Mostrando entradas con la etiqueta Derechos Humanos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Derechos Humanos. Mostrar todas las entradas

sábado, 27 de agosto de 2011

Guatemala – Condena de 6.060 años a militares responsables de masacre

El pasado martes 2 de agosto, en un fallo sin precedentes en el mundo, fueron condenados cuatro exmilitares del cuerpo de elite del ejército guatemalteco, o kaibiles, a penas de 6.060 años de cárcel cada uno, por ser los responsables de la masacre ocurrida entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982 en la comunidad de Dos Erres (departamento de Petén). Según la sentencia, Carlos Antonio Carías, quien para la época tenía el rango de teniente y comandaba la unidad juzgada; y los antiguos soldados Manuel Pop, Reyes Collin y Daniel Martínez asesinaron, violaron y torturaron a 201 hombres, mujeres y niños, para luego enterrarlos en fosas comunes que fueron descubiertas en 1994 y en donde se exhumaron 160 cuerpos.
La decisión sin precedentes, del Tribunal Primero 'A' de Alto Riesgo de la Ciudad de Guatemala, señala que el grupo de 18 kaibiles –de los cuales dos ya murieron– cometió estos actos atroces, obedeciendo a las políticas contrainsurgentes impulsadas por la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-1983). Durante el gobierno de facto del militar, se creó una alianza entre las fuerzas militares del país y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), grupos paramilitares que la dictadura reconoció legalmente en 1983, con la que se adelantaron miles de violaciones a los derechos humanos de los opositores a la dictadura y la población civil, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y destrucción de cientos de comunidades indígenas y campesinas.
Casi tres décadas después del régimen militar, miles de víctimas del terror de Estado exigen justicia por la muerte de sus familiares y por los traumas que las masacres causaron a toda una generación. Desde 1994, la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) abrió el proceso judicial por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura de Ríos Montt, quien actualmente enfrenta cargos por genocidio y otros delitos atroces.
Para lograr el histórico fallo, los familiares de los desaparecidos, supervivientes y testigos clave de lo sucedido en Dos Erres aportaron pruebas contundentes que indican como los antiguos kaibiles son culpables y contradicen la versión de los militares, que durante años han atribuido la masacre a la guerrilla. Esto no es nuevo: diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en numerosas oportunidades que el Ejército ha buscado entorpecer de manera sistemática los procesos de investigación sobre este tipo de violencias masivas, aprovechándose de la ineficiencia y corrupción del sistema penal.
En 2009, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado guatemalteco por los crímenes de lesa humanidad cometidos en las Dos Erres. Sin embargo, a pesar de que la CIDH impuso la captura de los implicados, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala no permitió que se llevara a cabo su arresto, argumentando que las Leyes de Reconciliación no permitieron continuar con el curso del proceso y que no se tenían pruebas suficientes para encerrarlos.
A pesar de los obstáculos, ésta es la primera vez que son juzgados miembros de ese cuerpo de elite del Ejército. Según investigaciones independientes y la decisión de la CIDH, los kaibiles eran adiestrados, bajo asesoría de militares de Estados Unidos, para matar con lujo de violencia, torturar y desaparecer a quienes se opusieran a los dictados de quienes controlaban al país centroamericano.
Luego de su creación, en 1974, el momento más importante de este cuerpo militar se dio con la administración de Ronald Reagan en EE.UU., quien definió una política belicista e intervencionista en Centroamérica, y apoyó la derogación de la Constitución, el estado de sitio y la represión impuesta por Ríos Montt en 1982. Los kaibiles fueron una pieza fundamental de la articulación entre los militares y los paramilitares de las PAC, con la que la dictadura ejecutó a miles de hombres, mujeres y niños para sembrar el terror, doblegar la resistencia civil e imponer su gobierno del “deber ser del buen cristiano”. Como resultado de estos crímenes de Estado, fueron afectadas principalmente comunidades indígenas en departamentos como Baja Verapaz y Petén, y se produjo un genocidio con más de 250.000 víctimas, millón y medio de desplazados y un número todavía indeterminado de desaparecidos.
Actualmente, los kaibiles siguen siendo parte del ejército de Guatemala, siendo empleados en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, siendo reconocidos internacionalmente por su apodo de 'máquinas de matar' –que ganaron con sobrado mérito en la primera guerra de Iraq–, mientras miles de víctimas esperan que este grupo sea desmontado y que Efraín Ríos Montt sea sentenciado como responsable directo del genocidio y del terrorismo de Estado.




Por: Ivonne Cardozo


Fuente, EL TURBION

viernes, 14 de mayo de 2010

PUEBLOS INDÍGENAS EN EL CAUCA, EN RIESGO DE DESAPARECER

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Los cruentos enfrentamientos que sostienen las Farc y el Ejército Nacional en el norte del Cauca deben entenderse como una estrategia para eliminar o desplazar a los indígenas de sus territorios, abriendo así la posibilidad para proyectos productivos, legales e ilegales, en los cuales están no sólo interesadas las Farc, sino los carteles del narcotráfico, terratenientes caucanos y de otras zonas, así como agentes del gran capital nacional e internacional, que saben que dichos terrenos son un verdadero tesoro aún por explotar. El resultado esperado es que en esa zona del Cauca se den más Carimaguas para que políticas públicas como Agro Ingreso Seguro puedan beneficiar a los grandes empresarios del campo.

La consolidación de la “seguridad democrática” cumple un doble propósito: de un lado, el Gobierno de Uribe responde militarmente a las Farc, dizque para defender la vida y honra de la población civil, víctima de los subversivos. De otro lado, la misma respuesta del Estado sirve al propósito de muchos actores económicos, sociales y políticos de erosionar el Proyecto de Vida de los indígenas asentados en esa zona del Cauca. Por el lado de las Farc, éstas insisten en una lucha armada inocua que sostienen porque saben que necesitan de las tierras de los indígenas para sembrar coca y amapola y como corredor estratégico. Es decir, nuestros hermanos indígenas incomodan a grupos legales e ilegales, armados y no armados.

Farc y fuerzas militares hacen realidad los sueños de terratenientes, empresarios y políticos regionales que ven esos territorios como una zona especial para el desarrollo de proyectos productivos (siembra de palma, y de otros monocultivos, potrerización, desarrollo a fondo de actividades mineras, entre otros). A veces pienso que las acciones militares, los enfrentamientos armados, obedecen a un maridaje entre frentes de las Farc y sectores del Ejército, que se benefician del desplazamiento de los indígenas y campesinos.

Por ello quizás la crisis humanitaria que hoy sufren los indígenas apenas si ocupan las páginas de la gran prensa y poco preocupa a los actuales candidatos a la Presidencia. Finalmente, la autonomía de los territorios indígenas ha sido desde siempre un asunto molesto para el Estado y para varias organizaciones de la sociedad civil que deben estar felices con los enfrentamientos entre los dos actores armados y las graves consecuencias que deben soportar los indígenas.

A pesar de los avances logrados con la Constitución de 1991, insistimos en invisibilizar y perseguir la sabiduría y los proyectos de vida sustentables de los indígenas. Lejos está el Estado colombiano de alcanzar niveles óptimos de legitimidad y de aceptación de la diferencia, en un marco de pluralidad y respeto.

La guerra interna, con sus actores armados, es hoy, junto con las acciones de persecución adelantadas por los organismos de seguridad del Estado, así como los esfuerzos de invisibilización de los asuntos indígenas por parte de la industria cultural, la mejor estrategia para desaparecer a los pueblos indígenas. ¿Dónde están la ONU y las organizaciones humanitarias para que ayuden a parar la guerra que se lleva a cabo en los sagrados territorios indígenas? ¿Harán parte del juego económico de los agentes del gran capital? Mientras llegan las respuestas, asistiremos a la muerte de más y más indígenas.
Adenda: para destacar, la resistencia de las comunidades indígenas, ante la invasión de sus territorios. No sólo hay arrojo y valentía en el proceso de Resistencia, hay conciencia histórica y coherencia política.

martes, 2 de febrero de 2010

Violencia sexual: un arma de guerra silenciada

La violencia sexual ha sido utilizada como práctica de guerra por la humanidad en muchos de sus conflictos y Colombia, al igual que cualquier país que sufre una guerra, afronta este tipo de vulneración a los Derechos Humanos de sus ciudadanos. Esta práctica se acrecienta en nuestro contexto por falta de documentación sobre el tema, por el silencio de las víctimas al no denunciar los abusos de los que son objeto, por la indiferencia y los malos tratos de las autoridades hacia las víctimas, y por la tolerancia de la sociedad con su silencio cómplice, actitud que permite que diferentes actores armados, especialmente paramilitares y militares, abusen de niñas, niños, mujeres y hombres. Colombia, como sociedad, al no enfrentar el problema, agrava su enferma indiferencia y acepta que, en la guerra, la sociedad civil sea blanco de violaciones sexuales sistemáticas como forma de presión y de poder.

En Colombia, la violación de mujeres es muy alta y, según estudios llevados a cabo por Profamilia, los que ejercen mayor violencia sexual como práctica sistemática son los paramilitares, seguidos por las fuerzas militares y policiales, y por la guerrilla. El motivo: infundir temor, callar, desplazar, obtener información, usurpar las tierras de los campesinos y miles de motivos que transforman a las mujeres en blanco y botín de guerra, atentando contra su dignidad y sus derechos humanos. En el caso colombiano, al igual que en el de los demás países en los que se presentan feminicidios, son abusados sexualmente niños y niñas: nuestro futuro, reflejado en la infancia, al igual que las mujeres se ha convertido en un blanco militar.

Es difícil tener cifras exactas de los casos de abuso sexual en el conflicto armado de Colombia, pero, según la periodista Jineth Bedoya, hay entre 12.000 y 14.000 casos de violaciones, aunque estas cifras podrían ser mayores, puesto que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias de parte de sus victimarios y otras son asesinadas. Sólo el 9% de las mujeres violadas denuncia: la razón, además del temor, es la ausencia de mecanismos de protección y apoyo por parte del Estado, puesto que no hay abogados de oficio que se encarguen de los casos ni de interés de las autoridades en abrir investigaciones, así como personal especializado en tratar dichos casos.

Según el informe realizado por Oxfam, de 183 mujeres que testificaron agresiones sexuales sobre ellas, desde 1993 hasta 2009, se pudo determinar que el 58% fueron abusadas por paramilitares, el 23% por la Fuerza Públicas, el 8% por la guerrilla y del 11% se desconoce quién fue el victimario.

Pero no sólo en Colombia se han presentado dichas atrocidades en contra de las mujeres; la violencia sexual ha hecho víctimas a mujeres europeas en la guerra de los Balcanes, mujeres africanas en Ruanda sufrieron las mismas vejaciones y, en Centroamérica, países como Guatemala y México han tenido que afrontar el mismo problema. La vulneración continuada de los derechos de las mujeres en estos países ha demostrado al mundo que, en guerras y situaciones de conflicto, el uso de la violencia sexual es un método de terror que se enquista en la sociedad y se reproduce en la cultura de los países que la sufren.

En los casos de violación que se presentan en el país, muchos terminan en la muerte y, aún así, las autoridades colombianas se niegan a hablar de que existe una práctica sistemática de violación y muerte de mujeres, negando que en el país se practique el feminicidio y, a su vez, la posibilidad de evitar que más mujeres sean sacadas a la fuerza por grupos legales o ilegales de sus casas para ser torturadas, violadas y después asesinadas y enterradas en fosas.

