La Nueva Medellin

La nueva medellín 

ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FUERON DENUNCIADOS PENALMENTE CATORCE (14) CONCEJALES DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, POR PREVARICATO, Y DISCIPLINARIAMENTE ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE NACIÓN.

BOLETÍN DE PRENSA

ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FUERON DENUNCIADOS PENALMENTE CATORCE (14) CONCEJALES DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, POR PREVARICATO, Y DISCIPLINARIAMENTE ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE NACIÓN.

Como es de conocimiento público el día 6 de febrero de 2015, el Alcalde de Medellín en compañía de algunos de sus secretarios,  radicó en la Secretaría del Concejo de Medellín el Proyecto de Acuerdo 300 de 2015. Ese mismo día, el Presidente del Concejo de Medellín, Doctor Fabio Humberto Rivera Rivera, nombró como ponentes para el estudio del Proyecto de Acuerdo 300 de 2015, a los Concejales Carlos Mario Mejía Múnera, Santiago Martínez Mendoza, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, John Jaime Moncada Ospina; estando el Concejo de Medellín en receso. Como coordinador se designó a Carlos Mario Mejía Múnera. Es de anotar que para esta fecha, no  existía el Decreto 0221 de 2015.

El Decreto 0221 de 2015, por medio del cual se convocó al Concejo de Medellín a sesiones extras del día 16 al 25 de febrero, fue  expedido  el día 10 de febrero del mismo año. Las sesiones extraordinarias del Concejo se instalaron el día 16 de febrero, sin que dicho decreto hubiera sido publicado en la gaceta oficial. Porque la idea, entre otras también de grueso calado, es privatizar a EPM, entidad a la que le están haciendo una encerrona desde su parte interna con una administración perversa, desde el municipio con un concejo de bolsillo del alcalde y desde Bogotá con el Proyecto de Ley 030 que busca cambiarle su objeto social.

Los Concejales Ponentes se reunieron casi que  de manera clandestina, a espaldas de la comunidad, y sin socializar el Proyecto de Acuerdo 300 de 2015, radicaron ante la Secretaría de la Comisión Tercera Permanente  el Informe de Ponencia y el Pliego de Modificaciones, el día 13 de febrero del presente año. Es de insistir que para esa fecha el Concejo de Medellín, se encontraba en receso.

Tanto los ponentes como el resto de Concejales que le impartieron aprobación al Proyecto de Acuerdo 300 de 2015, hoy Acuerdo 01 de 2015, quebrantaron en materia grave los  artículos 2, 3,  6, 133,  209 y 313 - 3  de la Constitución Política de Colombia, los artículos 38 y 69 de la Ley 489 de 1998, 77 de la Ley 136 de 1994, la Ley 134 de 1994 y el Parágrafo Segundo del artículo 101 del Reglamento Interno del Concejo.

Esta grave violación de las normas constitucionales y legales, lo mismo que la extralimitación en el ejercicio del poder, no solo la hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía sino también ante la Procuraduría General de la Nación, para que inicie las investigaciones disciplinarias a que haya lugar.

De Los Trabajadores y La Comunidad  en General,

Fraternalmente,

GONZALO ÁLVAREZ HENAO     

                                                        

JESÚS MARÍA LÓPEZ VELÁSQUEZ

BOLETÍN DE PRENSA: MOVIMIENTO CÍVICO DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA

MILLICOM CON UNA EMPRESA FACHADA DE UN CAPITAL DE 20 MIL EUROS Y UN OBJETO SOCIAL DISTINTO AL DE LAS TELECOMUNICACIONES, SE APODERÓ DE  UNE

 

Esto es como para Ripley, Millicom fusiónó una empresa  de garaje constituida en julio de 2013. Esto es, dos meses después de aprobado el Acuerdo 17 de 2013. El capital social de la flamante empresa es de 20 mil euros, que convertidos a pesos colombianos son $ 49.472.779, con  un objeto social distinto al de las telecomunicaciones, como quiera que su principal actividad, es: “La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de sociedades  y otras entidades, sean éstas residentes o no en territorio español”. Dejando íntegra a COLOMBIA MÓVIL - TIGO.

 

Este es un negocio redondo para Millicom: dueño del 49.9999% de la propiedad de UNE EPM Telecomunicaciones, y sólo tuvo que poner  20 mil euros más 1.4 billones, los que va a pagar por cuotas con las mismas utilidades de UNE; y quedó con la presidencia y la mayoría en la junta directiva de la nueva empresa. Mientras COLOMBIA MÓVIL TIGO  sigue prestando los servicios de telecomunicaciones de manera independiente, habida cuenta que no se integró a UNE, ni se disolvió. No obstante la Superintendencia de Industria y Comercio, haber aprobado la fusión UNE-COLOMVIA MÓVIL – TIGO.

