Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
En la caída de la Fiscal General de la Nación, Vivian Morales, confluyen hechos políticos, jurídicos, mediáticos y de género, en los que claramente se evidencian problemas en la institucionalidad, así como en las prácticas culturales bajo las cuales asumimos y aceptamos el papel de la mujer. Pero también es preciso visibilizar la intención del uribismo de tumbarla, buscando con ello torpedear la acción de la justicia, a juzgar por el papel que venía cumpliendo la Fiscal en contra de varios miembros de esa ‘colectividad’.
La providencia del Consejo de Estado deja entrever, primero, que no existe diálogo entre las altas cortes si tenemos en cuenta que la decisión de la Corte Suprema de Justicia, soportada en un ligero cambio en las reglas internas, bien pudo consultarse en aras de poder evitar este doloroso desenlace.
La autonomía de cada una de las altas corporaciones no se pone en riesgo si se da un diálogo sincero entre ellas, especialmente cuando una de ellas debía tomar decisiones en un contexto turbulento como el que había cuando la Corte Suprema de Justicia votó y eligió a Vivian Morales, de una terna enviada por el Presidente Santos. La interinidad de la Fiscalía ante la dificultad de elegir uno en propiedad, por el agrio enfrentamiento entre Uribe y los magistrados de la CSJ, resultó ser un argumento y un factor contextual de gran peso para modificar el mecanismo de elección y voto y de esta forma darle al país y a la institucionalidad un respiro eligiendo en propiedad a la actual Fiscal General.
No creo que las decisiones de los magistrados se hagan en estricto derecho. No. Hay razones políticas y de contexto que resultan determinantes a la hora de emitir fallos. Sin duda, los magistrados de la CSJ que votaron en la elección de la Fiscal, recogieron el sentir de una opinión pública y de varios sectores de la sociedad civil, que veían con preocupación la larga interinidad en la Fiscalía, originada por los conflictos entre los magistrados y el entonces Presidente Uribe.
Y así como los magistrados de la CSJ pudieron mirar y sentir el contexto político que les demandaba una pronta decisión, los propios del Consejo de Estado bien pudieron revisar el complejo contexto judicial y político en el que estaba actuando con severidad y seriedad la Fiscal, Vivian Morales. Una revisión juiciosa y responsable de ese delicado entorno, muy seguramente no hubiera terminado en la salida abrupta de Viviane Morales de la Fiscalía General de la Nación.
Sin duda, hay hechos políticos de fondo que hacen dudar que el auto del Consejo de Estado se diera en estricto derecho. En primer lugar, aparece la molestia que subsiste en dicha corporación en relación con el gobierno de Santos, por el proyecto de reforma a la justicia. Y en segundo lugar, las presiones de un uribismo que a toda costa quiere evitar que los procesos que directamente llevaba la Fiscal, se engaveten y queden ad portas del vencimiento de términos o en el peor de los casos, en manos de un nuevo fiscal, que ayude a los ex funcionarios de Uribe Vélez, comprometidos en graves hechos punibles que la Fiscal seguía con especial diligencia.
Pero en la caída de la Fiscal no sólo hay elementos políticos y jurídicos, sino de género. Diferencias de género aupadas por columnistas bogotanas que borraron los límites entre las esferas pública y privada, elevando el matrimonio de Vivian Morales con Carlos Alonso Lucio, como un factor moral, ético y político inconveniente para el cumplimiento de sus funciones. Nada más falaz y equívoco. Pero al parecer, les funcionó.
No hay forma de demostrar que la condición de género haya servido de argumento a los magistrados que votaron a favor de la salida del cargo de Vivian Morales. Pero es perfectamente posible que aún persista en la racionalidad masculina esos miedos y resquemores hacia aquellas mujeres que alcanzan poder y que rompen con los roles tradicionales que la cultura machista dominante ha impuesto históricamente a la mujer.
Con el auto del Consejo de Estado, el Presidente de la República tiene la oportunidad de seguir tomando distancia de ese uribismo del que se sirvió para llegar a la Presidencia, poniendo el nombre de Vivian Morales en la terna que debe enviar a la Corte Suprema de Justicia, para que allí se elija la nueva o el nuevo Fiscal General de la Nación.
Y cuando la terna llegue a la CSJ, y si en ella está el nombre de la incómoda Fiscal Morales, los magistrados deben volver a elegirla, ojalá con los procedimientos internos acordados, pues por el momento, no hay circunstancias contextuales que los obliguen a revisarlos y a cambiarlos, pero sí existe la urgencia de evitar una interinidad en la Fiscalía que sólo puede favorecer a los corruptos y a quienes en y desde el gobierno de Uribe Vélez, violaron las leyes y la Constitución.
