Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La Corte Suprema está amenazada y en este país no pasa nada. El Presidente, en su más reciente alocución, conminó a los magistrados para que elijan el fiscal que él necesita de acuerdo con los intereses que el gobierno tiene en investigaciones que tienen que ver con la parapolítica (especialmente el caso de su primo Mario Uribe y la alusión de alias HH (Éver Veloza) en la que habló de apoyos económicos recibidos de empresarios colombianos), la yidispolítica y los crímenes de estado (mal llamados ‘falsos positivos’, en los cuales el Presidente tendría responsabilidad indirecta en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas).
En su discurso televisado se vio a un Uribe ‘sereno’ (reprimido en su deseo de lanzar improperios contra los magistrados), pero profundamente molesto, tanto así que horas después, en un consejo comunal de gobierno, se fue lanza en ristre contra la Corte.
Dijo, entre otras cosas, que “Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada por intereses ajenos al interés superior de la Nación”; “No podemos dejar que se irrespete la Constitución...” Curioso que quien justamente viola la constitución y cambia las reglas de juego para su propio beneficio, sea quien demande que la carta política debe ser respetada.
¿Qué sigue ahora si la Corte no obedece las órdenes del Presidente? ¿Cerrará la Corte? ¿Enviará los tanques? Es lo que muchos están deseando, entre ellos empresarios, militares y en general las élites que vienen apoyando el proyecto neoconservador que encarna el Mesías antioqueño.
Tiene razón la Corte Suprema de Justicia al insistir en la inviabilidad de la terna por razones de idoneidad, pero especialmente, por razones de independencia. No es recomendable y menos aceptable elegir un fiscal de bolsillo cuando tendrá que tomar decisiones delicadas en torno a aquellos asuntos que les preocupan al Presidente y al Gobierno.
La situación es delicada. El Presidente suspende la programación televisada y expone al escarnio público a los magistrados. Y la gran prensa, hincada a sus pies, amplifica su discurso desestabilizador, amenazante y conflictivo. Y la Corte no tiene cómo defenderse de la andanada presidencial. El magistrado Ibáñez decide guardar silencio. Creo, por el contrario, que la Corte Suprema de Justicia debe solicitar un espacio televisado y hacer públicas las razones con las cuales sostiene la inviabilidad de la terna enviada por el Presidente. No es recomendable que a la Corte, como actor político y jurídico se le señale públicamente que está actuando en contra de los máximos intereses de la nación, cuando justamente está tratando de recomponer el desequilibrio de poderes que generó la reelección inmediata y enfrentando la evidente cooptación de instancias de control político y otros poderes públicos, por parte del Gobierno.
La Corte, insisto, necesita de un espacio televisado para explicar sus actuaciones, sin la intervención interesada de periodistas y medios afectos a Uribe. Por el contrario, se requiere de una alocución en la cual el magistrado Ibáñez exponga al país los argumentos que le permiten hoy mantener la declaratoria de inviabilidad de una terna para fiscal, hecha a la medida de un gobierno que ya tiene de su lado al Congreso, al parecer a las otras cortes, a los empresarios, a los militares y a la gran prensa nacional.
Desafortunado, por decir lo menos, resulta el papel que está jugando la prensa colombiana en estos momentos. Hoy más que nunca las audiencias tienen la responsabilidad de reconocer cuáles son los medios que han venido apoyando el proyecto político de Uribe. Deben, igualmente, recordar cuáles son los periodistas, editores y columnistas que vienen jugando el rol de amanuenses, de estafetas de un régimen oscuro y corrupto. El escenario es propicio para que por fin desarrollemos la buena memoria, el sentido histórico, y la capacidad de cruzar eventos y hechos, tarea a la que la gran prensa renunció desde 2002. En estas horas aciagas, el papel de las audiencias es clave en la medida en que al asumir posturas inteligentes, soportadas en el cruce de hechos y en la valoración amplia y crítica de las decisiones del Gobierno, terminen dichas audiencias exigiendo respeto a la prensa cooptada.
Hay que generar canales de generación de opinión divergentes y diversos. Debemos trabajar para restarle poder de penetración -de restarle credibilidad- a medios como RCN, Caracol, CM&, EL TIEMPO y la prensa regional. Hay que reunirse para discutir los asuntos públicos, hay que escribir y documentar los hechos ignominiosos de este gobierno (Agro Ingreso Seguro y crímenes de estado, por ejemplo). Aprovechar las redes sociales virtuales, los espacios privados y públicos en los cuales podamos interactuar. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad política de participar de la vida pública del país, reflexionando, pensando y manifestando nuestras ideas y posturas.
La Corte Suprema de Justicia está haciendo su trabajo de actor político en franca oposición a un régimen que está llevando al país, poco a poco, a una crisis institucional de incalculables consecuencias. No esperemos que se termine de desmontar el estado social de derecho para empezar a actuar.
