Comités Cívicos contra la delincuencia en Latinoamérica

Por Víctor Manuel Niño*

En un artículo titulado “tres hermanas de sangre” (http://www.elpais.com/articulo/reportajes/hermanas/sangre/elpepuintlat/20101017elpdmgrep_4/Tes), refiriéndose a tres ciudades latinoamericanas donde la inseguridad (delincuencia común y organizada) es tan alarmante como otros fenómenos sociales que pueden ser causas de estas: marginalidad, precariedad educativa, desidia de estado etc. La delincuencia es un fenómeno social que ha surgido no por espontaneidad, sino por desidia y como reflejo de los sucesivos gobiernos personalistas que han escondido este problema social, como si fuera algo indigno de su ocupación, pero que es tan relevante como la política internacional, que impide toda convivencia social, que al menos es a lo que puede aspirar los inermes ciudadanos y los campesinos.

La delincuencia proliferante en Latinoamérica como consecuencia de años y años de exclusión y marginalidad de parte del Estado, si debe estar entre la agenda de los gobernantes pero no solamente con las armas del positivismo y lo policial, sino con las armas de la Justicia Social y el Conocimiento. La contextura mental del L.A. a través del siglo pasado ha crecido con la fuerza de la represión, la simulación y la ignorancia. Esta es un espejo del Estado: el reflejo de una sociedad, se percibe , esencialmente como una negación o desconocimiento de la sociedad, porque las instituciones de la sociedad se han dormido en el presente utilitario; las gentes se han convertido en medios para fines de otra gentes. El inmediatismo se ha tomado a la sociedad y el utilitarismo es la bandera de los Estados. Los académicos: historiadores, sociólogos y demás, salen de una universidad miopes a los designios de la sociedad, estorbos en el desenvolvimiento de la sociedad, pues el estudio primero de los fenómenos sociales debe deberse a ellos; en lugar de eso son los sofistas actuales . Las gentes deben aprender a protestar, deben aprender a denunciar desde lo más particular: deben denunciar también la delincuencia de las instituciones del estado, de los parásitos que han carcomido al estado: deben aprender a escribir y a descubrir las causas que están carcomiendo la sociedad y actuar en consecuencia; el sentimentalismo y la irracionalidad se han tomado la sociedad pues al parecer la delincuencia de estado (corrupción, vicios políticos, peculados, robos programados a las arcas del estado, violencia de género etc.) se parecen mucho a esa otra delincuencia que mata por unas monedas a algún desprevenido ciudadano. La verdad estos presidentes parece que medran bien en esta caos ¿Quiénes son los beneficiarios de este caos: el amarillismo, el sensacionalismo, las cortinas de humo que se levantan para mantener a las gentes sofocadas, como en Guatemala que no se cansan de lanzar “estados de excepción” ante los males sociales y que debe primar solo cuando la soberanía nacional esté en peligro. Como dice Marcelo Ebrard de México: el corazón del problema es la exclusión social; no se debería declarar “estado de excepción” sino “estado de incomprensión social” ¿Cómo puede la gente común, desplegar un movimiento ante la inercia de las instituciones o su accionar siempre positivo, factico y policial? Eso es necesario, pero es la alternativa en un estado más cercano al bienestar. Ante esta miopía y contra toda violencia de estado y particular, más bien los gobiernos deben declarar un “estado de incomprensión social”. Ante esta inercia, el ciudadano común interesado debe participar ubicándose en una cercana observación de estos fenómenos. Solos como estamos, pues las universidades se han convertido en los floreros de la sociedad, la gente debe iniciar conformando en sus barrios o sectores habitacionales, comerciales etc. “comités cívicos de observación” y que deben aunque internacionalizar, previniendo reacciones irracionales. Ante esto, documentarse primeramente haciendo un mapa de la tipología de la delincuencia que se ha tomado la Ciudad o el país, por ejemplo, cuales son las modalidades más usadas de la delincuencia: atracos a mano armada, robos, secuestros, violencia de género. Nos tocaría volvernos buenos detectives intelectuales: hacer un perfil del delincuente y tratar de establecer una causa positiva de la aparición de esta modalidad particular de delincuencia ( también puede entrar en las tipologías de delincuencia, la corrupción política que es la causa numero uno de la otra delincuencia).Establecido esto, investigar la tipología de delitos que tiene el código policial y establecer la analogía que el delito que tipificamos. Por e ejemplo en Colombia ( no sé si todavía existe eso) todo delito de hurto que no pase (establezcamos el monto en Euros) de cerca de 2000 £ es excarcelable, o sea que eso deja vía libre a la proliferación de esta tipología de delincuencia. El ciudadano tiene derecho a conformar “comités cívicos” para protestar contra aquellas instituciones que sean permisivas contra la delincuencia. En última instancia, las leyes las tienen que establecer los ciudadanos y canalizarlas consecuentemente en las instituciones del Estado.

Dentro de la delincuencia organizada es al parecer el “narcotráfico” el que mayor daño le ha hecho a las sociedades pues también de ahí surgen otros delitos de la “delincuencia común” y la caída de la sociedad en la desmoralización.

Latinoamérica es un continente de gente joven y de grandes desigualdades ( en comparación a Europa) y es donde por este motivo las incidencias a los problemas sociales son mayores. “El narcotráfico” en si no es una causa sino un efecto, y por ende no se debe combatir como lo están haciendo estúpidamente en México (apoyados por EEUU, que han sido grandes receptores del consumo), convertido en una guerra para sacar el país de la violencia, sabiendo que la violencia engendra más violencia, y en política, una política llevada al rango de amigo y enemigo es autoritaria . La delincuencia en sí, es un efecto de la caída en una profunda “marginalidad”. Combatir la delincuencia organizada positivamente conlleva un compromiso de todas las instituciones de la sociedad y no se puede convertir en una causa privatizada, porque sucede lo que sucedió en Colombia y a grandes miras a eso se debe el destrozo de Haití. La privatización de las instituciones de la sociedad, junto con el positivismo (Es decir, se combaten los efectos y no las causas) es lo que mayor daño le ha hecho a la sociedad. Pero la privatización que más le ha hecho daño a las sociedades, es la privatización de la educación superior. Eso ha abierto grandes brechas en la secularización de un Estado de grandes desigualdades. La sociedad carece de profesionales preparados para afrontar los problemas que esta genera, pues la universidad está al servicio de la empleomanía y la robotización. La sociedad se está convirtiendo en idiota útil de una gran mercantilización. Hoy por hoy el espacio europeo de educación superior va por ese camino siguiendo el modelo norteamericano y con ellos están uniformando la educación en Latinoamérica con los foros europeos y latinoamericanos realizados en México y en España. El Poder Judicial, también ha caído en ser un guardián de la mercantilización de la sociedad; las cárceles se llenan de gentes y el caos reina.

*Escritor

British Petroleum sólo ha llevado muerte y corrupción a Tauramena (Casanare)

Donde hay extracción de petróleo se piensa que la población vive el esplendor del oro negro. Sin embargo, a pesar de lo que digan las compañías petroleras y el Estado, las poblaciones no viven el desarrollo social y económico prometido. En Tauramena (Casanare), veinte mil habitantes viven en condiciones que no corresponden a un municipio que ha recibido miles de millones de pesos por regalías, por el contrario, los trabajadores reciben bajos salarios, se prohíbe el derecho al trabajo a quienes se afilian a los sindicatos, se venden cupos de trabajo en la compañía petrolera, algunas empresas del municipio han quebrado y los ciudadanos no cuentan con energía de calidad ni regularidad en el servicio de acueducto. Estas situaciones han sido evidenciadas por la huelga de trabajadores de la British Petroleum (BP), que se encuentra suspendida mientras se instalan, el 23 de marzo, las mesas de negociación entre la transnacional y los trabajadores para discutir asuntos laborales, sociales y ambientales del Casanare.

A pesar del escenario de negociación, la empresa continúa atropellando a los trabajadores que se han sindicalizado, negándoles el derecho al trabajo y al de libre agremiación, al ser eliminados de las listas para asignación de contratos temporales. Además, la BP está llevando hasta allí personal de otras regiones del país que está siendo contratado para permanecer en las instalaciones petroleras por meses, violando los acuerdos de cupos de trabajo de personas de la región y preparándose para dilatar la negociación, agotando a los trabajadores que se han dispuesto a negociar.

Según algunos pobladores de la región, el objetivo de la empresa es continuar extrayendo las riquezas del país sin ningún tipo de responsabilidad social y ambiental ante la catástrofe que han causado sus explotaciones y exploraciones. Muestra de ello es la reticencia de sentarse con la Unión Sindical Obrera (USO) y con autoridades ambientales en las mesas de negociación.

Los trabajadores del petróleo en Tauramena han soportado callados durante mucho tiempo salarios de hambre en una tierra rica en hidrocarburos. La razón del silencio: paramilitares al mando de alias 'Martín Llanos' asesinaban sindicalistas y líderes de organizaciones sociales. Óscar García, representante de la USO, asegura que hay pruebas de la participación de la BP en asesinatos de líderes obreros ejecutados por los escuadrones de la muerte. La multinacional extractora de recursos obligó a vivir a sus empleados bajo las condiciones laborales y salariales que impuso a través de terror.

BP, una de las transnacionales más ricas del mundo, subcontrata en Tauramena a sus trabajadores mediante empresas intermediarias y asociaciones de juntas de acción comunal. Un ayudante gana en promedio $33.000 al día, $50.000 menos que uno en Barrancabermeja. Francisco, empresario llanero que vive hace más de una década en la región, se pregunta por qué la BP paga sueldos regionales y no los convencionales si se extraen más de 260.000 barriles diarios del campo Cusiana.

Por las organizaciones Asobeco y Asojuntas pasan las hojas de vida con las que contratan las empresas intermediarias y han sido el filtro para que los trabajadores que se han afiliado a un sindicato sean discriminados y vetados. Así, ningún sindicato puede llegar a tener un representante que pueda exigir sus derechos salariales y prestacionales. Sólo para citar un ejemplo, el secretario general de la subdirectiva de la USO en Tauramena fue despedido de la empresa y las organizaciones intermediarias le han cerrado las puertas. Así mismo, decenas de personas que protestaron están por fuera de las listas de las juntas y otras tantas han sido amenazadas con la pérdida de sus trabajos si participan en el paro o se sindicalizan.

Además de violación del derecho al trabajo, gran número de trabajadores denuncia que la BP, por medio de las empresas intermediarias, escoge las zonas en las que se repartirán más cupos de trabajo y que beneficia a los presidentes de las acciones comunales que siempre están a su favor. Las juntas favorecidas asignan cupos a ancianos y niños, para que al no poder ser usados por los beneficiarios sean vendidos a terceros. Así, se forma un mercado de cupos laborales que, según testimonios, son cobrados entre $700.000 y $1'200.000, de manera que, al durar sólo cuatro meses cada contrato, quien trafica con los puestos de trabajo obliga a cada obrero a darle un mes completo de su salario.