En la caída de la Fiscal General de la Nación, Vivian Morales, confluyen hechos políticos, jurídicos, mediáticos y de género, en los que claramente se evidencian problemas en la institucionalidad, así como en las prácticas culturales bajo las cuales asumimos y aceptamos el papel de la mujer. Pero también es preciso visibilizar la intención del uribismo de tumbarla, buscando con ello torpedear la acción de la justicia, a juzgar por el papel que venía cumpliendo la Fiscal en contra de varios miembros de esa ‘colectividad’.
La providencia del Consejo de Estado deja entrever, primero, que no existe diálogo entre las altas cortes si tenemos en cuenta que la decisión de la Corte Suprema de Justicia, soportada en un ligero cambio en las reglas internas, bien pudo consultarse en aras de poder evitar este doloroso desenlace.
La autonomía de cada una de las altas corporaciones no se pone en riesgo si se da un diálogo sincero entre ellas, especialmente cuando una de ellas debía tomar decisiones en un contexto turbulento como el que había cuando la Corte Suprema de Justicia votó y eligió a Vivian Morales, de una terna enviada por el Presidente Santos. La interinidad de la Fiscalía ante la dificultad de elegir uno en propiedad, por el agrio enfrentamiento entre Uribe y los magistrados de la CSJ, resultó ser un argumento y un factor contextual de gran peso para modificar el mecanismo de elección y voto y de esta forma darle al país y a la institucionalidad un respiro eligiendo en propiedad a la actual Fiscal General.
No creo que las decisiones de los magistrados se hagan en estricto derecho. No. Hay razones políticas y de contexto que resultan determinantes a la hora de emitir fallos. Sin duda, los magistrados de la CSJ que votaron en la elección de la Fiscal, recogieron el sentir de una opinión pública y de varios sectores de la sociedad civil, que veían con preocupación la larga interinidad en la Fiscalía, originada por los conflictos entre los magistrados y el entonces Presidente Uribe.
Y así como los magistrados de la CSJ pudieron mirar y sentir el contexto político que les demandaba una pronta decisión, los propios del Consejo de Estado bien pudieron revisar el complejo contexto judicial y político en el que estaba actuando con severidad y seriedad la Fiscal, Vivian Morales. Una revisión juiciosa y responsable de ese delicado entorno, muy seguramente no hubiera terminado en la salida abrupta de Viviane Morales de la Fiscalía General de la Nación.
Sin duda, hay hechos políticos de fondo que hacen dudar que el auto del Consejo de Estado se diera en estricto derecho. En primer lugar, aparece la molestia que subsiste en dicha corporación en relación con el gobierno de Santos, por el proyecto de reforma a la justicia. Y en segundo lugar, las presiones de un uribismo que a toda costa quiere evitar que los procesos que directamente llevaba la Fiscal, se engaveten y queden ad portas del vencimiento de términos o en el peor de los casos, en manos de un nuevo fiscal, que ayude a los ex funcionarios de Uribe Vélez, comprometidos en graves hechos punibles que la Fiscal seguía con especial diligencia.
Pero en la caída de la Fiscal no sólo hay elementos políticos y jurídicos, sino de género. Diferencias de género aupadas por columnistas bogotanas que borraron los límites entre las esferas pública y privada, elevando el matrimonio de Vivian Morales con Carlos Alonso Lucio, como un factor moral, ético y político inconveniente para el cumplimiento de sus funciones. Nada más falaz y equívoco. Pero al parecer, les funcionó.
No hay forma de demostrar que la condición de género haya servido de argumento a los magistrados que votaron a favor de la salida del cargo de Vivian Morales. Pero es perfectamente posible que aún persista en la racionalidad masculina esos miedos y resquemores hacia aquellas mujeres que alcanzan poder y que rompen con los roles tradicionales que la cultura machista dominante ha impuesto históricamente a la mujer.
Con el auto del Consejo de Estado, el Presidente de la República tiene la oportunidad de seguir tomando distancia de ese uribismo del que se sirvió para llegar a la Presidencia, poniendo el nombre de Vivian Morales en la terna que debe enviar a la Corte Suprema de Justicia, para que allí se elija la nueva o el nuevo Fiscal General de la Nación.
Y cuando la terna llegue a la CSJ, y si en ella está el nombre de la incómoda Fiscal Morales, los magistrados deben volver a elegirla, ojalá con los procedimientos internos acordados, pues por el momento, no hay circunstancias contextuales que los obliguen a revisarlos y a cambiarlos, pero sí existe la urgencia de evitar una interinidad en la Fiscalía que sólo puede favorecer a los corruptos y a quienes en y desde el gobierno de Uribe Vélez, violaron las leyes y la Constitución.
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