CTI. Hay un grave problema de impunidad, es una política de Estado. Se encubren entre ellos mismos: la Policía cuida al fiscal y el fiscal le hace pasito, a su vez, porque sabe que la Policía es la que lo está cuidando. Yo busco la verdad, porque sé que en este país no hay justicia.
JC: –¿Qué mensaje le envía a los jóvenes, quienes enfrentan tantas adversidades por parte de un Estado policiaco represivo, al tiempo que hay tantas necesidades de cambios para el país?
YN: –Tienen que pensar que con violencia no se saca nada. Los jóvenes deben estudiar para preparar el cambio con inteligencia: se deben hacer acciones directas no violentas. Hay que denunciar y acordarse de que el silencio está matando más que las balas del Estado. A pesar del miedo, hay que oponerse a las injusticias que se cometen. No podemos ser permisivos con tanta masacre, hay que respetar nuestra dignidad y construir, pero sin violencia. La revolución y el cambio están en la inteligencia, en el amor y en el compartir de la cotidianidad.
Por: Julio Cortez
Fuente: El Turbion
viernes, 6 de noviembre de 2009
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Al constituirse como apéndices de conglomerados económicos, e incluso, de corporaciones internacionales, las empresas mediáticas están entregando información contaminada, lo que perjudica en materia grave el ejercicio periodístico, lo que a su vez termina por deslegitimar el periodismo como oficio estratégico para el fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía.
La crisis del periodismo, en particular en Colombia, es total y evidente. Todos los días pierden, medios y periodistas, credibilidad por cuenta no sólo del evidente apego a los intereses económicos de los conglomerados que los sostienen, sino por la decisión política y editorial de acompañar ideológica y políticamente a Uribe, incluso, arrasando con la constitución y el estado social de derecho.
Así las cosas, es bueno pensar en posibles soluciones que pueden diseñarse para mitigar en algo, o enfrentar de manera certera y abierta, lo que sin duda termina por comprometer tanto la calidad de la democracia, como los criterios políticos de las audiencias, hoy víctimas de la información amañada y contaminada que están entregando los grandes medios masivos.
Quizás sea posible plantear que desde el Estado se agencien y se diseñen políticas públicas para el campo cultural, en las cuales se defina, por ejemplo, el apoyo económico estatal para fundar medios de comunicación, acompañamiento y asesoría para mantener a flote las nacientes empresas mediáticas y la garantía de que la entrega del espectro electromagnético se hará con base en criterios de calidad y no por la presión de poderosas corporaciones o conglomerados económicos. El proceso licitatorio y la adjudicación misma del tercer canal son una muestra de que hace falta una política pública de estado que enfrente el poder intimidatorio de los conglomerados interesados en hacerse con el tercer canal.
Se requiere, entonces, una política pública de Estado, blindada a gobiernos, que asegure, por ejemplo, el ejercicio de medios alternativos, que protegidos por el Estado, permita en algo garantizar pluralidad en la información que los colombianos están recibiendo. Es inaceptable que hoy apenas tengamos cuatro alternativas de información televisada nacional (Noticieros RCN, Caracol, CM& y Noticias UNO), con todos los riesgos que ello significa, especialmente si se reconoce que los noticieros RCN y Caracol acaparan el mayor números de televidentes, y son claramente medios afectos al gobierno de Uribe, lo que los hace amanuenses y estafetas del régimen uribista.
Para ello se requiere del diseño de una política cultural que para el caso de la información mediática, determine las obligaciones que debe asumir el Estado, para garantizar, entre otras cosas, que lo expresado en el artículo 20 de la Carta Política se cumpla. El mencionado artículo señala que: “Se garantiza a todas persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
Al constituirse como apéndices de conglomerados económicos, e incluso, de corporaciones internacionales, las empresas mediáticas están entregando información contaminada, lo que perjudica en materia grave el ejercicio periodístico, lo que a su vez termina por deslegitimar el periodismo como oficio estratégico para el fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía.
La crisis del periodismo, en particular en Colombia, es total y evidente. Todos los días pierden, medios y periodistas, credibilidad por cuenta no sólo del evidente apego a los intereses económicos de los conglomerados que los sostienen, sino por la decisión política y editorial de acompañar ideológica y políticamente a Uribe, incluso, arrasando con la constitución y el estado social de derecho.
Así las cosas, es bueno pensar en posibles soluciones que pueden diseñarse para mitigar en algo, o enfrentar de manera certera y abierta, lo que sin duda termina por comprometer tanto la calidad de la democracia, como los criterios políticos de las audiencias, hoy víctimas de la información amañada y contaminada que están entregando los grandes medios masivos.
Quizás sea posible plantear que desde el Estado se agencien y se diseñen políticas públicas para el campo cultural, en las cuales se defina, por ejemplo, el apoyo económico estatal para fundar medios de comunicación, acompañamiento y asesoría para mantener a flote las nacientes empresas mediáticas y la garantía de que la entrega del espectro electromagnético se hará con base en criterios de calidad y no por la presión de poderosas corporaciones o conglomerados económicos. El proceso licitatorio y la adjudicación misma del tercer canal son una muestra de que hace falta una política pública de estado que enfrente el poder intimidatorio de los conglomerados interesados en hacerse con el tercer canal.
Se requiere, entonces, una política pública de Estado, blindada a gobiernos, que asegure, por ejemplo, el ejercicio de medios alternativos, que protegidos por el Estado, permita en algo garantizar pluralidad en la información que los colombianos están recibiendo. Es inaceptable que hoy apenas tengamos cuatro alternativas de información televisada nacional (Noticieros RCN, Caracol, CM& y Noticias UNO), con todos los riesgos que ello significa, especialmente si se reconoce que los noticieros RCN y Caracol acaparan el mayor números de televidentes, y son claramente medios afectos al gobierno de Uribe, lo que los hace amanuenses y estafetas del régimen uribista.
Para ello se requiere del diseño de una política cultural que para el caso de la información mediática, determine las obligaciones que debe asumir el Estado, para garantizar, entre otras cosas, que lo expresado en el artículo 20 de la Carta Política se cumpla. El mencionado artículo señala que: “Se garantiza a todas persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
Pensar que el Estado patrocine y apoye la creación de medios masivos de comunicación en algo podría contrarrestar el daño que las empresas mediáticas privadas le están haciendo a las audiencias, a la democracia y al país mismo, al confundir el periodismo y la entrega de información, con el ejercicio propio de la propaganda. Es inaceptable que se continúe con la evidente cooptación de los medios privados, por vía de la amenaza (mantener frecuencias, pauta oficial, entre otras), o por la vía de los intereses económicos y políticos de los conglomerados, que hacen a un lado asuntos como la responsabilidad social y el derecho que tienen todos los ciudadanos de recibir información de calidad.
Para ello se requiere de gobiernos éticamente responsables y de una política de estado ejercida no desde los intereses clasistas y de reducidas elites. Es decir, se necesita de la de-construcción del concepto de Estado, de lo público, circunstancia que sin duda nos llevaría a repensar el tipo de orden social, político, económico y cultural que hemos ayudado a construir de tiempo atrás.
Una política pública cultural debe fincarse en los máximos intereses del Estado y de sus asociados. Dichos intereses deben ser agenciados por una sociedad civil cohesionada alrededor de un proyecto de país que no sólo dé cuenta de los elementos claves para concebir esos máximos intereses del Estado, sino que permita la inclusión de grandes mayorías. Finalmente, se requiere de un proyecto cultural soportado en que somos un país pluriétnico y multicultural.
Una política pública cultural, con énfasis en el ejercicio libre de la prensa, debe asegurar pluralidad y verdaderas alternativas para que los ciudadanos adquieran información y para que el periodismo, como oficio, pueda realizarse en condiciones dignas para el periodista, hoy presionado y amenazado tanto por las fuentes, por el Gobierno, por los grupos armados ilegales y claro, por el patrón (propietario del conglomerado económico) que determina no sólo su continuidad, sino que también define su nivel de independencia e incluso, su calidad de vida si miramos los bajos salarios que reciben los reporteros.