Esta forma de traficar con la asignación de cupos es respaldada por la empresa, mediante la demarcación de los llamados “límites de impacto”, una forma arbitraria para dar 90 cupos a una vereda de 100 personas y asignar 70 a un municipio de 20.000, según la capacidad de BP para manipular a las juntas de acción comunal.

En Tauramena, la energía eléctrica es suministrada por el departamento de Boyaca, el servicio es usualmente interrumpido y en ocasiones la potencia para hacer funcionar los aparatos que se usan en una panadería o un taller de soldadura no es suficiente. Además, el servicio de agua no es constante y los habitantes atestiguan como los caudales de los ríos de la región han disminuido dramáticamente, haciendo más difícil vivir. Pero, a pesar de la poca calidad de los servicios de energía y agua, Alirio, habitante de Tauramena de 77 años de edad, denuncia al igual que otros habitantes que las empresas se quedan con las casas de los que no pueden pagar por estos servicios públicos. “Ellos han sido los verdugos del bajo y mediano estrato”, asegura.

A pesar de que Tauramena tiene la mayor parte del casco urbano pavimentado y cuenta con escenarios deportivos, el hospital con el que cuenta no es de nivel dos y las instalaciones que tiene se sub utilizan. Un habitante de Tauramena o de una vereda cercana tiene que esperar seis días para una cita, tres meses para ver a un especialista en Yopal y hasta cinco meses para ser atendido en Bogotá. “La gente se muere esperando la cita”, asegura un poblador.

Adicionalmente, los profesores hacen paros hasta de tres meses por falta de pago y familias enteras que han huido de la violencia viven en ranchos inhabitables, cerca de predios del municipio que no fumigan de forma constante, lo que ha ocasionado que en Tauramena se duplicaran los casos de dengue en cuatro meses, en comparación con los reportados durante todo el año anterior. Javier, residente del barrio La Primavera, asegura que las casas las hacen para quienes tienen ingresos altos, mientras los pobres dependen de la politiquería para tener una vida digna. Así, una persona que ha vivido diez años en Tauramena puede no tener casa, mientras que una persona que apenas ha pasado quince días desde su llegada puede obtener una.

La empresa que extrae el petróleo de Casanare, y que usa millones de litros de agua de los ríos al día para ello, se desentiende de las prestaciones sociales de los trabajadores y genera un tipo de inestabilidad laboral y corrupción que sirve a sus propósitos: mano de obra barata en uno de los yacimientos más importantes con los que cuenta. Los habitantes de Tauramena están preocupados porque la empresa dejará de explotar en los dos próximos años y no ven claro que vaya a asumir las responsabilidades sociales y ambientales de sus acciones, temiendo por el futuro de sus comunidades: las tierras están secas, las instituciones son corruptas y el desarrollo prometido es un cascarón de ilusiones.

Por estos motivos, cientos de habitantes respaldan, mediante la firma de un derecho de petición, el movimiento obrero y campesino. Los ciudadanos de Tauramena manifiestan que están cansados de tantos abusos y esperan que, a través de la protesta, no sólo se llegue a arreglos en el aspecto salarial de los trabajadores sino que la agenda de discusión en las mesas de negociación abarque el espectro ambiental y social.

Por: Andrés Gómez
EL TURBION

Iván Cepeda: “Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía y afronten la situación de Colombia”

Nadar contra una fuerte corriente es lo que hace el Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado (MOVICE) en Colombia, donde las mayorías en Congreso y Cámara están alineadas con los dictámenes del presidente Álvaro Uribe, que ahora aspira a una segunda reelección, aunque en su empeño viole lo establecido por la Constitución. En casos tan graves como los múltiples asesinatos de jóvenes pobres por parte de militares, que son presentados como guerrilleros y luego canjeados por reconocimientos y medallas, eufemísticamente llamados “falsos positivos”, la Fiscalía General de la Nación avanza a paso lento y sin ganas.

Instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, un estamento burocrático al que Álvaro Uribe, en los tiempos remotos de la primera candidatura presidencial prometió acabar, ahora se mantiene como un apéndice aún más funcional y sometido. La Procuraduría General de la Nación, el “ente autónomo de control y vigilancia de la función pública de los empleados del Estado”, no sólo no controla ni vigila, sino que tampoco es autónomo, y el propio Procurador General, Alejandro Ordóñez, es reconocido en el país como “el absolvedor”, pues desde su arribo a la institución se ha distinguido por la eficiencia para eximir de culpa a toda clase de militares y funcionarios uribistas vinculados con masacres y paramilitarismo.

En la otra orilla, una institución como la Corte Suprema de Justicia, que se ha negado a nombrar el nuevo Fiscal General de una terna presentada por el presidente, por considerar que los postulados no reúnen las condiciones mínimas necesarias para el cargo, ha sido objeto de toda clase de vituperios por parte del mandatario, de ataques descarados de sus funcionarios, e, incluso, de interceptaciones telefónicas o “chuzadas”, por parte del DAS, el organismo de inteligencia del estado adscrito a Presidencia.

En la corriente desenfrenada y unidireccional del actual gobierno colombiano, que se lleva sin pudor los diques constitucionales y legales, y ni se diga los morales y éticos que interpone cualquier institución, es donde el MOVICE actúa con empeño y tesón, a veces como un clamor solitario, pero también con una postura política clara. El estado colombiano, como responsable por acción, confabulación, omisión o permisividad, tiene una evidente responsabilidad en muchos de los crímenes cometidos contra los propios colombianos. Del mismo modo, el estado tiene la obligación de responder ante las víctimas, las familias, las organizaciones y ante toda la sociedad colombiana, garantizando el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral, y, sobre todo, la garantía de no repetición de esos crímenes.

Iván Cepeda Castro, además de escritor y periodista, es un destacado líder de los derechos humanos en Colombia y vocero del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE), organización nacida en 2003, que agrupa a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y algunas organizaciones que trabajan por los derechos humanos.

Iván Cepeda ha vivido en carne propia la violencia ejercida por el estado colombiano, como hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1984, durante el genocidio llevado a cabo contra la Unión Patriótica, un partido político que fue víctima de una persecución intencional y sistemática que lo condujo al exterminio.

Conversamos con Iván Cepeda en Madrid, ciudad que ha sido escenario del lanzamiento de una campaña internacional de más de 30 organizaciones europeas de derechos humanos, para llamar la atención sobre la persecución que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, por parte de las instancias estatales que deberían brindarles garantías.


Como vocero de las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, ¿qué sensación le produce llegar a Europa y percibir que el Gobierno colombiano es visto como un gobierno democrático, que cumple con los requisitos mínimos para ser tratado con deferencia por la Unión Europea?

No me sorprende. En el caso de España, para decir las cosas por su nombre, hay importantes inversiones del capital transnacional en Colombia. Para citar sólo un caso: en estos días se debate en manos de quién quedará el tercer canal de la televisión y el grupo PRISA tiene un importante interés en esta concurrencia. Entre las propiedades de este grupo, figura “El Tiempo”, el principal diario colombiano, dirigido por la familia Santos. Esa familia gobierna al país. Por lo menos, ha ocupado un lugar importante en ambos gobiernos del presidente Álvaro Uribe. El vicepresidente del país, Francisco Santos, es uno de los principales accionistas de esa casa editorial, y el ex ministro de Defensa, quien es candidato también para las próximas elecciones presidenciales, Juan Manuel Santos, también es accionista y dueño del periódico. No son, pues, sólo coaliciones o alianzas. Son verdaderos consorcios.

Así que el hecho de que se elogie al presidente Uribe, un gobierno que a duras penas puede sobrellevar un día sin un escándalo –lo que incluyen hechos criminales, como los llamados “falsos positivos”, y situaciones aún más evidentes-, pues que un gobierno extranjero lo elogie, lo único que implica es que sus intereses deben ser protegidos. Pero esa situación, cada día es menos posible ocultarla. Es un gobierno que se ha venido mostrando en todas sus facetas de corrupción y criminalidad en los últimos años.

Y yo creo que sí, que hay quienes se esfuerzan por mantener ese tipo de coartadas, para ocultar una situación tan grave como la que hay en Colombia, pero también hay una conciencia creciente en la comunidad internacional sobre qué es lo que el gobierno del presidente Uribe representa realmente. Para decirlo con claridad, uno de los aparatos criminales más mortíferos y destructivos que ha habido en los países de América Latina.

¿Alguna vez han tenido las víctimas en Colombia algún espacio de interlocución con el poder para incidir en lo que se llama allí la legislación “de paz” o en la política de construcción de la llamada “reconciliación”?

No. El Gobierno y el Poder Legislativo, en su gran mayoría, responden a los intereses del aparato criminal que ha producido tantas víctimas en Colombia. De ahí que no es un interlocutor, sino más bien un enemigo constante de estos procesos. Pero a pesar de que el Gobierno se ha empeñado, por todas las vías posibles, para que esos procesos no se puedan abrir paso, gracias a la acción de las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los abogados, los jueces dignos que tiene el país, en los últimos años se ha logrado producir un avance efectivo.

Ese avance se ve materializado en que más de cien funcionarios estatales, entre ellos un número significativo de congresistas, han sido llevados a las cárceles. Que muchos miembros de la Fuerza Pública han comenzado a ser llamados ante los tribunales, y que el fenómeno de la llamada “parapolítica” y los crímenes cometidos por el paramilitarismo se ponen en evidencia. Y cuando se ha ido reconociendo la realidad de que en Colombia ha funcionado la criminalidad de Estado.

Pero eso no es gracias al gobierno ni a la interlocución con el gobierno, sino que es el resultado de una lucha tesonera, dada en condiciones muy desiguales y siempre peligrosas, que han llevado a cabo las víctimas en sus regiones: los campesinos, los indígenas, las mujeres, muchas asociaciones de personas que han logrado ir construyendo este camino hacia los derechos humanos en el país.

Cuando se habla de crímenes de Estado, son conocidas las víctimas de los casos argentino o chileno, pero Colombia es una caja negra: no hay conocimiento de cuál es la dimensión de las víctimas y cuál es la realidad que ustedes afrontan cuando deciden no callar y exigir justicia, verdad y reparación.

Bueno, las cifras son cada vez más completas y claras. Estamos hablando de cerca de 50 mil personas desaparecidas en Colombia en los últimos 20 años, una cifra que supera de largo a países como Argentina y Chile, y a algunos centroamericanos. Hablamos del 10% de la población desplazada, más de 4 millones de personas; más de 150 mil homicidios y una gran destrucción de las comunidades: 18 pueblos indígenas están al borde de ser exterminados, en procesos que sin lugar a dudas pueden ser catalogados como genocidios, y también de sectores como los sindicalistas y los defensores de derechos humanos, que han sido víctimas de crímenes continuos durante estas dos décadas.

En Colombia, estamos en presencia de una criminalidad del sistema, con múltiples expresiones, que tiene la connotación de no ser apenas la violencia que se presenta en un conflicto armado, sino una violencia que promueve el Estado, para eliminar, anular, neutralizar a organizaciones enteras de activistas sociales. Y una violencia que además tiene la connotación de intentar presentar a sus víctimas simplemente como personajes encubiertos que actúan a nombre de la guerrilla.