Esta vulneración a los derechos humanos de nuestras mujeres, y de nuestros niños y niñas, tiene efectos psicológicos en las víctimas y en la sociedad que, de forma pasiva, permite que ocurran. De esta manera, las víctimas de este tipo de prácticas vuelven a ser víctimas, en primera instancia, por la falta de atención de las autoridades y, después, por la falta de atención médica y psicológica. Las mujeres, niñas y niños sufren maltratos infrahumanos, torturas físicas, mutilaciones en su cuerpo y, en muchos casos, les son contagiadas enfermedades de transmisión sexual como el VIH, además de presentarse un alto número de embarazos no deseados.

La violencia sexual en el conflicto armado colombiano es compleja. A las violaciones se suman las mutilaciones sexuales y otras prácticas a las que se ven sometidas las mujeres en Colombia. Profamilia propone cuatro contextos para que se dé una violación: el primero es por ataque, que se da cuando se violan mujeres para causar miedo y someter a la población, usándolas como ejemplo de poder; el segundo es por privación de la libertad o por secuestro; el tercero es por ocupación, cuando se invaden terrenos por los que transitan otros grupos armados y se da la esclavitud sexual que, en muchos casos, termina en la muerte; y la cuarta es la violación en las filas de esos grupos, donde se presenta en algunos casos la planificación o el aborto forzado, dependiendo de la importancia del padre en las filas del grupo armado.

Colombia tiene formas jurídicas para garantizar los derechos de las mujeres como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1982), el Protocolo Adicional II de la Convención de Ginebra (1994), la Convención de Derechos Humanos de Viena (1993) y la Convención de Belén do Pará (ratificada en 1996). Por otra parte, en el escenario del conflicto armado, el nuevo Código Penal, en su Título II, tipifica los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH, incluyendo la personalización de distintas modalidades de violencia sexual. Sin embargo, esto no es suficiente para que las mujeres no sean abusadas sexualmente en medio de la guerra colombiana y tampoco garantiza que se respeten los derechos de las mujeres.

Es necesario que en Colombia se aborde el tema desde la sociedad civil y en el Congreso. Hasta que no se acepte que existen feminicidios no se crearán mecanismos legales y en la población civil para impedir que, como sociedad, sigamos matando a nuestras mujeres con nuestro silencio. De otra manera, las mujeres seguirán siendo blanco militar de los grupos armados, legales e ilegales, y la muerte, la tortura y la esclavitud sexual seguirán siendo ignoradas, permitiendo que los perpetradores de este tipo de actos aberrantes cuenten con la complicidad del silencio.
EL TURBION

sábado, 12 de diciembre de 2009

Iván Cepeda: “Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía y afronten la situación de Colombia”

Nadar contra una fuerte corriente es lo que hace el Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado (MOVICE) en Colombia, donde las mayorías en Congreso y Cámara están alineadas con los dictámenes del presidente Álvaro Uribe, que ahora aspira a una segunda reelección, aunque en su empeño viole lo establecido por la Constitución. En casos tan graves como los múltiples asesinatos de jóvenes pobres por parte de militares, que son presentados como guerrilleros y luego canjeados por reconocimientos y medallas, eufemísticamente llamados “falsos positivos”, la Fiscalía General de la Nación avanza a paso lento y sin ganas.

Instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, un estamento burocrático al que Álvaro Uribe, en los tiempos remotos de la primera candidatura presidencial prometió acabar, ahora se mantiene como un apéndice aún más funcional y sometido. La Procuraduría General de la Nación, el “ente autónomo de control y vigilancia de la función pública de los empleados del Estado”, no sólo no controla ni vigila, sino que tampoco es autónomo, y el propio Procurador General, Alejandro Ordóñez, es reconocido en el país como “el absolvedor”, pues desde su arribo a la institución se ha distinguido por la eficiencia para eximir de culpa a toda clase de militares y funcionarios uribistas vinculados con masacres y paramilitarismo.

En la otra orilla, una institución como la Corte Suprema de Justicia, que se ha negado a nombrar el nuevo Fiscal General de una terna presentada por el presidente, por considerar que los postulados no reúnen las condiciones mínimas necesarias para el cargo, ha sido objeto de toda clase de vituperios por parte del mandatario, de ataques descarados de sus funcionarios, e, incluso, de interceptaciones telefónicas o “chuzadas”, por parte del DAS, el organismo de inteligencia del estado adscrito a Presidencia.

En la corriente desenfrenada y unidireccional del actual gobierno colombiano, que se lleva sin pudor los diques constitucionales y legales, y ni se diga los morales y éticos que interpone cualquier institución, es donde el MOVICE actúa con empeño y tesón, a veces como un clamor solitario, pero también con una postura política clara. El estado colombiano, como responsable por acción, confabulación, omisión o permisividad, tiene una evidente responsabilidad en muchos de los crímenes cometidos contra los propios colombianos. Del mismo modo, el estado tiene la obligación de responder ante las víctimas, las familias, las organizaciones y ante toda la sociedad colombiana, garantizando el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral, y, sobre todo, la garantía de no repetición de esos crímenes.

Iván Cepeda Castro, además de escritor y periodista, es un destacado líder de los derechos humanos en Colombia y vocero del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE), organización nacida en 2003, que agrupa a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y algunas organizaciones que trabajan por los derechos humanos.

Iván Cepeda ha vivido en carne propia la violencia ejercida por el estado colombiano, como hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1984, durante el genocidio llevado a cabo contra la Unión Patriótica, un partido político que fue víctima de una persecución intencional y sistemática que lo condujo al exterminio.

Conversamos con Iván Cepeda en Madrid, ciudad que ha sido escenario del lanzamiento de una campaña internacional de más de 30 organizaciones europeas de derechos humanos, para llamar la atención sobre la persecución que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, por parte de las instancias estatales que deberían brindarles garantías.


Como vocero de las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, ¿qué sensación le produce llegar a Europa y percibir que el Gobierno colombiano es visto como un gobierno democrático, que cumple con los requisitos mínimos para ser tratado con deferencia por la Unión Europea?

No me sorprende. En el caso de España, para decir las cosas por su nombre, hay importantes inversiones del capital transnacional en Colombia. Para citar sólo un caso: en estos días se debate en manos de quién quedará el tercer canal de la televisión y el grupo PRISA tiene un importante interés en esta concurrencia. Entre las propiedades de este grupo, figura “El Tiempo”, el principal diario colombiano, dirigido por la familia Santos. Esa familia gobierna al país. Por lo menos, ha ocupado un lugar importante en ambos gobiernos del presidente Álvaro Uribe. El vicepresidente del país, Francisco Santos, es uno de los principales accionistas de esa casa editorial, y el ex ministro de Defensa, quien es candidato también para las próximas elecciones presidenciales, Juan Manuel Santos, también es accionista y dueño del periódico. No son, pues, sólo coaliciones o alianzas. Son verdaderos consorcios.

Así que el hecho de que se elogie al presidente Uribe, un gobierno que a duras penas puede sobrellevar un día sin un escándalo –lo que incluyen hechos criminales, como los llamados “falsos positivos”, y situaciones aún más evidentes-, pues que un gobierno extranjero lo elogie, lo único que implica es que sus intereses deben ser protegidos. Pero esa situación, cada día es menos posible ocultarla. Es un gobierno que se ha venido mostrando en todas sus facetas de corrupción y criminalidad en los últimos años.

Y yo creo que sí, que hay quienes se esfuerzan por mantener ese tipo de coartadas, para ocultar una situación tan grave como la que hay en Colombia, pero también hay una conciencia creciente en la comunidad internacional sobre qué es lo que el gobierno del presidente Uribe representa realmente. Para decirlo con claridad, uno de los aparatos criminales más mortíferos y destructivos que ha habido en los países de América Latina.

¿Alguna vez han tenido las víctimas en Colombia algún espacio de interlocución con el poder para incidir en lo que se llama allí la legislación “de paz” o en la política de construcción de la llamada “reconciliación”?

No. El Gobierno y el Poder Legislativo, en su gran mayoría, responden a los intereses del aparato criminal que ha producido tantas víctimas en Colombia. De ahí que no es un interlocutor, sino más bien un enemigo constante de estos procesos. Pero a pesar de que el Gobierno se ha empeñado, por todas las vías posibles, para que esos procesos no se puedan abrir paso, gracias a la acción de las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los abogados, los jueces dignos que tiene el país, en los últimos años se ha logrado producir un avance efectivo.

Ese avance se ve materializado en que más de cien funcionarios estatales, entre ellos un número significativo de congresistas, han sido llevados a las cárceles. Que muchos miembros de la Fuerza Pública han comenzado a ser llamados ante los tribunales, y que el fenómeno de la llamada “parapolítica” y los crímenes cometidos por el paramilitarismo se ponen en evidencia. Y cuando se ha ido reconociendo la realidad de que en Colombia ha funcionado la criminalidad de Estado.

Pero eso no es gracias al gobierno ni a la interlocución con el gobierno, sino que es el resultado de una lucha tesonera, dada en condiciones muy desiguales y siempre peligrosas, que han llevado a cabo las víctimas en sus regiones: los campesinos, los indígenas, las mujeres, muchas asociaciones de personas que han logrado ir construyendo este camino hacia los derechos humanos en el país.

Cuando se habla de crímenes de Estado, son conocidas las víctimas de los casos argentino o chileno, pero Colombia es una caja negra: no hay conocimiento de cuál es la dimensión de las víctimas y cuál es la realidad que ustedes afrontan cuando deciden no callar y exigir justicia, verdad y reparación.

Bueno, las cifras son cada vez más completas y claras. Estamos hablando de cerca de 50 mil personas desaparecidas en Colombia en los últimos 20 años, una cifra que supera de largo a países como Argentina y Chile, y a algunos centroamericanos. Hablamos del 10% de la población desplazada, más de 4 millones de personas; más de 150 mil homicidios y una gran destrucción de las comunidades: 18 pueblos indígenas están al borde de ser exterminados, en procesos que sin lugar a dudas pueden ser catalogados como genocidios, y también de sectores como los sindicalistas y los defensores de derechos humanos, que han sido víctimas de crímenes continuos durante estas dos décadas.

En Colombia, estamos en presencia de una criminalidad del sistema, con múltiples expresiones, que tiene la connotación de no ser apenas la violencia que se presenta en un conflicto armado, sino una violencia que promueve el Estado, para eliminar, anular, neutralizar a organizaciones enteras de activistas sociales. Y una violencia que además tiene la connotación de intentar presentar a sus víctimas simplemente como personajes encubiertos que actúan a nombre de la guerrilla.

