CON FRECUENCIA ESCUCHAMOS DECIR, QUE LAS PRÓXIMAS GUERRAS SERÁN POR EL AGUA. DESOYENDO ESTA ADVERTENCIA, EL PRESIDENTE SANTOS PLANEA PONER PARTE DE ESTE FUNDAMENTAL RECURSO, EN MANOS DE EXTRANJEROS.

ORDÓÑEZ, OTRA VEZ

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Graduado de tiempo atrás como detractor, crítico y quizás, más adelante, como fuerte obstáculo para la consolidación jurídica y política de los acuerdos de La Habana, nuevamente aparece el Procurador Ordóñez Maldonado en los medios masivos para cuestionar lo que apenas es una idea en torno a la creación de una policía rural, cuyos miembros podrían provenir de las filas de las Farc.

Más allá del rifirrafe con el Presidente Santos y de los errores de Santos al comunicar y explicar asuntos relacionados con la implementación de lo que se acuerde en La Habana, hay que examinar el lugar desde donde el Procurador habla, se pronuncia y critica el proceso de paz, lo acordado hasta el momento y su implementación.

En primer lugar, Ordóñez no sólo habla como funcionario público, sino como ciudadano que, apegado a la tradición conservadora y a la moral cristiana, de tiempo atrás viene desconociendo derechos y reivindicaciones de mujeres y parejas homosexuales y en general, de todos aquellos de ciudadanos que, de disímiles maneras, han controvertido el papel del Estado, su incapacidad y debilidad, en torno al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

Ordóñez ha confundido los roles de ciudadano, individuo y persona, con los de funcionario público. Ha sido incapaz de dejar de lado sus creencias y opiniones, y por ello, sus actuaciones como Procurador dejan mucho que desear en materias  y asuntos jurídicos, socioculturales y políticos, en el contexto de un Estado Social de Derecho en proceso de consolidación.

Para Ordóñez es suficiente que el Estado, como orden de poder y dominación, exista. No acepta que, justamente, por su debilidad y por la cooptación y captura[1] de fuerzas clientelares y mafiosas, ese Estado que él defiende (confesional y militarista) ha fracasado en su lucha contra una subversión que se alimenta de la desigualdad, las incertidumbres y el desasosiego en el que viven cientos de miles de niños, adolescentes y jóvenes que se sienten atraídos por la vida armada dentro de las guerrillas.

En ese sentido, Ordóñez sigue mirando los hechos y las realidades de Colombia desde viejas, ortodoxas, manidas y anacrónicas dicotomías. Insiste el Jefe del Ministerio Público en la dicotomía Buenos y Malos, entre Santos y Pecadores. Y desde esa moral cristiana se opone y se opondrá a cualquier idea o iniciativa que busque dar un lugar digno a cientos de miles de colombianos que hoy están en las filas de las Farc y que posiblemente mañana sean ex combatientes y busquen reinsertarse en la sociedad.

En la misiva que envió al Presidente, Ordóñez Maldonado señala que “la creación de una policía rural con desmovilizados lleva al absurdo de dejar la seguridad de las víctimas en manos de sus victimarios. Hacerlo sería tanto como haber integrado un cuerpo de policía con desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia con el fin de brindar protección a las víctimas de masacres, desplazamientos y de los delitos sexuales que ejecutaron en múltiples regiones del país[2]”.

Le parece absurdo al Procurador que ex guerrilleros terminen prestando seguridad a comunidades que ayer fueron sus víctimas, en el contexto de un conflicto degradado. Le pregunto al señor Ordóñez: ¿no es acaso  absurdo que de tiempo atrás y quizás hoy, miembros de las fuerzas armadas comprometidos con la comisión de delitos (‘falsos positivos’ y apoyo a paramilitares) hayan cuidado y sigan prestando seguridad a los familiares de los civiles que fueron asesinados y/o torturados, desplazados o maltratados?

Sus convicciones religiosas y su vieja ideología conservadora le impiden ver que de lo que se trata es de avanzar hacia la reconstrucción de un país que se ha caracterizado por ser excluyente con cientos de miles de colombianos que vieron en las armas, legales e ilegales, una opción viable para vivir.

¿Qué hay de “malo” y por qué es inviable transformar la doctrina de seguridad y modificar la estructura de las fuerzas armadas? ¿Cómo no transformar un Estado y una sociedad que devienen militarizados y militaristas, en un régimen de poder proclive a respetar los derechos y en una sociedad que entienda y aprenda que los conflictos, en adelante, deberán solucionarse a través del diálogo y las vías civilizadas?

No es absurdo que los victimarios mañana hagan parte de la institucionalidad. Por el contrario, ello sería un ejemplo de reconciliación y motivo suficiente para que las actuales y nacientes generaciones encaminen y enmarquen sus prácticas cotidianas en una cultura de respeto al otro y de consideración con aquellos que estuvieron inmersos en la comisión de delitos, por cuenta de un conflicto armado interno que se degradó, teniendo como testigo mudo, curiosamente,  al Ministerio Público. 

Está claro que Ordóñez Maldonado seguirá atrincherado en sus anacrónicas convicciones y las dicotomías que guían su vida. Y está claro que se está tratando de superar un conflicto armado interno desde una circunstancia que puede resultar definitiva para impedir que lo acordado se cumpla a cabalidad:  no existen una única y orientadora ideología y  un modelo de Estado que, compartidas por partidos políticos, líderes políticos y ciudadanos en general, estén orientadas hacia la búsqueda de la  reconciliación. Ponerle fin al conflicto y consolidar escenarios de paz y de convivencia sigue siendo un esfuerzo de Gobierno y no un asunto de Estado.

---

[1] Véase La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Luis Jorge Garay Salamanca.

[2] Tomado de  http://www.semana.com/nacion/articulo/procurador-ordonez-santos-carta/415974-3

DEL CAGUÁN A LA HABANA: LA GUERRA, ASUNTO DE ESTADO; LA PAZ, ASUNTO DE GOBIERNOS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. www.laotratribuna1.blogspot.com

La paz en Colombia ha sido esquiva por cuanto en  los centros de poder social y político, la guerra  no se ha entendido de manera consensuada como un asunto político, de allí que específicos gobiernos le hayan dado un tratamiento exclusivamente policivo, debilitando aún más el carácter político que precede y sostiene a esta guerra interna. Lo que ha sucedido en Colombia es que la guerra ha sido un asunto de Estado, pero la búsqueda de la paz, por el contrario, ha sido y lo es aún, un asunto de Gobiernos.

Ha sido difícil que el Estado en su conjunto  y sectores tradicionales de la sociedad civil miren y comprendan que la guerra interna tiene un natural carácter político, que no puede simplemente desconocerse a juicio de sectores interesados en minimizar su impacto y sus características, a través de políticas públicas como la Política de Defensa y Seguridad Democrática en la que el conflicto como tal no existe y en la que se señala y se califica que lo que existe en Colombia son agrupaciones terroristas o una simple amenaza terrorista.

En ese camino de entender y comprender el conflicto interno como un asunto político, aparecen episodios en los que la política, como conjunto de reglas y como posibilidad de resolver los conflictos y las diferencias, se confunde con apuestas y coyunturas electorales[1] con las que la búsqueda de la paz queda contaminada por los afanes de quienes buscan llegar al poder del Estado. Y ese sentido electoral tiene en las regiones unas dinámicas bien particulares en las que conviven prácticas de economía ilegal (narcotráfico), con habilidades políticas asociadas al clientelismo y al poder de gamonales y familias poderosas, tradicionales y emergentes, con las que el conflicto, la guerra, adquiere dimensiones distintas que hacen compleja su comprensión.

La paz en el gobierno de Pastrana, la guerra en los dos periodos de Uribe y la paz, con Santos Calderón

En las elecciones de 1998, Pastrana Arango buscaba llegar a la Casa de Nariño, precedido de una amarga derrota electoral que le infringió Ernesto Samper Pizano. Acosado por su afán de convertirse en Presidente, Pastrana apostó su futuro político, jugando con la paz. Utilizó la paz, el sueño de millones de colombianos, como recurso electoral para llegar al Solio de Bolívar. Y a fe que lo logró: de la fina maniobra electoral de Pastrana en 1998, nació un nuevo proceso de paz con las Farc. Proceso que resultó fallido por la presión mediática y de sectores de poder económico, político y militar, a los que se sumaron errores políticos y militares tanto de las Farc como de quien fungió como Presidente de Colombia entre 1998 y 2002. De otro lado, las circunstancias generadas por los atentados terroristas en los Estados Unidos (9/11), fueron determinantes y definitivas para que el Gobierno que sucedió a Pastrana, asumiera ese elemento del contexto internacional para desconocer de manera tajante el carácter político del conflicto y el de las agrupaciones guerrilleras. 