Para entender mejor de qué estoy hablando, traigo a colación sólo un caso. Hace un año tenemos en la cárcel a Carmelo Agámez. Él es el líder de los campesinos de San Onofre, un poblado al norte de Colombia, que se convirtió en una especie de campo de concentración -y lo digo literalmente, no es una exageración- de los grupos paramilitares. En esa población de 50 mil habitantes, las personas fueron sometidas durante años a un régimen concentracionario, donde se les imponía un estricto régimen de vida: una hora para despertarse y acostarse, los paramilitares disponían de las mujeres, de las personas para esclavizarlas como peones en sus fincas… En fin, un régimen dantesco. Allí, Carmelo Agámez logró organizar al movimiento campesino, y llevó a la cárcel, no solamente a los paramilitares, sino a sus aliados políticos, sus jefes políticos. Y una vez que se logró esto, Carmelo fue acusado de ser aliado de los paramilitares. Él, que toda la vida fue su víctima, terminó siendo acusado por ellos, como forma de venganza, para llevarlo a la cárcel. Hace un año que Carmelo está en prisión. Yo lo fui a visitar hace unos meses. En la prisión hay 70 personas: 69 son paramilitares y políticos aliados de los paramilitares, y Carmelo vive en compañía de esta gente. Como puede entenderse, es una situación de inmensa peligrosidad, y, a pesar de eso, Carmelo sigue sosteniendo su lucha desde la cárcel.

La campaña electoral ya comenzó en Colombia, y la retórica guerrerista con respecto a Venezuela trata de rendir resultados en términos de apoyo al gobierno, o de solapamiento de otros problemas que tiene el país. ¿Cuál es la opción de las víctimas en este contexto, donde parece cada vez más difícil hablar de las situaciones de violación de derechos humanos y de lo que hay que reparar dentro del país?

Yo creo que nosotros estamos cada vez más cercanos de una acción política directa. El movimiento de víctimas ha dado una lucha jurídica, una lucha por ganar espacios, pero eso se muestra cada vez más insuficiente. No basta meter a los políticos a la cárcel: hay que ganar espacios políticos. Y creo que el movimiento social en Colombia ha comenzado una discusión sobre ese tema. Existen partidos políticos, es cierto, pero las víctimas y los movimientos sociales quieren tener poder, y quieren ejercer el poder.

Ahora, lo que está ocurriendo en Colombia con relación a Venezuela es una estrategia de largo alcance. Hay que recordar que, en los últimos años, se han ido produciendo, uno tras otro, varios golpes de estado. Primero se le dio un golpe de estado al presidente Hugo Chávez, posteriormente se intentó dar un golpe al presidente Evo Morales, más recientemente en Honduras se ha producido el golpe impune del señor Micheletti. Aquí lo que hay es un plan claramente articulado para acabar con estos gobiernos, y, sobre todo, para acabar con el proceso de integración latinoamericana.

Aquí el objetivo esencial no es uno u otro gobierno, es la unión de los países latinoamericanos en torno a una nueva política, a una nueva economía, a un nuevo tipo de relaciones que puedan configurar una fuerza que se oponga con claridad a unas relaciones tradicionalmente coloniales e imperiales.

En este contexto, por supuesto, el gobierno del presidente Uribe es una pieza central. Algunos hablan ya de que Colombia es una especie de portaaviones de Estados Unidos en América Latina, y creo que esas no son palabras exageradas. Estamos asistiendo a un contexto en el cual se ha creado una plataforma para agredir de manera clara ese proceso de integración. Y en las elecciones que vienen ese va a ser un tema a discusión, por supuesto, y las víctimas vamos a tomar partido y a tomar opción por enfrentarnos a ese tipo de proyecto que quieren destruir la unidad latinoamericana.

¿Cuáles son las exigencias de las víctimas en Colombia hacia la Unión Europea y sus gobiernos, en cuanto a la política exterior que deberían seguir con respecto al Estado colombiano?

Yo creo que los gobiernos colombianos han sido tratados con una extrema indulgencia, por decirlo de la manera más eufemística. Se ha tolerado durante años, a través de declaraciones supremamente tímidas, una situación que, de lejos, es la más grave en cuanto a derechos humanos en el hemisferio occidental.

Hablamos de un país que tiene una guerra de 50 años, el 10% de su población en la miseria por el desplazamiento forzado, un país en el que los crímenes de personalidades y de personas que defienden los derechos humanos son hechos cotidianos.

Y a todo esto se le intenta poner siempre paños de agua tibia, diciendo que son situaciones producto del terrorismo, producto de la lucha contra el narcotráfico.

Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía, afronten los hechos que suceden en Colombia con la gravedad que tienen, y propongan salidas acordes. No digo que todos los gobiernos se comporten de esta forma, pero hay sectores y partidos políticos en Europa para los cuales es tolerable una situación que, vista de manera objetiva, no es otra cosa que un inmenso río de sangre. Una realidad totalmente antidemocrática y contra los derechos humanos.

http://juanalbertosm.blogspot.com

ACTOS DE HABLA QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Abrumadora, preocupante y hasta peligrosa la celeridad con la cual está actuando la justicia colombiana en el caso de Nicolás Castro, bautizado ya por los medios como el ‘terrorista de la Internet’, por amenazar de muerte, a través de una red social digital, a Jerónimo Uribe, hijo del actual presidente de Colombia.

Han pasado más de 24 años de los execrables hechos del Palacio de Justicia, lugar en donde se cometieron delitos de lesa humanidad en la retoma del Palacio de Justicia, y aún no hay pronta justicia. De aquel lugar, atacado por un comando del M-19 y recuperado a sangre y fuero por el ejército nacional, salieron vivos magistrados y empleados de la cafetería y fueron ultimados por miembros del Ejército y sus cuerpos desaparecidos. Son 11 familias a las que aún el Estado no les da razón del paradero de sus cuerpos. Hoy está privado de la libertad el coronel Plazas Vega, comandante del operativo de retoma, en un proceso largo, que muestra poca celeridad de la justicia colombiana.

En Colombia permanecen sin resolver y en la más ignominiosa impunidad, masacres y magnicidios, cuyos criminales en calidad de determinadores y ejecutores, deambulan como ‘ciudadanos de bien’. Por la ya tradicional inoperancia de la justicia colombiana es que llama la atención la celeridad con la cual el aparato judicial del Estado asumió la judicialización de un joven universitario que dijo desear asesinar al hijo del Presidente

Pero una cosa es pensar con el deseo (pensamiento equivocado, sin duda, así no se tratare de la vida de Jerónimo Uribe) y otra muy distinta es que Nicolás Castro tenga la intención y los medios para perpetrar lo que puede señalarse como un impulso, una expresión verbal a lo mejor muy cotidiana en el ser humano, especialmente en el colombiano, acostumbrado a escuchar frases como ‘me va a tocar que mandarle al de la moto’ o pilas que ‘te puedo mandar a quebrar’ e incluso, la ya famosa frase del Presidente, ‘te voy a dar en la cara marica’.

Si el juez de control de garantías califica la conducta del estudiante universitario como instigación a delinquir, qué decir o cómo llamar cuando el papá de Jerónimo Uribe, mandó a un general de la Policía a matar a todos los sicarios de la llamada Oficina de Envigado. ¿No estaría el propio Presidente instigando a cometer ejecuciones extrajudiciales, al enviar ese mensaje a través de los medios masivos de comunicación?

¿Acaso los ‘falsos positivos’ no podrían resultan ser el resultado de una instigación presidencial para que miembros de la fuerza pública, motivados por la entrega de prebendas, dinero y felicitaciones (véase decreto Boina, por ejemplo y otras directrices), mataran inocentes ciudadanos y los presentaran como guerrilleros muertos en combate?

El Presidente sí puede verbalizar de esa manera sus deseos de acabar con una oficina de asesinos (le compete a la justicia demostrar que efectivamente lo son), y nadie advierte el peligro de ese acto de habla, pero si lo advirtió el juez en el acto de habla del joven Castro.

Muchos dirán que se trata del Presidente, que lo hace para defender a los colombianos de bien. Acá el asunto es que tanto Castro como Uribe se equivocaron al verbalizar sus deseos, pero ese hecho compromete en mayor medida al Presidente, pues su sola investidura le prohíbe expresarse en esos términos y para el caso de las directrices entregadas a las fuerzas militares, de producir más y mejores resultados en materia de orden público, debió, como comandante supremo, vigilar de cerca el actuar de los hombres bajo su mando.

Que en el joven Castro habiten odios que hizo públicos, que verbalizó en la red, no justifica la fuerza, la celeridad y el señalamiento del juez que conoció el caso, al ordenar privarlo de su libertad, enviándolo a la cárcel La Picota, sin considerar si quiera atenuantes como su pasado judicial, la real ‘altura’ jurídica del caso en el sentido de evaluar si se trata realmente de un hecho punible, una acción terrorista o una incitación para delinquir, para que se cometiera un delito.

Debió el fiscal sopesar el acto ilocutivo (‘me comprometo a matar a Jerónimo Uribe’) con su real capacidad de llevar a cabo el cometido, expresado, verbalizado. Es decir, ¿tiene los medios para asesinar al bien custodiado delfín? ¿Adelantó actividades conducentes a cumplir con la amenaza? ¿Se acercó a su señalada víctima, estuvo cerca de él, lo abordó? No hay cómo medir la certeza, el convencimiento de querer llevar a cabo su deseo del equivocado joven, al momento de proferir la amenaza, es decir, el cómo lo dijo, en qué contexto.

Este caso, jurídicamente, deja mal parada a la justicia por la celeridad demostrada y por la interpretación de los hechos que hiciera el juez, en un caso que se pudo resolver con una simple conminación pública al joven Castro, buscando con ello darle una lección para que entienda él y los demás colombianos, que no es responsable verbalizar odios, rencores o hacer comentarios ligeros como el que efectivamente hizo Castro.

Este tipo de expresiones o actos de habla demuestran que a través del lenguaje demostramos qué somos realmente. Y lo cierto es que Uribe y Castro muy poco valoran la vida, pues verbalizan, con facilidad, sus odios y rencores.

En cuanto a los efectos esperados y logrados por los actos de habla (factor perlocutivo) tanto del Presidente como del joven universitario, realmente genera más miedo lo dicho por el Presidente a través de sus directrices, políticas y órdenes públicas, dado que toda la fuerza represiva del Estado está a su servicio. Entonces, ¿Cuáles son, realmente, los actos de habla que ponen en riesgo la vida?

Consulte el blog La Otra Tribuna, http://www.laotratribuna1.blogspot.com/

Refugios humanitarios de resistencia en el Nordeste Antioqueño

Por: Ina Azafrán*

Ante la persistente amenaza por parte de las fuerzas paramilitares en el nordeste antioqueño, los campesinos y las campesinas han optado por la figura de refugios humanitarios de resistencia para defender su condición de campesinos y no ser convertidos en desplazados. Para ellos, su empeño está en no dejar sus tierras en poder de las balas enemigas, en no dar la razón a los de siempre en este país. Ellos resisten, cultivan la tierra y construyen sus sueños.