Las circunstancias históricas sobre las cuales se mantiene –e incluso se amplía– la ilegitimidad del Estado colombiano, son replicadas sin mayor análisis por la acción discursiva de unos medios masivos que amplifican el discurso oficial, que busca a toda costa naturalizar esas circunstancias, invisibilizando a los actores responsables de haberlas generado.
miércoles, 4 de noviembre de 2009
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: PRIMER AVISO
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La Corte Suprema está amenazada y en este país no pasa nada. El Presidente, en su más reciente alocución, conminó a los magistrados para que elijan el fiscal que él necesita de acuerdo con los intereses que el gobierno tiene en investigaciones que tienen que ver con la parapolítica (especialmente el caso de su primo Mario Uribe y la alusión de alias HH (Éver Veloza) en la que habló de apoyos económicos recibidos de empresarios colombianos), la yidispolítica y los crímenes de estado (mal llamados ‘falsos positivos’, en los cuales el Presidente tendría responsabilidad indirecta en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas).
En su discurso televisado se vio a un Uribe ‘sereno’ (reprimido en su deseo de lanzar improperios contra los magistrados), pero profundamente molesto, tanto así que horas después, en un consejo comunal de gobierno, se fue lanza en ristre contra la Corte.
Dijo, entre otras cosas, que “Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada por intereses ajenos al interés superior de la Nación”; “No podemos dejar que se irrespete la Constitución...” Curioso que quien justamente viola la constitución y cambia las reglas de juego para su propio beneficio, sea quien demande que la carta política debe ser respetada.
¿Qué sigue ahora si la Corte no obedece las órdenes del Presidente? ¿Cerrará la Corte? ¿Enviará los tanques? Es lo que muchos están deseando, entre ellos empresarios, militares y en general las élites que vienen apoyando el proyecto neoconservador que encarna el Mesías antioqueño.
Tiene razón la Corte Suprema de Justicia al insistir en la inviabilidad de la terna por razones de idoneidad, pero especialmente, por razones de independencia. No es recomendable y menos aceptable elegir un fiscal de bolsillo cuando tendrá que tomar decisiones delicadas en torno a aquellos asuntos que les preocupan al Presidente y al Gobierno.
La situación es delicada. El Presidente suspende la programación televisada y expone al escarnio público a los magistrados. Y la gran prensa, hincada a sus pies, amplifica su discurso desestabilizador, amenazante y conflictivo. Y la Corte no tiene cómo defenderse de la andanada presidencial. El magistrado Ibáñez decide guardar silencio. Creo, por el contrario, que la Corte Suprema de Justicia debe solicitar un espacio televisado y hacer públicas las razones con las cuales sostiene la inviabilidad de la terna enviada por el Presidente. No es recomendable que a la Corte, como actor político y jurídico se le señale públicamente que está actuando en contra de los máximos intereses de la nación, cuando justamente está tratando de recomponer el desequilibrio de poderes que generó la reelección inmediata y enfrentando la evidente cooptación de instancias de control político y otros poderes públicos, por parte del Gobierno.
La Corte, insisto, necesita de un espacio televisado para explicar sus actuaciones, sin la intervención interesada de periodistas y medios afectos a Uribe. Por el contrario, se requiere de una alocución en la cual el magistrado Ibáñez exponga al país los argumentos que le permiten hoy mantener la declaratoria de inviabilidad de una terna para fiscal, hecha a la medida de un gobierno que ya tiene de su lado al Congreso, al parecer a las otras cortes, a los empresarios, a los militares y a la gran prensa nacional.
Desafortunado, por decir lo menos, resulta el papel que está jugando la prensa colombiana en estos momentos. Hoy más que nunca las audiencias tienen la responsabilidad de reconocer cuáles son los medios que han venido apoyando el proyecto político de Uribe. Deben, igualmente, recordar cuáles son los periodistas, editores y columnistas que vienen jugando el rol de amanuenses, de estafetas de un régimen oscuro y corrupto. El escenario es propicio para que por fin desarrollemos la buena memoria, el sentido histórico, y la capacidad de cruzar eventos y hechos, tarea a la que la gran prensa renunció desde 2002. En estas horas aciagas, el papel de las audiencias es clave en la medida en que al asumir posturas inteligentes, soportadas en el cruce de hechos y en la valoración amplia y crítica de las decisiones del Gobierno, terminen dichas audiencias exigiendo respeto a la prensa cooptada.
Hay que generar canales de generación de opinión divergentes y diversos. Debemos trabajar para restarle poder de penetración -de restarle credibilidad- a medios como RCN, Caracol, CM&, EL TIEMPO y la prensa regional. Hay que reunirse para discutir los asuntos públicos, hay que escribir y documentar los hechos ignominiosos de este gobierno (Agro Ingreso Seguro y crímenes de estado, por ejemplo). Aprovechar las redes sociales virtuales, los espacios privados y públicos en los cuales podamos interactuar. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad política de participar de la vida pública del país, reflexionando, pensando y manifestando nuestras ideas y posturas.
La Corte Suprema de Justicia está haciendo su trabajo de actor político en franca oposición a un régimen que está llevando al país, poco a poco, a una crisis institucional de incalculables consecuencias. No esperemos que se termine de desmontar el estado social de derecho para empezar a actuar.
Adenda: bien vale la pena recordar un aforismo de Millor Fernández:
La Corte Suprema está amenazada y en este país no pasa nada. El Presidente, en su más reciente alocución, conminó a los magistrados para que elijan el fiscal que él necesita de acuerdo con los intereses que el gobierno tiene en investigaciones que tienen que ver con la parapolítica (especialmente el caso de su primo Mario Uribe y la alusión de alias HH (Éver Veloza) en la que habló de apoyos económicos recibidos de empresarios colombianos), la yidispolítica y los crímenes de estado (mal llamados ‘falsos positivos’, en los cuales el Presidente tendría responsabilidad indirecta en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas).
En su discurso televisado se vio a un Uribe ‘sereno’ (reprimido en su deseo de lanzar improperios contra los magistrados), pero profundamente molesto, tanto así que horas después, en un consejo comunal de gobierno, se fue lanza en ristre contra la Corte.
Dijo, entre otras cosas, que “Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada por intereses ajenos al interés superior de la Nación”; “No podemos dejar que se irrespete la Constitución...” Curioso que quien justamente viola la constitución y cambia las reglas de juego para su propio beneficio, sea quien demande que la carta política debe ser respetada.
¿Qué sigue ahora si la Corte no obedece las órdenes del Presidente? ¿Cerrará la Corte? ¿Enviará los tanques? Es lo que muchos están deseando, entre ellos empresarios, militares y en general las élites que vienen apoyando el proyecto neoconservador que encarna el Mesías antioqueño.
Tiene razón la Corte Suprema de Justicia al insistir en la inviabilidad de la terna por razones de idoneidad, pero especialmente, por razones de independencia. No es recomendable y menos aceptable elegir un fiscal de bolsillo cuando tendrá que tomar decisiones delicadas en torno a aquellos asuntos que les preocupan al Presidente y al Gobierno.
La situación es delicada. El Presidente suspende la programación televisada y expone al escarnio público a los magistrados. Y la gran prensa, hincada a sus pies, amplifica su discurso desestabilizador, amenazante y conflictivo. Y la Corte no tiene cómo defenderse de la andanada presidencial. El magistrado Ibáñez decide guardar silencio. Creo, por el contrario, que la Corte Suprema de Justicia debe solicitar un espacio televisado y hacer públicas las razones con las cuales sostiene la inviabilidad de la terna enviada por el Presidente. No es recomendable que a la Corte, como actor político y jurídico se le señale públicamente que está actuando en contra de los máximos intereses de la nación, cuando justamente está tratando de recomponer el desequilibrio de poderes que generó la reelección inmediata y enfrentando la evidente cooptación de instancias de control político y otros poderes públicos, por parte del Gobierno.
La Corte, insisto, necesita de un espacio televisado para explicar sus actuaciones, sin la intervención interesada de periodistas y medios afectos a Uribe. Por el contrario, se requiere de una alocución en la cual el magistrado Ibáñez exponga al país los argumentos que le permiten hoy mantener la declaratoria de inviabilidad de una terna para fiscal, hecha a la medida de un gobierno que ya tiene de su lado al Congreso, al parecer a las otras cortes, a los empresarios, a los militares y a la gran prensa nacional.
Desafortunado, por decir lo menos, resulta el papel que está jugando la prensa colombiana en estos momentos. Hoy más que nunca las audiencias tienen la responsabilidad de reconocer cuáles son los medios que han venido apoyando el proyecto político de Uribe. Deben, igualmente, recordar cuáles son los periodistas, editores y columnistas que vienen jugando el rol de amanuenses, de estafetas de un régimen oscuro y corrupto. El escenario es propicio para que por fin desarrollemos la buena memoria, el sentido histórico, y la capacidad de cruzar eventos y hechos, tarea a la que la gran prensa renunció desde 2002. En estas horas aciagas, el papel de las audiencias es clave en la medida en que al asumir posturas inteligentes, soportadas en el cruce de hechos y en la valoración amplia y crítica de las decisiones del Gobierno, terminen dichas audiencias exigiendo respeto a la prensa cooptada.
