LA DEMOCRACIA NECESITA CIUDADANOS PENSANTES

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia

En un ambiente de polarización política como el que se vive actualmente en Colombia, generado desde 2002 por el discurso macartizante e incendiario de Uribe Vélez, bien vale la pena discutir alrededor del papel que se espera que jueguen los ciudadanos y las propias organizaciones de la sociedad civil, frente a las decisiones que en materia electoral deberemos tomar en el 2010.

El reto es grande como quiera que estamos ante una evidente crisis institucional, que se expone por la persecución política puesta en marcha por el alto gobierno contra las Cortes y sus magistrados, especialmente en contra de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Conocer ciertas circunstancias contextuales ayudará a los ciudadanos interesados, a adoptar decisiones más o menos coherentes. Entre éstas, hay que señalar el panorama mediático, pues la polarización política y la acción intimidante del Gobierno han hecho que hoy la prensa en Colombia esté, en un buen porcentaje, cooptada y comprometida con el Ejecutivo, lo que ha generado una evidente pérdida de credibilidad en la prensa nacional.

Miremos algunos ejemplos. Medios regionales como EL PAIS, Occidente y El Colombiano han dado muestras suficientes de que están con el Gobierno Uribe. Tanto así, que periodística y editorialmente hacen todo lo posible por agradar al Mandatario, censurando, si es el caso, a columnistas incómodos que, con sus textos y opiniones, ponen en riesgo el unanimismo que desde 2002 se viene edificando, con el concurso no sólo de los medios regionales, sino de los nacionales. Para la muestra tres botones: hace ya un poco más de dos años, el diario EL PAIS sacó de sus páginas de opinión al profesor Hernando Llano Ángel, crítico de la gestión de Uribe desde 2002. Igual decisión tomaría tiempo después el diario Occidente, que había acogido la pluma crítica del profesor Llano. Hace poco, El Colombiano decidió borrar de sus espacios de opinión a Javier Darío Restrepo, quien venía cuestionando al Gobierno, especialmente al Presidente por su intención de perpetuarse en el poder.

Los anteriores sucesos no se pueden entender como casos aislados, y menos aún como simples decisiones editoriales de los diarios: se trata, sin duda, de los primeros pasos para ir legitimando en Colombia el delito de opinión.

En el turbulento contexto en el que se dieron dichas censuras aparece, por supuesto, la decisión política de la prensa colombiana, con contadas excepciones, de cerrar filas en torno a un gobierno, a un mandatario que intimida no sólo a la prensa, sino a sus contradictores.

Si bien es preocupante lo que viene sucediendo con la prensa escrita, por ejemplo, EL TIEMPO hace rato viene trabajando en pro de la buena imagen del Gobierno de Uribe, lo que sucede con los noticieros privados de televisión, especialmente con RCN, es francamente preocupante. Lo mismo sucede con la radio en donde programas como La FM y la W, trabajan a diario para maquillar la imagen del Gobierno, como si tratara de verdaderos laboratorios del marketing político.

A lo anterior se suma la actividad ideológica desarrollada por las empresas demoscópicas, que con encuestas y sondeos de opinión, vienen generando estados de opinión favorables a Uribe y a su cacareada política de seguridad democrática, hasta el punto de que los colombianos parecen no concebir a un candidato presidencial que no ofrezca mantener dicha política, con todo y ejecuciones extrajudiciales y persecuciones a opositores y a libre pensadores.

Por ello hoy, del ciudadano colombiano y de disímiles organizaciones de la sociedad civil, se esperan posturas y decisiones inteligentes por fuera de las presiones que ejercen las empresas encuestadoras y el poder persuasivo de noticieros y consejos comunales. Es decir, se espera que voten a conciencia por un programa de gobierno y no por un candidato cuya imagen positiva es el resultado de maquilladores profesionales, expertos en concebir candidatos carismáticos, cuestionables por sus actuaciones pasadas, por sus ideas acerca del papel que debe cumplir el Estado social de derecho, y por supuesto, de aquellas que dan cuenta de lo que significa para éstos la igualdad y el respeto a la diferencia.

Si aceptamos como cierto el poder de penetración y de persuasión de los medios electrónicos comprometidos con la causa uribista, debemos por esa misma vía, validar lo que Sartori expresa en su libro El Homo Videns: “…los efectos de la video política tienen un amplio alcance. Uno de estos efectos es, seguramente, que la televisión personaliza las elecciones. En la pantalla vemos personas y no programas de partido; y personas constreñidas a hablar con cuenta gotas. En definitiva, la televisión nos propone personas (que algunas veces hablan) en lugar de discursos (sin personas)”.