En 2004 se realizó la primera acción humanitaria y de ésta nació Cahucopana, organización de iniciativa campesina que surgió como respuesta a la crisis humanitaria desatada por los operativos combinados entre militares y paramilitares, proponiendo una resistencia civil organizada y pacífica, que denunciara la violación de los derechos humanos, especialmente el desplazamiento forzado y las violaciones sexuales.

Ese mismo año se desarrolló un operativo militar desde Cañaveral, que avanzó hasta Carrizal y produjo el desplazamiento de una buena parte de la población, mientras que otra permaneció en su territorio. La población que permaneció en Carrizal y resistió fue inmovilizada por la Fuerza Pública, que decretó la prohibición de extracción de oro –único trabajo que tenían muchos–, y ejerció un control de entrada y salida del caserío.

En el momento de dejar el caserío, los militares le advirtieron a la población que la situación iba a empeorar, pues detrás de ellos venían los paracos: el miedo y la intención de desplazarse eran sentimientos comunes por esos días en Carrizal.

Ante esta situación de terror y para impedir el desplazamiento masivo desde otras veredas, se organizó el primer refugio humanitario de resistencia en Lejanías. Sin embargo, la presencia del Ejército y el rumor de la llegada de los paramilitares sembraron un vaho de terror en toda la región, impidiendo la llegada masiva de los campesinos al refugio.

Los militares se mezclaron con la población civil, hostigaron desde adentro e intentaron controlar el día a día del refugio, lo que cambió con la llegada del acompañamiento internacional, que replegó a cerca de 1.000 uniformados hacia la zona montañosa cercana.

El segundo campamento se desarrolló en Cañaveral, también ante una amenaza de desplazamiento por incursión militar y paramilitar. El tercer refugio humanitario de resistencia se desarrolló en Puerto Nuevo Ité, en 2007, pero nuevamente el terror latente en el ambiente impidió la presencia masiva de la comunidad. En asamblea, decidieron realizar un foro en Barrancabermeja para discutir la situación concreta de la región en materia de derechos humanos. Tanto las instituciones del Estado como distintas organizaciones sociales estaban invitadas, pero la ausencia de las primeras llevó a la comunidad a realizar una acción de hecho: la toma de un comisariato de Ecopetrol que se encontraba abandonado.

En ese momento se realizaba en Barranca una feria ganadera, con la presencia de importantes comerciantes y del presidente Uribe Vélez. Los ganaderos, temerosos de la toma por parte de los campesinos, pidieron al presidente que interlocutora con la comunidad para que retornara a sus tierras.

Se negociaron entonces tres puntos: retorno al territorio con garantías políticas; nombramiento de dos defensores del pueblo, uno para el sur de Bolívar y otro para el nordeste antioqueño –punto que aún hoy no se ha cumplido–; cese de fumigaciones y garantías para la sustitución de cultivos. Uribe Vélez, en pleno consejo, prometió garantías de retorno con el único fin de que la feria ganadera, que reportaría millonarias ganancias y empoderamiento de la clase política, se pudiera llevar a cabo sin mayores debates, pero los campesinos no recibieron nunca la protección debida del Estado.

Los campesinos retornaron a sus tierras, dejaron la toma en Barrancabermeja y siguen esperando y exigiendo al Estado el cumplimiento de los acuerdos a los que han llegado desde los años 80 y que no se han cumplido en estos casi 30 años.

Fuente: EL TURBION

El largo camino de la reparación

El largo camino de la reparación

por: Cristian Valencia

Y cuando se repare a los desplazados, si se hace; cuando se indemnicen, si se hace, cuando restituyan sus bienes robados, si se hace, y cuando el Estado les garantice la no repetición de tales horrores, si se garantiza, habremos dado algunos pasos para la reconciliación nacional, pero unos pasos nada más, que serán un buen cimiento para una Colombia distinta, pero nada para aplaudir; porque los horrores, esos horrores de los cuales hemos sido testigos mudos, algunos enunciados por nuestra prensa, permanecerán para siempre en la memoria de las víctimas sobrevivientes.

Pero tenemos que recorrer el camino de la reparación primero, sin duda. Y para ello, todos los colombianos debemos estar alerta y dispuestos a colaborar con las medidas que el Estado tenga a bien implementar. Entender, por ejemplo, que cuando haya un desplazado en la ciudad pidiendo auxilio es porque lo necesita y no porque sea un limosnero profesional, que viene a apoderarse de lo tuyo, a fuerza de un chantaje emocional. Ese señor, esa señora, esa familia que está en el semáforo a la intemperie, tuvo una dignidad que nadie sospecha: una tierra que cultivaba, un tejido social vivo, una alegría que le fue arrancada de tajo, una salud mental, y una manera de vivir dignamente. Y que fue por la guerra, por la maldita violencia generada por paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, políticos corruptos y nuestro silencio, por lo que se produjo ese absurdo destierro que los mandó al carajo, a esa esquina fría que hoy padecen.

A mis manos ha llegado un exhaustivo informe preparado por la Procuraduría General, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), llamado La voz de las regiones, que aborda, sobre todo, la restitución de bienes como parte de la reparación que el Estado debería implementar. En la primera parte, el libro expone todos los mecanismos, o rutas posibles, para que la restitución de bienes a la población desplazada sea una realidad. En la segunda están los análisis de contextos regionales específicos, "que buscan situar en la realidad geográfica, política, cultural, económica, social y humanística" cada una de las recomendaciones hechas. Y queda muy claro que el camino que debemos recorrer es largo, es costoso, y debe contar con el total compromiso del Estado.

Me impresionó, sobre todo, el problema agrario de este país y cómo los gobiernos colombianos desde siempre se han hecho los de las gafas. "En efecto, desde la Ley 200 de 1936 se crearon jueces de tierras para la resolución de los conflictos, pero no se asignaron los recursos para su creación", y así la seguidilla de buenas intenciones en forma de leyes que nunca se implementaron han sido las causantes, por omisión, del enorme problema de desplazamiento en Colombia. El problema, para mi gusto, es la tierra y quien la posee. El problema es un sistema catastral premoderno. El problema es que no ha habido gobierno que le meta verdaderamente el diente a una real y profunda reforma agraria en este país, reforma que redundaría en un blindaje jurídico para el campesinado nacional, en detrimento de intereses privados y de grupos armados ilegales.

La voz de las regiones es un libro que propone y sugiere los mecanismos adecuados para la restitución de tierras, primer paso de muchos que habrá que dar para terminar con el flagelo del desplazamiento en Colombia. Es triste, sin embargo, que semejante estudio no circule en librerías, no esté en todas las universidades y en todos los medios de comunicación. Porque si la información al respecto se sigue manejando en círculos tan cerrados, la gran mayoría de colombianos no entenderemos de qué va la cosa y seremos electores ciegos frente a las urnas nuevamente.

Es un problema de todos, creo yo, en la medida que hay 4 millones de desplazados dejando ver su desesperanza en la luz roja de los semáforos, que desaparecen cuando cambia a verde.

© CEET

NEGOCIOS SON NEGOCIOS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Profesor Asociado Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia.


En la expresión que sirve de título a esta columna se concentran la lógica y la dinámica de una actividad humana en donde la solidaridad, la ética, la responsabilidad y el respeto, entre otros, son principios que poco cuentan a la hora de mirar resultados: la fabricación y venta de armas. Y esa es justamente la expresión más acertada para tratar de explicar la nueva crisis diplomática desatada entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, pues detrás de la rabieta de Hugo Rafael Chávez Frías ante lo que el llamó una agresión de Colombia, por el asunto aquel del armamento venezolano, de origen sueco, encontrado en manos de las Farc, está el vil negocio de las armas.

Chávez y Uribe son, claramente, dos war lord que quieren jugar el juego de la guerra, provocando y ambientando escenarios de negociación, de compra de armas. Por el lado de Chávez, anuncia la adquisición de más armamento a Rusia para enfrentar la posible invasión de los Estados Unidos, orquestada y operada desde bases colombianas, con apoyo bélico norteamericano; y por el lado de Colombia, y de manera soterrada, Uribe busca servir a los Estados Unidos, elevándose como el único gobierno capaz de frenar al proto imperio que amenaza con expandir la pandemia del socialismo del siglo XXI por todo el territorio latinoamericano.

Por el lado colombiano, Uribe va camino de lograr que la hecatombe que justifique su permanencia en el poder, se dé fuera del territorio colombiano, buscando con ello ocultar los garrafales errores cometidos en materia económica, social y política, como consecuencia de un proyecto político personalizado y sostenido en sus intereses de clase, pero especialmente, en la intención manifiesta de perpetuarse en el poder para vengar la muerte de su padre.

Por el lado venezolano, Chávez busca distraer la atención y la presión internas, pues su proyecto socialista no arranca como él estaba esperando, especialmente en el objetivo de poner a funcionar un aparato estatal legítimo y eficiente, productivamente hablando, que le permita, por ejemplo, enfrentar eventuales problemas de abastecimiento si decide no comprarle más a Colombia los productos básicos que necesita importarle.

Los dos mandatarios juegan a la guerra fría, dado que tienen una visión premoderna y moderna de lo que debe ser el orden internacional y el manejo del manido concepto de soberanía, que cada uno de ellos exhibe y defiende a discreción, según las circunstancias. Las injerencias de gobiernos externos son valoradas desde orillas ideológicas distintas, pero con el mismo sentido de los negocios, que les permite a los dos gritar al unísono: Negocios son negocios, y poco importan la diplomacia, el bienestar de sus pueblos y la legitimidad de sus gobiernos, entre otros.

Bien vale entonces la pena reflexionar alrededor de lo que puede significar la nomenclatura soberanía, especialmente cuando su sentido hoy, está supeditado a los negocios, y alejado, consecuentemente, de la política y de lo político.

La soberanía del Estado- nación es, ante todo, una ilusión, un valor, un deseo, e incluso hoy, por los evidentes fenómenos y circunstancias que declaran su declive, una quimera. Así como la nomenclatura Estado es una abstracción de un tipo de orden, de unas lógicas y procedimientos asociados a la vida humana en sociedad, la soberanía, como condición natural de éste, alcanza igualmente niveles de abstracción que la acercan a un imaginario, a una idea, a una posibilidad, especialmente en un proceso de globalización económica que erosiona viejas nomenclaturas.

Estado y soberanía son, entonces, construcciones simbólicas que posibilitan y dan sentido a un ordenamiento jurídico-político, interno y externo, que asegura el advenimiento y sostenimiento de un ser humano y de una condición humana cambiante y azarosa en la que sobresalen aspiraciones, miedos, incertidumbres, su condición finita, la certeza de poder explicar el mundo humano a través del lenguaje y de dominarlo a partir del desarrollo técnico y científico, en el que sobresale la fabricación de armas.

Por ser el Estado y la soberanía el resultado de un proceso humano histórico[1], los juicios evaluativos acerca de su conveniencia o inconveniencia, e incluso los llamados a pensarlos como referentes únicos, paradigmáticos y orientadores de la vida en sociedad, advierten actitudes y posturas polarizantes, contradictorias y comprensibles en tanto surgen de estadios socio históricos complejos en los que sobresale una condición humana asociada al miedo, a la debilidad y en general, a lo irresoluto que pueda resultar explicar qué hacemos en el mundo y de dónde venimos.