Convertida la zona de distensión en tierra de nadie, en donde floreció por poco tiempo un soñado Estado fariano[2], la llamada opinión pública terminó no sólo desengañada del sueño de paz que cobró vida a partir del abrazo histórico entre el entonces Pedro Antonio Marín (alias Manuel Marulanda Vélez) y Andrés Pastrana Arango, sino que terminó convencida de que los diálogos no llevaron a la paz por culpa exclusiva de la cúpula de las Farc. La verdad es que el proceso se rompió en buena medida por el manejo irregular que le dio la agrupación armada ilegal, pero también, por el doble juego planteado por Pastrana en torno a que de un lado internacionalizó el conflicto, con el Plan Colombia  y la fuerte presencia de los Estados Unidos, y por el otro, permitió que la agrupación guerrillera usara a discreción una zona que por momentos fue un escenario de diálogo interesante en lo que se llamó en su momento las audiencias públicas. Fue el Plan Colombia de Pastrana el que abrió todas las posibilidades para que se fortaleciera la institucionalidad armada de la cual se beneficiaría el gobierno de Uribe Vélez.

Para destacar de ese fallido proceso, la Agenda Común para un Nueva Colombia, con 12 puntos de contenido que dieron muestra de que es posible que las fuerzas enfrentadas, las del Estado y las de las Farc, pueden llegar a coincidir en varios puntos y asuntos que terminan demostrando que el orden social y político establecido ofrece no sólo problemas de legitimidad histórica, sino dificultades en su viabilidad.    

Mientras que las fuerzas estatales mejoraban y modernizaban el armamento con la ayuda técnica y militar allegada gracias a los recursos internacionales a través del Plan Colombia, las Farc hicieron lo mismo, usando la zona de distensión para recibir armamento a cambio de droga, hacer mantenimiento a los equipos, recuperar a los enfermos y someter a proceso de reentrenamiento a varios de sus frentes. Nuevamente, se dialogó en medio de la guerra, con la esperada mirada moralizante de los medios masivos y de otros sectores tradicionalmente reacios a que se dialogue con las guerrillas. Con cada ataque y golpe dado por las Farc a la fuerza pública, se generaban climas de opinión desfavorables en torno a la real voluntad de paz de uno de los actores de la guerra.

Roto el proceso de paz, el único camino que se abrió fue el de la confrontación militar. El escenario electoral de 2002 sirvió no para soñar con la paz, sino para delirar con la solución militar al conflicto, por la vía de la eliminación del enemigo. Uribe, ungido como el Mesías, asumió, como nunca lo había hecho un Presidente en la historia reciente, el papel de máximo comandante de las fuerzas armadas, con el claro propósito de acabar con las Farc, aprovechando las ventajas comparativas que su antecesor le dejó con el Plan Colombia. Uribe mandó entre 2002 y 2010.

Los duros golpes dados a las Farc, magnificados por una prensa hincada a su poder, fueron elementos suficientes para que sectores de la derecha colombiana apoyaran política, social y económicamente la aventura reeleccionista, que asegurar la victoria militar que para muchos estaba cerca. El fin del fin hacía parte de la euforia colectiva que generó un Gobierno de mano dura, que apeló al odio generado por la presencia otoñal de unas guerrillas cada vez más lumpenizadas por la penetración del narcotráfico y por la incapacidad técnica y operativa de sus comandantes para mantener la unidad y el control de los frentes, dado la presión militar de las fuerzas estatales. 

En una muy fina cirugía constitucional, la guerra a muerte contra las Farc se extendería cuatro años más. El resultado, una cúpula fariana golpeada y acosada por constantes bombardeos. Bastó la decisión política y militar de usar grandiosas ventajas militares aseguradas a través del Plan Colombia, para hacer posible que hoy presenciemos unos nuevos diálogos de paz, esta vez, y nuevamente[3], fuera del país.

Retomemos. Mientras que Pastrana jugó electoralmente con el carácter político del conflicto armado interno,  su sucesor, Álvaro Uribe Vélez desconoció dicho carácter y logró inocular en millones de colombianos, la idea de que efectivamente el país enfrentaba una amenaza terrorista. En parte lo logró con la aplicación técnica y política de su política de seguridad democrática, y por supuesto, lo pudo hacer gracias a las empresas mediáticas que cerraron filas en torno a su política de mano firme y claro está, a las muchas acciones desesperadas de las Farc, que merecían y merecieron el calificativo de terroristas.

Así, entonces, el carácter político de la guerra colombiana ha sido manoseado, desconocido, bien por coyunturas electorales o por apuestas político-militares, siempre en beneficio de someter a una fuerza ilegal que históricamente ha sido la única capaz de develar, confrontar y proponer cambios al injusto orden social, económico y político vigente en Colombia, dada la precariedad discursiva, operativa y política de los partidos políticos, los sindicatos y la academia.

Terminado el aciago periodo de Uribe Vélez, en medio de escándalos por corrupción y violación sistemática de los derechos humanos (‘falsos positivos’ y las ‘chuzadas’ del DAS[4]) y en medio del triunfalismo militar, el poder del Estado lo asumiría en 2010 quien fungió como Ministro de la Defensa de Uribe Vélez: Juan Manuel Santos Calderón. Hijo de la rancia élite bogotana, Santos Calderón daría un giro importante, devolviéndole el carácter político al conflicto armado. Lo hizo en dos momentos: el primero, reconociendo que efectivamente en Colombia había un conflicto armado, lo que le permitió crear, junto con el Congreso de la República lo que se conoce como la ley Marco para la Paz; y el segundo momento, cuando con la misma ayuda del Legislativo, se dio vida a la ley de víctimas y restitución de tierras. Con estos dos elementos jurídico-políticos se dio vida a un nuevo proceso de paz que, sin el consenso social y político del proceso de paz liderado por Pastrana, camina a pesar de los embates mediáticos y los de una férrea oposición de ganaderos y terratenientes, liderados por el hoy ex presidente Uribe. 

Devolverle el carácter político a la guerra, al conflicto y al principal actor ilegal, le permitió a Santos hablar de paz, sin que el país esté sintonizado completamente con el asunto. Es claro que en el plano interno el proceso de paz no cuenta con un amplio consenso. Por el contrario, hay un ambiente de incertidumbre, de duda y de un muy moderado optimismo alrededor de lo que pueda suceder en la mesa de diálogo instalada en La Habana. Contrasta lo anterior con el apoyo brindado por varios países y el buen recibo que del proceso de paz manifestó la ONU.

Contrario a lo que hizo Pastrana[5], Santos no sujetó su plan de gobierno a la paz, al proceso mismo. Es decir, la agenda de paz, su abordaje y discusión la entregó a sus negociadores, con el firme propósito de tratar de no amarrar la agenda pública de su Gobierno, a un proceso incierto del que no se sabe a dónde llegará.

La complejidad de los cinco puntos acordados en la agenda y la propia dinámica dada por los equipos negociadores de la cúpula de las Farc y del Gobierno de Santos, ha llevado a que los diálogos de paz queden sujetos, nuevamente, a la coyuntura electoral, esta vez con un significado especial: se trata de la reelección de Santos. Eso sí, con un agravante: existen sectores de poder que vienen haciendo oposición directa y soterrada a la gestión del presidente Santos, juego político en el que aparecen fuerzas uribistas que desean recuperar el poder para, nuevamente, desmontar el perfil político de la guerra colombiana.

Dada la debilidad manifiesta de los partidos políticos, de los sindicatos, de la Academia y la imposibilidad los medios de comunicación de mediar a favor de la superación del conflicto, los temas de la agenda de paz y los asuntos propios de la forma como opera el actual orden político en Colombia no se discuten de manera amplia entre sectores de la sociedad civil y en amplios escenarios públicos. Ese es quizás el mayor obstáculo que han enfrentado quienes de tiempo atrás agencian escenarios de paz en Colombia, de cara no sólo a la superación del conflicto, sino a la comprensión de su carácter político, que conlleve a aceptar que la solución debe tener ese mismo perfil.

A lo anterior se suma la débil institucionalidad estatal, producida por grupos de poder interesados en mantener dicha labilidad hasta límites sostenibles del orden establecido. Esa histórica circunstancia impide que el conflicto armado sea asumido por el Estado en su conjunto, como un asunto político, y por ese camino, se piensen y se diseñen salidas políticas negociadas que lo superen.

---

[1] Elemento y factor que hace parte de la política y que para el caso colombiano resulta nefasto en la medida en que con lo electoral, las fuerzas políticas enfrentadas y ganadoras en los escenarios electorales, terminan legitimando una democracia formal y excluyente y por ese camino, intentan desestimar la lucha política armada de las guerrillas e insistiendo en que es posible cambiar el injusto orden social y político, a través de las urnas, a pesar de la presencia del clientelismo y de la posibilidad de que grupos de poder alimenten episodios de violencia política.