Para entender mejor de qué estoy hablando, traigo a colación sólo un caso. Hace un año tenemos en la cárcel a Carmelo Agámez. Él es el líder de los campesinos de San Onofre, un poblado al norte de Colombia, que se convirtió en una especie de campo de concentración -y lo digo literalmente, no es una exageración- de los grupos paramilitares. En esa población de 50 mil habitantes, las personas fueron sometidas durante años a un régimen concentracionario, donde se les imponía un estricto régimen de vida: una hora para despertarse y acostarse, los paramilitares disponían de las mujeres, de las personas para esclavizarlas como peones en sus fincas… En fin, un régimen dantesco. Allí, Carmelo Agámez logró organizar al movimiento campesino, y llevó a la cárcel, no solamente a los paramilitares, sino a sus aliados políticos, sus jefes políticos. Y una vez que se logró esto, Carmelo fue acusado de ser aliado de los paramilitares. Él, que toda la vida fue su víctima, terminó siendo acusado por ellos, como forma de venganza, para llevarlo a la cárcel. Hace un año que Carmelo está en prisión. Yo lo fui a visitar hace unos meses. En la prisión hay 70 personas: 69 son paramilitares y políticos aliados de los paramilitares, y Carmelo vive en compañía de esta gente. Como puede entenderse, es una situación de inmensa peligrosidad, y, a pesar de eso, Carmelo sigue sosteniendo su lucha desde la cárcel.

La campaña electoral ya comenzó en Colombia, y la retórica guerrerista con respecto a Venezuela trata de rendir resultados en términos de apoyo al gobierno, o de solapamiento de otros problemas que tiene el país. ¿Cuál es la opción de las víctimas en este contexto, donde parece cada vez más difícil hablar de las situaciones de violación de derechos humanos y de lo que hay que reparar dentro del país?

Yo creo que nosotros estamos cada vez más cercanos de una acción política directa. El movimiento de víctimas ha dado una lucha jurídica, una lucha por ganar espacios, pero eso se muestra cada vez más insuficiente. No basta meter a los políticos a la cárcel: hay que ganar espacios políticos. Y creo que el movimiento social en Colombia ha comenzado una discusión sobre ese tema. Existen partidos políticos, es cierto, pero las víctimas y los movimientos sociales quieren tener poder, y quieren ejercer el poder.

Ahora, lo que está ocurriendo en Colombia con relación a Venezuela es una estrategia de largo alcance. Hay que recordar que, en los últimos años, se han ido produciendo, uno tras otro, varios golpes de estado. Primero se le dio un golpe de estado al presidente Hugo Chávez, posteriormente se intentó dar un golpe al presidente Evo Morales, más recientemente en Honduras se ha producido el golpe impune del señor Micheletti. Aquí lo que hay es un plan claramente articulado para acabar con estos gobiernos, y, sobre todo, para acabar con el proceso de integración latinoamericana.

Aquí el objetivo esencial no es uno u otro gobierno, es la unión de los países latinoamericanos en torno a una nueva política, a una nueva economía, a un nuevo tipo de relaciones que puedan configurar una fuerza que se oponga con claridad a unas relaciones tradicionalmente coloniales e imperiales.

En este contexto, por supuesto, el gobierno del presidente Uribe es una pieza central. Algunos hablan ya de que Colombia es una especie de portaaviones de Estados Unidos en América Latina, y creo que esas no son palabras exageradas. Estamos asistiendo a un contexto en el cual se ha creado una plataforma para agredir de manera clara ese proceso de integración. Y en las elecciones que vienen ese va a ser un tema a discusión, por supuesto, y las víctimas vamos a tomar partido y a tomar opción por enfrentarnos a ese tipo de proyecto que quieren destruir la unidad latinoamericana.

¿Cuáles son las exigencias de las víctimas en Colombia hacia la Unión Europea y sus gobiernos, en cuanto a la política exterior que deberían seguir con respecto al Estado colombiano?

Yo creo que los gobiernos colombianos han sido tratados con una extrema indulgencia, por decirlo de la manera más eufemística. Se ha tolerado durante años, a través de declaraciones supremamente tímidas, una situación que, de lejos, es la más grave en cuanto a derechos humanos en el hemisferio occidental.

Hablamos de un país que tiene una guerra de 50 años, el 10% de su población en la miseria por el desplazamiento forzado, un país en el que los crímenes de personalidades y de personas que defienden los derechos humanos son hechos cotidianos.

Y a todo esto se le intenta poner siempre paños de agua tibia, diciendo que son situaciones producto del terrorismo, producto de la lucha contra el narcotráfico.

Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía, afronten los hechos que suceden en Colombia con la gravedad que tienen, y propongan salidas acordes. No digo que todos los gobiernos se comporten de esta forma, pero hay sectores y partidos políticos en Europa para los cuales es tolerable una situación que, vista de manera objetiva, no es otra cosa que un inmenso río de sangre. Una realidad totalmente antidemocrática y contra los derechos humanos.

http://juanalbertosm.blogspot.com

martes, 10 de noviembre de 2009

Entrevista a Yuri Neira

El 1 de mayo de 2005, Nicolás Neira, un estudiante de 15 años quien apoyaba la marcha de los trabajadores, cayó asesinado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la Policía Nacional. Su padre, Yuri Neira, ha tenido que afrontar desde aquel día una terrible persecución de parte del Estado colombiano por averiguar la verdad de lo ocurrido y porque sigue denunciando con vehemencia los atropellos y abusos de autoridad por parte de la Policía Nacional.

Julio Cortés: –El asesinato de Nicolás Neira ocurrió en 2005. ¿En qué va el proceso judicial?

Yuri Neira: –Desde su asesinato, hace 1620 días, se inició la denuncia ante las autoridades respectivas. El proceso ha pasado de un lado a otro: primero, la Unidad de Vida [de la Fiscalía]; luego, lo cogió la Justicia Penal Militar y después dijo que eso no le correspondía; posteriormente, se decidió que la justicia ordinaria debía seguir con el caso. El expediente va de lado a lado, hasta que llega al fiscal Mario Iguarán, que decide trasladarlo a la Unidad de Derechos Humanos, Fiscalía 53. Eso hace cuatro meses ¡después de 4 años empieza el caso! La Procuraduría, en un borrador, dice que los autores son de la Policía Nacional. Hay un capitán y un subteniente investigados.

JC: –¿Hay imágenes o testigos que comprometen a miembros del Esmad en el asesinato de Nicolás?

YN: –Ese día, las cámaras del Estado en ese punto se dañaron. Hubo una película que hicieron un mes después de los hechos, pero una persona se hizo pasar por mí y se llevaron la película. Hay una foto, que tomó un ciudadano nacionalizado canadiense, de cuando a Nicolás lo estaban golpeando unos policías: ahí se ve cuando Nicolás está en el suelo. Este testigo me dio sus datos y las fotos, además, se ofreció para declarar en la embajada de Colombia en Canadá, pero hasta el momento no lo han llamado a dar testimonio. Después del entierro de Nicolás, le llegó el DAS a la casa y lo deportaron. Ahora este testigo no puede volver al país fácilmente. Otro testigo fue asesinado. Quedan tres.

JC: –Ud. ha sido víctima de un crimen de Estado, no sólo por lo de Nicolás sino por la persecución a la que se ha tenido que enfrentar. ¿Cómo ha sido su vida en este tiempo?

YN: –Me cambió totalmente la vida. Yo trabajaba en una empresa de seguros y, con lo de Nicolás, mi vida gira 180 grados. Ahora me dedico a los derechos humanos. Esto me ha traído 24 detenciones arbitrarias por parte de la Policía. En medio de esto vienen cuatro atentados: el último fue 24 horas después del allanamiento a la Casa Salmón Cultural. Luego del cuarto atentado me tocó irme cuatro meses al Brasil. Decidí devolverme, a pesar de que a nadie le gustó la noticia por el riesgo de ser asesinado. Les dije que si me pegan un tiro en Colombia estoy con mi gente, en mi casa, en mi terreno, con mis amigos, pero es que allá estaba solo y muriéndome lentamente. La lucha es estar acá, en Colombia.

JC: ¿Cómo están sus condiciones de seguridad en este momento?

YN: Se supone que gozo de medidas de protección: una camioneta y dos agentes del DAS. Pero, como decía Piedad Córdoba: “uno no tiene escoltas sino espías”. Dije que no aceptaba más esto, porque me niega muchas cosas y estoy vendiendo a mi gente, con quien yo charle está siendo 'fichado'. Ahora me dicen que no me garantizan protección así como ando. Yo asumo el riesgo por la búsqueda de la verdad de lo que pasó con Nicolás. Y si averiguar la verdad implica que me disparen nuevamente, pues que así sea. Yo sigo en la campaña contra la brutalidad policial y por el desmonte del Esmad. Sin embargo, temo por mi vida, porque ya sé que la Policía no me va a asesinar con otro atentado, pero sí lo van a pasar como un falso positivo, inventando que por robarme el celular me dieron 3 puñaladas.

JC: –¿Cómo fue el allanamiento a la Casa Salmón Cultural?

YN: –Ese día llegaron agentes del DAS y la Policía, rompieron chapas y puertas, levantaron el piso de la cocina buscando explosivos, trajeron carros y perros antiexplosivos. No encontraron ni cuchillos, porque días antes se habían prestado para una olla comunitaria. La fiscal que ordenó el operativo llegó al sitio y está denunciada, por actuar como juez y parte. Ese día se hicieron presentes el Movice, Iván Cepeda, Bruno Díaz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organizaciones juveniles y medios de comunicación que registraron este allanamiento ilegal. El Estado tiene miedo de que los jóvenes piensen y se organicen, los llaman terroristas porque reclaman una educación de calidad, rechazan el servicio militar obligatorio o porque están visibilizando el cierre de hospitales.

JC: –¿Cómo nace la Casa Salmón Cultural y qué reivindica de este espacio de participación y activismo juvenil?

YN: –A los cien días del asesinato de Nicolás hago el primer pendón. Me invitan unos jóvenes a una casa llamada la Casa del Árbol. Allí conozco gente que habla de reivindicaciones y derechos, movilización social y lo que pasó con Nicolás. Son jóvenes políticamente formados. En ese lugar conocí al colectivo Creacción de Espacios, con quienes trabajamos. En otra parte había un combo que se llamaba Salmón Cultural y estaban pidiendo esa casa, la tomamos en arriendo y empezó un proceso. Me llamó la atención el nombre del Salmón, por eso le colocamos Salmón Cultural. Allí se organizan reuniones, participo del cine club, en la Marcha Contra el Hambre, en la lucha por los corteros, en la Minga indígena, con los negros, con las mujeres. Va surgiendo una apuesta política en la Casa, se da un trabajo articulado con diferentes combos juveniles, con niños de Ciudad Bolívar.

JC: –¿Cómo percibe la movilización y la solidaridad de la gente para acompañar esta lucha tan justa, pero tan riesgosa?

YN: –Ha sido bastante buena: se han hecho movilizaciones, la gente recuerda mucho a Nicolás, los muchachos hacen stencils de Nicolás, le hicieron una placa. Hay apoyo de organizaciones, de la Fundación Manuel Cepeda, de universidades y de jóvenes que han ayudado mucho. Lo que pasa es que también hay mucho miedo. Lo que hicieron con Nicolás fue una demostración de barbarie y están mandando un mensaje, diciendo que les puede pasar lo mismo. Entiendo ese miedo y me preocupo: no aguantaría otro asesinato por Nicolás. Los amigos de Nicolás acaban de conmemorarle, este 9 de octubre, su cumpleaños. Es muy bueno que se acuerden de Nicolás, pero yo debo hablar por tantos estudiantes caídos, ése es el deseo de Nicolás.

JC: –¿Cómo analiza esta realidad de violencia e impunidad que históricamente ha padecido nuestro país?