Por ello, más allá de la discusión de si se pierde o no, o si se cede o no soberanía al permitir el paso de tropas extranjeras por un determinado territorio, o si la injerencia de gobiernos extranjeros o de instituciones transnacionales, como el FMI, el BM, o la OMC, entre otros, violan o no la soberanía, lo que debemos tener claro es que hoy, en este mundo, tal y como están las cosas, Negocios son Negocios, y lo demás no cuenta, incluso, la vida humana.

[1] Véase BADIE, Bertrand. Un mundo sin soberanía, estados entre artificio y responsabilidad. Tercer Mundo Editores, 2000.

EL DISCURSO TAMBIÉN JUEGA A LA HORA DE VOTAR

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


El asunto de la ética y de lo ético involucra, sin duda, las vicisitudes y el propio devenir del hombre en el mundo de la vida; de ahí que la ética y lo ético conlleven, inexorablemente, a un asunto comunicativo en el que sobresale el poder de la lengua y del lenguaje en su tarea de significar, de nombrar, de reconocer, pero también de invisibilizar, minimizar y de des-conocer la existencia del ‘Otro’; he allí entonces un asunto definitivo para las humanidades contemporáneas y para la acción ciudadana: la eticidad discursiva.

Consciente del poder que tienen el lenguaje y la lengua, la acción discursiva en el mundo contemporáneo expone un asunto ético en tanto involucra el mundo de la vida de quienes se comunican, deciden sostener o se deben enfrentar a una relación, necesariamente horizontal, de intercambio de sentidos a través de diferentes formas textuales.

Sin duda, hay un mundo de la vida que necesariamente define y caracteriza al hombre como un ser histórico, político, ético y discursivamente reconocible y criticable de acuerdo con las improntas ganadas en tiempo y espacio, y en momentos históricos definidos por circunstancias propias del devenir humano en sociedad, pero especialmente, por las huellas dejadas por la acción lingüística en los encuentros intersubjetivos. En cada encuentro comunicativo la ética y lo ético entran en conflicto, en un juego intersubjetivo en el que nos desnudamos con la palabra, frente al mundo y frente al Otro.

En esa línea, Guillermo Hoyos Vásquez sostiene que “en un primer momento, la comunicación implica el reconocimiento del otro como diferente, es decir, como interlocutor válido. Sólo quien reconoce esto sigue interesado en la comunicación con los demás, dado que considera que puede aprender de ellos. Este es el punto de partida de toda ética: el reconocimiento del ‘otro como diferente’…” [1]

A lo anterior se suman las formas como el Estado colombiano, sus instituciones y sus dirigentes se comunican con sus asociados, con los ciudadanos, con la llamada opinión pública. Por supuesto que es fundamental en el proceso comunicativo Estado- ciudadanos, advertir como un obstáculo, la sempiterna debilidad del Estado colombiano para garantizar la vida y honra de sus asociados, en la imperiosa necesidad de lograr que éste se convierta en un referente moral de la sociedad, que dé inicio a la consolidación de un proyecto cultural amplio, incluyente y tolerante, de acuerdo con las diferencias regionales que nos hacen un país de prácticas culturales disímiles.

Buena parte de la legitimidad alcanzada por actitudes y prácticas como la corrupción, el clientelismo y la violencia, se ha logrado por el mal ejemplo dado por las instituciones estatales y el discurso vehemente y brusco del propio presidente Álvaro Uribe Vélez. Un discurso que ética y comunicativamente resulta inconveniente para un país como el nuestro con una tradición violenta, discriminante e intimidatoria, desde los usos del lenguaje. Baste con recordar cómo nombramos a los ciudadanos miembros de las llamadas minorías (negros e indígenas), para darnos cuenta de que se trata de usos del lenguaje en donde sobresalen intenciones discriminantes.

En el discurso violento de los colombianos se concentran odios, miedos, una profunda intolerancia y toda clase de sentimientos humanos, que desde un sentido muy primario, ha ido edificando un imaginario colectivo de lo que debe ser un Presidente, un jefe, un director, de cómo deben actuar y de cómo deben expresarse y de cómo, desde la fuerza ilocutoria, deben proponer soluciones a los problemas del país, o maneras de administrar los intereses de la nación, o los propios de una organización.

Por supuesto que el aporte de los discursos intimidatorios de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares y varios dirigentes políticos y gremiales, ha sido importante y definitivo para que hoy los colombianos (uribistas, especialmente) se sientan cómodos con el discurso iracundo de un Presidente que no tiene ningún reparo en mandar a matar, públicamente, a los escurridizos y temibles delincuentes de la llamada oficina de Envigado, o de tratar de marica y de amenazar con darle en la cara a un fulano conocido con el alias de la Mechuda.

Y lo más grave aún, que la elección política-electoral de los ciudadanos esté atravesada y sustentada por la fuerza discursiva del enunciador-candidato al que se le exige que hable duro, que sea implacable, impulsivo y arrebatado. Quien no cumpla con estas características muy seguramente tendrá pocas opciones de ocupar la Casa de Nariño o la particular dirigencia de una institución.

Habitamos en el lenguaje, es nuestra casa, es nuestra morada, o como dijo Heidegger, el lenguaje es la casa del Ser. Quizás por ello debamos hoy los colombianos, más que nunca, dedicar tiempo a escrutar el lenguaje con el cual los candidatos a la presidencia y el del propio Presidente-candidato, nombran y han nombrado asuntos públicos de especial interés para todos nosotros.

La imagen carismática de Uribe Vélez y la sostenida popularidad de sus dos administraciones- gracias a un hincado y acomodado ejercicio periodístico de la gran prensa- han servido para señalar que el mandatario antioqueño es un gran comunicador. Diría que es todo lo contrario, pues discursivamente no reconoce a los Otros como actores dialógicos, sino como enemigos, en una evidente contradicción comunicativa expuesta en un discurso agresivo, intimidante y desdibujante.

Debemos pensar los colombianos que el mundo se presenta a través de asuntos complejos que, enunciados, es decir, expresados desde lenguas (usos individuales) y el lenguaje, le van dando al ser humano elementos para comprender en dónde está y de quiénes le rodean; y le van exigiendo el desarrollo de una actitud ética-comunicativa, que con el tiempo y la esperada acción formativa de la cultura-ambiente, le permita construir relaciones intersubjetivas respetuosas desde lo identitario. Y es justamente ahí en donde falla el Presidente.

Al final, es bueno reconocer que a la hora de votar, el lenguaje también juega. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos darle el valor que tiene el lenguaje, especialmente cuando hay asuntos públicos en juego.

[1] Hoyos Vásquez, Guillermo. Las ciencias de la discusión en la teoría del actuar comunicativo. EN: Reflexiones sobre la investigación en ciencias sociales y estudios políticos, memorias seminario octubre 2002. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, p. 118.

LOS DIOSES EN LA POLÍTICA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo.

En la compleja racionalidad humana, la política puede exhibirse como una efectiva estrategia para alcanzar la felicidad de amplios, muy amplios grupos humanos, o por el contrario, para lograr que la incertidumbre y el dolor se apoderen de éstos, haciéndoles inviables sus propias vidas. Por eso, quizás, en cualquier escenario, la política debe hacerse apegada a valores como el respeto, el reconocimiento de los otros, el diálogo y la discusión libre de las ideas, alimentada también por la gallardía y por la sabiduría que nos debe dar el sabernos finitos y remplazables.

Confiarle a la política y esperar de ella los más elevados o perversos resultados del devenir humano en sociedad, es un asunto que pasa necesariamente por la elección de un líder, o de unos líderes, capaz o capaces de hacer, afable la vida, o en su defecto, capaz o capaces de sumirla en la más oscura experiencia.

Cuando en una empresa privada se elige a un líder, o cuando por concurso o mandato popular, se hace lo mismo en una empresa o corporación del Estado, los primeros elementos de gobernabilidad brotan, casi de forma natural, del talante de aquel que ha sido elegido para llevar las riendas de un proyecto de país o de empresa. Esto es, de su capacidad de respetar y de reconocer adversarios, detractores si se quiere, de saber que habrá opositores, críticas y disímiles obstáculos que pondrán a prueba ese talante, que para nuestras circunstancias, debe ser democrático.

Debe también reconocer que su elección se sostiene en la confianza depositada en él, no sólo por una junta directiva, un partido político, entre otros, sino por unas mayorías que con su voto o asentimiento, le dieron la posibilidad de dirigir los destinos de esa empresa, sea privada o estatal. Pero es importante también, que reconozca -y respete- que puede haber amplios sectores que dijeron no a su elección, o que simplemente no creen en sus capacidades y en su gestión.

De cualquier forma, para bien o para mal, la confianza excesiva que millones de seres humanos depositen en una persona, en un individuo, en un Presidente, un director y/o un gerente, entre otros, termina siendo el mayor obstáculo para que su actuar pueda ser revisado y puesto a prueba, cuando así se requiera. Y peor aún, cuando esa excesiva confianza viene investida de una nociva adoración que lo hace ver infinitamente superior a los demás, cuestión esta que termina llevando a ese líder por los caminos de la autocracia, de la egolatría o de una terminal megalomanía, que al final, lo harán ver como un pobre hombre que huye de sus defectos y vanidades, tratando de guarecerse en el poder que le elimina todas sus angustias, cuando hace uso de él.

Adorar a un líder significa perder la proporción de lo que significa hacer parte de la condición humana. Rendir pleitesía a una persona, por su cargo, elimina la comunicación y empobrece la política, convirtiendo a quien se hinca, en un ser servil, en un ser que no se respeta a sí mismo; y al Presidente, Director o Gerente, entre otros, en un líder que ya no se respeta por sus capacidades de convocar, de liderar, por esa visión prospectiva con la que se esperó que gobernara o gerenciara, sino por los favores a los cuales pueda corresponder a la rastrera presencia de sus áulicos y/o súbditos, capaces de convertir sus cuerpos en sensibles pétalos de rosas, arrojados por el camino que ha de pisar el elegido director, presidente o jefe.

La política, por ello, necesita ejercerse de una manera diáfana, alejada de cualquier relación clientelar que se pretenda construir entre el responsable de guiar los destinos de una corporación, o Gobierno, y quienes se declaran abiertamente sus seguidores y patrocinadores. El clientelismo es, quizás, la más perversa institución que acompaña el ejercicio de la política. Y existe tanto en los ámbitos privados como en los escenarios públicos.

Para ambos casos, quienes venden un voto o asienten una decisión esperando a cambio un presente, una prebenda, se elevan de inmediato a la categoría de Fichas o Cuotas Políticas, natural forma de auto eliminarse como actor político, y como ciudadano, del que se espera un ejercicio limpio de la política.