Hay que generar canales de generación de opinión divergentes y diversos. Debemos trabajar para restarle poder de penetración -de restarle credibilidad- a medios como RCN, Caracol, CM&, EL TIEMPO y la prensa regional. Hay que reunirse para discutir los asuntos públicos, hay que escribir y documentar los hechos ignominiosos de este gobierno (Agro Ingreso Seguro y crímenes de estado, por ejemplo). Aprovechar las redes sociales virtuales, los espacios privados y públicos en los cuales podamos interactuar. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad política de participar de la vida pública del país, reflexionando, pensando y manifestando nuestras ideas y posturas.
La Corte Suprema de Justicia está haciendo su trabajo de actor político en franca oposición a un régimen que está llevando al país, poco a poco, a una crisis institucional de incalculables consecuencias. No esperemos que se termine de desmontar el estado social de derecho para empezar a actuar.
Adenda: bien vale la pena recordar un aforismo de Millor Fernández:
La apertura política es indiscutible.
Ya estamos viendo las tropas y los tanques
al final del túnel
Ya estamos viendo las tropas y los tanques
al final del túnel
jueves, 29 de octubre de 2009
COOPERACIÓN MILITAR GRINGA: ¿ASUNTO DE GEOPOLÍTICA O SIMPLE COACCIÓN POLÍTICA?
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
¿Qué puede haber detrás del afán de Uribe de firmar el tratado o “convenio de cooperación militar” que daría vía libre a la presencia de soldados gringos en siete bases militares colombianas, aun sabiendo que al hacerlo, desconoce y por ende viola la constitución política y se lleva por delante el estado de derecho? Acaso el gobierno de Obama tiene información ‘privilegiada’ en contra del gobierno de Uribe o en particular del no muy claro pasado de Uribe.
¿Qué clase de información es esa que le permite a Obama presionar de tal forma al Gobierno -y a Uribe, a dejarse- que lo llevará a violar la constitución y por ese camino, darle la posibilidad a la Corte Suprema de Justicia para que más adelante abra investigación formal por prevaricato por omisión contra los congresistas que no ejercieron el debido control político sobre la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional?
Es claro que dadas las características y la naturaleza misma del convenio y lo que ello implica, el Congreso debe hacerse oír y actuar en consecuencia, haciendo posible la suscripción del Tratado, una ley aprobatoria del mismo y el consabido control de legalidad que le debe hacer la Corte Constitucional. El Consejo de Estado ya ejerció su tarea constitucional, entregando un concepto al Gobierno, en el que recomendaba que el asunto tomara vida jurídica a través de una ley de la república.
Desconociendo o pasando por alto siete artículos de la Constitución Política, el gobierno de Uribe oculta y ha ocultado información al país a propósito de los verdaderos intereses y objetivos de firmar ese tipo de cooperación militar con los Estados Unidos, en un contexto complejo dado por los proyectos políticos de vecinos como Ecuador y Venezuela, divergentes y en franca confrontación con el proyecto estadounidense, a lo que se suma el liderazgo que en materia económica y militar viene reclamando Brasil desde hace un tiempo.
Veamos uno a uno los artículos comprometidos por la decisión del gobierno de Uribe, de firmar de manera inconsulta, el acuerdo militar con los Estados Unidos:
“Artículo 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”.
Por lo menos se esperaría una fuerte discusión al interior del Congreso e incluso, en la academia, alrededor del concepto de soberanía, en crisis por el mismo proceso de globalización, y por el poder paraestatal de grandes corporaciones multinacionales.
"Artículo 150. De las leyes. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados (numeral 16).
Artículo 173. Son atribuciones del Senado. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. (Numeral 4).
Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 2. dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. 7. Permitir en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.
Artículo 224. De las relaciones internacionales. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado.
Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 3. Actuar como supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen. En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la Nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado".
Huelga decir que los colombianos supieron de la existencia del tratado de cooperación por un medio de comunicación (revista Cambio), lo que inmediatamente generó presiones en distintos sectores políticos internos y externos para que el gobierno explicara los alcances del mismo. El asunto generó la reacción de países vecinos, de Argentina y Paraguay, entre otros, lo que obligó a Uribe a realizar un periplo por América del sur, con sesión de Unasur a bordo, para tratar de aclarar el alcance del convenio de cooperación militar. Es decir, el Gobierno tenía toda la intención de no consultar al Consejo de Estado y por ese camino, mantener oculta la firma del tratado de cooperación militar.
"Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: 10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva”.
De firmarse el convenio tal y como lo ha advertido el Gobierno de Uribe, una vez más la Carta Política sería no sólo violentada e ignorada, sino que se legitimaría una práctica muy propia de este gobierno: la consulta y el respeto a las normas y a las reglas de juego es un opción a seguir, lo que pone en entre dicho el Estado de derecho.
¿Qué puede haber detrás del afán de Uribe de firmar el tratado o “convenio de cooperación militar” que daría vía libre a la presencia de soldados gringos en siete bases militares colombianas, aun sabiendo que al hacerlo, desconoce y por ende viola la constitución política y se lleva por delante el estado de derecho? Acaso el gobierno de Obama tiene información ‘privilegiada’ en contra del gobierno de Uribe o en particular del no muy claro pasado de Uribe.
¿Qué clase de información es esa que le permite a Obama presionar de tal forma al Gobierno -y a Uribe, a dejarse- que lo llevará a violar la constitución y por ese camino, darle la posibilidad a la Corte Suprema de Justicia para que más adelante abra investigación formal por prevaricato por omisión contra los congresistas que no ejercieron el debido control político sobre la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional?
Es claro que dadas las características y la naturaleza misma del convenio y lo que ello implica, el Congreso debe hacerse oír y actuar en consecuencia, haciendo posible la suscripción del Tratado, una ley aprobatoria del mismo y el consabido control de legalidad que le debe hacer la Corte Constitucional. El Consejo de Estado ya ejerció su tarea constitucional, entregando un concepto al Gobierno, en el que recomendaba que el asunto tomara vida jurídica a través de una ley de la república.
Desconociendo o pasando por alto siete artículos de la Constitución Política, el gobierno de Uribe oculta y ha ocultado información al país a propósito de los verdaderos intereses y objetivos de firmar ese tipo de cooperación militar con los Estados Unidos, en un contexto complejo dado por los proyectos políticos de vecinos como Ecuador y Venezuela, divergentes y en franca confrontación con el proyecto estadounidense, a lo que se suma el liderazgo que en materia económica y militar viene reclamando Brasil desde hace un tiempo.
Veamos uno a uno los artículos comprometidos por la decisión del gobierno de Uribe, de firmar de manera inconsulta, el acuerdo militar con los Estados Unidos:
“Artículo 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”.
Por lo menos se esperaría una fuerte discusión al interior del Congreso e incluso, en la academia, alrededor del concepto de soberanía, en crisis por el mismo proceso de globalización, y por el poder paraestatal de grandes corporaciones multinacionales.
"Artículo 150. De las leyes. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados (numeral 16).
Artículo 173. Son atribuciones del Senado. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. (Numeral 4).
Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 2. dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. 7. Permitir en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.
Artículo 224. De las relaciones internacionales. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado.
Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 3. Actuar como supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen. En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la Nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado".
Huelga decir que los colombianos supieron de la existencia del tratado de cooperación por un medio de comunicación (revista Cambio), lo que inmediatamente generó presiones en distintos sectores políticos internos y externos para que el gobierno explicara los alcances del mismo. El asunto generó la reacción de países vecinos, de Argentina y Paraguay, entre otros, lo que obligó a Uribe a realizar un periplo por América del sur, con sesión de Unasur a bordo, para tratar de aclarar el alcance del convenio de cooperación militar. Es decir, el Gobierno tenía toda la intención de no consultar al Consejo de Estado y por ese camino, mantener oculta la firma del tratado de cooperación militar.
"Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: 10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva”.
De firmarse el convenio tal y como lo ha advertido el Gobierno de Uribe, una vez más la Carta Política sería no sólo violentada e ignorada, sino que se legitimaría una práctica muy propia de este gobierno: la consulta y el respeto a las normas y a las reglas de juego es un opción a seguir, lo que pone en entre dicho el Estado de derecho.
