LA ÉTICA PÚBLICA EN COLOMBIA: PROSCRITA E INÚTIL

Por Germán Ayala Osorio, profesor Asociado y politólogo de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia



El clientelismo y la corrupción[1], pública y privada, alcanzan en Colombia el carácter o quizás el estatus de ‘instituciones’, arraigadas en lo más profundo de la ‘ética’ tanto de los políticos, empresarios, élites, ciudadanos del común, y por supuesto, de los funcionarios del Estado.

El caso del director de INVÍAS, Daniel García Arizabaleta, llama la atención porque a pesar de los reiterados fallos y pronunciamientos del Ministerio Público, el funcionario insiste en su inocencia y lo más grave, el Presidente lo mantiene en el cargo a través de un sospechoso y retador silencio. En el fallo, la Procuraduría lo inhabilita por 12 años para ejercer cargos públicos, por modificar a su amaño y beneficio el manual de requisitos para ejercer los cargos de director de Coldeportes y de INVÍAS. Sin duda, un acto de corrupción que comprometió la legitimidad del Estado en el momento en que se ejecutaron -y se ejecutan aún- proyectos viales a cargo de García Arizabaleta y del propio Instituto.

Más allá del fallo del Ministerio Público lo que debe llamar la atención es la ética de los servidores públicos y el mal ejemplo que envía Uribe Vélez al mantener en el cargo a García Arizabaleta, lo que se entiende como una falta de respeto hacia la Procuraduría y hacia el propio procurador Ordóñez.

Quedan varios mensajes claros: desde la Casa de Nariño se legitiman prácticas nocivas que ponen en jaque la ética pública, lo que se traduce en que es éticamente correcto ajustar la ley, la constitución, las reglas de juego y claro, los manuales, a los intereses particulares de aquellos que deben dar ejemplo pues exhiben la investidura de funcionarios públicos.

El otro mensaje se expresa en el evidente conflicto institucional que está detrás del retador silencio del Presidente: al gobierno nadie lo vigila, nadie lo controla y a sus funcionarios nadie los toca.

No avanzaremos en la construcción de un mejor país cuando desde la Presidencia se validan estos comportamientos. Lejos estamos de lograr convivir en armonía cuando el más elemental de los principios, el de respetar la vida del otro, quedó proscrito por cuenta de los mal llamados ‘falsos positivos’ (léase crímenes de Estado) y por la orden presidencial que ordenada acabar con los sujetos de la ‘Oficina de Envigado’.

Por ello quizás resulte insignificante, una verdadera nimiedad, lo que hizo el Director de INVÍAS. Sin duda, así se valora en disímiles espacios privados y públicos. Incluso, algunos congresistas lo señalan como un simple error.

De nada servirá acabar con los bandidos de las FARC si quienes se señalan y se ubican en el bando de los ‘buenos’, insisten en jugar con la ética, en acomodar la ley para su beneficio. Un primer paso sería revisar el lenguaje pues con él desnudamos la ética que sostiene nuestras actuaciones. Y en el uso del lenguaje, Uribe ha advertido públicamente que en cuestiones éticas los principios resultan no sólo acomodaticios, sino que pueden en cualquier momento ser proscritos, a juzgar por expresiones y señalamientos como ‘Frente Intelectual de las Farc’, ‘Acábenlos y por cuenta mía’, ‘Terroristas vestidos de civil’, ‘Hay que guardar el gustico para después del matrimonio’, ‘Marulanda manda razones de que no puede asistir a reuniones porque si sale de la selva le darían una matada. Pues intuye bien’; y ‘estoy berraco cuando lo vea le voy a dar en la cara marica’…

No se puede llevar una vida ética y comunicativamente responsable cuando a los otros no los reconocemos como interlocutores, como seres humanos que pueden pensar distinto. Rechazar el diálogo abierto y sincero entre actores distintos, entre la sociedad civil y el Estado, entre diversas instituciones oficiales y las organizaciones sociales se entiende como una acción política, ética y comunicativamente incorrecta.

Mientras existan instituciones como la corrupción y el clientelismo, así como las poco ortodoxas conciliaciones que se dan en el Congreso, que terminan beneficiando a determinados grupos políticos, o un mandatario en particular; mientras la aplicación de justicia por fuera de los mecanismos legítimos (justicia privada), sea una práctica validada por funcionarios del Estado y por los ciudadanos; y se mantengan prácticas excluyentes que impiden a grupos sociales interesados en lograr, a través de la movilidad social, un mejoramiento en sus condiciones de vida, la ética pública no dejará de ser un concepto inútil tal y como se concibe hoy en las huestes del INVÍAS, o en los casos específicos de Carimagua, los ‘falsos positivos’, la yidispolítica…

[1] La corrupción, sus mecanismos, su operatividad y especialmente, su aceptación social, pueden estar asegurándole ese carácter de institución.