[2] Que sirvió para probar que en el proyecto revolucionario de las Farc subsisten elementos propios de la ideología conservadora, en especial en lo que tiene que ver con el derecho de las personas al libre desarrollo de la personalidad y a la clara separación entre las esferas privada y pública. Las Farc ejercieron labores policivas de control cultural e ideológico que los hizo aparecer como una agrupación con unos ideales cercanos a los del partido conservador y de una cultura machista. Se convirtieron en una suerte de policía revolucionaria, que controlaba, vigilaba y castigaba prácticas sociales consideradas como negativas, como por ejemplo, episodios de violencia intrafamiliar, señalamientos y castigos a los hombres que golpearan a sus compañeras y a jóvenes que usaran aretes, pelo largo y exhibieran su homosexualidad. En lo económico, las Farc emitió la Ley 002 mediante la cual impusieron gravámenes a empresas y empresarios.

[3] En el periodo de Belisario Betancur Cuartas se dialogó en Tlaxcala, México y en otros países. Resultado de esos diálogos de paz fue la creación de la Unión Patriótica, brazo político de las Farc, con el que dicha agrupación armada ilegal pudo participar en política y en escenarios electorales. Una combinación de fuerzas del Estado, de grupos paramilitares y narcotraficantes, eliminó a más de 3.000 militantes de esa naciente colectividad.

[4] Departamento Administrativo de Seguridad. Esta entidad, que dependía directamente de la Presidencia, fue cooptada por el Paramilitarismo, cumplió el papel de policía política, para vigilar, perseguir y afectar la vida de quienes fueran señalados como enemigos del régimen o detractores del gobierno de Uribe. Entre las víctimas aparecen magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, académicos e intelectuales. El gobierno de Santos la liquidó. Hoy existe la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI.

[5] Sin retomar en forma directa los puntos de la Agenda lograda en el proceso de paz de Pastrana, tanto la cúpula de las Farc, como los negociadores del Gobierno de Santos, convinieron una agenda de cinco puntos: 1. Política de desarrollo agrario integral. 2. Participación política. 3. Fin del conflicto. 4. Solución al problema de las drogas ilícitas. 5. Víctimas y verdad.

  

EL CASO SANTOYO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los confesos vínculos del general ( r ) de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo Velasco con los paramilitares, ante la justicia de los Estados Unidos, reconfirman un hecho que parece que no escandaliza a la opinión pública y al grueso de los colombianos: la penetración y cooptación del Estado por parte del paramilitarismo, a través de una fina red de relaciones de poder e intereses, entre oficiales de alta graduación de las fuerzas armadas, líderes paramilitares, políticos y clase dirigente empresarial.

Es posible que en las próximas revelaciones que el ex oficial haga ante los jueces norteamericanos se entreguen algunos nombres de otros oficiales y es posible que de políticos que usaron el poder político para poner el Estado al servicio de la empresa criminal más eficiente y criminal, puesta en marcha en Colombia, por sectores de extrema derecha (educada), enquistados en visibles organizaciones de la sociedad civil. 

El caso Santoyo sirve, además, para legitimar y extremar el tutelaje político y judicial de los Estados Unidos, frente a un Estado que, como el colombiano, apenas si logra mantener condiciones mínimas de operación a sus poderes públicos, en especial al poder judicial. Es vergonzoso que en Colombia no haya investigación alguna contra el alto oficial por los hechos confesados y que de manera tardía se inicien investigaciones alrededor de propiedades y bienes del hoy confeso criminal, para someterlas a extinción de dominio.

Como Santoyo, existe una lista de altos oficiales de las fuerzas armadas con presuntos o probados vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Baste con recordar a los generales del ejército, Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uscátegui y Farouk Yanine Díaz, procesados por sus presuntos o probados nexos con paramilitares y la participación de prácticas genocidas.

Si bien no podemos asegurar que se trata de una política oficial, si podemos decir que hubo prácticas sistemáticas que hacen pensar que el proyecto de Estado y de nación que imaginaron los paramilitares y sus colaboradores, tuvo amplia aceptación en sectores destacados de las filas castrenses. 

Lo confesado por Santoyo Velasco y los probados casos de otros oficiales de las fuerzas armadas confirman que el fenómeno paramilitar se sirvió de congresistas, gobernantes regionales y locales y miembros de las fuerzas armadas, para ejecutar los planes operativos, económicos y políticos de las AUC, que compartían sectores poderosos de la sociedad civil.

Pero el asunto no puede quedar en el establecimiento y el señalamiento de funcionarios que se pusieron al servicio de un grupo al margen de la ley. Por el contrario, el país debe conocer las finas redes criminales y clientelares con las que sectores poderosos de la sociedad civil se sirvieron de los paramilitares, para cooptar la institucionalidad estatal y varias instituciones del Estado y ponerlas al servicio de un proyecto político de extrema derecha, con el que pretendían desmontar el Estado social de derecho y en general el ordenamiento jurídico, político y constitucional logrado en 1991.

Gracias al trabajo de  profesores, académicos e  investigadores, ya el país conoce algunas de las redes y las formas de operación de ese proyecto de país que buscaron implementar políticos, militares, empresarios, ganaderos, periodistas y élites regionales, entre otros.  Pero aún faltan piezas de esas finas redes de poder establecidas por quienes desde instancias gubernamentales de diverso nivel y con la anuencia de actores de una sociedad civil que de tiempo atrás sostiene una relación patrimonial con el Estado, permitieron que dentro del orden establecido se inocularan los valores no democráticos y criminales de las AUC.

Ojalá el caso Santoyo Velasco sirva para que los colombianos comprendan bien qué buscaban los paramilitares y sus animadores ubicados estratégicamente en el Estado y en la sociedad civil.

Un proyecto de nación supuestamente soportado en la lucha antisubversiva, pero que en verdad ofrecía una idea de Estado y de orden social, político, económico y cultural con específicas características, que mantiene vigencia en grupos y movimientos políticos y en la seudo ideología uribista.

“… el histórico rechazo a la acción guerrillera sirvió de puente axiológico para legitimar las acciones y prácticas de un proyecto neoconservador agenciado y aupado por un conjunto de organizaciones, legales e ilegales, de fuerzas de poder local, regional y nacional (élites económicas y políticas), así como actores globales tales multinacionales, el sistema financiero nacional e internacional”.

El fenómeno paramilitar se podría concebir, entonces, como una estrategia de las élites para consolidar un modelo económico (neoliberal) y social, que con su expansión a zonas del territorio nacional donde el Estado históricamente ha estado ausente, propició procesos de exclusión y polarización social cada vez más fuertes. Un fenómeno que intensificó los procesos de confrontación, de expulsión de sus territorios de un número importante de colombianos y que tomó por mano propia acciones de justicia directa sobre los cuerpos de miles de personas. Sobre el valor contrainsurgente, aupado desde el Estado y desde actores de la sociedad civil, como los medios de comunicación, se sumaron intereses de disímiles grupos de presión nacionales e internacionales, que vieron en el fenómeno paramilitar la oportunidad para agenciar un proyecto político, ideológico, cultural, económico, social y agrario de gran envergadura, con asiento en un modelo económico extractivo y liberal, en el sentido en que se necesita menos Estado y más Mercado, concepción con especial arraigo en un proceso de globalización en el que lo más importante es la circulación libre del capital, socavándose las soberanías estatal y popular y generando prácticas clientelizadas de los ciudadanos”[1].

---

[1] Ayala Osorio, Germán. Paramilitarismo en Colombia, más allá de un fenómeno de violencia política. Cali: UAO, Noviembre de 2011. ISBN 9789588713120.

LA LLAVE DE LA PAZ PUEDE ESTAR EN LAS ACCIONES DE LOS INDÍGENAS NASA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría a paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto es un pueblo maduro para la paz". Estanislao Zuleta. 1.985. En: “La fiesta es una guerra”

Las acciones contra la guerra y contra todos los actores armados, incluyendo al Estado, emprendidas en el Cauca por los indígenas Nasa, vienen con una carga simbólica y política que puede resultar importante en aras de darle un giro a la guerra interna, a través de  la creación de un gran movimiento civil que agite y plante en lo más alto de una montaña la bandera de la paz.

Con valor, seguridad, pero con una histórica legitimidad, los Nasa se levantan hoy contra aquellas fuerzas legales e ilegales, y eso sí, ilegítimas todas, que de tiempo atrás han convertido  sus territorios en teatros de operaciones y escenario de confrontaciones armadas con la latente intención de acabarlos como Pueblo. No sólo asesinando, desplazando e intimidando a sus líderes y comuneros, sino haciendo que los símbolos de la guerra terminen penetrando y afectando su plan de vida. El reclutamiento forzoso y la cooptación ideológica son expresiones claras de cómo la guerra contamina el devenir de un grupo de colombianos que tienen otras lógicas de vida.

Opuestos a la permanencia de las fuerzas del Estado en su territorio, los indígenas Nasa activan en el Cauca acciones para desmantelar, física y simbólicamente, trincheras y herramientas de comunicaciones usadas por el ejército de Colombia, para mantener la dinámica de un conflicto que militares y policías saben que no van a ganar en los campos de batalla. 