 

En la parte resolutiva de la Resolución 24527 de 2014, se dispuso:

 

(…)   RESUELVE:

 

“ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la fusión por absorción entre UNE y COLOMBIA MÓVIL – TIGO en los términos descritos en el considerando SEGUNDO de esta resolución, sujeto al cumplimiento del condicionamiento previsto en el considerando DECIMO OCTAVO de esta Resolución”. MILLICOM no puede dejar por fuera de esta fusión, a COLOMBIA MÓVIL –TIGO.

 

Para respaldar esta denuncia, citaremos la parte pertinente de  la escritura N° 2471 del 14 de agosto de 2014, de la Notaría (26) de Medellín, tal como aparece en el certificado de existencia de la Cámara de Comercio de Medellín: “Por la cual se solemniza el acuerdo de fusión entre las sociedades UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A. (365172-4) como Absorbente y la sociedad  MILLICOM SPAIN CABLE S.L (ABSORBIDA) (Domiciliada) en España), la cual se disuelve sin liquidarse”. ¡Cómo la iban a liquidar, sino posee nada!

 

COLOMBIA MÓVIL- TIGO  se tiene que disolver e integrarse a UNE ¿O que nos digan el Gerente General de EMP y el Doctor Iriarte, si UNE fue vendida por  1.4 billones? No se puede hablar de una potente empresa de telecomunicaciones, cuando UNE se fusionó con una criatura minusválida y de otra especie.

 

 

 

GONZALO ÁLVAREZ HENAO                                                                JESÚS MARÍA  LÓPEZ VELÁSQUEZ

Presidente                                                                                                 Presidente, UNIGEEP

MOVIMIENTO CÍVICO DE MEDELLÍN                                                     UNIÓN SINDICAL GRUPO

Y EL ÁREA METROPOLITANA                                                                EMPRESARIAL EPM

EX MINISTRO ARIAS, ESCUDERO Y ESPEJO DE URIBE

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La revista Cambio revela por estos días la lista de beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro, puesto en marcha durante la administración del ministro Andrés Felipe Arias, más conocido como Uribito. Este ladino y gris personaje de la política nacional no sólo quiere parecerse a Uribe, agitando la bandera de la seguridad democrática, sino que aspira a remplazarlo, algún día, en el Solio de Bolívar.

La revista denuncia que hijos de políticos, de familias pudientes y hasta reinas de belleza se beneficiaron del cacareado programa, del que se esperaba que generara equidad en el campo, a través de nuevos empleos, creados por proyectos productivos subsidiados a través de recursos estatales. En el portal http://www.ais.gov.co/ se leen las siguientes funciones: “Promover la productividad y competitividad. Reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía. Propender por el ordenamiento productivo del territorio y la empresarización del campo, en concordancia con la agenda interna de productividad y competitividad, la apuesta exportadora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), y en coordinación con las instituciones del orden territorial”.

Sin duda, se trata de un programa de claro beneficio para quienes tienen capacidad instalada, recursos económicos y especialmente, conocimiento estratégico para echar andar proyectos agroindustriales. Es decir, estamos ante una iniciativa gubernamental no sólo para concentrar aún más la riqueza en pocas manos, mantener la inequidad en el campo, generar empleo con la intención de que campesinos, pequeños productores, colonos y miembros de comunidades negras e indígenas, pasen de ser pequeños propietarios y miembros de proyectos de vida autónomos, a insertarse en la dinámica económica global como simples empleados, en un proceso de pauperización cultural y económica, plausible para la lógica empresarial con la cual Uribito y el propio Uribe ven los asuntos del campo.

No se trata de un programa de seguridad alimentaria con claro beneficio colectivo, por el contrario, se trata de una idea de tecnificar, de industrializar el campo, de ponerlo a producir para negocios agroindustriales de familias poderosas que se benefician hoy del Gobierno, y de tiempo atrás, de las actividades de contrarreforma agraria adelantadas por los grupos paramilitares. No se trata de un plan para que abunde la comida y se bajen los precios de los alimentos que nuestra tierra nos puede dar y en abundancia.

En esa medida, Uribito no sólo desea suceder a Uribe, sino que le muestra hoy con creces que aprendió a comprar votos, a seducir ciudadanos, a comprar conciencias. Es decir, aprendió muy bien la lección.

