ACTOS DE HABLA QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Abrumadora, preocupante y hasta peligrosa la celeridad con la cual está actuando la justicia colombiana en el caso de Nicolás Castro, bautizado ya por los medios como el ‘terrorista de la Internet’, por amenazar de muerte, a través de una red social digital, a Jerónimo Uribe, hijo del actual presidente de Colombia.

Han pasado más de 24 años de los execrables hechos del Palacio de Justicia, lugar en donde se cometieron delitos de lesa humanidad en la retoma del Palacio de Justicia, y aún no hay pronta justicia. De aquel lugar, atacado por un comando del M-19 y recuperado a sangre y fuero por el ejército nacional, salieron vivos magistrados y empleados de la cafetería y fueron ultimados por miembros del Ejército y sus cuerpos desaparecidos. Son 11 familias a las que aún el Estado no les da razón del paradero de sus cuerpos. Hoy está privado de la libertad el coronel Plazas Vega, comandante del operativo de retoma, en un proceso largo, que muestra poca celeridad de la justicia colombiana.

En Colombia permanecen sin resolver y en la más ignominiosa impunidad, masacres y magnicidios, cuyos criminales en calidad de determinadores y ejecutores, deambulan como ‘ciudadanos de bien’. Por la ya tradicional inoperancia de la justicia colombiana es que llama la atención la celeridad con la cual el aparato judicial del Estado asumió la judicialización de un joven universitario que dijo desear asesinar al hijo del Presidente

Pero una cosa es pensar con el deseo (pensamiento equivocado, sin duda, así no se tratare de la vida de Jerónimo Uribe) y otra muy distinta es que Nicolás Castro tenga la intención y los medios para perpetrar lo que puede señalarse como un impulso, una expresión verbal a lo mejor muy cotidiana en el ser humano, especialmente en el colombiano, acostumbrado a escuchar frases como ‘me va a tocar que mandarle al de la moto’ o pilas que ‘te puedo mandar a quebrar’ e incluso, la ya famosa frase del Presidente, ‘te voy a dar en la cara marica’.

Si el juez de control de garantías califica la conducta del estudiante universitario como instigación a delinquir, qué decir o cómo llamar cuando el papá de Jerónimo Uribe, mandó a un general de la Policía a matar a todos los sicarios de la llamada Oficina de Envigado. ¿No estaría el propio Presidente instigando a cometer ejecuciones extrajudiciales, al enviar ese mensaje a través de los medios masivos de comunicación?

¿Acaso los ‘falsos positivos’ no podrían resultan ser el resultado de una instigación presidencial para que miembros de la fuerza pública, motivados por la entrega de prebendas, dinero y felicitaciones (véase decreto Boina, por ejemplo y otras directrices), mataran inocentes ciudadanos y los presentaran como guerrilleros muertos en combate?

El Presidente sí puede verbalizar de esa manera sus deseos de acabar con una oficina de asesinos (le compete a la justicia demostrar que efectivamente lo son), y nadie advierte el peligro de ese acto de habla, pero si lo advirtió el juez en el acto de habla del joven Castro.

Muchos dirán que se trata del Presidente, que lo hace para defender a los colombianos de bien. Acá el asunto es que tanto Castro como Uribe se equivocaron al verbalizar sus deseos, pero ese hecho compromete en mayor medida al Presidente, pues su sola investidura le prohíbe expresarse en esos términos y para el caso de las directrices entregadas a las fuerzas militares, de producir más y mejores resultados en materia de orden público, debió, como comandante supremo, vigilar de cerca el actuar de los hombres bajo su mando.

Que en el joven Castro habiten odios que hizo públicos, que verbalizó en la red, no justifica la fuerza, la celeridad y el señalamiento del juez que conoció el caso, al ordenar privarlo de su libertad, enviándolo a la cárcel La Picota, sin considerar si quiera atenuantes como su pasado judicial, la real ‘altura’ jurídica del caso en el sentido de evaluar si se trata realmente de un hecho punible, una acción terrorista o una incitación para delinquir, para que se cometiera un delito.

Debió el fiscal sopesar el acto ilocutivo (‘me comprometo a matar a Jerónimo Uribe’) con su real capacidad de llevar a cabo el cometido, expresado, verbalizado. Es decir, ¿tiene los medios para asesinar al bien custodiado delfín? ¿Adelantó actividades conducentes a cumplir con la amenaza? ¿Se acercó a su señalada víctima, estuvo cerca de él, lo abordó? No hay cómo medir la certeza, el convencimiento de querer llevar a cabo su deseo del equivocado joven, al momento de proferir la amenaza, es decir, el cómo lo dijo, en qué contexto.

Este caso, jurídicamente, deja mal parada a la justicia por la celeridad demostrada y por la interpretación de los hechos que hiciera el juez, en un caso que se pudo resolver con una simple conminación pública al joven Castro, buscando con ello darle una lección para que entienda él y los demás colombianos, que no es responsable verbalizar odios, rencores o hacer comentarios ligeros como el que efectivamente hizo Castro.

Este tipo de expresiones o actos de habla demuestran que a través del lenguaje demostramos qué somos realmente. Y lo cierto es que Uribe y Castro muy poco valoran la vida, pues verbalizan, con facilidad, sus odios y rencores.

En cuanto a los efectos esperados y logrados por los actos de habla (factor perlocutivo) tanto del Presidente como del joven universitario, realmente genera más miedo lo dicho por el Presidente a través de sus directrices, políticas y órdenes públicas, dado que toda la fuerza represiva del Estado está a su servicio. Entonces, ¿Cuáles son, realmente, los actos de habla que ponen en riesgo la vida?

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