YN: –Es impunidad amparada por todos los entes de control y organismos del Estado. Me refiero a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y hasta a la Alcaldía de Bogotá, porque Lucho Garzón no quiso hacer nada cuando ocurrió la muerte de Nicolás. En estos entes me dicen: 'ahí le estoy colaborando', y yo les digo que no necesito que me colaboren sino que hagan su trabajo. Lo mismo a la Policía, al DAS, al CTI. Hay un grave problema de impunidad, es una política de Estado. Se encubren entre ellos mismos: la Policía cuida al fiscal y el fiscal le hace pasito, a su vez, porque sabe que la Policía es la que lo está cuidando. Yo busco la verdad, porque sé que en este país no hay justicia.

JC: –¿Qué mensaje le envía a los jóvenes, quienes enfrentan tantas adversidades por parte de un Estado policiaco represivo, al tiempo que hay tantas necesidades de cambios para el país?

YN: –Tienen que pensar que con violencia no se saca nada. Los jóvenes deben estudiar para preparar el cambio con inteligencia: se deben hacer acciones directas no violentas. Hay que denunciar y acordarse de que el silencio está matando más que las balas del Estado. A pesar del miedo, hay que oponerse a las injusticias que se cometen. No podemos ser permisivos con tanta masacre, hay que respetar nuestra dignidad y construir, pero sin violencia. La revolución y el cambio están en la inteligencia, en el amor y en el compartir de la cotidianidad.

Por: Julio Cortez
Fuente: El Turbion

martes, 1 de septiembre de 2009

El largo camino de la reparación

El largo camino de la reparación

por: Cristian Valencia

Y cuando se repare a los desplazados, si se hace; cuando se indemnicen, si se hace, cuando restituyan sus bienes robados, si se hace, y cuando el Estado les garantice la no repetición de tales horrores, si se garantiza, habremos dado algunos pasos para la reconciliación nacional, pero unos pasos nada más, que serán un buen cimiento para una Colombia distinta, pero nada para aplaudir; porque los horrores, esos horrores de los cuales hemos sido testigos mudos, algunos enunciados por nuestra prensa, permanecerán para siempre en la memoria de las víctimas sobrevivientes.

Pero tenemos que recorrer el camino de la reparación primero, sin duda. Y para ello, todos los colombianos debemos estar alerta y dispuestos a colaborar con las medidas que el Estado tenga a bien implementar. Entender, por ejemplo, que cuando haya un desplazado en la ciudad pidiendo auxilio es porque lo necesita y no porque sea un limosnero profesional, que viene a apoderarse de lo tuyo, a fuerza de un chantaje emocional. Ese señor, esa señora, esa familia que está en el semáforo a la intemperie, tuvo una dignidad que nadie sospecha: una tierra que cultivaba, un tejido social vivo, una alegría que le fue arrancada de tajo, una salud mental, y una manera de vivir dignamente. Y que fue por la guerra, por la maldita violencia generada por paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, políticos corruptos y nuestro silencio, por lo que se produjo ese absurdo destierro que los mandó al carajo, a esa esquina fría que hoy padecen.

A mis manos ha llegado un exhaustivo informe preparado por la Procuraduría General, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), llamado La voz de las regiones, que aborda, sobre todo, la restitución de bienes como parte de la reparación que el Estado debería implementar. En la primera parte, el libro expone todos los mecanismos, o rutas posibles, para que la restitución de bienes a la población desplazada sea una realidad. En la segunda están los análisis de contextos regionales específicos, "que buscan situar en la realidad geográfica, política, cultural, económica, social y humanística" cada una de las recomendaciones hechas. Y queda muy claro que el camino que debemos recorrer es largo, es costoso, y debe contar con el total compromiso del Estado.

Me impresionó, sobre todo, el problema agrario de este país y cómo los gobiernos colombianos desde siempre se han hecho los de las gafas. "En efecto, desde la Ley 200 de 1936 se crearon jueces de tierras para la resolución de los conflictos, pero no se asignaron los recursos para su creación", y así la seguidilla de buenas intenciones en forma de leyes que nunca se implementaron han sido las causantes, por omisión, del enorme problema de desplazamiento en Colombia. El problema, para mi gusto, es la tierra y quien la posee. El problema es un sistema catastral premoderno. El problema es que no ha habido gobierno que le meta verdaderamente el diente a una real y profunda reforma agraria en este país, reforma que redundaría en un blindaje jurídico para el campesinado nacional, en detrimento de intereses privados y de grupos armados ilegales.

La voz de las regiones es un libro que propone y sugiere los mecanismos adecuados para la restitución de tierras, primer paso de muchos que habrá que dar para terminar con el flagelo del desplazamiento en Colombia. Es triste, sin embargo, que semejante estudio no circule en librerías, no esté en todas las universidades y en todos los medios de comunicación. Porque si la información al respecto se sigue manejando en círculos tan cerrados, la gran mayoría de colombianos no entenderemos de qué va la cosa y seremos electores ciegos frente a las urnas nuevamente.

Es un problema de todos, creo yo, en la medida que hay 4 millones de desplazados dejando ver su desesperanza en la luz roja de los semáforos, que desaparecen cuando cambia a verde.

© CEET

lunes, 15 de junio de 2009

Tres eslabones de la cadena

por Iván Cepeda Castro

En los expedientes de los procesos de justicia que se adelantan actualmente por los miles de crímenes cometidos por los paramilitares, con frecuencia aparecen citadas tres personas: el ex general Rito Alejo del Río, el ex senador Mario Uribe y el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez.
El primero ha sido insistentemente mencionado por los jefes de las Auc como uno de los militares de alto rango que planificó y facilitó gran parte de las cruentas incursiones en el norte del país. Además de estar siendo investigado por homicidio, algunos señalan que dejaba el mando de sus tropas directamente a los lugartenientes paramilitares. El ex general fue asesor en temas de seguridad del primer gobierno del presidente Uribe y candidato al Parlamento por el Movimiento Convergencia Democrática. Al ex senador Mario Uribe se le investiga por sus nexos con la parapolítica. Según el paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, para conseguir tierras a bajo costo el ex congresista les daba órdenes como ésta: “¿Hay que matar a alguien? No sé, ese es problema de ustedes. Con tal que las tierras sean baratas”. Del tercero, hay testimonios que lo señalan de ser el autor intelectual de asesinatos como el de Jaime Garzón, Manuel Cepeda y de otros líderes políticos de oposición. Narváez ha sido instructor de los paramilitares, consejero de seguridad del Gobierno, profesor en las academias de la Fuerza Pública y subdirector del DAS. Como si esto fuera poco, se le atribuye ser uno de quienes urdieron la macabra operación mediante la cual se ha escudriñado la vida personal y familiar de magistrados, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos. El proceso de esclarecimiento del organigrama de las estructuras narcoparamilitares pasa por identificar y sancionar ejemplarmente a sus cabecillas políticos y empresariales. De ahí la importancia de las investigaciones y procesos judiciales que se llevan a cabo para sancionar a estos personajes. No obstante, las estrategias de impunidad o la falta de actuación de los operadores de justicia impedirían que en estos casos la acción de la justicia tenga éxito. El próximo cambio en la dirección de la Fiscalía General de la Nación puede contribuir decididamente a que se realice este propósito. En el caso del ex general, hace algunos días se hundió un acervo probatorio en el que había información comprometedora. Literalmente se hundió. Uno de los expedientes que venía del Chocó terminó en el fondo de un río, pues la chalupa en la que lo transportaban naufragó. En cuanto a la investigación del ex congresista Uribe, pasa el tiempo y no se produce una decisión. El vencimiento de términos amenaza con impedir el juzgamiento. Acerca de Narváez, si bien ha sido llamado a indagatoria en el caso de las interceptaciones, sorprende que no se le esté investigando por homicidio agravado y por concierto para delinquir agravado. Las declaraciones rendidas ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz debieran constituir la base del comienzo de esta investigación. Es probable entonces que la justicia nacional no actúe debidamente. Sin embargo, estos casos son dignos de la Corte Penal Internacional. Llenan los tres requisitos para ello: los crímenes cometidos son de lesa humanidad, se trata de presuntos altos responsables de esos actos, y la ejecución de muchas de sus acciones se ha presentado con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma. Si no hay justicia en Colombia, llegaremos a esa instancia.
Fuente: www.movimientodevictimas.org

viernes, 6 de marzo de 2009

Marcha por la vida y la paz

La Corporación para la Participación Ciudadana –Conciudadanía, como parte de la Comisión de Seguimiento al Proceso de Desarme Desmovilización y Reinserción (DDR), tanto Departamental como de las subregionales, en especial la del Magdalena Medio, comparte con los actores ciudadanos e institucionales de Antioquia y Colombia la siguiente invitación.
--------------------------------------

La Comisión Subregional DDR del Magdalena Medio, la Administración Municipal de Puerto Berrío, el Concejo, la Personería, la Comisión de Vida, Justicia y Paz las Iglesias y la Sociedad Civil de este territorio antioqueño, invitan a

Marcha por la Vida y la Paz
Lunes 9 de marzo, 4:30 p.m.
Puerto Berrío

Uniendo nuestras voces para decir:

"No queremos más asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos ni volver a padecer por otros actos violentos en el Magdalena Medio”

La convocatoria es a que la ciudadanía subregional y departamental se haga presente y nos encontremos en el Cementerio Central de Puerto Berrío, con velas encendidas y camisetas blancas, para que caminemos y exijamos con clamor por el respeto a la vida y la esperanza de paz, en un recorrido que irá hasta el Parque Principal donde cerraremos la marcha con un acto simbólico y cultural.

Al mismo tiempo queremos manifestar que el Magdalena Medio es también nuestro país y que se necesita el apoyo de todo el pueblo colombiano para sumar esfuerzos entorno al rechazo de la violencia continuada que nos sigue afectando, pues en lo que va corrido del año se han presentado alrededor de 70 muertes violentas, sin contar el número de desapariciones forzadas y desplazamientos, que tras la intimidación no han sido denunciadas.

La comunidad del Magdalena Medio Antioqueño se ha visto afectada por el conflicto armado desde hace más de 25 años y, ante las violaciones de nuestros derechos humanos que se siguen presentando, quiere pronunciarse rechazando y expresando la resistencia noviolenta frente a todo acto de violencia.

Por eso invitamos a todas las personas que quieren la paz en Colombia y le apuestan a un futuro sin violencia a que encendamos una luz por la vida y no dejemos que nos la apaguen.


Mayor información:
Comité de comunicaciones de la marcha
Dalila Pulgarín Tabares / Lina Rondón
310 359 06 90 / 311 839 39 96 / 312 284 48 43

Si no desea recibir esta información, o si por el contrario le interesa o conoce a personas a las que les gustaría obtenerla, escribanos un mensaje indicándonoslo en el asunto.

También disponible en: http://www.conciudadania.org/,
y nuestra galería fotográfica en http://picasaweb.google.es/

miércoles, 18 de febrero de 2009

¿Impunidad para soldados del Plan Colombia?

Por: Vanessa Morris
Cuando la señora Olga Castillo Campos confrontó a los dos soldados estadounidenses que servían en el marco del Plan Colombia y que drogaron, acosaron y violaron a su hija de 12 años, la respuesta de éstos fue: “sí, la violamos, ¿y que?, estamos en Colombia, la ley no nos afecta”. Ellos demostraron estar en lo correcto.
En la noche del sábado 26 de agosto de 2007, luego de usar el baño en un restaurante, la hija de 12 años de la señora Castillo fue forzada por dos hombres, identificados como Michel J. Coen y César Ruiz, a beber un líquido amarillo que la incapacitó dentro del establecimiento. Los dos hombres la llevaron a sus barracas, ubicadas en la base de la Fuerza Aérea de Tolemaida, lugar en el que la violaron, para luego arrojarla en un parque la mañana siguiente.