A los medios que hoy destapan esta mini olla podrida del periodo de Uribe, hay que decirles que Uribito es apenas un eslabón de la larga corruptela con la que AUC (Álvaro Uribe Candidato) ha manejado los recursos del Estado. Y eso que juró combatir la corrupción y la politiquería. Pero ya se sabe que, por el contrario, lo que ha hecho es legitimar el clientelismo y la corrupción, elevándolas a la categoría de Instituciones viables, posibles y necesarias no sólo para garantizar votos, sino para el normal funcionamiento de un régimen político incapaz de construir ciudadanía a partir de la discusión amplia y generosa de los asuntos públicos. Finalmente, es más fácil comprar conciencias, que abrirle espacio al disenso.

Arias es el espejo en el que podemos ver no sólo la perversa obra de Uribe, sino lo costoso que será, social, política y económicamente, reelegir otra vez a quien sueña con un país en donde todo tiene precio, hasta la vida.

Consúltese www.laotratribuna1.blogspot.com

Uribe 2014: ¿se viene un gobierno de transición?

Germán Ayala Osorio, politólogo y profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia


De confirmarse la inhumación del proyecto de ley que pretendía facultar a Uribe para aspirar a una segunda reelección inmediata, el escenario político-electoral medio se aclara para aquellos que tienen aspiraciones presidenciales en el periodo 2010- 2014[1].

Mientras se acaba de sepultar la iniciativa reeleccionista (2010) y se da vía libre al referendo con el cual se recogieron las firmas (para el 2014), los aspirantes presidenciales deben empezar a pensar en las condiciones políticas que el uribismo[2] -y Uribe- impondrán para poder dar un paso al costado. Y esas condiciones se concentran en una frase lapidaria para las aspiraciones de quienes decidan lanzarse en 2010: será un gobierno de transición con el fantasma de Uribe sentado justo detrás del Solio de Bolívar. Y ello significa que quien llegue a la Casa de Nariño estará obligado a cumplir con una agenda preestablecida y a dar continuidad, pase lo que pase, con la única política pública reelegible de estos dos periodos: la de defensa seguridad democrática.

Un gobierno de transición sería inconveniente para las aspiraciones de megalómanos como Vargas Lleras o Juan Manuel Santos. Aunque se saben serviles a la causa uribista, especialmente Santos, deben reconocer que un gobierno de transición no les permitirá dejar su propia impronta, lo que los dejaría como simples marionetas de un proyecto político de derecha que solo puede ser ejecutado por Uribe Vélez. ¿Quién decidirá jugar al títere?

En ese escenario, una vez más la izquierda tendrá pocas opciones pues de forma natural un gobierno de transición debe hacerse con políticos de derecha, salvo que el Polo decida, por ejemplo, jugar el juego uribista con un candidato como Lucho Garzón que muta con frecuencia de acuerdo con sus propias conveniencias; un eventual e inesperado triunfo de un candidato de izquierda sería el primer argumento para que el uribismo declare la hecatombe, lo que significa que nuevamente entraría en acción el Mesías antioqueño para salvarnos.

¿Aceptarán esas condiciones Vargas Lleras y Santos o darán paso a un candidato que sin mayores aspiraciones políticas resulte confiable tanto para la coalición uribista en el Congreso, como para el uribismo que florece en la sociedad civil? Esa sería una cuestión a resolver si se confirma el regreso de Uribe en el 2014.

Como quiera que se mire, el escenario es complejo dado que el país, a pesar de algunas fisuras que aparecen en quienes han hecho posible el unanimismo mediático y político (léase uribismo), se está acostumbrando al carácter recio, frentero, camorrero y clientelista de Uribe Vélez. De todas formas su aceptación se da porque ha mantenido las condiciones inmejorables con las que actúan el sistema financiero, los industriales y en general las élites en Colombia y porque eligió la vía militar para solucionar el conflicto armado interno.

El gobierno de transición podría explicarse también desde las presiones que en materia de derechos humanos ejerza Obama una vez asuma la presidencia de los Estados Unidos. Esto lo saben muy bien los empresarios colombianos a quienes un gobierno de transición les debe llamar la atención porque saben que está de por medio el TLC y la generación de confianza con el gobierno demócrata estadounidense.