Para muchos se trata de acciones ilegales, desproporcionadas, equivocadas y abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico, en tanto que se está rechazando a las fuerzas del Estado, creadas y dispuestas para hacer presencia y ejercer efectiva soberanía sobre tierras que hacen parte de la Nación.

Juzgar de esa forma las acciones colectivas de los Nasa es desconocer el daño que la guerra genera en su gente y en su cultura, pero especialmente, desconocer el valor que éstas tienen en tanto con ellas la paz se vuelve tangible, y por ese camino, cobra vida en ciudadanos hastiados con un largo conflicto y con actores armados acostumbrados a negar sus derechos a la autonomía y a la consecución de sus sueños y aspiraciones plasmados en su plan de vida.    

Lo que hay que hacer ahora es rodear a los indígenas Nasa y junto a ellos y a sus acciones colectivas, configurar un gran movimiento nacional ciudadano de clara oposición a la guerra. Si Santos tuviera la capacidad para leer de manera distinta las acciones de los indígenas, entendería que la llave de la paz no está en su bolsillo o en los bolsillos de la dirigencia de las Farc, sino en este movimiento indígena que ha demostrado con sus valerosas acciones civiles otros caminos para llegar a la paz.

Pero Santos, preso del discurso militarista que apoyan empresarios, élites y acorralado por unas fuerzas militares a las que no les conviene la paz, en especial a la alta burocracia militar y presionado por el discurso guerrerista de su antecesor y de sus áulicos, desestima el discurso anti guerra de los indígenas e insiste en mantener las condiciones de un conflicto que minuto a minuto se eterniza, pero que de manera contradictoria mantiene su carácter periférico que lo hace ver como una externalidad para la vida de millones de colombianos.

Sumarse al discurso antiguerra de los Nasa y llevar la bandera de la paz que connota su levantamiento en contra de los combatientes, debe entenderse como un paso responsable, digno, legítimo y valeroso de quienes hoy vivimos relativamente cómodos en centros urbanos, alejados de una guerra que se concentra en lugares donde tradicionalmente la presencia del Estado es y ha sido débil.

Pero para sumarse debemos abandonar prevenciones culturales, étnicas, identitarias e ideológicas que en torno a los indígenas ha creado la cultura dominante, que de forma permanente nos ha enseñado a mirar con recelo y prepotencia la vida y las acciones de los indígenas. 

Y el primero que debería cambiar sus prevenciones en torno a los Nasa y demás pueblos indígenas, es el Presidente Santos, hijo de una rancia élite bogotana que siempre ha pensado que aquellos buscan crear repúblicas independientes, amparados en los derechos que la Constitución Política les brinda, por ejemplo, en torno al reconocimiento de la jurisdicción[1] especial indígena.

Estamos, pues, ante una acción colectiva que debería de servir para darle un impulso a la paz como proyecto político capaz de negarle y quitarles espacios a los combatientes y a los señores de guerra que desde ámbitos estatales y privados (empresarios nacionales e internacionales) siguen auspiciando una guerra que ya completa 50 años. Por ello, es hora de decirles a las fuerzas enfrentadas y a sus soportes ideológicos, políticos y económicos, que su tiempo ya pasó y que ahora es el turno para el discurso y las acciones de paz.

El epígrafe de esta columna bien podría servir para iniciar el proceso de comprensión de las acciones políticas de un pueblo indígena que se cansó de la guerra y que demuestra no tener miedo a los combatientes.

Los movimientos urbanos cercanos y amigos de la paz negociada podrían apreciar y ver las acciones colectivas de los Nasa como una iniciativa ciudadana, civil, capaz de abrir caminos distintos a los que plantea la guerra. Es hora de buscar coincidencias y encontrarnos con los indígenas en una causa, un anhelo y un sueño que es compartido por millones de colombianos que aún no saben qué es eso de vivir en paz.

---

[1] “Artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán  ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas  y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá  las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. A tener en cuenta otros artículos de la Carta Política como el 7, 8, 10, 11, 12 y el Artículo 22, que señala que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Carta Política de Colombia.

La reforma y la Tutela

Reproduzco un texto del sitio web de Movimiento politico Marcha Patriotica, en especial el argumento 6 me ha parecido grave: se podria impedir o limitar el derecho a la tutela ante el estado por parte de los ciudadanos, lo cual terminaria por posibilidar la inoperancia del estado en la garantia y protecion de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin tutela que pasaria con el ya maltrecho derecho a la salud o a la educacion... o con los servicios publicos??? Se impondria la pura ley del mercado y solo quien paga podria acceder a los derechos... y el resto?? pues si te enfermas te toca morir, si el estado abusa pues agunata en silencia... Que no nos tapen con la noticia de la impunidad parlamentaria (que es muy grave) que el verdadero y mas grave peligro de la reforma es la limitacion a la tutela, botin que desde hace años busca la derecha en colombia con sus constantes manoseos a la constitucion de 1991, y que todos los democratas debemos defender como mecanismo para la proteccion de los derechos fundamentales de los ciudadanos

Por: Junta Patriótica Nacional

1. Se llama reforma a la justicia a: Corrupción, impunidad y encubrimiento de crímenes de las élites gobernantes

La denominada reforma a la justicia no es más que una contrarreforma política a la Constitución de 1991, que se hace desde las élites del Estado, con el fin de blindarse en los procesos judiciales que se siguen en su contra por los escándalos de corrupción y para-política. Corrupción, impunidad y encubrimiento de crímenes de las castas gobernantes se convierten así, en su columna vertebral. Paradójicamente muchos de los investigados en estos procesos, son los que hacen la reforma de la cual ellos serán beneficiarios. Lastimosamente, La reforma a la justicia termina siendo un cambalache entre clase política y magistrados de altas cortes que no resuelven los problemas de los ciudadanos.

La clase política le otorga a las altas cortes el 12- 70 (12 años de judicatura y 70 años de retiro forzoso) y a cambio, en una lógica Do ut des (te doy para que me des) la clase política se blinda contra los propios jueces y contra las y los ciudadanos. Se entrega a la clase política la vigilancia de la conducta de los jueces, funcionarios judiciales y abogados (que son también un elemento importante la administración de justicia, como lo ha declarado la ONU), ya que el consejo nacional de disciplina judicial se elige por el Congreso de la República. Se convierte así en un instrumento para tener jueces y abogados dóciles a los intereses de la clase política, los derechos de los ciudadanos son los más afectados.

2. El gobierno sigue quitándole recursos a la justicia para asignárselos a la guerra:

El gobierno no asigna los recursos para que la administración de justicia pueda defender los derechos de los ciudadanos. Una verdadera reforma, por ejemplo, asignaría un porcentaje mínimo del presupuesto nacional que resuelva definitivamente el tema de la falta de recursos. Actualmente el Estado colombiano invierte más del 4.2% del PIB en presupuesto para la guerra, eso es, más de 20 billones de pesos cada año; una guerra que genera desplazamientos, pérdidas de vidas humanas, territorios; mientras asigna menos del 0.4% del PIB (menos de 2 billones de pesos anuales) a la justicia.

3. Privatiza el derecho fundamental a la justicia:

Esta reforma continúa con la tradición del neoliberalismo que privatiza los derechos fundamentales de los colombianos. Tal como ha venido ocurriendo con el Derecho a la educación y el Derecho a la salud, la reforma concibe la Justicia como un “servicio público” que pueden prestar agentes privados, y no el Estado garante de derechos.

No hay duda que la justicia privada no da a los ciudadanos las mismas garantías en sus derechos que la justicia oficial del Estado. Se acentúa el proceso de quitarle a la rama judicial la administración de justicia para entregarlo a privados, llámense centros de conciliación y arbitraje, (que se han venido ampliando para casos como el del TLC con Estados Unidos), notarías y funcionarios de notarías y abogados en ejercicio.Se utiliza el argumento falaz y mendaz, de que habrá más administradores de justicia pero ni el propio constituyente confía en estos administradores, ya que los recursos contra sus decisiones se le entregan a la rama judicial; de manera que lo que en un primer momento aparece como descongestión, en un segundo momento vuelve a congestionar la administración de justicia. Por esa razón adicional era mejor fortalecer la justicia oficial desde el primer momento.