Bien lo señala el editorial del diario EL ESPECTADOR, del 28 de octubre de 2009, “Durante la última semana, tanto el Gobierno como algunos medios de comunicación han usado un argumento altamente peligroso para explicar por qué el nuevo tratado de cooperación militar con Estados Unidos no irá a debate en el Congreso ni se someterá a revisión constitucional de la Corte: no es “conveniente” políticamente y tampoco es “necesario” legalmente hablando. Esta discusión sólo refleja una tendencia perversa que se ha venido desarrollando en Colombia y en la que, en los últimos años, el poder ejecutivo ha jugado un papel protagónico: la obediencia al derecho, las leyes y los marcos institucionales es una simple alternativa más de acción y no el cumplimiento de unas reglas del juego que deben seguirse sin excepción alguna”.
Así las cosas, el gobierno de Uribe no sólo acepta erigirse como el alfil que Obama necesita para contener los proyectos socialistas de Chávez, Correa y Evo Morales, sino que se presta como escenario político-militar para frenar al Brasil en sus pretensiones de erigirse como potencia militar y económica de la región.
El apoyo norteamericano al gobierno de Uribe, como el dado a otros presidentes, siempre ha estado condicionado a la información clasificada que el Departamento de Estado genere, produzca o adquiera de las actuaciones de los mandatarios colombianos, en una relación de permanente coacción y chantaje.
Casos como el de Noriega en Panamá ilustran ese este tipo de relación extorsiva que los Estados Unidos establece con aquellos gobiernos que son legítimos hasta cuando presten un servicio vital y real a los intereses americanos en la región. Cuando ya no los necesitan o sirven a sus propósitos, los invaden o simplemente les retiran el apoyo. Hasta ¿dónde Uribe está comprometido en esa relación de sometimiento con los Estados Unidos? La respuesta es clara: depende de la información que los gringos tengan de Uribe, de las actuaciones de su gobierno y de su inmediato pasado.
De todas formas, la firma del tratado de cooperación con los Estados Unidos pone a Colombia en una compleja situación de confrontación con vecinos estratégicos en materia comercial.
miércoles, 28 de octubre de 2009
EN LA COLOMBIA MESIÁNICA DE HOY…
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Quienes deciden jugar a ser líderes deben saber que hay factores que ponen en riesgo sus aspiraciones y el propio proyecto político que se desprende de esa decisión de guiar determinada institución, campaña y hasta el propio Estado.
En política hay varios factores que envilecen a quienes deciden liderar procesos, empresas electorales, guiar los destinos del Estado, o de una región: el aplauso desmedido, la adulación y la falta de control por parte de instituciones y ciudadanos obligados a expresar reparos ante gestiones inefables.
Un líder carismático que busque ser coherente, respetado y que desee en grado sumo llegar a gobernar el país, debe saber que el aplauso puede llevarlo a tal nivel de abyección, que convertido en un megalómano, crea a pie juntillas que Dios lo ha enviado y que está cumpliendo una misión salvadora en la tierra.
Los cortesanos y áulicos que adulan a ese líder, desconocen el daño que le hacen a la política y a ciertas prácticas democráticas, pero desconocen aún más que le hacen daño al frágil ser humano que, por esa condición justamente, no resiste una migaja, pues fácilmente pierde el sentido de los límites y las proporciones, que lo pueden llevar a convertirse en un sátrapa, en un ladino gobernador atrapado en una inteligencia superior.
En democracias serias y coherentes, los controles de las instituciones dispuestas para ello, así como el que ejerzan corporaciones como el congreso, las asambleas y concejos, las cortes, la controlaría y la procuraduría, en todos sus órdenes, los medios de comunicación, columnistas y líderes de opinión, entre otros, deben ser efectivos y permitirle a ese líder reconocer que su ‘grandeza’ es consecuencia de aplausos desmedidos, normalmente comprados, y de la acción adulante de laderos profesionales.
La Colombia mesiánica de hoy, tanto en esferas privadas como públicas, tiene a varios de sus líderes convertidos en verdaderas vedette de la política, unos transitando con pasos gigantes el camino del mesianismo y otros, apenas empezando a curtirse como ególatras para luego dar el salto y lanzarse para remplazar a su antecesor.
Uribe, por ejemplo, es hoy una vedette intocable, un esperado héroe violento, pero liberador de yugos históricos. Un héroe construido por unos medios de comunicación convertidos en maquilladores profesionales, en proxenetas y propagandistas; Uribe, el megalómano, sin controles institucionales, sociales, económicos y políticos, camina lenta, pero progresivamente hacia una dictadura sostenida en su carácter autócrata, construido por aduladores y cortesanos.
Por los territorios feudales del Valle del Cauca, el párvulo gobernador va construyendo su propia imagen de líder carismático, madurada en medios y en el Canal del Sol, con gastos astronómicos en publicidad cuyo objetivo estratégico es remplazar, en el mediano plazo, al referente que se atornilla en el Solio de Bolívar, mientras mira el espejo, que desprovisto de la capa metalizada que permitiría reflejar su imagen, le ha servido a quienes le han sucedido en el cargo.
Uribe y Abadía, son, sin duda, dos líderes construidos en los laboratorios del marketing político y ‘víctimas’ de áulicos y aduladores, en el contexto de una débil democracia. Con ellos, la sondeocracia y la videocracia no sólo adquieren sentido, sino que acompañan conceptualmente lo que se ha llamado, de manera equívoca, el Estado de Opinión.
Adenda: la formación de nuevos líderes debe iniciarse con una evaluación crítica de las circunstancias -y de los actores- que han permitido la construcción de un Estado como el colombiano: ilegítimo y al servicio de exclusivos intereses privados. Formar líderes para que repliquen los mismos modelos y las prácticas que hoy mantienen esas circunstancias y condiciones de ilegitimidad, es un verdadero contrasentido.
Quienes deciden jugar a ser líderes deben saber que hay factores que ponen en riesgo sus aspiraciones y el propio proyecto político que se desprende de esa decisión de guiar determinada institución, campaña y hasta el propio Estado.
En política hay varios factores que envilecen a quienes deciden liderar procesos, empresas electorales, guiar los destinos del Estado, o de una región: el aplauso desmedido, la adulación y la falta de control por parte de instituciones y ciudadanos obligados a expresar reparos ante gestiones inefables.
Un líder carismático que busque ser coherente, respetado y que desee en grado sumo llegar a gobernar el país, debe saber que el aplauso puede llevarlo a tal nivel de abyección, que convertido en un megalómano, crea a pie juntillas que Dios lo ha enviado y que está cumpliendo una misión salvadora en la tierra.
Los cortesanos y áulicos que adulan a ese líder, desconocen el daño que le hacen a la política y a ciertas prácticas democráticas, pero desconocen aún más que le hacen daño al frágil ser humano que, por esa condición justamente, no resiste una migaja, pues fácilmente pierde el sentido de los límites y las proporciones, que lo pueden llevar a convertirse en un sátrapa, en un ladino gobernador atrapado en una inteligencia superior.
En democracias serias y coherentes, los controles de las instituciones dispuestas para ello, así como el que ejerzan corporaciones como el congreso, las asambleas y concejos, las cortes, la controlaría y la procuraduría, en todos sus órdenes, los medios de comunicación, columnistas y líderes de opinión, entre otros, deben ser efectivos y permitirle a ese líder reconocer que su ‘grandeza’ es consecuencia de aplausos desmedidos, normalmente comprados, y de la acción adulante de laderos profesionales.
La Colombia mesiánica de hoy, tanto en esferas privadas como públicas, tiene a varios de sus líderes convertidos en verdaderas vedette de la política, unos transitando con pasos gigantes el camino del mesianismo y otros, apenas empezando a curtirse como ególatras para luego dar el salto y lanzarse para remplazar a su antecesor.
Uribe, por ejemplo, es hoy una vedette intocable, un esperado héroe violento, pero liberador de yugos históricos. Un héroe construido por unos medios de comunicación convertidos en maquilladores profesionales, en proxenetas y propagandistas; Uribe, el megalómano, sin controles institucionales, sociales, económicos y políticos, camina lenta, pero progresivamente hacia una dictadura sostenida en su carácter autócrata, construido por aduladores y cortesanos.
