CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE URIBE EN RELACION CON AGRESIONES OFICIALES A IVAN CEPEDA

Bogotá, mayo 7 de 2008

Doctor: ALVARO URIBE VÉLEZ PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Ciudad

Reciba de los firmantes de esta carta un respetuoso saludo.

En esta oportunidad, nos impulsa a escribirle, el pronunciamiento público de la Presidencia de la República divulgado por los medios masivos de comunicación el pasado 3 de mayo, en el cual se consignó lo siguiente: "La presidencia de la República rechaza las informaciones calumniosas del columnista IVAN CEPEDA publicadas hoy, quien posa de víctima de violación de derechos humanos y en la práctica es un hostigador a que se violen los derechos humanos" Así mismo los señalamientos que usted hiciera el 6 de mayo durante el desarrollo de un consejo comunal donde entre otros aspectos califico al señor Cepeda como un (….)" farsante de los derechos humanos… que "salen cobardemente (a decir) que el Gobierno los está poniendo en peligro.(...) Que van a ir a hablar con unos senadores para que no aprueben el TLC, para que le manden una carta de regaño al Presidente Uribe desde la comunidad internacional"…. Y donde Ud. solicito "…a aquellos que tanto los secundan en la comunidad internacional, a que antes de compadecerse por las lágrimas de cocodrilo de estos farsantes de los derechos humanos, vengan a ver qué es lo que está pasando en Colombia"…. Señor Presidente, En primer lugar, el artículo del Defensor de Derechos Humanos al que hace referencia, se fundamenta en una reciente visita a Montería que hiciera el Sr. Cepeda, donde escuchó a las víctimas y constató, que la realidad es más tozuda que su discurso que se empeña en negar la existencia del paramilitarismo en buena parte de la geografía nacional. Efectivamente, el departamento de Córdoba es un ejemplo claro de esta situación, donde persiste la criminalidad tanto en la Universidad de Córdoba, como en la vida económica, social y política de la ciudad, la cual ya había sido puesta en conocimiento de la opinión pública entre otros, por Fernando Garavito, Felipe Zuleta, Gonzalo Guillen, Daniel Coronel, y Gustavo Petro, este último con relación a sus denuncias sobre la Universidad de Córdoba. Este escenario contrasta con la situación de las víctimas, quienes no ven sus más mínimos derechos satisfechos y se encuentran despojados de toda condición material que les permita tener una vida digna. Señor Presidente, No es la primera vez que esa verdad de apuño se dice, se escribe o se nombra diáfana y coherentemente. Y no es la primera vez que Ud. y su Gobierno censuran la libre expresión establecida como un derecho en nuestra Constitución Nacional y en variados instrumentos internacionales de derechos humanos. Tampoco es la primera vez que la respuesta a las afirmaciones sea el denigrar del acusador, el mentir sobre las motivaciones de quién escribe. La respuesta de la Casa de Nariño en este caso censura sin dar respuesta a cada una de las afirmaciones del artículo, evade dar respuesta al fondo y acusa a Iván de calumniador y farsante de los derechos humanos. En segundo término niega la autoridad ética de Iván Cepeda, pues dice de él que posa de víctima de violación de derechos humanos, negando que el columnista IVAN CEPEDA CASTRO -a la vez vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de crímenes del Estado- es hijo del senador MANUEL CEPEDA VARGAS miembro de la UP, quien fuera asesinado por miembros del Ejército Nacional en coordinación con las estructuras paramilitares, tal como quedó establecido en sentencias proferidas por tribunales nacionales, y donde el Estado ha reconocido su responsabilidad en este crimen ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que, IVAN CEPEDA CASTRO, no posa de víctima, sino que efectivamente lo es. No es un calumniador, sino una voz de denuncia que se levanta en medio del silencio cómplice con el crimen y la impunidad. No es "farsante de los derechos humanos", ni un hostigador para que se violen los derechos humanos, sino un comprometido defensor de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, en medio de un panorama que no garantiza estos reclamos, y que por el contrario, estimula un clima de hostigamiento y persecución, incluso animado desde el alto gobierno. Las denuncias de IVAN CEPEDA CASTRO, deben alentar al Estado a prevenir las violaciones, a desmontar efectivamente el paramilitarismo, a romper sus estructuras económicas y políticas, a investigar y sancionar a los responsables de la creación y fomento del paramilitarismo. Señalar a las víctimas y sus denuncias como culpables o instigadoras de violaciones de derechos humanos no responden a las necesidades de justicia y reparación, y en cambio, favorece a los perpetradores de los crímenes, ocultan la verdad y alienta la creciente impunidad. Los repetidos señalamientos que viene haciendo el alto Gobierno Nacional y usted como Presidente contra el Movimiento Nacional de víctimas y sus voceros, a la vez que son una cortina de humo para tapar los vínculos institucionales con los crímenes paramilitares, es contrario al deber de garantía de protección y de respeto, y estimula los ataques y la persecución generalizada que vienen enfrentando victimas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales. Por último, llama poderosamente la atención que el Gobierno del Dr. Álvaro Uribe Vélez, salga siempre presuroso a la defensa de los derechos y la honra, de quienes son acusados de victimarios y exige para ellos el cumplimiento estricto de todas las garantías judiciales, pero por otra parte sin ningún cuidado y sin la más mínima reserva, hace y permite pronunciamientos públicos de sus propios agentes "privados", en contra de las víctimas y los defensores de derechos humanos. En este sentido cabe solo recordar su negativa a desautorizar las palabras de su alto consejero José Obdulio Gaviria (aun con solicitud de 63 congresistas Estadounidenses de por medio), así como la actitud de miembros de su Gobierno de desestimar las amenazas contra los Defensores de derechos humanos, víctimas y líderes sociales y sindicales. En virtud de lo expuesto nos permitimos solicitarle: Ø Que en nombre del Estado de Colombia se retracte públicamente de los pronunciamientos efectuados contra IVAN CEPEDA CASTRO, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Ø Que ordene a los servidores del Estado, cualquiera sea su investidura, que se abstengan hacia futuro de realizar manifestaciones contra las víctimas y sus organizaciones. Ø Que se garantice a las víctimas que sus justas reclamaciones de verdad, justicia y reparación no sean motivo de persecución alguna por parte del Estado, y que por el contrario, se adopten todas las medidas para garantizar la protección a su vida e integridad personal y su derecho a participar en la reivindicación de sus derechos.