En Colombia, el clientelismo hace parte del quehacer de políticos profesionales, que estratégicamente buscan a líderes comunales para lograr que éstos trasfieran, vendan o permuten su liderazgo y su poder de convocar y/o movilizar conciencias y votos, a cambio de prebendas. En el ámbito de las empresas privadas funciona casi de forma parecida. En cualquier caso, las Fichas o las Cuotas Políticas se van alineando en torno al líder, de tal forma, que su poder empieza a trascender los límites humanos hasta convertirlo en un Dios castigador, vengador o magnánimo, según la relación que decidan establecer los áulicos, los súbditos o los amanuenses que le siguen con fervor. Allí es el momento de declarar la muerte del líder.

Lo cierto es que en política, adorar a un líder, auto limitando el actuar ciudadano, es abrir el camino a dictaduras en las que en nombre del neo Dios, se pueden cometer toda clase de delitos y atrocidades. Que en las aciagas noches por venir en Colombia, no despertemos con nuevas imágenes a las cuales nos veamos obligados a hincarnos para preservar la vida, o el trabajo.

Consulte: http://laotratribuna1.blogspot.com/

LA DEMOCRACIA NECESITA CIUDADANOS PENSANTES

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia

En un ambiente de polarización política como el que se vive actualmente en Colombia, generado desde 2002 por el discurso macartizante e incendiario de Uribe Vélez, bien vale la pena discutir alrededor del papel que se espera que jueguen los ciudadanos y las propias organizaciones de la sociedad civil, frente a las decisiones que en materia electoral deberemos tomar en el 2010.

El reto es grande como quiera que estamos ante una evidente crisis institucional, que se expone por la persecución política puesta en marcha por el alto gobierno contra las Cortes y sus magistrados, especialmente en contra de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Conocer ciertas circunstancias contextuales ayudará a los ciudadanos interesados, a adoptar decisiones más o menos coherentes. Entre éstas, hay que señalar el panorama mediático, pues la polarización política y la acción intimidante del Gobierno han hecho que hoy la prensa en Colombia esté, en un buen porcentaje, cooptada y comprometida con el Ejecutivo, lo que ha generado una evidente pérdida de credibilidad en la prensa nacional.

Miremos algunos ejemplos. Medios regionales como EL PAIS, Occidente y El Colombiano han dado muestras suficientes de que están con el Gobierno Uribe. Tanto así, que periodística y editorialmente hacen todo lo posible por agradar al Mandatario, censurando, si es el caso, a columnistas incómodos que, con sus textos y opiniones, ponen en riesgo el unanimismo que desde 2002 se viene edificando, con el concurso no sólo de los medios regionales, sino de los nacionales. Para la muestra tres botones: hace ya un poco más de dos años, el diario EL PAIS sacó de sus páginas de opinión al profesor Hernando Llano Ángel, crítico de la gestión de Uribe desde 2002. Igual decisión tomaría tiempo después el diario Occidente, que había acogido la pluma crítica del profesor Llano. Hace poco, El Colombiano decidió borrar de sus espacios de opinión a Javier Darío Restrepo, quien venía cuestionando al Gobierno, especialmente al Presidente por su intención de perpetuarse en el poder.

Los anteriores sucesos no se pueden entender como casos aislados, y menos aún como simples decisiones editoriales de los diarios: se trata, sin duda, de los primeros pasos para ir legitimando en Colombia el delito de opinión.

En el turbulento contexto en el que se dieron dichas censuras aparece, por supuesto, la decisión política de la prensa colombiana, con contadas excepciones, de cerrar filas en torno a un gobierno, a un mandatario que intimida no sólo a la prensa, sino a sus contradictores.

Si bien es preocupante lo que viene sucediendo con la prensa escrita, por ejemplo, EL TIEMPO hace rato viene trabajando en pro de la buena imagen del Gobierno de Uribe, lo que sucede con los noticieros privados de televisión, especialmente con RCN, es francamente preocupante. Lo mismo sucede con la radio en donde programas como La FM y la W, trabajan a diario para maquillar la imagen del Gobierno, como si tratara de verdaderos laboratorios del marketing político.

A lo anterior se suma la actividad ideológica desarrollada por las empresas demoscópicas, que con encuestas y sondeos de opinión, vienen generando estados de opinión favorables a Uribe y a su cacareada política de seguridad democrática, hasta el punto de que los colombianos parecen no concebir a un candidato presidencial que no ofrezca mantener dicha política, con todo y ejecuciones extrajudiciales y persecuciones a opositores y a libre pensadores.

Por ello hoy, del ciudadano colombiano y de disímiles organizaciones de la sociedad civil, se esperan posturas y decisiones inteligentes por fuera de las presiones que ejercen las empresas encuestadoras y el poder persuasivo de noticieros y consejos comunales. Es decir, se espera que voten a conciencia por un programa de gobierno y no por un candidato cuya imagen positiva es el resultado de maquilladores profesionales, expertos en concebir candidatos carismáticos, cuestionables por sus actuaciones pasadas, por sus ideas acerca del papel que debe cumplir el Estado social de derecho, y por supuesto, de aquellas que dan cuenta de lo que significa para éstos la igualdad y el respeto a la diferencia.

Si aceptamos como cierto el poder de penetración y de persuasión de los medios electrónicos comprometidos con la causa uribista, debemos por esa misma vía, validar lo que Sartori expresa en su libro El Homo Videns: “…los efectos de la video política tienen un amplio alcance. Uno de estos efectos es, seguramente, que la televisión personaliza las elecciones. En la pantalla vemos personas y no programas de partido; y personas constreñidas a hablar con cuenta gotas. En definitiva, la televisión nos propone personas (que algunas veces hablan) en lugar de discursos (sin personas)”.

Nada más angustiante hoy para quienes pensamos en la necesidad de discutir discursos, programas y en dialogar en torno a la idea de los deberes del estado social de derecho, que ver cómo la polarización política y el unanimismo mediático, nos arrebata la posibilidad de pensar en la necesidad de reorientar el rol del Estado, con miras a ampliar su legitimidad, procurando que el número de beneficiarios de sus acciones aumente considerablemente, haciendo posible cambiar lo que ha sido costumbre en Colombia: que unas élites han puesto a su exclusivo servicio, las organizaciones estatales.

Y es que el asunto del poder de penetración de los medios masivos debería considerarse como un factor desequilibrante a la hora de votar por una opción política. Uribe y sus seguidores lo saben, por ello usan herramientas como las encuestas para ocultar el real aporte de dos administraciones concentradas en eliminar a uno de los problemas de Colombia, pero haciendo muy poco por acabar con las circunstancias de pobreza, exclusión social y política, violencia política, entre otras, que históricamente alimentaron y alimentan aún el levantamiento armado.

Al problema de la mala calidad de la información que reciben los colombianos por vía de unos medios cooptados, se suma la oferta cultural de una televisión privada que le apuesta al empobrecimiento de la capacidad de discutir, de entender, de pensar, de discernir asuntos públicos, de unas audiencias adormecidas por las imágenes. Más grave aún es saber que dicha situación poco se ataca desde la Escuela y desde la Familia, instituciones modernas en crisis que han visto en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, en la televisión, la mejor manera de ocultar y minimizar la crisis del ser humano moderno que sobrevive en medio de incertidumbres y temores.

Si seguimos a Sartori cuando señala que la televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender, el asunto del consumo cultural que nos ofrecen debe preocuparnos; y si a lo descrito le sumamos el desinterés de una Comisión Nacional de Televisión burocratizada e inoperante por cambiar la oferta cultural televisada, y el hecho de que tenemos un Estado que en su conjunto, apenas si alcanza a garantizar el orden y la vida en todo el territorio, y además, el interés de Uribe de perpetuarse en el poder, eliminando de tajo garantías constitucionales sensibles para la democracia, los colombianos debemos ya sentarnos a pensar muy bien qué tipo de país es el que estamos construyendo para las actuales y próximas generaciones, al reelegir un proyecto de país que no ha hecho más que ahondar la brecha entre ricos y pobres, cerrar espacios para el disenso, perseguir, señalar y macartizar a quienes de forma legítima han intentado zafarse del unanimismo y alejarse de esta manera, de los forzosos consensos mediáticos.

Hoy más que nunca necesitamos mantener la cabeza fría ante un proyecto de país que conviene a los señores de la guerra, al sistema financiero nacional e internacional y a un reducido grupo humano convencido de que se vive mejor cuando no hay voces que evidencien injusticias, errores y otras formas de entender los asuntos públicos.

Nunca como antes, en la historia reciente de Colombia, la sociedad civil y millones de ciudadanos han tenido sobre sus hombros la responsabilidad de recomponer lo que por tanto años se hizo mal o, en su defecto, de insistir en mantener unas condiciones que han hecho y hacen hoy que el Estado colombiano sea calificado como inviable, ilegítimo y en vías de convertirse en fallido.

Por ello, antes de votar por candidatos simpáticos, que hablan bien y bonito, o por aquellos que vociferan, gritan, descalifican y amenazan, miremos muy bien sus proyectos de gobierno, sus actuaciones pasadas, las decisiones adoptadas en anteriores cargos públicos. Esta información, por supuesto, no la vamos a encontrar en los medios de comunicación, pues ellos sólo nos dan imágenes, hologramas. Y en política, tomar decisiones con base en hologramas, es un error mayúsculo que pone en evidencia nuestra incapacidad para entender que la democracia exige la existencia de ciudadanos y no de receptores adormecidos y anulados por las impresiones y las percepciones que nos dejan las nuevas tecnologías, la televisión y por supuesto, el discurso periodístico-noticioso.

La democracia necesita ciudadanos pensantes y no borregos mediatizados. La democracia necesita de líderes capaces de reconocer lo que se ha hecho mal y de afrontar, con valor, una cruzada para cambiar ese estado de cosas, y avanzar para dignificar la vida dentro de un territorio. Un estadista debe luchar por hacer legítimo el aparataje estatal. Un verdadero estadista abandona sus intereses personales, para servir a todos, sin que importe quiénes y cuántos lo eligieron.

ES HORA DE PENSAR EN RESPONSABILIDADES POLÍTICAS INDIVIDUALES

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia

En política hay responsabilidades que deben asumirse individual y colectivamente. Desde la primera, cada ciudadano debe reconocer que con su voto, con sus posturas y apuestas en ámbitos diversos como los negocios, el ejercicio de un oficio o una profesión, entre otros, valida, niega, aprueba, omite, legitima o no decisiones políticas que más o menos de forma natural, generan impactos, negativos y positivos, en las maneras como concebimos lo público, el devenir del Estado y hasta en el sentido que le damos a las leyes y a la propia constitución.

En cuanto a las responsabilidades políticas que deben asumir ciertas colectividades, como los partidos políticos, la verdad es que hay muy poco que esperar. Baste con decir que necesitamos una clase política distinta, digna y capaz de edificar, con sus actuaciones, una sociedad justa y viable.

En adelante me concentraré en las responsabilidades que deben asumirse desde lo individual.