4. Se limita el acceso a la justicia de las gentes del común:

Se impide el acceso a la justicia de muchos ciudadanos, ya que se les obliga a pagar aranceles judiciales, lo que lógicamente afecta a los más pobres. Históricamente se ha luchado porque los ciudadanos tengan acceso a la justicia y no hay duda que el pago de aranceles impide ese acceso a la justicia. Con esta reforma se constitucionaliza una limitación al acceso a la justicia.

se legaliza la vulneración de los derechos de las gentes del comun: Para el ciudadano, para el hombre y mujer de la calle, para las gentes del común, la reforma a la justicia, paradójicamente es fuente de mayor injusticia, de la legalización de la vulneración de sus derechos. Veamos algunos ejemplos: el artículo primero de la reforma consagra una privación de la libertad o detención administrativa de los ciudadanos, bajo un pretexto fútil que después será utilizado políticamente, la prevención del delito o la protección del propio detenido. La detención en el Estado de derecho debe ser la culminación de un proceso judicial, producto de una sentencia definitiva. La detención preventiva para investigar un delito es ya una anormalidad dentro del Estado de derecho, viola su espíritu y su filosofía y una privación de la libertad como la que se propone por fuera de un proceso judicial es doblemente violatoria de los principios fundamentales del Estado de derecho.

5. Los derechos de la gente del común no podrán ser tutelados ante el Estado:

La reforma judicial o contra reforma política, es peligrosa no solamente por lo que hace; sino también por lo que no hace por los derechos de los colombianos. En el estado de derecho los ciudadanos se deben poder defender ante los gobiernos, ante los congresos pero también ante los jueces, ya que los jueces también pueden ser violadores de derechos de los ciudadanos y la soberanía es del pueblo y no de los jueces. Por esa razón no puede quedar duda que los derechos de los ciudadanos tienen que ser tutelados ante los gobiernos ante los congresos y también entre los propios jueces.

7. Se profundiza el desequilibrio de poderes:

La contra reforma político- jurídica, Permite la injerencia del poder ejecutivo en el gobierno de la rama judicial, debido a la presencia del Ministro de Justicia en la misma; Una reforma democrática de la justicia debería contemplar un órgano de gobierno democrático, con representatividad de los diferentes estamentos relacionados con la justicia y de los usuarios de la misma sin injerencia del legislativo ni del ejecutivo.

8. Sin justicia no habrá paz:

Esta reforma manifiesta que el gobierno no tiene voluntad de paz con la gente común, por el contrario, limita, privatiza y congestiona la justicia, garantizando la impunidad y el índice en aumento de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Santos en Rio + 20

Mientras gobierno Santos asume un discurso ecologista en Río+20, en Colombia permite acabar con reserva forestal del Chocó: Clara López

El discurso internacional del gobierno de Santos en materia medioambiental constituye la antítesis de su política en esta área en el nivel nacional, lo cual le resta solidez y credibilidad, sostuvo la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, durante la rueda de prensa que convocó para referirse a las implicaciones de la Cumbre Río+20 organizada por Naciones Unidas.

La dirigente política destacó que si bien esta es una gran cumbre por el alto nivel de sus asistentes, no obstante sus resultados son en buena medida negativos porque no se asumen mayores compromisos.

El caso colombiano es patético, dijo López Obregón al señalar que si bien el gobierno de Santos tuvo incidencia en proponer un documento en el que se recogen los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el ámbito interno, hace totalmente lo contrario de lo que se plantea en el mismo.

En efecto, mientras internacionalmente se propone desarrollar políticas de sostenibilidad ambiental, en Colombia se impulsa la denominada locomotora minera a favor del interés financiero transnacional con proyectos de explotación a gran escala que son sumamente depredatorias como lo que está sucediendo en este momento en el departamento del Chocó, precisó la presidenta del Polo Democrático.

“El cura tiene que practicar lo que predica”, explicó López Obregón y en el caso del Chocó la inconsecuencia del gobierno de Santos es de una gravedad absoluta porque se está atentando contra una de las reservas forestales y fuente de agua más importantes no solo de Colombia sino del planeta.

“Ahí se va a cometer un ecologicidio. En contra de lo que se predica en Río+20, se va a feriar el bosque húmedo tropical de este departamento a favor de las transnacionales mineras. Se están entregando 88 títulos mineros que representan 209 mil hectáreas; 336 mil hectáreas más han salido a licitación de zonas mineras estratégicas; se estudian conceder 434 títulos adicionales que constituyen 878 mil hectáreas. En total son 1 millón 424 mil 060 hectáreas que serán explotadas en el Chocó”, explicó López Obregón, con soportes oficiales en la mano.

Lo que se viene en consecuencia, coligió, es la depredación de la reserva forestal del Chocó por efectos de la irracional explotación minera a gran escala.

Así mismo, la presidenta del Polo llamó la atención sobre la negligencia del gobierno colombiano por formalizar la minería ilegal que en solo 2011 produjo en el Chocó 28 toneladas de oro, es decir, dos billones de pesos, de los cuales no vio ni un centavo las rentas de este departamento.

“Si queremos desarrollo sostenible a nivel mundial tenemos que empezar por casa. La locomotora minera tiene que adecuarse a los principios que estamos pregonando internacionalmente. El discurso del gobierno colombiano tiene que ser compatible con las acciones y las mismas en el nivel interno dejan mucho que desear”, puntualizó López Obregón.

Junio 21 de 2012.

A ¿QUIÉN LA CONVIENE LA DEBILIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO? (II)

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


La debilidad del Estado se debe por el actuar de interesados sectores que directamente se vinculan con fuerzas del control político y económico global y local y por factores que sucesivos gobiernos lograron naturalizar de tal forma, que la incompetencia estatal se convirtió en un elemento de transacción política bipartidista, con el claro propósito de mantener el statu quo.

Dentro de dichos factores se encuentran la incapacidad de controlar las fronteras internas, el no poseer el monopolio de las armas y la ineficiente función pública, en especial en territorios alejados de Bogotá y de otras capitales.

La labilidad del Estado se puede evidenciar en la fragilidad institucional para resolver no sólo problemas que se enmarcan en la sociedad, sino también en su debilidad para confrontar los intereses que provienen de fuerzas que le superan en poder y en capacidad de decisión. Claro que de fondo hay un asunto de dignidad que compromete el carácter y la capacidad de negociar y de imponer una idea de nación de nuestra clase dirigente. Aceptar las recetas del FMI o la injerencia del Banco Mundial es una muestra de ese lábil carácter de gobiernos, clase dirigente y política. Los impactos son claros: diseño institucional acorde a las imposiciones de dichos organismos internacionales.

Las débiles estructuras estatales sirven para reproducir instituciones como el clientelismo, que resulta de viejas transacciones políticas entre representantes de los partidos tradicionales, políticos, comunidades y por supuesto, con empresarios y demás actores de la sociedad civil. Esta misma, al legitimar la precariedad del Estado, adquiere ese carácter en tanto no es capaz de proveer óptimas condiciones para un mercado interno con claro beneficio colectivo, así como para construir puentes comunicativos con el Estado.

El diseño y el funcionamiento institucional estatal está sujeto a la racionalidad clientelar y a una suerte de cultura organizacional promovida por funcionarios públicos y políticos que buscan llegar al Estado no para servir o ayudar a que éste se legitime, sino para aprovechar beneficios o simplemente, para mostrar la efectividad de las redes clientelares aupadas desde el Congreso, los partidos y movimientos políticos, instituciones que al reproducir la ineficiencia y la ineficacia estatal, aseguran su permanencia más por la fuerza del diseño constitucional y la tradición republicana, que por su reales aportes a la democracia y al cumplimiento de lo estipulado en la Carta Política.

El Estado colombiano, contrario a lo que se pretendió mostrar a lo largo de las dos administraciones de Uribe Vélez, no ha dejado de ser débil, violento, precario, ineficiente, incapaz y premoderno, porque es el resultado de un proceso histórico en el que sectores, o reducidas élites, lo concibieron para mantener condiciones de estabilidad del proyecto de país que ellas mismas concibieron y que defienden a dentelladas.

De este modo, y sin contar con un proceso revolucionario capaz de generar una idea distinta y dignificante de país, de nación, a partir, por ejemplo, del respeto a una diversidad cultural reconocida tardíamente, el Estado colombiano se elevó como un orden social, político, económico y cultural con un claro carácter privado que desde siempre anuló el sentido de lo público que deviene con la acción estatal.

Ha sido un proceso de edificación estatal que recoge las posturas y visiones de la élite bogotana y las regionales que históricamente se han avergonzado de compartir territorio con indígenas, negros y mestizos y que han tranzado con fuerzas ilegales (narcotráfico y paramilitares) para mantener el Establecimiento. Esa circunstancia de doble Estado no sólo es aceptada y promovida por los poderes y por la élite bogotana, sino por extensos grupos de ciudadanos que creen que el Estado se hace fuerte, actuando de la mano de poderes de facto, de fuerzas ilegales, de criminales.

De allí que insista en que el funcionamiento y la existencia misma del Estado se sostiene más en el diseño constitucional y en la tradición moderna, que en una idea de país y de nación compartida no sólo por el grueso de la población colombiana, por los actores de la sociedad civil, sino por tres poderes públicos que actúan cada uno cuidando su autonomía, pero manteniendo, por acción u omisión, la incompetencia de un Estado que arrastra no sólo problemas estructurales, de diseño e implementación institucional, sino culturales que se expresan en los discursos y en las actuaciones de quienes por largo tiempo han ocupado diversas instancias de poder y por quienes por largo tiempo han sido sus víctimas.