Justicia local
Desde entonces, la señora Olga Castillo Campos se embarcó en la búsqueda de justicia en el caso de su hija, denunciando este triple crimen de intoxicación, secuestro y violación a una menor ante la Fuerza Aérea, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Todo fue en vano.
De forma irónica, en vez de ser ayudadas, a las victimas se les ha causado más sufrimiento. El Estado las ha hecho pasar de un órgano oficial al siguiente, han sido amenazadas y tanto sus pedidos de protección como de reubicación han sido rechazados por la Policía.
A nivel internacional, se han convertido en presa de la coerción que se ejerce desde la embajada estadounidense. El 25 de septiembre de 2008, un investigador de los Estados Unidos identificado como Jhon Ramírez contactó a la señora Castillo Campos. De manera infructuosa, el investigador intentó sobornarla con una suma de dinero y presionarla a que firmara un documento incomprensible para ella, al estar escrito en inglés. Sin embargo, su inquebrantable afán de justicia frustró los intentos del funcionario estadounidense.

Más casos de abuso
El caso de la señora Castillo no es el único incidente: encaja en un patrón de crímenes cometidos por soldados estadounidenses que prestan sus servicios en el Plan Colombia. En 2006 fueron reportados 23 casos de abusos sexuales cometidos por soldados estadounidenses en servicio y 14 más en 2007. Además, en 2004, soldados y técnicos provenientes de EE.UU. produjeron videos pornográficos de adolescentes colombianas que fueron vendidos por $10,000 pesos cada uno. Por otra parte, en 2005, militares estadounidenses fueron sorprendidos vendiendo munición a las FARC y, en el mismo año, se sorprendió a otro grupo de militares vendiendo munición a grupos paramilitares.

Tratado de inmunidad
Los Estados Unidos tienen privilegios por ser un Estado hegemónico y sacan ventaja por ello. De esta manera, condicionan promesas de ayuda militar y de recursos con cláusulas especiales. Así, el Estado colombiano firmó el Acuerdo de Misiones Militares en 1975, garantizando inmunidad para el personal militar estadounidense y para los contratistas que operen en suelo colombiano a cambio de la ayuda militar y financiera. La señora Castillo Campos no tiene nada que ver con este acuerdo, por ello, de forma incesante, busca justicia en Bogotá, mientras sus hijas son cuidadas por sus familiares.

Justicia Internacional
La manera de justificar que los militares no sean procesados en Colombia es que éstos lo serían en el sistema judicial estadounidense.
Aunque se asuma que los militares y contratistas sean juzgados en los Estados Unidos, hay un impacto negativo en las victimas colombianas. El procesar un crimen en jurisdicción rextranjera no responde a las demandas físicas y emocionales de las víctimas, ya que éstas no tienen la oportunidad de estar presentes en la corte y declarar para así ser oídas, lo que sirve para validar su testimonio. Michael Coen, uno de los perpretadores del crimen contra la familia Campos fue retirado de Colombia. Quizás se hizo justicia, tal vez no, pero la importancia que tienen las victimas se demuestra por el hecho de que ella no fue informada.
Procesos legales en el exterior deslegitiman la autoridad del sistema judicial colombiano. En 2005, el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, condenó el tratado diplomático como inconstitucional y, de manera infructuosa, solicitó al Congreso una revisión del mismo. Respuesta que se entiende desde la declaración del ex senador colombiano Jimmy Chamorro: “obviamente creemos que el tratado debe ser revisado, pero la realidad política es que no va a pasar, sería desastroso para la ‘política de seguridad democrática’ de Uribe”.
¿Por qué debe asumirse que los soldados estadounidenses son objeto de justicia en su propio país cuando hay razones para ser escépticos? En 2000, el ex comandante del ejército de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas, James Hiett, fue irónicamente ligado a un caso de tráfico de drogas, pero fue encontrado inocente de cualquier cargo por los investigadores militares de su país. Además, por la muerte de dos soldados colombianos, el gobierno de los EE.UU. realizó una investigación, sin colaboración de los cuerpos investigativos nacionales, y concluyó que no había evidencia que involucrara al sargento norteamericano implicado en el arrollamiento de los dos ciudadanos colombianos que prestaban servicio militar.
Si no se aplica justicia sobre los soldados estadounidenses que se presume han cometido violaciones de derechos humanos, se transmite el mensaje de que tienen la libertad de hacer lo que les plazca. Esto puede explicar por qué Michel J. Coen y César Ruiz respondieron de esa manera a la señora Campos Castillo, cuando los acusó de violar a su hija.

Compromiso de los derechos humanos del Plan Colombia
De forma hipócrita, la política internacional y, particularmente, la del Plan Colombia se supone se dedican a proteger los derechos humanos. De acuerdo al Acta de Asistencia a Paises Extranjeros “los programas de asistencia internacional de los Estados Unidos deben ser manejados de tal manera que se promueva y se avance en derechos humanos, evitando la identificación de los Estados Unidos con gobiernos que niegan a su gente libertades fundamentales y derechos humanos reconocidos internacionalmente”. De igual manera, la llamada ‘Enmienda Leary’ en el Plan Colombia establece que ninguna unidad podrá recibir fondos de EEUU si es encontrada culpable de violaciones de derechos humanos , al igual que el Acta de Asistencia a Países Extranjeros, de 1961, y la de operaciones en el extranjero, de 2001.
La sinceridad del compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos es cuestionable. El presidente de los EE.UU. tiene el poder de pasar por encima de los tratados de derechos humanos y continuar con el Plan Colombia, aunque las condiciones en esta materia no sean cumplidas. Clinton y Bush lo han hecho, argumentando sus decisiones desde “los intereses de la seguridad nacional” y sosteniendo que las limitaciones en derechos humanos ponen en riego la efectividad del Plan Colombia.

¿Es posible la justicia?
Las violaciones de derechos humanos en Colombia son ahora más claras: los falsos positivos, la purga interna en el estamento militar y las denuncias del director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, que señalan que en Colombia el año pasado hubo más violaciones a los derechos humanos que en la dictadura de Pinochet. El nuevo presidente estadounidense, Barak Obama, ha demostrado hasta el momento tener más compromiso con el respeto por los derechos humanos al cuestionar el futuro del Plan Colombia y del Tratado de Libre Comercio (TLC), por razones que incluyen estos crímenes. Éste es, entonces, el momento para llamar la atención sobre casos como el de la familia Castillo Campos, con el objeto de buscar que se haga justicia en territorio nacional.

viernes, 13 de junio de 2008

CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS - Jesús Villa

En el mundo contemporáneo, las constates crisis de los regimenes democráticos, la puesta en cuestión del Estado-Nación como base del ordenamiento internacional y el surgimiento y resurgimiento de nuevos y viejos nacionalismos alrededor del mundo, han revitalizado y ampliado el horizonte de reflexión de la teoría política en torno a la Ciudadanía y los Derechos Humanos, profundizando en preguntas ya de larga tradición en occidente, como ¿qué derechos implica la ciudadanía y, en consecuencia, cuales pueden ser reivindicados por el ciudadano?, y generando nuevas preguntas en torno a la función de la sociedad civil y del Estado en relación a los derechos humanos.En este ensayo se abordará, de manera muy breve, el desarrollo de la ciudadanía como reivindicación de derechos, la universalización de éstos bajo la figura de derechos humanos y, finalmente, se presentará una corta reflexión en torno a la responsabilidad estatal y la participación ciudadana en la promoción, defensa, protección y garantía de los derechos humanos. Desarrollo De La Ciudadanía Moderna Como Reivindicación De DerechosLa idea moderna de ciudadanía se ha desarrollado, en términos generales, como un estatus que indica la posesión de unos derechos; derechos que se constituyen en el mecanismo por medio del cual los individuos y colectivos sociales pueden reivindicar las garantías necesarias para ser tratados y desarrollarse como miembros, en propiedad, de una sociedad de iguales. El desarrollo de la ciudadanía como posesión de derechos se divide en tres grandes momentos históricos, a los que corresponden, igualmente, tres bloques de derechos o elementos de la ciudadanía: civil, político y social-económico; que hoy, en conjunto, conforman lo que, con pretensión de universalidad, se denomina Derechos Humanos.“El elemento civil se compone de los derechos necesarios para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derechos a la propiedad y a establecer contratos validos y derecho a la justicia (...) por elemento político entiendo el derecho a participar en el poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como elector de sus miembros. (...) el elemento social abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar económico, al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad” Cada uno de estos bloques de derechos se desarrolló en un siglo diferente: los derechos civiles en el siglo XVIII, a partir de la revolución inglesa de 1688 y las revoluciones francesas y americana; los políticos en el siglo XIX con la lucha obrera por el derecho al voto y la participación política; y los derechos sociales y económicos en el siglo XX gracias al avance del estado de bienestar y las revoluciones sociales en diferentes partes del mundo.La Universalización De Los Derechos HumanosHoy, aunque la ciudadanía continúa siendo entendida como un estatus que poseen los miembros de una comunidad política o Estado, cuyo alcance es diferente en cada sociedad, los derechos civiles, políticos y sociales son considerados un logro de la humanidad en su conjunto y han sido erigidos a la categoría universal de derechos humanos.Los derechos humanos se pueden definir de una manera muy general como: aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serlo, y que en consecuencia, le son inherentes a la persona y se proclaman sagrados, inalienables, imprescriptibles, y fuera del alcance de cualquier poder político. Según la ONU “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sea cual fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” La legislación internacional vigente supone que los derechos civiles, políticos y sociales, económicos y culturales están, en términos formales, plenamente reconocidos y han adquirido un carácter vinculante para el actuar interno y externo de los diferentes estados sin importar cual sea su régimen político o su estructura jurídica particular, máxime cuando el Estado es firmante, adhiere o ratifica los diferentes pactos y declaraciones internacionales que versan sobre derechos humanos. Este es el caso Colombiano .El Estado, El Ciudadano Y Los Derechos HumanosLos diferentes estados, y en nuestro caso Colombia, están obligados a respetar, defender y promover los derechos humanos, tanto por la firma particular de tratados y convenciones internacionales, como por la universalidad inherente a estos; a los Estados corresponde, estrictamente, la responsabilidad en torno a la violación de derechos humanos tanto por la acción directa como por la omisión de sus funcionarios.La relación que se establece entre el Estado y los derechos humanos, y el ciudadano y los derechos humanos, es claramente diferente. El Estado, se relaciona con los derechos humanos como garante y debe responder por su promoción, defensa y protección por medio de políticas públicas; el ciudadano, por su parte, es quien ejercita los derechos humanos, pasiva o activamente, dependiendo del derecho de que se trate; lo cual no implica que no exista ningún punto de encuentro entre el Estado y la ciudadanía, en lo que a derechos humanos se refiere, sino, que es necesario tener siempre claro que la violación de los derechos humanos es una cuestión, en términos de responsabilidad, puramente estatal.“Las acciones en derechos humanos” aparecen como un punto de encuentro entre el Estado y el Ciudadano, en lo que a derechos humanos se refiere, posibilitando la participación mas activa del ciudadano sin descargar la responsabilidad del Estado en esta cuestión.En general, se entiende por “acciones en derechos humanos” la promoción, defensa, protección y garantía de estos derechos. Todas ellas son responsabilidad del Estado, pero, por sus características, la ciudadanía, puede participar junto al Estado de diferente manera en cada una de ellas. Así, tenemos que la ciudadana está en condiciones de participar activamente en la promoción de los derechos humanos, (lo que implica la creación de una cultura de los derechos humanos) y su defensa, por medio de acciones colectivas tendientes a mantener los logros alcanzados en esta materia. Finalmente, cabe señalar que la participación de la ciudadanía en la protección y garantía de los derechos humanos es mucho más pasiva, pues estas implican la creación de mecanismos y aplicación de acciones judiciales por parte del Estado la primera, y la formulación y ejecución de políticas publicas la segunda.

viernes, 22 de febrero de 2008

Jornadas por la Vida y la Libertad Jesús María Valle Jaramillo

A continuación se da a conocer la programación de las Jornadas por la Vida y la Libertad Jesús María Valle Jaramillo a realizarse entre el 25 y el 29 de febrero en las instalaciones del Teatro Popular Comandante Camilo Torres Restrepo de la Ciudadela Universitaria de la Universidad de Antioquia (Medellín - Colombia)


Noticias Estudiantiles Colombia
Este es un canal de comunicación de las actividades de las instancias estudiantiles de Colombia y de las demás organizaciones sociales con sentido político y cultural crítico del país y hacia el país.
Si usted desea publicitar sus actividades u opiniones, envíelas a este correo y serán difundidas en el ámbito nacional e internacional.