Adenda: bien vale la pena recordar un aforismo de Millor Fernández:
La Corte Suprema está amenazada y en este país no pasa nada. El Presidente, en su más reciente alocución, conminó a los magistrados para que elijan el fiscal que él necesita de acuerdo con los intereses que el gobierno tiene en investigaciones que tienen que ver con la parapolítica (especialmente el caso de su primo Mario Uribe y la alusión de alias HH (Éver Veloza) en la que habló de apoyos económicos recibidos de empresarios colombianos), la yidispolítica y los crímenes de estado (mal llamados ‘falsos positivos’, en los cuales el Presidente tendría responsabilidad indirecta en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas).
En su discurso televisado se vio a un Uribe ‘sereno’ (reprimido en su deseo de lanzar improperios contra los magistrados), pero profundamente molesto, tanto así que horas después, en un consejo comunal de gobierno, se fue lanza en ristre contra la Corte.
Dijo, entre otras cosas, que “Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada por intereses ajenos al interés superior de la Nación”; “No podemos dejar que se irrespete la Constitución...” Curioso que quien justamente viola la constitución y cambia las reglas de juego para su propio beneficio, sea quien demande que la carta política debe ser respetada.
¿Qué sigue ahora si la Corte no obedece las órdenes del Presidente? ¿Cerrará la Corte? ¿Enviará los tanques? Es lo que muchos están deseando, entre ellos empresarios, militares y en general las élites que vienen apoyando el proyecto neoconservador que encarna el Mesías antioqueño.
Tiene razón la Corte Suprema de Justicia al insistir en la inviabilidad de la terna por razones de idoneidad, pero especialmente, por razones de independencia. No es recomendable y menos aceptable elegir un fiscal de bolsillo cuando tendrá que tomar decisiones delicadas en torno a aquellos asuntos que les preocupan al Presidente y al Gobierno.
La situación es delicada. El Presidente suspende la programación televisada y expone al escarnio público a los magistrados. Y la gran prensa, hincada a sus pies, amplifica su discurso desestabilizador, amenazante y conflictivo. Y la Corte no tiene cómo defenderse de la andanada presidencial. El magistrado Ibáñez decide guardar silencio. Creo, por el contrario, que la Corte Suprema de Justicia debe solicitar un espacio televisado y hacer públicas las razones con las cuales sostiene la inviabilidad de la terna enviada por el Presidente. No es recomendable que a la Corte, como actor político y jurídico se le señale públicamente que está actuando en contra de los máximos intereses de la nación, cuando justamente está tratando de recomponer el desequilibrio de poderes que generó la reelección inmediata y enfrentando la evidente cooptación de instancias de control político y otros poderes públicos, por parte del Gobierno.
La Corte, insisto, necesita de un espacio televisado para explicar sus actuaciones, sin la intervención interesada de periodistas y medios afectos a Uribe. Por el contrario, se requiere de una alocución en la cual el magistrado Ibáñez exponga al país los argumentos que le permiten hoy mantener la declaratoria de inviabilidad de una terna para fiscal, hecha a la medida de un gobierno que ya tiene de su lado al Congreso, al parecer a las otras cortes, a los empresarios, a los militares y a la gran prensa nacional.
Desafortunado, por decir lo menos, resulta el papel que está jugando la prensa colombiana en estos momentos. Hoy más que nunca las audiencias tienen la responsabilidad de reconocer cuáles son los medios que han venido apoyando el proyecto político de Uribe. Deben, igualmente, recordar cuáles son los periodistas, editores y columnistas que vienen jugando el rol de amanuenses, de estafetas de un régimen oscuro y corrupto. El escenario es propicio para que por fin desarrollemos la buena memoria, el sentido histórico, y la capacidad de cruzar eventos y hechos, tarea a la que la gran prensa renunció desde 2002. En estas horas aciagas, el papel de las audiencias es clave en la medida en que al asumir posturas inteligentes, soportadas en el cruce de hechos y en la valoración amplia y crítica de las decisiones del Gobierno, terminen dichas audiencias exigiendo respeto a la prensa cooptada.
Hay que generar canales de generación de opinión divergentes y diversos. Debemos trabajar para restarle poder de penetración -de restarle credibilidad- a medios como RCN, Caracol, CM&, EL TIEMPO y la prensa regional. Hay que reunirse para discutir los asuntos públicos, hay que escribir y documentar los hechos ignominiosos de este gobierno (Agro Ingreso Seguro y crímenes de estado, por ejemplo). Aprovechar las redes sociales virtuales, los espacios privados y públicos en los cuales podamos interactuar. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad política de participar de la vida pública del país, reflexionando, pensando y manifestando nuestras ideas y posturas.
La Corte Suprema de Justicia está haciendo su trabajo de actor político en franca oposición a un régimen que está llevando al país, poco a poco, a una crisis institucional de incalculables consecuencias. No esperemos que se termine de desmontar el estado social de derecho para empezar a actuar.
Adenda: bien vale la pena recordar un aforismo de Millor Fernández:
La apertura política es indiscutible.
Ya estamos viendo las tropas y los tanques
al final del túnel
Ya estamos viendo las tropas y los tanques
al final del túnel
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