Por los territorios feudales del Valle del Cauca, el párvulo gobernador va construyendo su propia imagen de líder carismático, madurada en medios y en el Canal del Sol, con gastos astronómicos en publicidad cuyo objetivo estratégico es remplazar, en el mediano plazo, al referente que se atornilla en el Solio de Bolívar, mientras mira el espejo, que desprovisto de la capa metalizada que permitiría reflejar su imagen, le ha servido a quienes le han sucedido en el cargo.
Uribe y Abadía, son, sin duda, dos líderes construidos en los laboratorios del marketing político y ‘víctimas’ de áulicos y aduladores, en el contexto de una débil democracia. Con ellos, la sondeocracia y la videocracia no sólo adquieren sentido, sino que acompañan conceptualmente lo que se ha llamado, de manera equívoca, el Estado de Opinión.
Adenda: la formación de nuevos líderes debe iniciarse con una evaluación crítica de las circunstancias -y de los actores- que han permitido la construcción de un Estado como el colombiano: ilegítimo y al servicio de exclusivos intereses privados. Formar líderes para que repliquen los mismos modelos y las prácticas que hoy mantienen esas circunstancias y condiciones de ilegitimidad, es un verdadero contrasentido.
martes, 27 de octubre de 2009
LA CARTA POLÍTICA DE 1991: ¿PACTO PENDIENTE O PACTO INCUMPLIDO? (I)
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Con la promulgación de la carta constitucional en 1991, los colombianos creyeron que era posible transitar el camino hacia un país más justo. Sancionada en el contexto complejo de múltiples violencias, la Constitución de 1991 recogió sueños e intentó que las deudas históricas que el Estado colombiano mantenía -y que aún mantiene- con los indígenas y afros, se empezaran a pagar. 18 años después el saldo sigue en rojo.
Como un pacto de paz y como una apuesta de futuro, la Constitución Política de 1991 ha venido resistiendo los golpes de los grupos de poder que ven en ella un peligro no sólo para que indígenas y negros puedan reivindicar sus luchas y proyectos culturales autónomos y distintos, sino para que el resto de los colombianos que hoy acuden a sus mecanismos de participación ciudadana y al derecho de amparo, puedan defenderse de un Estado cada vez más ilegítimo y en riesgo de fracasar en su tarea de mantener la unidad territorial y simbólica de la nación.
El espíritu de una constitución liberal, garantista y en franca consonancia con los nuevos tiempos, apenas si logra mantenerse altivo en medio de las contrarreformas y las actuaciones de gobernantes que han visto en él y en ella, la Constitución, riesgos para un “establecimiento” que extraña el espíritu -y la letra- de la Constitución de 1886, conservadora, violenta y excluyente.
Hoy, cuando ese espíritu de la Carta de 1991 apenas si logra deambular en medio de los colombianos que ven aún en él y en ella un camino de esperanza, hay que preguntarse por qué el Pacto de 1991 no sólo no logró saldar las deudas con negros e indígenas, sino superar las circunstancias que históricamente han hecho ilegítimo e incluso inviable, al Estado colombiano.
Intentaré varias respuestas, en un ejercicio que no termina en esta columna de opinión. La primera, que si bien la Constitución de 1991 fue asumida como un pacto de paz, como un nuevo contrato social por los constituyentes, las élites económicas y los poderes de facto, asociados y vinculados con sectores de poder político y económico, vieron en ella riesgos por su espíritu liberal y garantista.
La segunda, que no se dio un proceso de educación agresivo que fincara en las conciencias de los colombianos, el mandato de la Carta Política, razón por la cual hoy no hay movilizaciones populares para defenderla, a pesar de las modificaciones y cambios que ha sufrido y que han beneficiado a unos pocos o mejor, a una persona en particular. La enseñanza de la constitución y de su espíritu necesita de estrategias que van más allá del diseño de cursos y asignaturas y de la divulgación de cartillas. Quizás se necesite que el texto constitucional, por ejemplo, atraviese la formación de todos, en un ejercicio que se conoce como formación integral. Es decir, que todo cuanto se enseñe en las aulas de escuelas, colegios y universidades esté soportado y explicado en el marco constitucional de 1991.
Educar en libertad y para la libertad, para la autonomía, para la defensa de los derechos y para exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones ha sido y es una tarea pendiente que nos dejaron los delegatarios. Tarea que jamás fue recogida por agentes del Estado que debieron asumir el reto de divulgar, de formar y educar a partir de ese espíritu constitucional que abrió esperanzas y caminos posibles para lograr, por fin, un país incluyente y viable.
Sin duda, faltó educación y esfuerzos pedagógicos para que todos los colombianos entendiéramos el espíritu de la carta política de 1991 y con él, las responsabilidades del Estado, y claro, nuestras obligaciones como ciudadanos. De haberse dado ese trabajo educativo, serio y prolongado en el tiempo, de seguro que hoy no aceptaríamos los golpes que se han dado a la constitución y menos aún, la violación permanente de sus mandatos por parte de quienes desde el gobierno agencian los intereses del Estado.
La tercera, que por un lado va la Constitución Política y por el otro, el modelo de desarrollo económico, pero especialmente, la idea de país que las élites han defendido históricamente. Es decir, los delegatarios concibieron el texto constitucional, pero no establecieron los mecanismos, ni las reglas y menos las exigencias a cumplir, por parte de la sociedad civil y otras instituciones jurídico-políticas, con el propósito de garantizar la inclusión de amplias mayorías y una vida digna a los asociados del Estado colombiano.
La cuarta, que las conciencias de empresarios, militares, industriales y banqueros siguen inmodificables en cuanto a enfrentar la inequidad y la injusticia social. Desde su racionalidad económica son incapaces de reconocer que mantener o ampliar la inequidad afectará en el mediano plazo sus proyectos económicos. De igual manera, siguen inmodificables las conciencias de las elites sociales, que aún creen pertenecer a una ‘raza superior’, y que el mestizaje es un asunto de otros; y en ese mismo sentido, que las cosmovisiones de indígenas y afros deben abolirse para poder garantizar la inclusión y aceptación de unos y otros en el seno de la sociedad colombiana.
Con la promulgación de la carta constitucional en 1991, los colombianos creyeron que era posible transitar el camino hacia un país más justo. Sancionada en el contexto complejo de múltiples violencias, la Constitución de 1991 recogió sueños e intentó que las deudas históricas que el Estado colombiano mantenía -y que aún mantiene- con los indígenas y afros, se empezaran a pagar. 18 años después el saldo sigue en rojo.
Como un pacto de paz y como una apuesta de futuro, la Constitución Política de 1991 ha venido resistiendo los golpes de los grupos de poder que ven en ella un peligro no sólo para que indígenas y negros puedan reivindicar sus luchas y proyectos culturales autónomos y distintos, sino para que el resto de los colombianos que hoy acuden a sus mecanismos de participación ciudadana y al derecho de amparo, puedan defenderse de un Estado cada vez más ilegítimo y en riesgo de fracasar en su tarea de mantener la unidad territorial y simbólica de la nación.
El espíritu de una constitución liberal, garantista y en franca consonancia con los nuevos tiempos, apenas si logra mantenerse altivo en medio de las contrarreformas y las actuaciones de gobernantes que han visto en él y en ella, la Constitución, riesgos para un “establecimiento” que extraña el espíritu -y la letra- de la Constitución de 1886, conservadora, violenta y excluyente.
Hoy, cuando ese espíritu de la Carta de 1991 apenas si logra deambular en medio de los colombianos que ven aún en él y en ella un camino de esperanza, hay que preguntarse por qué el Pacto de 1991 no sólo no logró saldar las deudas con negros e indígenas, sino superar las circunstancias que históricamente han hecho ilegítimo e incluso inviable, al Estado colombiano.
Intentaré varias respuestas, en un ejercicio que no termina en esta columna de opinión. La primera, que si bien la Constitución de 1991 fue asumida como un pacto de paz, como un nuevo contrato social por los constituyentes, las élites económicas y los poderes de facto, asociados y vinculados con sectores de poder político y económico, vieron en ella riesgos por su espíritu liberal y garantista.
La segunda, que no se dio un proceso de educación agresivo que fincara en las conciencias de los colombianos, el mandato de la Carta Política, razón por la cual hoy no hay movilizaciones populares para defenderla, a pesar de las modificaciones y cambios que ha sufrido y que han beneficiado a unos pocos o mejor, a una persona en particular. La enseñanza de la constitución y de su espíritu necesita de estrategias que van más allá del diseño de cursos y asignaturas y de la divulgación de cartillas. Quizás se necesite que el texto constitucional, por ejemplo, atraviese la formación de todos, en un ejercicio que se conoce como formación integral. Es decir, que todo cuanto se enseñe en las aulas de escuelas, colegios y universidades esté soportado y explicado en el marco constitucional de 1991.