Hay que esperar y hasta demandar de los ciudadanos colombianos afectos al régimen uribista, específicamente aquellos que apoyan ciegamente la continuidad de Uribe en la Casa de Nariño, la expresión de verdaderos actos palinódicos en aras de asumir responsabilidades políticas, porque con sus votos garantizaron la llegada de Uribe a la Presidencia y coadyuvaron a que el país entrara en una nefasta polarización ideológica y política que se respira en ámbitos privados, y en núcleos familiares y empresariales, en donde se reciben con sospechas y con desagrado aquellas opiniones contrarias al unanimismo mediático y político que expresa que sólo hay un hombre que puede llevar las riendas del país: Álvaro Uribe Vélez.

Las responsabilidades políticas en regímenes aparentemente democráticos como el nuestro, deberían ser exigibles en un diálogo simétrico y respetuoso entre quienes hoy son conscientes del daño institucional y constitucional que significa haber modificado las reglas de juego para beneficiar a una persona, a un proyecto de país soportado en la sed de venganza de un actor político víctima de la ya tradicional violencia política colombiana.

Quizás sea posible dialogar con aquellos que votaron por Uribe en 2002, que se abstuvieron de hacerlo nuevamente en 2006 y que ven hoy con preocupación su carácter autocrático. Creo, por el contrario, que es difícil dialogar con aquellos convencidos de que Uribe debe quedarse todo el tiempo necesario con el fin de completar su proyecto y vengar así la muerte de su padre: acabar con las Farc. Y no porque no sea posible, sino porque cada que se intenta abrir un espacio de diálogo, salen a flote criterios apoyados en pasiones, en la fe ciega puesta en una política de seguridad democrática que no es más que el correlato de una política de guerra conocida como Plan Colombia, sostenida en la vieja política de tierra arrasada. No exhiben argumentos, solo fe, dogmas, certezas, triunfalismo, pero lo más preocupante, exponen poca capacidad de análisis y de dudar de lo que las empresas mediáticas informan.

Creo que el éxito de Uribe se debe a una bien pensada tarea propagandística de unos medios de comunicación amenazados, cooptados, presionados, intimidados, en un contexto de una profunda crisis del periodismo colombiano, en donde sobresalen, entre otros, la fascinación periodística por el discurso guerrerista, por la guerra misma y sus guerreros, pero también, por la mendicante relación que de tiempo atrás se ha establecido entre Fuentes, voceros oficiales y Periodistas. Aparece, también, la estupidez histórica de las Farc, convertida hoy en un cartel criminal sin norte político, como un fuerte endulzante que aviva a quienes están convencidos de que las guerrillas son el único problema de Colombia.

Hay que señalar también al poder corruptor de quien es la máxima autoridad administrativa y generadora de gasto: el Presidente de la República. Es evidente que Uribe apeló, apela y apelará a la compra de conciencias (él mismo ha señalado que no compra conciencias, que las persuade) tanto de empresarios, militares, partidos y movimientos políticos, entre otros sectores, para mantener sus apoyos, a pesar de los inocultables errores cometidos en materia económica, política y constitucional, pero especialmente, en materia de violación de los derechos humanos. A cada uno le ha entregado lo necesario para ganar su apoyo.

En esos actos de arrepentimiento, los uribistas deberían revisar en profundidad cuáles son las ideas que tienen alrededor de la libertad, del orden, del reconocimiento de la diferencia, del valor de la constitución de 1991 y de los avances alcanzados con dicha apuesta constitucional. Sería importante que se preguntaran qué es eso de ser liberal, filosófica y políticamente hablando.

Sería clave que pensaran muy bien en las consecuencias funestas que generaría para el país perpetuar en el poder y concentrarlo en un hombre que gobierna con espíritu vengativo, y con el cual ha logrado polarizar al país, con el riesgo de que dicha polarización se empiece a manifestar en violencia callejera, en enfrentamientos en núcleos familiares, e incluso, exacerbar persecuciones de carácter ideológico y político, aupadas desde la Casa de Nariño, el DAS y las Fuerzas Militares, que pueden terminar en asesinatos selectivos y en despidos masivos de empresas privadas y estatales de aquellos que no simpatizan con la causa uribista.

Insisto en que el ciudadano tiene la palabra y la responsabilidad al momento de elegir presidente, concejales, diputados y congresistas. El asunto de elegir es individual, de ahí lo delicado. Quizás muchos piensen que cambiar o negociar un voto por un plato de lentejas, un puesto y un contrato, entre otros, significa muy poco. Es un error pensar así. Aceptar ponerle precio a un voto es lo mismo que aceptar ponerle precio a la vida constitucional. Y cuando ello sucede, en cualquier momento se puede pasar de beneficiado, a víctima.


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CHÁVEZ Y URIBE: ¿MESÍAS O VENGADORES?

Por Germán Ayala Osorio, politólogo y profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente


Quienes creen ser enviados de Dios, o del más allá, tienen la responsabilidad de demostrar que efectivamente es así, y que de su extraordinaria inteligencia y capacidad en relación con los mortales, brotarán soluciones a eternos problemas. Sin duda, Uribe y Chávez creen ser enviados de Dios o haber sido elegidos para gobernar sus naciones, condenadas por muchos años por la acción de oligarquías inconscientes, para el caso de Venezuela, y del terrorismo, para el caso de Colombia.

Los dos están perdiendo la oportunidad histórica de dejar esa huella indeleble que solo los ‘elegidos’ pueden dejar, por su paso por estas tierras en donde crecieron a sus espaldas la inconciencia, la ineficacia, la corrupción, la pobreza, las inequidades y el terrorismo, entre otros muchos problemas.

Uribe se siente, sin duda, un Mesías que bajó para salvar a Colombia de los terroristas de las Farc (o las far, como él mismo dice). Después de dos periodos, apenas si ha logrado que éstas se replieguen en lo más oscuro de la manigua o huyan despavoridas hacia abandonadas y poco patrulladas fronteras vecinas. Por ello quizás le está apostando a un tercer periodo con el objetivo de pasar a la historia como el gran pacificador de Colombia. Es posible que logre menguar a las guerrillas hasta el punto que las obligue a negociar o a desmovilizarse. De lograrlo, sin duda habrá que reconocerle su firmeza, soportada en la obsesión de vengar la muerte de su padre, para lograr que el Estado recupere el monopolio de las armas, pero también habrá que reconocerle también la estrechez mental con la que intenta comprender y solucionar los problemas de Colombia, pues únicamente ve en las Farc el enemigo a vencer. Esa reducida mirada, compartida por quienes le han apoyado electoralmente, le hará perder la oportunidad histórica de cambiar el destino del país, ajustando los factores y las variables que mantienen en alto grado la ilegitimidad del Estado colombiano.

Su discutida aceptación social, exaltada por encuestas y por la acción acomodaticia de medios y periodistas, de poco ha servido en sus dos administraciones y de seguro, en su tercer mandato, tampoco servirá para superar las circunstancias históricas que permiten hoy señalar que Colombia sobrevive a pesar de sus complejas desigualdades, sin que ello sea hoy y llegue a ser motivo de vergüenza tanto para el presidente Uribe, como para las élites tradicionales responsables en grado sumo de la existencia y profundización de disímiles desigualdades. No se espera que Uribe busque consensos para superar esos factores generadores de inequidades y conflictos, por el contrario, se espera que su acción política termine por acrecentarlos. Por ello quizás esa imagen de gran estadista que medios, elites empresarial, política, militar, y la oficina de prensa de Palacio le han construido, se irá diluyendo poco a poco en la medida en que vayamos descubriendo las atrocidades de su actuar pacifista y vengador.

Por el lado del presidente Chávez sucede algo similar. Ha tenido los recursos económicos para llevar a Venezuela a un estadio en el que no sólo logre superar las disímiles inequidades acrecentadas por una oligarquía tan abyecta como la colombiana, sino ubicar a dicha nación en los primeros lugares de desarrollo tecnológico y científico, soportado en procesos culturales y políticos en los que sobresalga una relación de respeto entre el Estado y los ciudadanos.

Incapaz de comprender históricamente las razones que desencadenaron la implosión de la URSS y lo anacrónico que fue para el mundo la carrera armamentista en el contexto de la Guerra Fría, Chávez hoy habla de socialismo del siglo XXI, con el cual insiste en concebir un Estado controlador de conciencias, castigador, gran empleador, imperial como la misma URSS y con toda su capacidad para violentar a quienes libremente expresen sus opiniones y expongan sus ideas y proyectos de vida. De igual manera, incapaz de pensar en un Estado responsable social, política y económicamente, sin que ello implique la estatización de las conciencias ciudadanas y el control efectivo de las variables macroeconómicas, Chávez repite y repetirá los errores cometidos por aquellos países socialistas que hicieron del monopolio estatal, en amplios y diferentes ámbitos, una práctica perversa que generó mafias y el colapso político y económico, justamente porque no supieron leer el dinámico contexto en el que se movían.

Tanto Chávez como Uribe son hoy agentes generadores de polarizaciones extremas, que llevan a que los Estados que administran, se conviertan en máquinas generadoras de terror, capaces de perseguir y aniquilar a quienes conciben al Estado como una estructura en la que son posibles proyectos nacionales que superen la mirada clasista con la que uno y otro orienta hoy la búsqueda de la legitimidad del aparataje estatal.

Tanto venezolanos como colombianos veremos en el mediano plazo lo inconveniente que resulta aceptar Mesías o enviados del más allá, que llegan a solucionar viejos problemas con una mirada estrecha, pero especialmente, con la clara idea de vengar situaciones pasadas. Para el caso colombiano, Uribe puso el Estado a su servicio para resarcir la muerte de su padre; y para el caso venezolano, Chávez, insiste en un modelo socialista caduco y anacrónico soportado, en gran medida, en su idea de reivindicar su origen mestizo.

LA ÉTICA PÚBLICA EN COLOMBIA: PROSCRITA E INÚTIL

Por Germán Ayala Osorio, profesor Asociado y politólogo de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia



El clientelismo y la corrupción[1], pública y privada, alcanzan en Colombia el carácter o quizás el estatus de ‘instituciones’, arraigadas en lo más profundo de la ‘ética’ tanto de los políticos, empresarios, élites, ciudadanos del común, y por supuesto, de los funcionarios del Estado.

El caso del director de INVÍAS, Daniel García Arizabaleta, llama la atención porque a pesar de los reiterados fallos y pronunciamientos del Ministerio Público, el funcionario insiste en su inocencia y lo más grave, el Presidente lo mantiene en el cargo a través de un sospechoso y retador silencio. En el fallo, la Procuraduría lo inhabilita por 12 años para ejercer cargos públicos, por modificar a su amaño y beneficio el manual de requisitos para ejercer los cargos de director de Coldeportes y de INVÍAS. Sin duda, un acto de corrupción que comprometió la legitimidad del Estado en el momento en que se ejecutaron -y se ejecutan aún- proyectos viales a cargo de García Arizabaleta y del propio Instituto.

Más allá del fallo del Ministerio Público lo que debe llamar la atención es la ética de los servidores públicos y el mal ejemplo que envía Uribe Vélez al mantener en el cargo a García Arizabaleta, lo que se entiende como una falta de respeto hacia la Procuraduría y hacia el propio procurador Ordóñez.

