por: Cristian Valencia
Y cuando se repare a los desplazados, si se hace; cuando se indemnicen, si se hace, cuando restituyan sus bienes robados, si se hace, y cuando el Estado les garantice la no repetición de tales horrores, si se garantiza, habremos dado algunos pasos para la reconciliación nacional, pero unos pasos nada más, que serán un buen cimiento para una Colombia distinta, pero nada para aplaudir; porque los horrores, esos horrores de los cuales hemos sido testigos mudos, algunos enunciados por nuestra prensa, permanecerán para siempre en la memoria de las víctimas sobrevivientes.
Pero tenemos que recorrer el camino de la reparación primero, sin duda. Y para ello, todos los colombianos debemos estar alerta y dispuestos a colaborar con las medidas que el Estado tenga a bien implementar. Entender, por ejemplo, que cuando haya un desplazado en la ciudad pidiendo auxilio es porque lo necesita y no porque sea un limosnero profesional, que viene a apoderarse de lo tuyo, a fuerza de un chantaje emocional. Ese señor, esa señora, esa familia que está en el semáforo a la intemperie, tuvo una dignidad que nadie sospecha: una tierra que cultivaba, un tejido social vivo, una alegría que le fue arrancada de tajo, una salud mental, y una manera de vivir dignamente. Y que fue por la guerra, por la maldita violencia generada por paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, políticos corruptos y nuestro silencio, por lo que se produjo ese absurdo destierro que los mandó al carajo, a esa esquina fría que hoy padecen.
A mis manos ha llegado un exhaustivo informe preparado por la Procuraduría General, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), llamado La voz de las regiones, que aborda, sobre todo, la restitución de bienes como parte de la reparación que el Estado debería implementar. En la primera parte, el libro expone todos los mecanismos, o rutas posibles, para que la restitución de bienes a la población desplazada sea una realidad. En la segunda están los análisis de contextos regionales específicos, "que buscan situar en la realidad geográfica, política, cultural, económica, social y humanística" cada una de las recomendaciones hechas. Y queda muy claro que el camino que debemos recorrer es largo, es costoso, y debe contar con el total compromiso del Estado.
Me impresionó, sobre todo, el problema agrario de este país y cómo los gobiernos colombianos desde siempre se han hecho los de las gafas. "En efecto, desde la Ley 200 de 1936 se crearon jueces de tierras para la resolución de los conflictos, pero no se asignaron los recursos para su creación", y así la seguidilla de buenas intenciones en forma de leyes que nunca se implementaron han sido las causantes, por omisión, del enorme problema de desplazamiento en Colombia. El problema, para mi gusto, es la tierra y quien la posee. El problema es un sistema catastral premoderno. El problema es que no ha habido gobierno que le meta verdaderamente el diente a una real y profunda reforma agraria en este país, reforma que redundaría en un blindaje jurídico para el campesinado nacional, en detrimento de intereses privados y de grupos armados ilegales.
La voz de las regiones es un libro que propone y sugiere los mecanismos adecuados para la restitución de tierras, primer paso de muchos que habrá que dar para terminar con el flagelo del desplazamiento en Colombia. Es triste, sin embargo, que semejante estudio no circule en librerías, no esté en todas las universidades y en todos los medios de comunicación. Porque si la información al respecto se sigue manejando en círculos tan cerrados, la gran mayoría de colombianos no entenderemos de qué va la cosa y seremos electores ciegos frente a las urnas nuevamente.
Es un problema de todos, creo yo, en la medida que hay 4 millones de desplazados dejando ver su desesperanza en la luz roja de los semáforos, que desaparecen cuando cambia a verde.
© CEET
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