Educar en libertad y para la libertad, para la autonomía, para la defensa de los derechos y para exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones ha sido y es una tarea pendiente que nos dejaron los delegatarios. Tarea que jamás fue recogida por agentes del Estado que debieron asumir el reto de divulgar, de formar y educar a partir de ese espíritu constitucional que abrió esperanzas y caminos posibles para lograr, por fin, un país incluyente y viable.
Sin duda, faltó educación y esfuerzos pedagógicos para que todos los colombianos entendiéramos el espíritu de la carta política de 1991 y con él, las responsabilidades del Estado, y claro, nuestras obligaciones como ciudadanos. De haberse dado ese trabajo educativo, serio y prolongado en el tiempo, de seguro que hoy no aceptaríamos los golpes que se han dado a la constitución y menos aún, la violación permanente de sus mandatos por parte de quienes desde el gobierno agencian los intereses del Estado.
La tercera, que por un lado va la Constitución Política y por el otro, el modelo de desarrollo económico, pero especialmente, la idea de país que las élites han defendido históricamente. Es decir, los delegatarios concibieron el texto constitucional, pero no establecieron los mecanismos, ni las reglas y menos las exigencias a cumplir, por parte de la sociedad civil y otras instituciones jurídico-políticas, con el propósito de garantizar la inclusión de amplias mayorías y una vida digna a los asociados del Estado colombiano.
La cuarta, que las conciencias de empresarios, militares, industriales y banqueros siguen inmodificables en cuanto a enfrentar la inequidad y la injusticia social. Desde su racionalidad económica son incapaces de reconocer que mantener o ampliar la inequidad afectará en el mediano plazo sus proyectos económicos. De igual manera, siguen inmodificables las conciencias de las elites sociales, que aún creen pertenecer a una ‘raza superior’, y que el mestizaje es un asunto de otros; y en ese mismo sentido, que las cosmovisiones de indígenas y afros deben abolirse para poder garantizar la inclusión y aceptación de unos y otros en el seno de la sociedad colombiana.
miércoles, 21 de octubre de 2009
“LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EL PAÍS ESTÁN CAUSANDO IMAGINARIOS QUE NO SON Y LO QUE ES PEOR A PARTIR DE LAS MENTIRAS PROVOCANDO TOTAL DESPREOCUPACIÓN EN UNA PARTE DE LOS COLOMBIANOS, SUS FAMILIARES, AMIGOS, GENTE DEL COMÚN Y TODOS LOS QUE PRETENDEN DEFENDER UN DISCURSO TAN POBRE Y EXCLUYENTE COMO LO ES EL DE LA ACCIÓN VIOLENTA Y LA COACCIÓN FÍSICA POR PARTE DEL GOBIERNO PARAMILITAR, DESPREOCUPACIÓN A TAL PUNTO DE DECIR “QUE LOS MATEN.”(Comunicado Dirigido a los colombianos, los medios y sus dirigentes. Tomado de http://www.nasaacin.org).
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
No sorprende el silencio de los medios de comunicación frente a la Minga Indígena que llegó a Cali el 13 de octubre de 2009. Y es así porque RCN y Caracol, y otros medios, deben haber recibido la orden presidencial de no cubrir el desplazamiento y la protesta de los indígenas que desde el Cauca caminan la palabra para rechazar el modelo económico, los TLC, y las acciones legales de despojo puestas en marcha durante la administración de Uribe y claro, poner en evidencia viejos acuerdos incumplidos por el Estado.
No sorprende el silencio de los medios colombianos (se han publicado tímidas notas, pero no se activó el seguimiento a un hecho, que sin duda, corresponde a la categoría de noticioso), pues hace rato tomaron la decisión de jugar al lado del gobierno, abandonando cualquier posibilidad de cubrir hechos que cuestionen no sólo la legitimidad del Estado, sino la de este gobierno.
Si la Minga misma, como hecho político, no amerita ser cubierto periodísticamente, entonces, para qué medios de comunicación. Qué están esperando entonces estas empresas mediáticas, que se presente un enfrentamiento entre los comuneros y las autoridades, con un resultado de varios muertos y heridos. ¿Eso sí llamaría su atención? Quizás la orden presidencial, de Sarmiento Angulo, de José Obdulio, o del propio Ardilla Lülle, o de quien viniere, debe ser precisa: los asuntos indígenas -con todo y protesta- deben invisibilizarse. La Minga es un hecho político que debe ocultarse. Quizás por ello la Minga no es noticia.
Lo han logrado, pero olvidan estos medios que existen, por fortuna, otros canales de generación de opinión pública, que para el caso colombiano, se vienen fortaleciendo en otros ámbitos públicos y privados. Cada vez más las audiencias saben de la tarea de ocultamiento y protección de la imagen del gobierno que asumió la gran prensa en Colombia. Ha perdido credibilidad y cada vez los colombianos son conscientes de que el periodismo en Colombia -con escasas excepciones- se entregó al poder económico y político, se dejó cooptar. No hay periodismo en Colombia, hay empresas de mensajería. No hay periodistas, hay estafetas. Ya no hay reporteros, hay mandaderos.
En el fondo, la Minga Indígena lo que nos pone de presente es la inviabilidad de un proyecto económico y político que sólo beneficia a unos pocos. Nos advierte sobre la posibilidad real de que recursos geoestratégicos como el agua, los bosques, la biodiversidad, entre otros, queden en manos de multinacionales y actores empresariales nacionales que buscan quitar y borrar del camino a indígenas, negros y campesinos, que asentados en las zonas biodiversas, sobreviven y resisten las arremetidas jurídicas (estatuto rural, por ejemplo) y las acciones de narcoparamilitares y de las propias guerrillas. Todo ello, amparado por un Estado ilegítimo, que ha sido cooptado por una dinámica empresarial envilecida con el poder económico, capaz de poner en venta los recursos de la nación, y con ello, poner en peligro los proyectos colectivos e individuales, y la vida misma, de indígenas, negros y campesinos.
Lo que resulta curioso es que dichas circunstancias han sido presentadas, a veces de manera inconexa por los propios medios, como hechos noticiables y noticiosos. Pero es tal la torpeza, la ceguera y la estrechez mental de medios y periodistas, que son incapaces de acercarse a la Minga Indígena para intentar amarrar dichas circunstancias y hechos y obtener así una visión amplia de lo que se esconde detrás de un modelo económico que va en contravía del espíritu de la Constitución Política de Colombia y claro, del bienestar de millones de colombianos.
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
No sorprende el silencio de los medios de comunicación frente a la Minga Indígena que llegó a Cali el 13 de octubre de 2009. Y es así porque RCN y Caracol, y otros medios, deben haber recibido la orden presidencial de no cubrir el desplazamiento y la protesta de los indígenas que desde el Cauca caminan la palabra para rechazar el modelo económico, los TLC, y las acciones legales de despojo puestas en marcha durante la administración de Uribe y claro, poner en evidencia viejos acuerdos incumplidos por el Estado.
No sorprende el silencio de los medios colombianos (se han publicado tímidas notas, pero no se activó el seguimiento a un hecho, que sin duda, corresponde a la categoría de noticioso), pues hace rato tomaron la decisión de jugar al lado del gobierno, abandonando cualquier posibilidad de cubrir hechos que cuestionen no sólo la legitimidad del Estado, sino la de este gobierno.
Si la Minga misma, como hecho político, no amerita ser cubierto periodísticamente, entonces, para qué medios de comunicación. Qué están esperando entonces estas empresas mediáticas, que se presente un enfrentamiento entre los comuneros y las autoridades, con un resultado de varios muertos y heridos. ¿Eso sí llamaría su atención? Quizás la orden presidencial, de Sarmiento Angulo, de José Obdulio, o del propio Ardilla Lülle, o de quien viniere, debe ser precisa: los asuntos indígenas -con todo y protesta- deben invisibilizarse. La Minga es un hecho político que debe ocultarse. Quizás por ello la Minga no es noticia.