Lo cierto es que sucesivos gobiernos, conscientes de la precariedad estatal, han creído que esa negativa circunstancia se supera con el fortalecimiento de las fuerzas armadas y el decisivo enfrentamiento de las guerrillas, así como con la creación de institutos, departamentos e instituciones que operativa, técnica, legal y políticamente nacen con problemas por cuanto resultan no sólo de la improvisación o de la fusión de otras, sino porque son producto de tradicionales formas de transacción política (electoral), que replican prácticas organizacionales alejadas de un sentido de lo público suficiente para generar un imaginario positivo del Estado.

Subsisten, entonces, elementos identitarios que históricamente muestran, de un lado, la inconformidad por la existencia de un Estado débil, pero por el otro, la aceptación de esa condición como opción de poder para quienes desde la tradición vienen imponiendo una idea de Estado, de país y de nación, acorde a sus interesadas concepciones y actuaciones.

¿POR QUÉ SALIÓ VIVIAN MORALES?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En la caída de la Fiscal General de la Nación, Vivian Morales, confluyen hechos políticos, jurídicos, mediáticos y de género, en los que claramente se evidencian problemas en la institucionalidad, así como en las prácticas culturales bajo las cuales asumimos y aceptamos el papel de la mujer. Pero también es preciso visibilizar la intención del uribismo de tumbarla, buscando con ello torpedear la acción de la justicia, a juzgar por el papel que venía cumpliendo la Fiscal en contra de varios miembros de esa ‘colectividad’.

La providencia del Consejo de Estado deja entrever, primero, que no existe diálogo entre las altas cortes si tenemos en cuenta que la decisión de la Corte Suprema de Justicia, soportada en un ligero cambio en las reglas internas, bien pudo consultarse en aras de poder evitar este doloroso desenlace.

La autonomía de cada una de las altas corporaciones no se pone en riesgo si se da un diálogo sincero entre ellas, especialmente cuando una de ellas debía tomar decisiones en un contexto turbulento como el que había cuando la Corte Suprema de Justicia votó y eligió a Vivian Morales, de una terna enviada por el Presidente Santos. La interinidad de la Fiscalía ante la dificultad de elegir uno en propiedad, por el agrio enfrentamiento entre Uribe y los magistrados de la CSJ, resultó ser un argumento y un factor contextual de gran peso para modificar el mecanismo de elección y voto y de esta forma darle al país y a la institucionalidad un respiro eligiendo en propiedad a la actual Fiscal General.

No creo que las decisiones de los magistrados se hagan en estricto derecho. No. Hay razones políticas y de contexto que resultan determinantes a la hora de emitir fallos. Sin duda, los magistrados de la CSJ que votaron en la elección de la Fiscal, recogieron el sentir de una opinión pública y de varios sectores de la sociedad civil, que veían con preocupación la larga interinidad en la Fiscalía, originada por los conflictos entre los magistrados y el entonces Presidente Uribe.

Y así como los magistrados de la CSJ pudieron mirar y sentir el contexto político que les demandaba una pronta decisión, los propios del Consejo de Estado bien pudieron revisar el complejo contexto judicial y político en el que estaba actuando con severidad y seriedad la Fiscal, Vivian Morales. Una revisión juiciosa y responsable de ese delicado entorno, muy seguramente no hubiera terminado en la salida abrupta de Viviane Morales de la Fiscalía General de la Nación.

Sin duda, hay hechos políticos de fondo que hacen dudar que el auto del Consejo de Estado se diera en estricto derecho. En primer lugar, aparece la molestia que subsiste en dicha corporación en relación con el gobierno de Santos, por el proyecto de reforma a la justicia. Y en segundo lugar, las presiones de un uribismo que a toda costa quiere evitar que los procesos que directamente llevaba la Fiscal, se engaveten y queden ad portas del vencimiento de términos o en el peor de los casos, en manos de un nuevo fiscal, que ayude a los ex funcionarios de Uribe Vélez, comprometidos en graves hechos punibles que la Fiscal seguía con especial diligencia.

Pero en la caída de la Fiscal no sólo hay elementos políticos y jurídicos, sino de género. Diferencias de género aupadas por columnistas bogotanas que borraron los límites entre las esferas pública y privada, elevando el matrimonio de Vivian Morales con Carlos Alonso Lucio, como un factor moral, ético y político inconveniente para el cumplimiento de sus funciones. Nada más falaz y equívoco. Pero al parecer, les funcionó.

No hay forma de demostrar que la condición de género haya servido de argumento a los magistrados que votaron a favor de la salida del cargo de Vivian Morales. Pero es perfectamente posible que aún persista en la racionalidad masculina esos miedos y resquemores hacia aquellas mujeres que alcanzan poder y que rompen con los roles tradicionales que la cultura machista dominante ha impuesto históricamente a la mujer.

Con el auto del Consejo de Estado, el Presidente de la República tiene la oportunidad de seguir tomando distancia de ese uribismo del que se sirvió para llegar a la Presidencia, poniendo el nombre de Vivian Morales en la terna que debe enviar a la Corte Suprema de Justicia, para que allí se elija la nueva o el nuevo Fiscal General de la Nación.

Y cuando la terna llegue a la CSJ, y si en ella está el nombre de la incómoda Fiscal Morales, los magistrados deben volver a elegirla, ojalá con los procedimientos internos acordados, pues por el momento, no hay circunstancias contextuales que los obliguen a revisarlos y a cambiarlos, pero sí existe la urgencia de evitar una interinidad en la Fiscalía que sólo puede favorecer a los corruptos y a quienes en y desde el gobierno de Uribe Vélez, violaron las leyes y la Constitución.

DISQUISICIONES EN TORNO AL COMUNICADO DE LUIS CARLOS RESTREPO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


El comunicado, carta o pronunciamiento de Luis Carlos Restrepo, desde la clandestinidad, ubica a este gris y taimado ex funcionario del nefasto régimen uribista, en la misma línea de acción política y pre política de agrupaciones al margen de la ley como las Farc y el ELN.

No es paradójico que Luis Carlos Restrepo, ex comisionado de paz y político de derecha, asuma y apele a las mismas formas comunicativas y discursivas de personajes como ‘Timochenko’, para tan sólo nombrar al hoy líder de las Farc.

Estamos ante una postura propia de fascistas, de individuos que miran con desdén la política y que la desconocen hasta tal punto, que desde guaridas y escondites, invitan a modificar el orden social y político, desconociendo los puntos de vistas y las apuestas de diversos grupos de la sociedad civil e incluso, desconociendo lo que la misma sociedad colombiana pueda pensar, alrededor, por ejemplo, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Al ubicarse en la ilegalidad, lo propuesto por Restrepo adquiere el carácter de arenga, pero por sobre todo, expone el tono desafiante con el que un ex funcionario no sólo desconoce las instituciones y las prácticas democráticas, sino que elimina la política en tanto lo procedimental y lo discursivo de esta (lo político), invitando a omitir la autoridad y la legitimidad de un gobierno, así como la viabilidad de un Estado.

Con los mismos mezquinos intereses de las Farc, Restrepo, el ex comisionado de paz de Uribe Vélez, sugiere a sectores de derecha y de extrema derecha, a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de derogar la actual constitución política o de someterla a ajustes, que claramente buscan favorecer a sectores reducidos y privilegiados de la sociedad política.

Leamos apartes del comunicado de Restrepo: “Reconocer que el uribismo se equivocó al elegir a Santos. En el 2010 se ganaron las elecciones, pero se perdió el gobierno. Iniciar de inmediato una campaña contra la reelección de Santos, bajo el lema: “No a la reelección de la mentira”.Iniciar un proceso de cara al país, a fin de encontrar 3 candidatos para el 2014: a) un candidato presidencial; b) cabeza de lista de Senado; c) cabeza de lista para una Asamblea Nacional Constituyente. Decir con claridad que buscamos retomar el gobierno aspirando a un período de 8 años, reelección presidencial incluida”[1].

Vamos por partes. En primer lugar, confunde la voluntad política de los electores que votaron por Santos y cuyos sufragios lo llevaron a la Presidencia, con la entrega del aval que tanto Uribe como su perniciosa colectividad le confirieron al entonces candidato presidencial, Juan Manuel Santos Calderón, por considerar que recogía las ‘tesis’ de Uribe y del uribismo. Supone, entonces, que hubo traición por parte de Santos, lo que de inmediato valida cualquier acción, legal e ilegal, que se piense en torno a castigar la felonía Santista.

A renglón seguido, convida a oponerse a la reelección del actual Presidente, desconociendo no sólo el contexto en el que se dio el giro constitucional que facilitó la reelección presidencial inmediata de su jefe Uribe, sino invalidando tanto la aspiración legítima del actual Presidente en querer gobernar por cuatro años más, como el deseo de quienes hoy piensan en premiar la gestión de Santos, votando por él en el 2014, para un segundo periodo.