De usted,

Atentamente,

Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH Hijos e Hijas por la memoria y contra la Impunidad Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP Fundación Manuel Cepeda Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Corporación Jurídica Yira Castro Corporación AVRE FENSUAGRO FENALTRASE SINTRAUNICOl Asonal Judicial Asociación de Profesores Universitarios – ASPU Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios –ACEU ASOCIACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Partido Comunista Colombiano SINALTRAINAL Partido Socialista de los Trabajadores Corporación Claretiana Norman Pérez Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS- Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz FASOL COSPAC Red de Alternativas a la Impunidad y la Globalización del Mercado Comunidad Kamkuama Desplazada Polo Democrático Alternativo Dr. GLORIA CUARTAS Asociación Campesina para el Desarrollo Integral del Sur del Putumayo – ACADISP Asociación de Consejería Nasa Kwesx Ksxaw del Putumayo Cabildo Indígena Nasa Cxhab de Puerto Asís, Putumayo Comunidad de vida y trabajo la balsita – Dabeiba Comunidad civil de vida y paz – Meta Consejo de comunidades negras del Rió Naya Comunidad de Autodeterminación Vida y Dignidad – Cacarica Consejo Comunitario Mayor del Curvaradó Consejo Comunitario Mayor del Jiguamiandó Asociación de familiares de las víctimas de la Violencia Socio – Política de Rió sucio, Clamores ASOTEQUENDAMA-Sucre - Cauca Asociación campesina "Los Bienandantes"-sucre - Cauca Familiares de Victimas de San Antonio-Inza - Cauca Comunidad de Ullucos-Resguardo de San Francisco-Toribio - Cauca Comité Estudiantil Unicauca Familiares de Victimas Vereda la Sonora - Trujillo Valle Los barrios de Buenaventura con Población Afrodescendiente del Lleras, San Francisco, Punta del Este, Pueblo Nuevo, Unión de Vivienda, Puerta del Cielo, Calle Garrido, Centenario, Juan XXIII la Gaitana y el Jorge. Comunidades de villa Estela, el Nueve, las Brisas, la Colonia, San Isidro, pertenecientes al Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Bajo Calima Palenque el Congal - Buenaventura ANPAC, Buenaventura ANTHOC - Buenaventura Comité de Salvación de Buenaventura Fundación Cultural Hullas Africana - Buenaventura Asociación de comunidades negras de Cajibio AFRANED Corporación Vive - Buenaventura Pastoral Afrocolombiana de Buenaventura Cepa – Buenaventura Mesa Nacional De Concertación De Mujeres Colectivo De Mujeres Jóvenes Populares Casa de la Mujer Ruta Paci¬fica de las Mujeres Comité de Salvación de Buenaventura Consejo Comunitario General del Bajo San Juan - ACADESAN Pastoral Afrocolombiana de Buenaventura CEPA - Buenaventura Asociación Campesina para el Desarrollo Integral del Sur del Putumayo - ACADISP Corporación Colectivo De Abogados Luís Carlos Pérez. Colombia Asociación de Mujeres Lideres Desplazadas en Resistencia-ASMULIDER

¿Quiénes obstruyen la justicia sobre 'parapolítica'?