Nada más angustiante hoy para quienes pensamos en la necesidad de discutir discursos, programas y en dialogar en torno a la idea de los deberes del estado social de derecho, que ver cómo la polarización política y el unanimismo mediático, nos arrebata la posibilidad de pensar en la necesidad de reorientar el rol del Estado, con miras a ampliar su legitimidad, procurando que el número de beneficiarios de sus acciones aumente considerablemente, haciendo posible cambiar lo que ha sido costumbre en Colombia: que unas élites han puesto a su exclusivo servicio, las organizaciones estatales.

Y es que el asunto del poder de penetración de los medios masivos debería considerarse como un factor desequilibrante a la hora de votar por una opción política. Uribe y sus seguidores lo saben, por ello usan herramientas como las encuestas para ocultar el real aporte de dos administraciones concentradas en eliminar a uno de los problemas de Colombia, pero haciendo muy poco por acabar con las circunstancias de pobreza, exclusión social y política, violencia política, entre otras, que históricamente alimentaron y alimentan aún el levantamiento armado.

Al problema de la mala calidad de la información que reciben los colombianos por vía de unos medios cooptados, se suma la oferta cultural de una televisión privada que le apuesta al empobrecimiento de la capacidad de discutir, de entender, de pensar, de discernir asuntos públicos, de unas audiencias adormecidas por las imágenes. Más grave aún es saber que dicha situación poco se ataca desde la Escuela y desde la Familia, instituciones modernas en crisis que han visto en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, en la televisión, la mejor manera de ocultar y minimizar la crisis del ser humano moderno que sobrevive en medio de incertidumbres y temores.

Si seguimos a Sartori cuando señala que la televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender, el asunto del consumo cultural que nos ofrecen debe preocuparnos; y si a lo descrito le sumamos el desinterés de una Comisión Nacional de Televisión burocratizada e inoperante por cambiar la oferta cultural televisada, y el hecho de que tenemos un Estado que en su conjunto, apenas si alcanza a garantizar el orden y la vida en todo el territorio, y además, el interés de Uribe de perpetuarse en el poder, eliminando de tajo garantías constitucionales sensibles para la democracia, los colombianos debemos ya sentarnos a pensar muy bien qué tipo de país es el que estamos construyendo para las actuales y próximas generaciones, al reelegir un proyecto de país que no ha hecho más que ahondar la brecha entre ricos y pobres, cerrar espacios para el disenso, perseguir, señalar y macartizar a quienes de forma legítima han intentado zafarse del unanimismo y alejarse de esta manera, de los forzosos consensos mediáticos.

Hoy más que nunca necesitamos mantener la cabeza fría ante un proyecto de país que conviene a los señores de la guerra, al sistema financiero nacional e internacional y a un reducido grupo humano convencido de que se vive mejor cuando no hay voces que evidencien injusticias, errores y otras formas de entender los asuntos públicos.

Nunca como antes, en la historia reciente de Colombia, la sociedad civil y millones de ciudadanos han tenido sobre sus hombros la responsabilidad de recomponer lo que por tanto años se hizo mal o, en su defecto, de insistir en mantener unas condiciones que han hecho y hacen hoy que el Estado colombiano sea calificado como inviable, ilegítimo y en vías de convertirse en fallido.

Por ello, antes de votar por candidatos simpáticos, que hablan bien y bonito, o por aquellos que vociferan, gritan, descalifican y amenazan, miremos muy bien sus proyectos de gobierno, sus actuaciones pasadas, las decisiones adoptadas en anteriores cargos públicos. Esta información, por supuesto, no la vamos a encontrar en los medios de comunicación, pues ellos sólo nos dan imágenes, hologramas. Y en política, tomar decisiones con base en hologramas, es un error mayúsculo que pone en evidencia nuestra incapacidad para entender que la democracia exige la existencia de ciudadanos y no de receptores adormecidos y anulados por las impresiones y las percepciones que nos dejan las nuevas tecnologías, la televisión y por supuesto, el discurso periodístico-noticioso.

La democracia necesita ciudadanos pensantes y no borregos mediatizados. La democracia necesita de líderes capaces de reconocer lo que se ha hecho mal y de afrontar, con valor, una cruzada para cambiar ese estado de cosas, y avanzar para dignificar la vida dentro de un territorio. Un estadista debe luchar por hacer legítimo el aparataje estatal. Un verdadero estadista abandona sus intereses personales, para servir a todos, sin que importe quiénes y cuántos lo eligieron.