Luego, desvirtúa el carácter que tiene la Asamblea Nacional Constituyente, en especial con el que tuvo este mecanismo en 1990, a juzgar por la reconocida debilidad de las instituciones del Estado, que lo hicieron caminar hacia el vacío, hasta hacerlo ver como un Estado en camino de convertirse en fallido. Altera el talante de ese camino institucional y legítimo, al pensarlo y proponerlo de manera exclusiva a un sector político (el uribismo) que no representa las aspiraciones de todos los colombianos y que hoy está en entredicho por cuenta de investigaciones y escándalos que salpican de manera directa a quienes lideraron en el pasado los intereses de esa ‘colectividad’.

Además, insiste en el efecto negativo que dejó la reelección presidencial, es decir, en el desequilibrio de poderes, en un país con un régimen presidencialista y un Estado con una institucionalidad debilitada por el inconmensurable poder que concentra la figura presidencial y por la racionalidad mafiosa con la que suelen actuar los partidos políticos a través de las bancadas dentro del Congreso.

Deja ver Restrepo su real condición, que lo ubica, insisto, en la misma línea de acción política y pre política de fuerzas ilegales, que desean someter a la sociedad y al Estado a sus caprichos e ideas, soportadas más en simples y mezquinas ansias de poder, que en real compromiso de modificar sustancialmente el rumbo de Colombia.

Luis Carlos Restrepo, apodado el Dr. Ternura, dejó salir la bestia fascista que se alimentó del manantial de un Uribe que buscó a toda costa graduarse como dictador. Y ahora, desde la clandestinidad y en su condición de prófugo de la justicia, desea cambiar las reglas, las estructuras de poder, el orden social y político, no exclusivamente para evitar o evadir para él la acción de la justicia, sino para regresar al país al sendero del Estado de Opinión con el cual Uribe Vélez pretendió ‘superar’ y desmontar el Estado Social de Derecho.

Pero revisemos otros apartes del pronunciamiento del ex comisionado de paz del gobierno de Uribe Vélez: “…Constituyente debe abordar, entre otros temas, una reforma a la Justicia para dar garantías legales a los miembros de la Fuerza Pública, y acabar con el carrusel de pensiones y la corrupción en Tribunales y Cortes. Plantear un debate público en torno al futuro del Partido de la U, o si se debe formar una nueva colectividad política. Si se decide continuar con el Partido de la U, debe hacerse una reforma de estatutos que incluya la Seguridad Democrática en sus principios ideológicos”[2].

Restrepo propone una reforma a la justicia que muy seguramente va en camino de su sometimiento, tal y como lo intentó su jefe político y amigo, Álvaro Uribe Vélez. Insiste el ex comisionado en entregar más y mayores garantías a los miembros de la fuerza pública, atajo predilecto de falsos demócratas, para reducir las garantías constitucionales a los ciudadanos, para limitarles el poder de exigir respuestas y el cumplimiento al Estado de sus responsabilidades. Todo, con el ánimo de edificar una relación clientelar entre el Presidente y los ciudadanos, soportada, por supuesto, en la sumisión de estos a los buenos deseos del mandatario.

Sobre el tema del Partido de la U, parapeto ideológico en donde se refugió hábilmente Santos y sobre el cual Uribe Vélez montó una suerte de guetto desde donde redujo el Estado a sus caprichos y debilitó aún más la institucionalidad, el ex comisionado de paz propone que la política de seguridad democrática se eleve a principio ideológico y fuente de acción política de los políticos que deseen militar en dicha colectividad. La propuesta programática deja atrás los infaustos resultados que dejó la aplicación de dicha política pública, en especial en materia de violación de los derechos humanos (falsos positivos), la desaparición forzosa y las interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y detractores del régimen uribista que mandó entre el 2002 y el 2010. Es decir, por cuenta de la propuesta de este prófugo de la justicia, una política y unos procedimientos que dieron como resultado la violación de derechos y libertades ciudadanas y el desmonte del Estado de derecho deben convertirse en principios orientadores de un partido político. Con ello, la violación de los derechos humanos y el desconocimiento del orden jurídico se convertirían en una doctrina política e ideológica, a todas luces en contravía de principios constitucionales y democráticos. Sería la legitimación de la barbarie.


[1] http://www.semana.com/nacion/texto-atribuido-restrepo-convoca-campana-contra-juan-manuel-santos/172133-3.aspx


[2] Ibid. http://www.semana.com/nacion/texto-atribuido-restrepo-convoca-campana-contra-juan-manuel-santos/172133-3.aspx

SANTOS Y EL VIEJO PROBLEMA AGRARIO EN COLOMBIA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


En un régimen presidencialista como el que funciona en Colombia, la figura del Presidente suele ser venerada por quienes desde disímiles poderes regionales, legales e ilegales, agencian su sostenimiento, a pesar de los problemas políticos que este régimen genera, es especial por el tipo de relaciones que suele construir con los otros dos poderes públicos.

Si bien el Presidente concentra en él la unidad nacional y máximos poderes administrativos, en un país de países como Colombia, con un Estado débil y precario, las acciones de gobierno, encarnadas o no en un proyecto político individual o colectivo, no siempre son atendidas en regiones en donde persisten poderosos intereses de quienes en el pasado apelaron a la violencia o han sido cómplices de ella, a través de un silencio oculto frente a injusticias y a todo tipo de violaciones a los derechos humanos y por supuesto, a la propiedad privada.

Hoy, cuando el Presidente Santos parece jugársela por las víctimas del despojo de tierras que emprendieron paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, políticos, hacendados, terratenientes, finqueros y agroindustriales, van a ir apareciendo, poco a poco, los grupos de interés que en las regiones se oponen a la idea presidencial de devolver las tierras a campesinos, afrocolombianos e indígenas, víctimas del desplazamiento forzoso, arma utilizada por la derecha y la ultraderecha, para perpetuar la concentración de la tierra en pocas manos.

La marcha de Santos en Necoclí resulta ser correcta en lo político la medida en que un Presidente, nuevamente, intenta revertir la historia de un problema agrario, que es la base del conflicto armado interno y por ende, razón de disputa de actores legales e ilegales que luchan por la tierra. Santos manda un mensaje claro, que bien puede despertar los intereses mezquinos o no, de poderosos que desde las regiones insisten en perpetuar los problemas agrarios de un país con esa vocación.

Y es allí, justamente, en esos escenarios geográficos regionales en donde el poder presidencial se diluye, cuando iniciativas como las emprendidas por Santos puedan llegar a tocar intereses tanto de grupos armados ilegales, como de hacendados, finqueros, agroindustriales y terratenientes, quienes desde la legalidad no sólo auparon el desplazamiento forzoso que emprendieron los paramilitares, sino que de manera soterrada vieron cómo se violaba el derecho a la propiedad de cientos de miles de campesinos y gente pobre. Resulta curioso que esos mismos grupos de poder históricamente le han pedido al Estado que les garantice la propiedad privada, que ellos vieron como se violentada a terceros y frente a la que guardaron completo mutismo.

Así las cosas, el reto de Santos en materia agraria es mayúsculo pues él sabe que su poder político tiene límites no sólo en los poderes tradicionales y de facto que sobreviven en regiones como el Valle del Cauca y la costa Atlántica, entre otras, que apoyaron su candidatura y que de seguro apoyarán su reelección, sino en la debilidad institucional del Estado para hacer respetar la ley y la propiedad de pequeños propietarios de tierras.

Hay que insistir en una reforma agraria sobre la base de un proyecto de nación que reconozca que la violencia es el arma que grupos y familias poderosas usaron en el pasado para despojar a negros y campesinos de sus tierras. Y a partir de allí, pensar realmente en el tipo de desarrollo rural que se quiere para Colombia, estimando, por supuesto, el tipo de vocación de los suelos y los efectos ambientales que genera la puesta en marcha, por ejemplo, de la ganadería extensiva, los monocultivos (caña de azúcar y palma africana) y los proyectos agroindustriales.

Y en ese revisar el tipo de desarrollo, hay que repensar la seguridad alimentaria, venida a menos tanto por la extensión de monocultivos, legales e ilegales, como por la agroindustria y la potrerización de extensas zonas en el país. Es clave, entonces, diseñar planes de producción de alimentos que beneficien a la población. Insistir en la producción frutas y hortalizas, que aseguren no sólo una vida digna a quienes las cultivan, sino precios bajos a quienes las consumen. Ese sería un buen inicio.

Al final del mandato Santos veremos si la ley de restitución de tierras quedó en una simple marcha de Santos en Necoclí y si su real poder político se diluyó entre las manos sucias de los propios políticos que hoy hacen parte de la Unidad Nacional, sobre los cuales recaen múltiples responsabilidades por el largo proceso de despojo de tierras que emprendió la empresa criminal más grande de la historia de Colombia: el paramilitarismo. Y al final, a lo mejor confirmamos que la figura del Presidente y su real poder para modificar este estado de cosas injustificable e insostenible, simplemente sirve para perpetuar lo que de tiempo atrás se hace mal en las regiones o en los otros países que subsisten dentro del territorio colombiano.