De todas formas, cualquiera sea el destino de las iniciativas reeleccionistas en el congreso o la decisión de Uribe Vélez, el legado de sus dos administraciones se empezará a sopesar una vez se supere la era Uribe y la sociedad civil comprenda que el país no puede seguir administrado desde los particulares intereses de unas minorías que han manejado a su antojo los recursos de Colombia.

Noviembre 27 de 2008. 9:00 AM.

[1] De todas formas la DMG-política es un fantasma que asusta a más de un congresista de la colación de gobierno, pues aún no está claro el origen de los recursos económicos recibidos para la recolección de más cuatro millones de firmas que hoy sostienen el proyecto de referendo.

[2] Incluye a los industriales, banqueros y un sector importante de las fuerzas armadas.

Duras críticas al sistema de salud en conversatorio de políticas públicas

Agencia de Noticias UN – Medellín. - Congresistas antioqueños y estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia analizaron en Medellín el tema de la seguridad social en el país.

El primer conversatorio de políticas públicas contó con la participación de Germán Reyes Forero, representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, y de Carlos Arturo Piedrahíta, representante a la Cámara por el Partido Liberal. En sus ponencias, ellos trataron, respectivamente, los temas: Seguridad social, enfoque histórico y situación actual y La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio.
También participaron Rubén Darío Gómez Arias, investigador y docente de la Universidad de Antioquia, cuya ponencia tituló: Análisis de la política sanitaria en Colombia. Al evento también concurrió el concejal electo por Medellín, Carlos Ballesteros, del Polo Democrático, quien cerró las intervenciones con el trabajo Perspectivas del seguro social dentro del concepto de salud pública.
Durante su intervención, Reyes Forero defendió el derecho a la seguridad social como algo público y anotó que “hay una discusión de orden filosófico y político, porque la salud actualmente se vende como una mercancía”.
El representante a la Cámara dijo, además, que en la Constitución de 1991 se presentan dos situaciones ambiguas donde la seguridad, en el artículo 49 de la carta magna aparece como un “bien común”, al tiempo que en el artículo 366 es una condición individual.
“Hay una contradicción y esto es clásico del neoliberalismo. El Estado les da cosas mínimas a los que menos tienen, es decir, por medio de subsidios y no procura que todos tengan la posibilidad de ascender”.
Por su parte, el congresista liberal Piedrahíta fue tajante en decir que “ningún país tiene en su constitución una reforma pensional”, y puso como ejemplo a Chile, donde no se ponen requisitos para ingresar al sistema de seguridad social. Lo mismo hizo con otros países como España, Venezuela y China, donde además de las garantías de acceso el sistema es eficiente en lo concerniente a la tramitología y el desembolso de pensiones. Al mismo tiempo aseguró que más allá de la lentitud burocrática del sistema colombiano, “existen situaciones tan graves como el paseo de la muerte”.
El congresista citó el artículo 48 de la Constitución, el cual dice: “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley”.
“Pero esto no se cumple en Colombia. Es un remedio a medias como música celestial y letra muerta en relación con lo que está pasando”, agregó.
Mientras que el docente Gómez Arias se concentró en dar una charla sobre el papel de las políticas públicas, el concejal electo Ballesteros exhortó a que los jóvenes tomen una postura política frente al tema. Ambos funcionarios coincidieron en que la seguridad social pública en el país va desapareciendo ostensiblemente. Toda vez que el mercado ha sido dominado por el capital privado.
Durante el conversatorio, los estudiantes de ciencia política tuvieron la oportunidad de intervenir. Ya que, según la profesora Margarita Cardona, coordinadora del foro, “estos jóvenes, como futuros politólogos, deben asumir una postura crítica frente a temas que los atañen”.
Marcela Villegas, estudiante de sexto semestre, dijo que “este tema se desarrolla por una preocupación que tenemos la mayoría de los colombianos en cuanto a que nosotros como jóvenes, que vamos a ingresar a un campo laboral, no vamos a tener salud o seguridad social. Vamos a tener que trabajar toda la vida para recibir unos pocos pesos que no van satisfacer nuestras necesidades básicas”.
Por su parte, Carlos Arturo Cabrera, estudiante de séptimo semestre, calificó el conversatorio como “una oportunidad para conocer los puntos de vista de personas que saben muy bien del tema y como una oportunidad de enterarnos sobre la realidad de Colombia en ese aspecto”.
El estudiante anotó que hay una posición muy legalista, pero que la ley no se cumple y se deben buscar soluciones. “Hay que sacar propuestas porque la salud es una necesidad con la que tiene que cumplir el Estado”, concluyó.

Fuente: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/articulos/academia/academia_20071203_medellin.html