JORNADAS POR LA VIDA Y LA LIBERTAD
JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO
DERECHOS HUMANOS, CRISIS HUMANITARIA Y CONFLICTO ARMADO
25 AL 29 DE FEBRERO 2008
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
MEDELLÍN – COLOMBIA

PREJORNADAS: 18 AL 22 DE FEBRERO


PROGRAMACIÓN

LUNES 25 DE FEBRERO 10:00 A.M.
JESÚS MARÍA VALLE: 10 AÑOS DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
· Carlos Gaviria Díaz. Ex Magisrado Corte Constitucional.
· Maria Victoria Fallon - GIDH (Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos)
· Fabiola Lalinde

LUNES 25 DE FEBRERO 2:00 P.M.
LATINOAMÉRICA FRENTE AL PROCESO GLOBALIZADOR.
· Erick Pernett García (Analista de Geopolítica)
· Manuel Villalba (Diputado Venezolano)

MARTES 26 DE FEBRERO 10:00 A.M.
MEMORIA HISTÓRICA DE LA COMUNA 13 (Medellín)
· Elkin Ramírez (Corporación Jurídica Libertad)
· GIDH (Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos)
· Mauricio Giraldo (Banco de Datos CINEP)

MARTES 26 DE FEBRERO 2:00 P.M.
PROCESOS DE PAZ Y VíCTIMAS COMO ACTORES POLÍTICOS
· Iván Cepeda (Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado)
· Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación
· César Estrada Saldarriaga (Colombianos en Venezuela "Una Sola Bandera")
· Max Yuri Gil Ramírez (Sociólogo)

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO 10:00 A.M.
ENTIERRO SIMBÓLICO Y CONMEMORACIÓN A JESÚS MARÍA VALLE

OBRA DE TEATRO: "Los Cuentos del Odio"
Grupo de Teatro Arca De Noé

ENTIERRO SIMBÓLICO JESÚS MARIA VALLE

PERFORMANCE: AERO TEATRO

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO 2:00 P.M.
COMUNIDADES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES COMO MODELO DE RESISTENCIA
· Higinio Obispo González ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia)
· Comunidad Indígena de Cañamomo Lomaprieta
· Comunidad Afro del Litoral de San Juan (Chocó)

JUEVES 28 DE FEBRERO 10:00 A.M.
EXPANSIÓN A LOS ESCENARIOS DE LA GUERRA Y SOLUCIÓN A LA CRISIS HUMANITARIA
· Piedad Córdoba (Senadora de la República)
· Henry Mogollón (Diputado Venezolano)
· Alejo Vargas Velásquez (Politólogo Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá)

JUEVES 28 DE FEBRERO 2:00 P.M.
DERECHO, ECONOMÍA Y GUERRA: MODELO DE DESARROLLO Y CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
· Hanna Silverman (Escuela Nacional Sindical)
· Wilmer Iglesias (Modelo de Desarrollo Venezolano)
· William Fernando Guzmán Aponte (Observatorio de Multinacionales)

VIERNES 29 DE FEBRERO 10:00 A.M.
PERSUASIÓN Y DISUASIÓN DEL LENGUAJE EN LA OPINIÓN PÚBLICA: EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS
· César Estrada (Oficina de Prensa del Estado de Venezuela)
· Juan Diego Restrepo IPC (Periodista - Instituto Popular de Capacitación)

VIERNES 29 DE FEBRERO 11:00 A.M.
PROCESOS DE RESISTENCIA Y PERSECUCIÓN ESTATAL
· ACVC (Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra)

VIERNES 29 DE FEBRERO 2:00 P.M.
CONCIERTO DE CIERRE
CARNAVAL POR LA VIDA Y EL ACUERDO HUMANITARIO
Plazoleta Fernando Barrientos Universidad de Antioquia



ENTRADA LIBRE

JORNADAS POR LA VIDA Y LA LIBERTAD
JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO
DERECHOS HUMANOS, CRISIS HUMANITARIA Y CONFLICTO ARMADO