DE TRIUNFOS, DERROTAS Y CONSTATACIONES DESPUÉS DE LA JORNADA ELECTORAL

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Terminó una jornada electoral más en Colombia. Los comicios del 30 de octubre de 2011 confirman que en Colombia tenemos una democracia electoral que se sirve de las desigualdades sociales, de la exclusión y del poder de gamonales y ‘barones’ electorales que saben muy bien que sin estas condiciones sociales y culturales, jamás tendrían cómo sostener el poder político en regiones, ciudades y pueblos. Por ello, se trata de una democracia débil, que cada cierto tiempo se legitima, más por la fuerza de la costumbre, que por la ampliación misma de las condiciones democráticas que se esperaría que asegurara un Estado social de derecho.

Nuevamente constatamos que los colombianos exhiben una baja cultura política, asociada, claro está, a prácticas clientelistas, sostenidas en intereses familiares o personales, que ahondan más la crisis de la política y aseguran, por ese camino, el empobrecimiento de lo político, que en tanto discurso, se empobrece en un diálogo interesado y asimétrico entre elegidos y electores en el que sobresalen las peticiones de puestos, becas y proyectos, entre otros.

Unos y otros reproducen las condiciones de una nación, de una sociedad, de un país en el que cada uno de nosotros busca, a toda costa, sobrevivir, así ello implique someter, expoliar y amedrentar a todos aquellos que aparezcan como detractores o que simplemente obstaculicen la consecución de nuestros propósitos individuales.

Con cada jornada electoral, el país evidencia su histórica debilidad institucional ante lo que parece ser un lastre difícil de superar: los delitos contra el sufragio. Compra de votos, constreñimiento al elector, clientelismo y trashumancia electoral, entre otros, son prácticas institucionalizadas en el electorado, en los partidos y movimientos y por supuesto, en los candidatos, lo que sin duda muestra no sólo la debilidad de las instituciones del Estado para impedir la comisión de dichos delitos electorales, sino la pobreza de criterio de unos electores arrinconados por las incertidumbres laborales, sociales, por la necesidad de trabajo y educación y hasta por el hambre.

Seguimos siendo una sociedad premoderna. Las élites confirman su desinterés de liderar un proyecto de nación incluyente, pues andan dedicadas a mantener y extender privilegios. Y los proyectos emergentes que en muchas regiones les disputan el poder político, entran en el juego político y electoral para buscar, con la misma avidez y mezquindad, alcanzar poder económico y político que les permita vivir del Estado tal y como lo han hecho históricamente esas élites que aquellos emulan.

Sobre ese marco cultural e institucional hay que entender lo sucedido el domingo 30 de octubre. Hago referencia a lo sucedido en Cali, el Valle del Cauca y Bogotá, territorios en los que se reproducen las dificultades de las instituciones democráticas y en general, las de un Estado precario, premoderno y cooptado por el paramilitarismo, el narcotráfico y por reducidas familias que lo han privatizado y lo tienen para su servicio.

Para destacar, la derrota político-electoral de Uribe Vélez, quien buscaba erigirse como un ‘barón’ electoral. Con este resultado, Juan Manuel Santos se libera de un problema político en lo que será, dentro de poco, su búsqueda de la reelección presidencial. Aunque Uribe no está totalmente fuera de carrera, sí quedó mal herido. Poco a poco el encumbrado y amedrentador uribismo se desvanece ante la debilidad de estos tipos de liderazgos, asociados más que a ideas y proyectos, a la compra de conciencias a través de contratos y entrega de ayudas a los más necesitados. Es decir, se respetan mientras ostenten poder y Uribe debe aceptar que ya no lo tiene y que hoy, en su condición de ex mandatario, debería de buscar refugio en El Ubérrimo.

También hay que señalar que la parapolítica, a pesar de la acción de la justicia y de las denuncias de los medios masivos, sigue viva en la Costa Atlántica, en el Valle del Cauca y en Casanare, a juzgar por el demostrado poder que aún mantiene Juan Carlos Martínez Sinisterra y sus ungidos, apoyados por los movimientos MIO, Afrovides y PIN.

Aunque el ex senador Martínez sufrió reveses por cuenta de la derrota de varios de sus candidatos, los tres movimientos políticos logran mantenerse en la escena política nacional, lo que no deja de ser un atractivo caudal electoral, incluso, para el mismo Santos, que desde la llamada Unidad Nacional ha recibido el apoyo, no agradecido públicamente, de los congresistas del PIN.

En cuanto al categórico triunfo de Petro, con el que logró llegar a la Alcaldía de Bogotá, hay que decir que no se trata de un triunfo de un hombre de izquierda, sino de un estratega político que supo tomar decisiones a tiempo, como la de retirarse del Polo y denunciar lo del carrusel de las contrataciones, para crear la micro empresa electoral Progresistas, con la que hizo alianzas con varios sectores, incluyendo de la derecha, para alcanzar su objetivo. A Petro hay que ubicarlo en el Centro y caracterizarlo como un proto mesías, como un megalómano al igual que Peñalosa, Uribe y Mockus. Veremos en qué queda su intención de darle al Movimiento Progresistas un alcance nacional.

La victoria alcanzada por el ex militante del Polo Democrático Alternativo (PDA) se da, así él mismo no lo reconozca jamás, por los avances que en materia social logró el Polo Democrático Alternativo en la capital de Colombia, a través de los mandatos de Garzón, Moreno y la buena imagen que tiene hasta el momento y que de seguro capitalizará en el futuro, la alcaldesa encargada, Clara López Obregón. Es decir, muchos de los votos logrados por Petro en esta contienda electoral están soportados en el trabajo y en los programas sociales que diseñaron y ejecutaron sus ex compañeros del PDA.

Para el caso de Cali y el Valle del Cauca hay que señalar que el triunfo logrado por Guerrero en la Alcaldía es el resultado de una coalición de intereses, de apetitos burocráticos y del afán de familias tradicionales, de recuperar para sí el poder local, en manos, durante varios años, de proyectos políticos emergentes (los de Apolinar, John Maro Rodríguez y Jorge Iván Ospina), que las mantuvieron en una larga sequía de contratos y de beneficios. Ya en el poder, a las élites locales les espera un complejo ejercicio del poder de un alcalde comprometido con diversos sectores y tendencias políticas. Recordemos que tendrá que gobernar con los intereses del saliente alcalde Jorge Iván Ospina, ante la adhesión de su candidato Argemiro Cortés, de igual forma que lo deberá hacer con los propios intereses de Dilian Francisca Toro, Sigifredo López y Clara Luz Roldán, entre otros.

Es decir, la administración de Guerrero no tiene el camino fácil pues deberá responder por el hambre burocrática de quienes adhirieron a su campaña, sin desconocer la voracidad de poder de las élites que lo respaldaron y que lo llevaron finalmente al poder.

En lo que toca a la gobernación del Valle, el triunfo de Useche De la Cruz hay que mirarlo en perspectiva de los intereses de Juan Carlos Martínez Sinisterra y del anterior y sancionado ex gobernador Juan Carlos Abadía. Huelga decir que el señalado ex congresista apoyó, en el pasado, aventuras electorales de hijos de la élite que hoy celebra la recuperación de Cali. Milton Castrillón, en debate televisado, organizado por RCN, señaló que una de las campañas de Kiko Lloreda a la alcaldía de Cali recibió apoyos del hoy señalado y cuestionado ‘barón’ electoral y condenado por vínculos con grupos paramilitares.


Ello constataría no sólo una crisis de liderazgo regional, una doble moral, sino el empobrecimiento de la política y de la ética pública en esta comarca, que se extiende a lo largo de Colombia. Lo cierto es que la élite recuperó la alcaldía y estará presta a hacerse con la gobernación hacia futuro. Ese será, para los próximos años, su proyecto estratégico.

Por lo pronto, se mantendrá la negativa imagen del Valle del Cauca, la crisis de liderazgo de esas familias tradicionales, de las que la historia y la tradición esperan y exigen un mejor desempeño en lo que toca con el agenciamiento de los destinos de la ciudad y de la región vallecaucana.

Con los nuevos mandatarios elegidos democráticamente, eso sí, en las condiciones de una democracia débil, difícilmente se logrará reducir la desigualdad, la exclusión y la pobreza y menos aún, avanzar en el diseño de proyectos de ciudad y de región. ¿O acaso alguien cree realmente en lo que prometieron unos y otros? Se trató, sin duda, de un simulacro más, que irá, poco a poco, alimentando el de por sí ya alto porcentaje de abstención de caleños, vallecaucanos y de colombianos que dejaron de creer en ese holograma de democracia que nos presentan cada cierto tiempo.