A diferencia de la Costa Atlántica, donde la justicia para juzgar a paramilitares y 'parapolíticos' empezó por la Corte y avanza en la Fiscalía, la justicia para Antioquia parece no querer llegar. ¿Por qué los jefes paramilitares de Antioquia han tenido tanta memoria para recordar lo que hicieron y a sus aliados en el resto del país y no en Antioquia? ¿Qué tanto ha influido la demanda del Presidente de la República contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por cuenta de su primo antioqueño, Mario Uribe? ¿Qué pensarán los miembros del CTI, los fiscales y demás jueces encargados de esas investigaciones? ¿Que si el presidente Uribe se atreve a eso contra el máximo tribunal de la justicia, qué no haría contra ellos? Ninguno de esos interrogantes ha tenido respuesta por los protagonistas de esta historia. La justicia es la que debe responder con sus acciones y decisiones.

Antioquia ha sufrido como ningún otro departamento los rigores y abusos de la guerra. Fue epicentro del narcotráfico y el paramilitarismo. Y sigue sufriendo sus embates, más los de la guerrilla. En una década, del 97 al 2007, los paramilitares ejecutaron por lo menos 120 masacres en Antioquia, con un promedio de seis víctimas por masacre, desplazaron a cerca de 300.000 antioqueños de sus parcelas y les robaron sus tierras. No en vano, según estudios de Indepaz, el 52 por ciento del total de víctimas de los paramilitares, registradas en los procesos de Justicia y Paz, son de Antioquia. ¿Hasta cuándo tendrán que esperar esas víctimas que llegue la justicia? ¿Cuándo se cumplirá el compromiso de reparación y no repetición?

A la par de esa ola de violencia cambió el mapa político antioqueño. La investigación académica demuestra que hay coincidencia temporal y geográfica entre la ola violenta y el cambio político. La atipicidad electoral es mayor en zonas de conflicto y dominio paramilitar que en el resto y se evidencia en concentraciones electorales que favorecen a ciertos candidatos. ¿Coincidencia casual? Lo dudo. Ya la justicia ha probado, en el caso de la Costa Atlántica, que la coincidencia no fue casual. Fue fruto de pactos políticos entre paramilitares y políticos que se propusieron "consolidar" políticamente los territorios que ya habían "liberado" por las armas. En otras palabras, tomarse el poder por la fuerza. La combinación de formas de lucha fue la reinante. Unos mataban y otros gobernaban.

Solo en Antioquia, esa combinación de formas de lucha fue capaz de apropiarse de cerca de 400.000 votos y en el país, de casi dos millones. Lo suficiente para ser decisivos en cualquier elección. La evidencia académica indica que, en su orden, Alas-Equipo Colombia con Luis Alfredo Ramos y Óscar Suárez Mira; Convergencia Popular Cívica, con Rocío Arias y Carlos Arturo Clavijo; Cambio Radical con Rubén Darío Quintero, y el Partido Liberal con Guillermo Gaviria Zapata, entre otros, fueron los movimientos políticos más favorecidos, con sus respectivas fórmulas, con atipicidades electorales en zonas de dominio paramilitar en la elección de Congreso en el 2002 y el 2006. El fenómeno se repitió en las elecciones locales, donde también se destaca el éxito electoral de Equipo Colombia y Colombia Democrática, de Mario Uribe.

Casualmente, Ramos fue la primera votación a Senado en el 2002 y la votación histórica más alta a la gobernación de Antioquia en el 2007. Pero no sólo cambió el mapa político, también cambió el económico. En los mismos terrenos por donde pasó la violencia y el desplazamiento crecieron los cultivos de palma y coca. ¿Casualmente? ¿Por qué la investigación académica de la parapolítica pudo hallar todo esto en seis meses mientras que la judicial no avanzó nada en un año?

Esta investigación académica sobre Antioquia es la única por la cual he sido censurada. En este caso, por el periódico El Colombiano, de Medellín, que hasta hoy se ha abstenido, por razones que no creo que sean periodísticas, de darles el derecho a los antioqueños de conocer esta información. ¿Otra casualidad?

Claudia López. Columnista de EL TIEMPO.