Lo mediático y el 6 de Marzo: De la deslegitimación a la simulación

Desde que se hizo pública la convocatoria a un Homenaje a la Víctimas, el 6 de marzo, en el escenario político mediático, esta iniciativa del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, ha sido distorsionada, expresándose el poder real de los media, su capacidad de simulación de una supuesta opinión democrática y su mimetización en últimas con el poder institucional, la memoria oficial, el discurso estatal. Una de las primeras reacciones a la propuesta fue la del asesor gubernamental José Obdulio Gaviria quién asoció la convocatoria a una expresión de la guerrilla de las FARC EP, y que por esa razón no participaría en la misma. Ese planteamiento facilitó una serie de interpretaciones que propician la estigmatización, el señalamiento, y distorsionan las motivaciones de la convocatoria. La asociación de la convocatoria a una acción de la guerrilla niega de un tajo las razones éticas, jurídicas, y política que inspiran a los convocantes. Horas después, sectores de opinión cuestionaron su posible politización, entre otras razones, por que fue reproducida en diversas páginas Web, entre ellas las de Anncol, como si este hecho significará que la guerrilla de las FARC orquestara la iniciativa. Falso pretexto y falso dilema. En el mundo de la Internet, es posible o no adherirse, propagar o no, sin que eso signifique que quién divulga sea el sujeto convocante. Ese pretexto produjo un falso dilema, muy bien usado por el poder, muy bien resonado por los media. Según ellos, actuar como ciudadano el 6 de marzo es ir contra el Estado, es proteger a los terroristas. Es la misma perspectiva discursiva usada desde el 2002 todo lo que no este a favor de las políticas de gobierno es terrorista, no hay población civil ni conflicto armado. Ese pretexto se usó para señalar, para estigmatizar, para paralizar, para prevenir. Sobre este mismo planteamiento, el "Movimiento Nacional de Autodefensas Desmovilizadas" se pronunció, afirmando que nunca en desarrollo de la estrategia paramilitar el Estado colombiano tuvo responsabilidad alguna. No pocos columnistas, no pocos entrevistadores se sostuvieron sobre este argumento para reiterar la defensa acérrima de las instituciones. Mostraron la existencia de una guerra entre actores ilegales, excusando a las fuerzas militares de su responsabilidad en el paramilitarismo y en violaciones de derechos humanos. Poco a poco, la convocatoria del Movice se mostró como reacción a la marcha del 4 de febrero. Su sentido se enfocó por algunos medios como la expresión revanchista y competitiva, cuando no de una confrontación a la opinión pública por su expresión masiva contra la guerrilla. Otros le "colgaron" propósitos que no pretendía la convocatoria como lo hizo el columnista Alfredo Rangel. Algunos columnistas expresaron su respaldo a la iniciativa indicando que participarían, pero dejaron entrever sus reparos a la propuesta por inoportuna, muy cercana a la del 4 de febrero, y agregaron que era un deber, así como lo fue el 4 de febrero de salir a expresarse. Con las horas fue haciendo carrera la tesis de que se trataba de una marcha contra las Fuerzas Militares. Días después, en medio del escenario donde los victimarios mienten, ocultan y agraden a las Víctimas, un vocero de la iglesia católica, expresó respecto a la convocatoria del 6 de marzo a la radio: "es otro tema que no hemos hecho así una reflexión, pues hay varias cosas que a uno lo ponen a pensar. En primer lugar, pues la marcha del 4 de febrero fue una marcha limpia, ya que fue convocada por jóvenes no metidos en política ni aliados del gobierno. Fue una marcha pura donde el pueblo pudo manifestar todo lo que quiso a favor de la liberación, a favor del acuerdo humanitario, a favor del término de la violencia. Ahora pues esta tiene otra connotación que pues las autodefensas o paramilitares están hoy en una posición muy distinta a la de las FARC. O sea, ya se han desmovilizado en su inmensa mayoría sometidos a un proceso de paz, han cantado muchos de sus delitos, espera el pueblo colombiano que sometidos a la justicia y que acepten el fallo de la justicia, de manera que allí hay un camino recorrido muy grande, no es tanta pues la angustia pueda producir en el sentido de que no este marchando un proceso para hacer justicia en lo que se refiere a los paramilitares. (http://www.wradio.com.co/nota.asp?id=549239 823am>Exclusión de iglesia como mediador no afectará su gestión 15feb 2008 ") Fernando Londoño, ex ministro de Uribe, deslegitimó el acto de homenaje a las víctimas, asumió como era de esperarse una férrea defensa de las Fuerzas Militares y apeló a los propietarios de El Espectador, el grupo Santodomingo a actuar coherentemente. La editorial de este semanario el fin de semana pasado, titulado "A Seguir Marchando" se refirió a la responsabilidad estatal en violaciones de derechos humanos, entre ellas, lo que se conoce como las ejecuciones extrajudiciales o mejor homicidios cometidos por las fuerzas militares y la vinculación de agentes estatales con el paramilitarismo. La Manipulación de un Editorial) "http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/opinion/2008-02-15/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3959184.html ">O de una movilización raquítica mejor no intentarlo", la expresión de Álvaro Valencia Tovar. O en las palabras de Salud Hernández "el 6M no es que carezca de propaganda sino que, a pesar de las fosas y todo lo demás, está el atenuante de la desmovilización; con los cabecillas y los políticos cómplices en la cárcel. Y como los colombianos consideran que los 'paras' son un subproducto de las guerrillas ante la ausencia del Estado -no como el resultado de una oligarquía reaccionaria sino de toda una sociedad que rechaza el comunismo- es redundante convocar una marcha contra un actor que ya está al margen de la contienda y que se considera totalmente ilegítimo y sin ninguna autoridad para remplazar a las instituciones. Ese 'no más' a los 'paras' está implícito en el respaldo dado a la seguridad democrática y en la aceptación y credibilidad de las Fuerzas Armadas y de Policía, además de otras instituciones de ese Estado al que se quiere acusar de criminal en la marcha del 6 de marzo. De manera que mientras las mayorías le apostamos al fortalecimiento de la institucionalidad, algunos pretenden hacer un juicio que no es más que un pulso político entre el modelo totalitario que quieren imponernos y la democracia que somos. Esa comparación de fuerzas es precisamente lo que está en juego en estas marchas. (¿Una marcha de desagravio? ) El gobierno en comunicado de tres puntos, que deja serios interrogantes, señaló que no comparte algunos de los términos de la convocatoria del Movice, en particular, los que se refieren a la responsabilidad del Estado de una política criminal (febrero 15 de 2008). Agrega, sin embargo, que "garantizara a quienes quieran movilizarse el próximo 6 de marzo el ejercicio de ese derecho". Las expresiones del alto gobierno, en ningún momento descalificaron las del asesor presidencial, sino que reiteraron por medio de otra construcción narrativa lo que éste había expresado. No se pronunció explícitamente frente a las amenazas de paramilitares a organizaciones de bases. Horas antes el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos había expresado que él con todo el gusto participaría en las acciones del 6 de marzo, si la marcha no se dirigiera contra los militares y policías. Leídas y escuchadas la multiplicidad de expresiones, se percibe unas matrices comunes de interpretación en la mayoría. Las posibilidades de percibir las manifestaciones del 6 de marzo como una expresión ciudadana o de motivación a la ciudadanía sustentada en la ética de la solidaridad con las víctimas del paramilitarismo, y las víctimas del Estado no es posible. Porqué existe un proceso de desmovilización efectivo, voluntad de paz, porque el Estado no es responsable de violaciones de derechos humanos, y no es posible ni ética, ni política ni jurídicamente diferenciar las violencias. Del entusiasmo mediático unanimista al desconocimiento El entusiasmo mediático e institucional sin parangón en la historia de Colombia, aprovechando la sensibilidad nacionalista, la crisis humanitaria y ética del secuestro y o la retención, las irresponsabilidades de la guerrilla en el caso del niño Emmanuel, se convirtieron en elementos fundamentales que propiciaron la cruzada el 4 de febrero. El unanimismo amplio, no absoluto, mostró el poder de los media, en medio de subjetividades que se expresaron por el Acuerdo Humanitario, o de las que al mismo tiempo que rechazaban la violencia guerrillera, expresaban su solidaridad con las víctimas. A pesar de que muchos sectores de ciudadanos se expresaron desde una postura ética, la movilización del 4 de febrero, no fue mayoritariamente la expresión de esa ética ciudadana. El efecto del facebook tampoco fue el eje aglutinador fundamental. Se produjo toda una interacción mediática e institucional, alianzas de medios, estrategias propagandísticas y publicitarias, entrecruzamiento de imágenes, de sonidos, de expresiones, y de enfoques de interpretación de lo humanitario subordinado a la fuerza, de fortalecimiento de la salida militar, negando los derechos a los familiares de las víctimas. Ese entusiasmo y proactividad mediática ha estado muy lejana respecto a esta convocatoria del 6 de marzo. Aquí no hay páginas con la promoción diaria de la convocatoria, no hay enlaces ni invitación en las páginas virtuales, no hay espacios en los que se coloquen los casos de los Crímenes de Estado. No hay una voluntad explicita de los propietarios de los media, de sus "gatekeeper" – "guardadores"- y los reporteros de profundizar, de analizar, de proponer una nueva participación ciudadana frente a los Crímenes de Estado. Esa sensibilidad de solidaridad mediática no se desarrolla en particular para las salidas civilistas de los Acuerdos Humanitarios, para las víctimas invisibilizadas del Estado. Se trata de sostener la idea de una democracia, donde hay puntos de vista diversos, donde es posible escuchar a otras víctimas, siempre y cuando estas no se refieran al Estado como un Estado criminal. Para estas víctimas no hay apertura real y democrática. El agenciamiento mediático es la movilización de la mayoría. Esa mayoría coincidente, con excepciones, en las agendas oficiales o en mentes oficializadas, que solo pueden dar respuestas viscerales que se hacen opinión pública y se convierten en razón, así solo exista la sin razón, es la experiencia de las expresiones totalitarias, totalizantes que se han vivido en el mundo. Olvidan que la razón de la mayoría no es la razón verdadera. Entre editoriales, columnistas, generadores de opinión, entrevistas a algunos voceros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado la convocatoria original ha quedado desfigurada y desdibujada. Más allá de la reacción mediática a la convocatoria inicial se han ido desarrollando procedimientos y técnicas en los medios que permiten decir, que existe un cierto registro, una determinada exposición tendiente a deslegitimar, a controlar - desdibujando- , a simular que hay una agenda democrática comunicativa en los media. Una construcción mediática ha ido perfilando el desarrollo de la noticia oficializando la información. Es decir, mostrando la legitimidad de la manifestación como expresión ante actores ilegales, incluye nuevamente, indistintamente guerrilla y grupos de "autodefensa" eventualmente llamados paramilitares. En la radio de hoy se escuchaba en los “gatekeeper” diciendo: compartimos los propósitos de "la marcha". Guerrilleros y paramilitares han secuestrado y desaparecido, han desplazado, han ejecutado extrajudicialmente. Se deja de lado la responsabilidad del Estado, eventualmente se reconoce la participación en casos aislados de agentes del Estado, pero al final el sentido del Homenaje a las Víctimas ha quedado sepultado. Es una información espejo, institucionalizado un discurso de derechos de las víctimas, de garantías a la expresión ciudadana y de cuestionamiento a la tesis del Crimen de Estado. (Comunicado de la Presidencia) Los medios tienen un aval para actuar correctamente, pero al mismo tiempo siendo ellos concreción de poder, siendo poder también real y constructores de imaginarios y de sensibilidades. Los modos de la simulación La actitud de exigencia de una información democrática por parte del Movice, en algunos casos desafiante e interpelante a los periodistas y en el fondo a los propietarios de los medios ha llevado a una respuesta que genera la sensación de la comunicación democrática, es el efecto de la simulación. Ese primer modo de esa simulación se manifiesta en las expresiones de columnistas que en sus escritos se han referido a la convocatoria sea para cuestionar su sentido, distorsionarlo o apoyarlo. En dichas apreciaciones de prensa, la mayoría están en oposición o desfiguran su sentido pero muestran una opinión plural. Un segundo modo de esa simulación es que la radio o la televisión se refiera a la convocatoria con entrevistas de los organizadores, sus opositores o con la opinión de oyentes o televidentes, produciendo la sensación de un mayor nivel de recordación, de posicionamiento y de que se ha ido constituyendo espacios de opinión más abiertos sobre lo que va a ocurrir el 6 de marzo. Una consecuencia evidente en esa simulación, que se configura con elementos subjetivos, de quienes tienen la posibilidad de una columna, quiénes dirigen y conducen los espacios en los medios, es que el poder mediático se muestra como construcción democrática, como ejercicio de libertad de expresión, como espacios abiertos, plurales, de contrastes y por tanto imparciales. La simulación de la democracia informativa A los mecanismos tradicionales del flasheo para el olvido, de la justificación patente o latente de los crímenes de Estado y su ocultamiento, a la distorsión de las expresiones de las víctimas de Crímenes de Estado, se suma la creación de un escenario de aparentes simetrías donde todas las opiniones pueden expresarse. Nadie podrá decir que se negó el acceso a la información. Nadie podrá decir que no se propició la participación en la divulgación de ideas. La formalidad como la del Estado de Derecho crea la sensación, la imagen de algo que no es, pero que existe de alguna manera: la "democracia" de la opinión pública. Es el mismo sentido de la opinión presidencial en su comunicado, "aunque no compartimos" brindamos las garantías. Justo cuando no se trata de compartir unas apreciaciones si no de asumir unas responsabilidades que la conciencia de la humanidad ha construido para diferenciar el Estado de la barbarie del Estado de Derecho. Esa simetría de la que hoy se vanagloria los media ante lectores, oyentes, televidentes, es el mismo criterio de interpretación y de juicios de la violencia. Se habla de las violencias ilegales, el mismo espíritu de la Seguridad Democrática y la ley 975. Aceptar la distinción de las violencias, seria reconocer la responsabilidad del Estado, sin embargo, esto no es posible, porque Crímenes de Estado no existen. Existen los crímenes de las "autodefensas" o de los terroristas de las guerrillas. Eventualmente, los de unos bandidos involucrados en la institucionalidad que deben ser juzgados. Justo lo que se expresa en la comunicación institucional es que no se reconocen las violaciones de derechos humanos, el Estado se autocalifica de protector, de gestor del respeto a los derechos de las víctimas y de garante de la manifestación. Por supuesto no rectifica ni contradice a quién con total apoyo mediático desde hace 8 días descalificó el Acto del 8 de marzo o quiénes han amenazado a las comunidades y organizaciones indígenas y otras. UNIPA ES ONIC: !AMENAZADOS POR MOVILIZACION DEL 6 DE MARZO!!! Las formas, las ediciones, los contrastes Ese ejercicio de simulación democrática en los medios electrónicos, que son a los que consumen o acceden públicos más amplios, incluyendo el ciberespacio, internet, se ha desarrollado respecto a la jornada de Homenaje a las víctimas con varios mecanismos. 1. La formalidad como simulación del ejercicio de libre expresión y de respeto a la opinión Propiciar entrevistas abiertas para luego indicar conclusiones, reiterar conclusiones que no corresponden al sentido y a las expresiones del entrevistado es imponer un modo de interpretación. 2. La edición y la exclusión Las posibilidades de cortar, de pegar, de unir partes excluyendo los aspectos de fondo y las problemáticas expresadas por los sujetos convocantes es un modo de la censura que no se muestra como tal, pero que privilegia u oculta aspectos que son sustanciales. La arquitectura o estructura formal está definida por un fondo que quiere ser negado, ocultado como es la responsabilidad del Estado 3. Los contrastes como espectáculo Los supuestos contrastes de opinión han destacado más las versiones de desconocimiento del espíritu del Homenaje a las Víctimas que refuerzan la distorsión de lo que se ha pretendido con el 6 de marzo. Desconociendo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se compara lo incomparable o se pone a competir dolores propiciados de la violencia estatal (nunca nombrada de esta manera) con la violencia de la guerrilla. El crimen de Estado no existe o no se puede justificar combatir el crimen con crimen. Se demoniza lo humanitario, se estigmatiza la solidaridad, se sacraliza el olvido, la impunidad o la historia oficial como sucedió con las expresiones del 4 de febrero, en la que se observó como un amplio grupo de la opinión se pronunció por el Acuerdo Humanitario. No hacen eco ni lo harán Es evidente que no hay eco, que no hay evocación positiva, que no convocan, que no nombran, ni visibilizan transparentemente el sentido del Homenaje a las Víctimas. A aquellas que se han negado a la militarización y a la guerra, a aquellas que en su memoria social de minorías apelan, refieren, hablan, dicen de otra sensibilidad referida a ciudadanos, a derechos, a sujetos no son registrados realmente. Como poder los medios no hablan de la sistematicidad, de la gravedad de las violaciones de derechos humanos, ni de la necesidad de esa memoria de asesinados, desaparecidos, torturados, desterritorializados, aquellos, que no corresponden a los consumidores del "marketing", al "target" definido en las estrategias de la sensibilidad del mercado, de esta "democracia". Los medios son los guardianes de la "libertad". De esa libertad cotidiana, que permite a unos el consumo y a otros el hambre, la miseria y la exclusión, la exclusión. Que legitima la impunidad a los Crímenes de Estado. Los medios son de información, son poder que construye imaginarios de sensibilidades únicas, poder que no puede superponerse ni contradecirse con el poder existente. Pero estos han demostrado que no son solo medios son poder real. Son constructores de realidades que se hacen verosímiles. Son productores de narraciones, de relatos verosímiles, independientemente, de que lo verosímil sea verdad. Son actores que crean consentimiento social, seducen apelan a la sentidos, configuran percepciones - opiniones. Movilizan sensibilidades. Ese es su poder. Y eso poder no es el que se expresa el 6 de marzo, ya se expresó el 4 de febrero. No hay en realidad democracia informativa sino simulación de democracia Las víctimas a las que se quiere hacer un Acto de Homenaje son sujetos de otra sensibilidad, que interactúa con esa sensibilidades mediáticas, pero que se expresan de otro modo, en rituales que no son masivos, que no pueden serlo porque hablan de lo que nadie quiere ver, de lo que no se ha aprendido a percibir, por que dicen de lo que nadie quiere creer, a pesar de las pruebas, a pesar de la realidad misma, a pesar de que incluso se es o se ha sido víctima: el terror del Estado. Los agenciamientos sociales de las víctimas, en sus diversas expresiones sociales son indicio, signo y realidad de la barbarie de un Estado, de un modelo de sociedad que ha ido convirtiendo las necesidades humanas en "gustos" y los derechos en expresiones criminales. Son la expresión de la fealdad del Estado, rostro que no quiere ser mostrados, ser visto y ser reconocido. Este 6 de marzo debería expresarse eso bello y sublime, eso de la dignidad dignificada, que no puede estar en los medios pues se desmoronarían y eso significa la enunciación de una expresión estética distinta, diversa, diferente a la existente. En ese mundo construido se ha hecho sentir que las víctimas son un estorbo en la realidad imaginada de "progreso", de "desarrollo" y de "democracia". Las víctimas y o sus familias, los que con ellos se solidarizan apelan a la memoria frente al olvido, a la verdad frente a la mentira, a la justicia frente a la impunidad. Se trata de otro modo de existir, de ser en su conjunto, eso debería ser el 6 de marzo. No es algo de masas. Es algo de minorías, en contravía y en contradicción con lo existe, con lo legitimado socialmente, con la estética mediática, con sus narraciones, como construcciones de un imaginario de poder. El 6 de marzo es otra cosa, la expresión del rescoldo cuando todo es cenizas, cuando nada distinto parece ser posible
Bogotá, D.C. 20 de febrero de 2008
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