Quedan varios mensajes claros: desde la Casa de Nariño se legitiman prácticas nocivas que ponen en jaque la ética pública, lo que se traduce en que es éticamente correcto ajustar la ley, la constitución, las reglas de juego y claro, los manuales, a los intereses particulares de aquellos que deben dar ejemplo pues exhiben la investidura de funcionarios públicos.

El otro mensaje se expresa en el evidente conflicto institucional que está detrás del retador silencio del Presidente: al gobierno nadie lo vigila, nadie lo controla y a sus funcionarios nadie los toca.

No avanzaremos en la construcción de un mejor país cuando desde la Presidencia se validan estos comportamientos. Lejos estamos de lograr convivir en armonía cuando el más elemental de los principios, el de respetar la vida del otro, quedó proscrito por cuenta de los mal llamados ‘falsos positivos’ (léase crímenes de Estado) y por la orden presidencial que ordenada acabar con los sujetos de la ‘Oficina de Envigado’.

Por ello quizás resulte insignificante, una verdadera nimiedad, lo que hizo el Director de INVÍAS. Sin duda, así se valora en disímiles espacios privados y públicos. Incluso, algunos congresistas lo señalan como un simple error.

De nada servirá acabar con los bandidos de las FARC si quienes se señalan y se ubican en el bando de los ‘buenos’, insisten en jugar con la ética, en acomodar la ley para su beneficio. Un primer paso sería revisar el lenguaje pues con él desnudamos la ética que sostiene nuestras actuaciones. Y en el uso del lenguaje, Uribe ha advertido públicamente que en cuestiones éticas los principios resultan no sólo acomodaticios, sino que pueden en cualquier momento ser proscritos, a juzgar por expresiones y señalamientos como ‘Frente Intelectual de las Farc’, ‘Acábenlos y por cuenta mía’, ‘Terroristas vestidos de civil’, ‘Hay que guardar el gustico para después del matrimonio’, ‘Marulanda manda razones de que no puede asistir a reuniones porque si sale de la selva le darían una matada. Pues intuye bien’; y ‘estoy berraco cuando lo vea le voy a dar en la cara marica’…

No se puede llevar una vida ética y comunicativamente responsable cuando a los otros no los reconocemos como interlocutores, como seres humanos que pueden pensar distinto. Rechazar el diálogo abierto y sincero entre actores distintos, entre la sociedad civil y el Estado, entre diversas instituciones oficiales y las organizaciones sociales se entiende como una acción política, ética y comunicativamente incorrecta.

Mientras existan instituciones como la corrupción y el clientelismo, así como las poco ortodoxas conciliaciones que se dan en el Congreso, que terminan beneficiando a determinados grupos políticos, o un mandatario en particular; mientras la aplicación de justicia por fuera de los mecanismos legítimos (justicia privada), sea una práctica validada por funcionarios del Estado y por los ciudadanos; y se mantengan prácticas excluyentes que impiden a grupos sociales interesados en lograr, a través de la movilidad social, un mejoramiento en sus condiciones de vida, la ética pública no dejará de ser un concepto inútil tal y como se concibe hoy en las huestes del INVÍAS, o en los casos específicos de Carimagua, los ‘falsos positivos’, la yidispolítica…

[1] La corrupción, sus mecanismos, su operatividad y especialmente, su aceptación social, pueden estar asegurándole ese carácter de institución.

COMUNICADO OFICIAL: ÚNASE A LA CAUSA

LOS FALSOS POSITIVOS CON LOS JOVENES SON UN SINTOMA DE LA PRECARIA CONDICION DE LA JUVENTUD EN EL PAIS.

Mientras el país especula sobre la suerte de este gobierno en manos del controvertido referendo reeleccionista, la designación de Barack Obama como presidente de Estados Unidos y la cotidanidad de reinas, futbol y pirámides, pocos se han detenido a reflexionar sobre los niveles a que ha llegado el conflicto colombiano a partir de las revelaciones de falsos positivos mediante los cuales la Fuerza Pública legaliza ejecuciones extrajudiciales para ganar privilegios; un síntoma, de la degradación a la que ha llegado el Estado colombiano en su lucha contra la insurgencia. El modus operandi para realizar estos asesinatos ha sido de cuatro tipos distintos de ejecución:

1. Falso positivo por ocultamiento, “no existía la intención de asesinar a un inocente, pero al hacerlo, no admiten el error, sino que lo presentan como guerrillero. Es el caso de Cajamarca” .
2. Falso positivo por limpieza social, “Con el ánimo de aumentar las bajas, deciden matar personas en un alto grado de vulnerabilidad y por quienes, suponen ellos, nadie va a preguntar” .
3. El tercero es la táctica paramilitar. “Las víctimas son personas que les resultan sospechosas de vínculos con la guerrilla, pero por falta de pruebas no pueden capturar. Entonces deciden matarlos simulando un combate” .
4. El último es el más preocupante de todos y fue el ocurrido con los 11 jóvenes de Soacha (Cundinamarca), los 11 de Toluviejo (Sucre), los tres de Barranquilla y los tres de Chinchiná (Caldas) en la cual la Fuerza Pública estaba aliada con la delincuencia para buscar beneficios mutuos. Los primeros sumaban puntos en la guarnición militar por cada baja que obtenían gracias a los delincuentes; estos en contraprestación, lograban poca presión militar y hasta negocios con la munición que supuestamente gastaban los militares. Uno de los casos, ocurrió con uno de los jóvenes de Soacha, el reporte informaba un gasto de mil municiones a un joven que solo tenía tres impactos.

Los casos reportados tanto en la Fiscalía General de la Nación como en la Procuraduría dan cuenta de un alarmante aumento en las denuncias por falsos positivos a manos de las fuerzas armadas. A partir del 2001 y hasta la fecha, la Fiscalía reporta 660 procesos de este tipo, mientras que la Procuraduría registra 934 casos que involucran a 2.878 militares.

Salvaguardar los Derechos Humanos es una responsabilidad del Estado y el asesinato de jóvenes en esta guerra historia donde ellos son la carne de cañón de los grupos armados legal o ilegal, es solo la punta del iceberg de la vulneración de sus derechos y de la precariedad de la condición de la juventud en Colombia.

Un país, donde los jóvenes por falta de oportunidades académicas, laborales y culturales se prestan a cargar un fusil, donde el reclutamiento forzado y la vinculación de niños y jóvenes a la guerra se acrecenta día tras día, donde no reconoce el derecho a la objeción de conciencia para prestar servicio militar obligatorio y tampoco firma la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud. Además, contamos con una cifra alarmante de jóvenes desmovilizados quienes tienen las puertas cerradas para crecer como ciudadanos, pero sí bien abiertas para volver a la guerra y a la delincuencia. Un país, que por culpa del conflicto involucró a las mujeres no sólo para combatir, sino también para ser maltratadas y violadas, pero a la vez, persigue a los pueblos indígenas y afrodescendientes; al igual que la población LGTB, buscando su eliminación. Donde la cifra de desempleo es la más alta de toda America Latina y la salud es un privilegio porque te excluyen cuando tienes 18 años. Un país, que tiene una caseria de brujas hacia los jóvenes de la universidades públicas y persiguen a las madres de los jóvenes asesinados en Soacha por haber denunciado. Un país, que cuenta con una institucionalidad juvenil nacional, Colombia Joven, que no se pronuncia por lo que pasa, desacreditada, sin presupuesto, ni incidencia y más cercana a su desaparición; y un país, que no tiene memoria…

Debemos ampliar nuestra mirada y reconocer que la juventud en Colombia sigue siendo asesinada, no solo por las balas falsos positivos, sino por toda una violencia estructural que desconoce e invisibiliza los derechos de la población juvenil.

Por todo lo anterior, invitamos a todos los firmantes a contarle al vecino, al profesor, al amigo, al taxista, a la pareja, lo que pasa con la juventud en Colombia y pensar qué hacer: si repetir la misma historia de acumular generaciones perdidas o reconocernos como el presente y futuro de nuestro país.

Además, le solicitamos al gobierno colombiano:
• Resarcir el daño a las victimas de cada falso positivo.
• Y Brindar verdaderas oportunidades integrales para que la juventud incida en el desarrollo histórico del país.

Aquellas organizaciones sociales, instituciones y personas naturales o jurídicas que se sientan identificadas con este pronunciamiento las instamos a que se vinculen al mismo y entre todos unamos las voces para protestar por esta situación, a no quedarnos callados, a continuar denunciado irregularidades y a velar porque se cumplan los compromisos que competen al gobierno nacional para que estos sucesos no se repitan.

¿Qué les queda a los jóvenes?

…
¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con dios
tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan / abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno /
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines de pasado
y los sabios granujas del presente.
Mario Benedetti

Puede reenviar este compromiso a sus contactos personales, visitar la página http://www.redcamaleon.com/ y dejar su mensaje, o en la Comunidad Virtual Juventud Por Colombia en el portal http://comunidades.semana.com/wf_InfoForo.aspx?IdForo=82 de Semana.com
Contacto: informacion@redcamaleon.com

Minga de Resistencia Indígena marcha hasta Cali tras asesinato de comuneros

La marcha comenzó el martes luego de reiterados atentados contra la vida de pobladores de la región, que dejaron el saldo de al menos un muerto y más de 120 heridos.
Indígenas y campesinos fueron atacados y reprimidos por el Ejército de Colombia y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD), según informó la Minga Nacional de Resistencia Indígena.
A la violencia desatada contra los habitantes de La María que se congregaron desde el 12 de octubre para reclamar respeto a sus derechos, se suman dos asesinatos más en las últimas horas.
Según las organizaciones convocantes de la marcha, la Fuerza Pública reprimió un grupo de manifestantes indígenas, de la etnia Paez, que iba a sumarse a la columna principal.
Incluso la policía confirmó una de las dos muertes denunciadas por la Minga indígena. El coronel Jorge Cartagena, comandante de la ESMAD, reconoció que desalojaron a más de 500 manifestantes que se encontraban a la altura de Villarrica, en el departamento de Tolima.
No habló de la utilización de armas de fuego, pero fue durante la represión policial cuando Jesús Antonio Nene y Elver Brito, recibieron disparos por la espalda y perdieron la vida.
Indígenas y campesinos, continúan su marcha hacia Cali donde exigirán el cumplimiento de 5 puntos que ya fueron presentados hace cuatro años a las mismas autoridades.
Se trata del acceso a la tierra, el respeto de los derechos indígenas, el cese de la violencia contra las comunidades, el rechazo a los Tratados de Libre Comercio y el repudio a las leyes que permiten la explotación de los bienes comunes.
Además,solicitan a la Fiscalía General de la Nación se investigue, juzgue y sancione a los responsables de las amenazas, hostigamientos y agresiones de estos días.
Por su parte, el premio Nóbel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, hizo un pedido público al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, para que respete la movilización indígena.
En el comunicado divulgado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Pérez Esquivel exigió al Ejecutivo que garantice “la plena vigencia de los derechos humanos”, que, según dijo, son “violados sistemáticamente por el Gobierno”.(PÚLSAR/ONIC/ACIN/Dachi Bedea)
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