Lo han logrado, pero olvidan estos medios que existen, por fortuna, otros canales de generación de opinión pública, que para el caso colombiano, se vienen fortaleciendo en otros ámbitos públicos y privados. Cada vez más las audiencias saben de la tarea de ocultamiento y protección de la imagen del gobierno que asumió la gran prensa en Colombia. Ha perdido credibilidad y cada vez los colombianos son conscientes de que el periodismo en Colombia -con escasas excepciones- se entregó al poder económico y político, se dejó cooptar. No hay periodismo en Colombia, hay empresas de mensajería. No hay periodistas, hay estafetas. Ya no hay reporteros, hay mandaderos.
En el fondo, la Minga Indígena lo que nos pone de presente es la inviabilidad de un proyecto económico y político que sólo beneficia a unos pocos. Nos advierte sobre la posibilidad real de que recursos geoestratégicos como el agua, los bosques, la biodiversidad, entre otros, queden en manos de multinacionales y actores empresariales nacionales que buscan quitar y borrar del camino a indígenas, negros y campesinos, que asentados en las zonas biodiversas, sobreviven y resisten las arremetidas jurídicas (estatuto rural, por ejemplo) y las acciones de narcoparamilitares y de las propias guerrillas. Todo ello, amparado por un Estado ilegítimo, que ha sido cooptado por una dinámica empresarial envilecida con el poder económico, capaz de poner en venta los recursos de la nación, y con ello, poner en peligro los proyectos colectivos e individuales, y la vida misma, de indígenas, negros y campesinos.
Lo que resulta curioso es que dichas circunstancias han sido presentadas, a veces de manera inconexa por los propios medios, como hechos noticiables y noticiosos. Pero es tal la torpeza, la ceguera y la estrechez mental de medios y periodistas, que son incapaces de acercarse a la Minga Indígena para intentar amarrar dichas circunstancias y hechos y obtener así una visión amplia de lo que se esconde detrás de un modelo económico que va en contravía del espíritu de la Constitución Política de Colombia y claro, del bienestar de millones de colombianos.
Imagino las explicaciones de periodistas y editores: es que no hay noticia. No es noticioso el asunto. No pasa nada allá en la concentración indígena. Quizás por andar buscando noticias es que hoy caminan de la mano de empresarios inescrupulosos y del Gobierno, pues ellos no sólo las generan, las inventan, sino que hasta pueden pagar para que los periodistas las construyan, las inventen. Bueno, Claudia López puso en evidencia que EL TIEMPO, el de los Santos y Planeta, “…más que un cubrimiento, lo que hizo EL TIEMPO fue una fabricación inducida para apoyar su interpretación deseada de los efectos políticos del escándalo…”. Así estamos, y las facultades de periodismo en silencio.
martes, 20 de octubre de 2009
LOS RETOS DE LAS FACULTADES DE PERIODISMO
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
En estas horas aciagas para el periodismo, en el contexto de un incómodo unanimismo que se viene consolidando desde 2002, sería importante escuchar a las escuelas de periodismo o a las facultades de comunicación social. Saber qué piensan, por ejemplo, de los evidentes casos de censura contra plumas críticas al régimen uribista, como Hernando Llano Ángel (El PAIS), Javier Darío Restrepo (EL COLOMBIANO) y recientemente la expulsión pública de Claudia López (EL TIEMPO). Estos casos y otros, así como el rol de amanuenses y estafetas que viene cumpliendo la gran prensa colombiana (con algunas excepciones, sin que ello los ubique en la oposición), bien ameritan una fuerte discusión al interior de las facultades de periodismo, que al parecer, están pasando agachadas ante la evidente mordaza a la libertad de expresión y ante una especie de auto mordaza de los mismos medios a la libertad de prensa que tanto defienden y exigen, de la que dejan un mensaje de infinita lealtad hacia el gobierno de Uribe, que muy seguramente el régimen catapultará a su favor más adelante.
Es sobre ese complejo escenario mediático y político que las escuelas y facultades de periodismo están formando periodistas, razón por la cual se requiere urgente una revisión crítica no sólo de las circunstancias específicas, sino las de un amplio contexto en el que la concentración de los medios en conglomerados económicos, afecta sin duda las expectativas formativas y profesionales de dichas escuelas y claro, las de sus actuales y futuros estudiantes. Es más, hay que insistir en explicarles a los estudiantes de periodismo cómo funciona la tríada Audiencias- Anunciantes- Medios de comunicación para que reconozcan la complejidad en la que se van a mover como profesionales, como informadores.
Vale la pena insistir en formar periodistas con presupuestos éticos soportados en quimeras como la verdad, búsqueda hoy asociada al unanimismo que de manera natural entrega una sola versión de los hechos públicos; en la confrontación de fuentes, principio cada vez menos aplicado por los grandes medios, pues es suficiente con lo que deja saber la Casa de Nariño; o insistir en bienes constitucionales como entregar información oportuna, veraz e imparcial y ser responsables socialmente, hoy proscritos de la actividad periodística colombiana. Creo que son asuntos que hoy deberían estar sobre la mesa de los comités de currículos de las facultades de comunicación social- periodismo o de periodismo.
Es parte de la responsabilidad social de las instituciones universitarias que amparan a los programas de periodismo, ofrecer a sus estudiantes explicaciones claras acerca de las circunstancias en las cuales hoy se informa en Colombia y en el mundo, pero especialmente en nuestro país, por el enrarecido ambiente político por cuenta de un afán reeleccionista de una minoría presentada como mayoría, que quiere perpetuar a Uribe en el poder y de un Presidente que quiere quedarse varios años más en el Solio de Bolívar, afectando en materia grave el equilibrio de poderes.
Es urgente un análisis de lo que viene sucediendo con el periodismo en Colombia. Es necesario empezar a discutir los eventos que hoy hacen que dicha actividad esté en una crisis profunda en términos de su credibilidad y de la responsabilidad social, económica, cultural y política que la prensa tiene, especialmente la televisada, frente a las audiencias. Más allá de la enseñanza de unas técnicas y de unos saberes prácticos propios del periodismo, es necesario que las facultades de periodismo insistan en formar ciudadanos críticos, pensantes, reflexivos y sobre todo, investigadores, con capacidad discursiva que les permita moverse en un complejo escenario laboral.
Es urgente documentar críticamente estos años oscuros para el periodismo, bien a través del análisis de casos o de investigaciones profundas alrededor de las prácticas periodísticas cada vez más asociadas y dependientes de los intereses políticos partidistas, de los que tienen los conglomerados económicos, y, claro, de los ya evidentes intereses del Gobierno de Uribe.
Es hora de que el contexto por fin aparezca en los planes de estudios de las carreras de periodismo, pero no simplemente articulado a la existencia de asignaturas. Por el contrario, se necesita que confluyan diversas estrategias y mecanismos que enriquezcan la formación de los futuros periodistas. Por ejemplo, mantener una actitud vigilante de las formas discursivas, de la acción mediática frente al poder económico y político. Un Observatorio de Medios, en principio aportaría, pero se requiere de un pensamiento activo que repiense no sólo la formación de los estudiantes, sino el propio ejercicio periodístico, especialmente, en territorios no necesariamente articulados a las dinámicas globalizantes. Repensar la enseñanza del periodismo debe permitir, en el mediano plazo, cambiar las lógicas periodístico-noticiosas, reconocidas más como recetas, que como un natural ejercicio del pensamiento, de la confrontación de ideas y de versiones, que es como debe entenderse el periodismo. Ese es el reto.
Véase www.laotratribuna1.blogspot.com
En estas horas aciagas para el periodismo, en el contexto de un incómodo unanimismo que se viene consolidando desde 2002, sería importante escuchar a las escuelas de periodismo o a las facultades de comunicación social. Saber qué piensan, por ejemplo, de los evidentes casos de censura contra plumas críticas al régimen uribista, como Hernando Llano Ángel (El PAIS), Javier Darío Restrepo (EL COLOMBIANO) y recientemente la expulsión pública de Claudia López (EL TIEMPO). Estos casos y otros, así como el rol de amanuenses y estafetas que viene cumpliendo la gran prensa colombiana (con algunas excepciones, sin que ello los ubique en la oposición), bien ameritan una fuerte discusión al interior de las facultades de periodismo, que al parecer, están pasando agachadas ante la evidente mordaza a la libertad de expresión y ante una especie de auto mordaza de los mismos medios a la libertad de prensa que tanto defienden y exigen, de la que dejan un mensaje de infinita lealtad hacia el gobierno de Uribe, que muy seguramente el régimen catapultará a su favor más adelante.