jueves, 14 de febrero de 2008

MARZO 6: POR LOS DESAPARECIDOS, POR LOS DESPLAZADOS, POR LOS MASACRADOS, POR LOS EJECUTADOS…

Colombia han sido desplazadas cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría por los grupos paramilitares. Estos grupos, solos o en conjunto con miembros de las fuerzas militares, han desaparecido al menos a 15.000 compatriotas y los han enterrado en más de 3.000 fosas comunes o han arrojado sus cadáveres a los ríos; han asesinado a más de 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas, y cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Regularmente torturan a sus víctimas antes de matarlas. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres, y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra. Desde 2002, después de su 'desmovilización', han asesinado 600 personas cada año. Llegaron a controlar el 35% del Parlamento. Desde 2002 hasta hoy, miembros del Ejército Nacional han cometido más de 950 ejecuciones, la mayoría presentadas como 'positivos'. Tan solo en enero de 2008, los paramilitares cometieron 2 masacres, 9 desapariciones forzadas, 8 homicidios, y el Ejército ha cometido 16 ejecuciones extrajudiciales. En Colombia, agentes del Estado y paramilitares violan los derechos humanos y el derecho humanitario. Muchos grupos paramilitares no se han desmovilizado. Ahora se hacen llamar Águilas Negras. Muchos parapolíticos están en cargos públicos y diplomáticos. Usted marchó el 4 de febrero. ¿Acompañará el 6 de marzo a las víctimas de los paramilitares, los parapolíticos y los agentes del Estado? Nunca más fosas comunes. Nunca más desplazamientos forzados. Nunca más paramilitares. Nunca más parapolíticos. Nunca más crímenes de Estado.
Convoca: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
6 DE MARZO DE 2008
Homenaje nacional a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado

lunes, 10 de diciembre de 2007

Derechos Humanos - Texto Recomendado

Texto recomendado
El trabajo monográfico que se reseña aborda el tema de de los Derechos humanos, el cual surge del esfuerso academico de la autora; en terminos generales el tema queda bien explicado. En el texto se hace referencia, a lo largo de los diferentes capitulos, a la teoria general de los derechos humanos, a su desarrollo histórico, a las diferentes acepciones que se utilizan para abordar este tema, a la filosofía de los derechos humanos y otros temas de suma relevancia. recomiendo este texto como introduccion a los Derechos humanos.

Autora: Guadalpe Demarchi
Texto recomendado: http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml

jueves, 6 de diciembre de 2007

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

En los últimos años, debido a la globalización, se ha hecho necesario incorporar dentro del sistema jurídico de los países, leyes, producto de convenciones internacionales, que pueden adquirir primacía sobre el derecho interno. Tal es el caso de los tratados relacionados con valores que pretenden ser universales y que buscan unificar criterios sobre lo que debe ser, o no, protegido por el derecho. El Derecho internacional, en términos muy generales, se puede entender como el conjunto de normas y de instituciones que rigen las relaciones entre los estados, los particulares y los demás sujetos de la sociedad internacional, y que tienen por objeto delimitar las funciones estatales, la responsabilidad internacional, la solución pacifica de los conflictos y la reglamentación de las organizaciones internacionales. El derecho internacional es, entonces, una rama del derecho, que no se encuentra aun plenamente desarrollada; característica que lo hace peculiar y difícil frente a una comunidad internacional cuyos órganos contradicen, en ocasiones, las funciones legislativas, judiciales y administrativas de los Estados. En la sociedad internacional, después de la segunda guerra mundial (1945), ha sido marcada una doble voluntad, manifestada en el texto cardinal que es la Carta de las Naciones Unidas: Revalorizar los fundamentos del derecho internacional y afirmar la solidaridad, no solamente de los Estados sino, también, de los pueblos de las naciones

lunes, 3 de diciembre de 2007

Colombia y el Derecho Internacional

Colombia, en tanto parte de la comunidad internacional, reconoce y se obliga a respetar los Principios del Derecho Internacional, como se puede leer en el Artículo 9 de la Constitución. "las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia" Lo anterior equivale a decir que Colombia se obliga a cumplir con: la prohibición de la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país; el principio de la no intervención o reconocimiento de la independencia y igualdad de los estados; reconocer la igualdad jurídica de los estados ; y optar por la solución pacifica de controversias Colombia, además de estar obligada internacionalmente a respetar los principios del derecho internacional, está obligada a cumplir con la costumbre internacional y con los tratados internacionales que suscriba.

Los Derechos Humanos en Colombia

Los derechos humanos, se pueden definir de una manera muy general como: aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serlo, y que en consecuencia, le son inherentes a la persona y se proclaman sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político. La historia de los derechos humanos en Colombia se remonta a algunos años antes de la independencia, cuando el ánimo del siglo de las luces y la influencia de la Revolución Francesa y sus declaraciones de derechos , permeó en la sociedad ibérica, en algunos sectores de criollos ilustrados en las colonias americanas y, en particular, en personajes como Antonio Nariño, quien traduciría al español la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, impresos por primera vez en Colombia en 1793. Esta declaración traducida por Nariño, fue el primer documento de derechos humanos conocido en Colombia. Sin embargo, solo hasta el fin de la segunda guerra mundial se puede hablar de una inclusión real de los derechos humanos en la legislación internacional. En aquel momento, como respuesta a las atrocidades que se ejecutaron en la guerra, comienzan a aparecer diversos documentos sobre derechos humanos encaminados a resaltar la importancia de su protección. En primer lugar, hay que citar la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que distingue entre derechos relativos a la existencia misma de la persona y los relativos a su protección y seguridad, a la vida política, social y jurídica de la misma, y los derechos de contenido económico y social. Son, asimismo, relevantes: la Declaración de Derechos del Niño, firmada el 20 de noviembre de 1959; la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, suscrita el 20 de diciembre de 1959; el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; estos dos últimos adoptados por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. En el ámbito europeo, cabe destacar la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, nacida el 4 de noviembre de 1950, en el seno del Consejo de Europa, y que cuenta con una Comisión y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con competencia, llegado el caso, para proceder al examen y la resolución de conflictos relacionados con la vulneración de los derechos y libertades contenidos en la Convención. En el caso colombiano, la salvaguarda de los derechos humanos, además de garantizarse constitucionalmente de forma expresa, se incluye vía tratados internacionales y vía derechos innominados con los artículos 93 y 94 de la Constitución Nacional respectivamente. Sin embargo, y pese a ser responsabilidad del Estado garantizar dichos derechos, son diversas las violaciones que a diario se presentan en Colombia Uno de los casos mas patentes de violación de derechos humanos y de inoperancia del Estado para garantizarlos, es la situación de la población desplazada, que a continuación se abordara

sábado, 1 de diciembre de 2007

Desplazamiento forzado en Colombia y Derechos Humanos

El desplazamiento forzado en Colombia es una clara violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; en tal acción se violan derechos fundamentales, como son: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al trabajo, y otros de segunda generación, como son: el derecho a la propiedad privada, derecho a la libre opinión, derecho a la paz. El Estado Colombiano es el directo responsable de la defensa y promoción de los Derechos Humanos. El caso del desplazamiento forzado, se ha presentado un evidente abandono por parte del Estado, con respecto a la protección e intervención social en el problema de los desplazamientos. Los desplazados son protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, debido a su carácter de población civil no combatiente. Hay que precisar que este tipo de población no se puede considerar objetivo militar, y mucho menos, se puede utilizar como rehenes o prisioneros de guerra, puesto que para el Derecho Internacional Humanitario, la figura del prisionero de guerra sólo es aplicable para conflictos de carácter internacional, lo que no acontece en nuestro conflicto interno. Aunque los desplazados no están protegidos de manera explícita por parte del Derecho Internacional Humanitario, si lo está en cambio, toda la población civil no combatiente. Por tal motivo, es una total equivocación el argumento de los actores armados del conflicto, del no incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario cuando se comenten actos de desplazamiento forzosos. Tanto los Derechos Humanos como el Derecho Internacional Humanitario, son mecanismos de defensa y protección para todos los ciudadanos, tanto en la vida cotidiana como en los momentos de guerra, que deben ser fortalecidos y fomentados en la sociedad colombiana en general. Se debe comprender la diferencia entre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; mientras que los Derechos Humanos se refieren a todo el articulado sobre derechos naturales (iusnaturalistas) que son innatos e inalienables para todo ser humano, el Derecho Internacional Humanitario, se refiere en cambio, a las normas que regulan los conflictos bélicos nacionales e internacionales, fundamentado en los derechos de Ginebra y de La Haya.