Es sobre ese complejo escenario mediático y político que las escuelas y facultades de periodismo están formando periodistas, razón por la cual se requiere urgente una revisión crítica no sólo de las circunstancias específicas, sino las de un amplio contexto en el que la concentración de los medios en conglomerados económicos, afecta sin duda las expectativas formativas y profesionales de dichas escuelas y claro, las de sus actuales y futuros estudiantes. Es más, hay que insistir en explicarles a los estudiantes de periodismo cómo funciona la tríada Audiencias- Anunciantes- Medios de comunicación para que reconozcan la complejidad en la que se van a mover como profesionales, como informadores.
Vale la pena insistir en formar periodistas con presupuestos éticos soportados en quimeras como la verdad, búsqueda hoy asociada al unanimismo que de manera natural entrega una sola versión de los hechos públicos; en la confrontación de fuentes, principio cada vez menos aplicado por los grandes medios, pues es suficiente con lo que deja saber la Casa de Nariño; o insistir en bienes constitucionales como entregar información oportuna, veraz e imparcial y ser responsables socialmente, hoy proscritos de la actividad periodística colombiana. Creo que son asuntos que hoy deberían estar sobre la mesa de los comités de currículos de las facultades de comunicación social- periodismo o de periodismo.
Es parte de la responsabilidad social de las instituciones universitarias que amparan a los programas de periodismo, ofrecer a sus estudiantes explicaciones claras acerca de las circunstancias en las cuales hoy se informa en Colombia y en el mundo, pero especialmente en nuestro país, por el enrarecido ambiente político por cuenta de un afán reeleccionista de una minoría presentada como mayoría, que quiere perpetuar a Uribe en el poder y de un Presidente que quiere quedarse varios años más en el Solio de Bolívar, afectando en materia grave el equilibrio de poderes.
Es urgente un análisis de lo que viene sucediendo con el periodismo en Colombia. Es necesario empezar a discutir los eventos que hoy hacen que dicha actividad esté en una crisis profunda en términos de su credibilidad y de la responsabilidad social, económica, cultural y política que la prensa tiene, especialmente la televisada, frente a las audiencias. Más allá de la enseñanza de unas técnicas y de unos saberes prácticos propios del periodismo, es necesario que las facultades de periodismo insistan en formar ciudadanos críticos, pensantes, reflexivos y sobre todo, investigadores, con capacidad discursiva que les permita moverse en un complejo escenario laboral.
Es urgente documentar críticamente estos años oscuros para el periodismo, bien a través del análisis de casos o de investigaciones profundas alrededor de las prácticas periodísticas cada vez más asociadas y dependientes de los intereses políticos partidistas, de los que tienen los conglomerados económicos, y, claro, de los ya evidentes intereses del Gobierno de Uribe.
Es hora de que el contexto por fin aparezca en los planes de estudios de las carreras de periodismo, pero no simplemente articulado a la existencia de asignaturas. Por el contrario, se necesita que confluyan diversas estrategias y mecanismos que enriquezcan la formación de los futuros periodistas. Por ejemplo, mantener una actitud vigilante de las formas discursivas, de la acción mediática frente al poder económico y político. Un Observatorio de Medios, en principio aportaría, pero se requiere de un pensamiento activo que repiense no sólo la formación de los estudiantes, sino el propio ejercicio periodístico, especialmente, en territorios no necesariamente articulados a las dinámicas globalizantes. Repensar la enseñanza del periodismo debe permitir, en el mediano plazo, cambiar las lógicas periodístico-noticiosas, reconocidas más como recetas, que como un natural ejercicio del pensamiento, de la confrontación de ideas y de versiones, que es como debe entenderse el periodismo. Ese es el reto.
Véase www.laotratribuna1.blogspot.com
viernes, 16 de octubre de 2009
ELTIEMPO, UN DIARIO OFICIAL
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Se van juntando evidencias claras que demuestran que los medios en Colombia vienen cumpliendo la tarea de filtros, de vigilantes, de efectivos controladores de los hechos que elevan al estatus de noticia y ahora, de los columnistas incómodos, pocos por cierto, que aún mantienen sus tribunas de opinión en grandes medios impresos.
No sólo podemos constatar que en estos largos siete años de gobierno la gran prensa en Colombia ha guardado silencio frente a delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la fuerza pública (es decir, por el Estado), ha guardado o mutilado información delicada, ha tergiversado los hechos, ha desinformado, ha servido de amanuense, de estafeta de este gobierno, en una actitud servil que obliga a los historiadores a consignar en sus bitácoras, estas horas aciagas por las que pasa el periodismo en Colombia. La crisis es total. ¿Qué dirán en las escuelas de periodismo? ¿Se discutirá el asunto?
Al quitarle el espacio de opinión a Claudia López, EL TIEMPO adquiere el carácter de censor oficial. Al mejor estilo de diarios como EL COLOMBIANO y EL PAIS, que en momentos distintos censuraron a Javier Darío Restrepo y a Hernando Llano Ángel, el diario capitalino esculca la tumba de Torquemada para decirnos que sí hay y habrá censura.
Se van juntando evidencias claras que demuestran que los medios en Colombia vienen cumpliendo la tarea de filtros, de vigilantes, de efectivos controladores de los hechos que elevan al estatus de noticia y ahora, de los columnistas incómodos, pocos por cierto, que aún mantienen sus tribunas de opinión en grandes medios impresos.
No sólo podemos constatar que en estos largos siete años de gobierno la gran prensa en Colombia ha guardado silencio frente a delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la fuerza pública (es decir, por el Estado), ha guardado o mutilado información delicada, ha tergiversado los hechos, ha desinformado, ha servido de amanuense, de estafeta de este gobierno, en una actitud servil que obliga a los historiadores a consignar en sus bitácoras, estas horas aciagas por las que pasa el periodismo en Colombia. La crisis es total. ¿Qué dirán en las escuelas de periodismo? ¿Se discutirá el asunto?
Al quitarle el espacio de opinión a Claudia López, EL TIEMPO adquiere el carácter de censor oficial. Al mejor estilo de diarios como EL COLOMBIANO y EL PAIS, que en momentos distintos censuraron a Javier Darío Restrepo y a Hernando Llano Ángel, el diario capitalino esculca la tumba de Torquemada para decirnos que sí hay y habrá censura.
Sin mediar diálogo con la columnista, el periódico bogotano, hoy en manos de Planeta, cerró la tribuna de Claudia López con un lacónico mensaje al final de la columna en la que López, de manera acertada, criticaba al periódico por su acomodado tratamiento periodístico dado a los hechos relacionados con el escándalo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Al final del texto de López se lee: “EL TIEMPO rechaza por falsas, malintencionadas y calumniosas las afirmaciones de Claudia López. La Dirección de este diario entiende su descalificación de nuestro trabajo periodístico como una carta de renuncia, que acepta de manera inmediata” (sic).
Vergonzosa, por decir lo menos, resulta la actitud de los Santos al censurar la pluma de Claudia López. No queda bien parado el periodismo colombiano con la decisión arbitraria que tomó EL TIEMPO. No creo eso sí, que la censura a López se haya dado por haber criticado al periódico de la forma como lo hizo. Simplemente, los Santos recibieron la orden de la Casa de Nariño y cuando se sirve, las órdenes se cumplen. Estaban esperando el momento preciso para hacerlo y encontraron la columna precisa para cumplir con la orden gubernamental. No quiero imaginar de qué más será capaz EL TIEMPO con tal de mantener la opción presidencial de Juan Manuel Santos y de sacar adelante sus intereses en la adjudicación del tercer canal.
Decía Javier Darío Restrepo, poco tiempo después de que le cerraran su espacio en EL COLOMBIANO, por criticar a Uribe, que en Colombia ya hay delito de opinión. Creo que EL TIEMPO lo que ha hecho es confirmar que periodistas y medios están dispuestos no sólo a aceptar esa nueva circunstancia de nuestra frágil democracia, sino a colaborar, quitándole de encima al Gobierno, a incómodos columnistas que intentan generar estados de opinión divergentes, por fuera de ese molesto y cacósmico unanimismo en el que venimos inmersos desde 2002.
Definitivamente, todo está servido para que en Colombia vivamos en una dictadura. Solo hay que decir que para que ésta fuera posible y viable, desde tempranas horas medios como EL COLOMBIANO, EL TIEMPO y EL PAIS, aportaron sus granitos de arena. Ahora sí, EL TIEMPO es un verdadero diario oficial.
Véase La Otra Tribuna, www.laotratribuna1.blogspot.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)