Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
Graduado
de tiempo atrás como detractor, crítico y quizás, más adelante, como fuerte
obstáculo para la consolidación jurídica y política de los acuerdos de La
Habana, nuevamente aparece el Procurador Ordóñez Maldonado en los medios masivos
para cuestionar lo que apenas es una idea en torno a la creación de una policía
rural, cuyos miembros podrían provenir de las filas de las Farc.
Más
allá del rifirrafe con el Presidente Santos y de los errores de Santos al
comunicar y explicar asuntos relacionados con la implementación de lo que se
acuerde en La Habana, hay que examinar el lugar desde donde el Procurador
habla, se pronuncia y critica el proceso de paz, lo acordado hasta el momento y
su implementación.
En
primer lugar, Ordóñez no sólo habla como funcionario público, sino como
ciudadano que, apegado a la tradición conservadora y a la moral cristiana, de
tiempo atrás viene desconociendo derechos y reivindicaciones de mujeres y parejas
homosexuales y en general, de todos aquellos de ciudadanos que, de disímiles maneras,
han controvertido el papel del Estado, su incapacidad y debilidad, en torno al
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
Ordóñez
ha confundido los roles de ciudadano, individuo y persona, con los de
funcionario público. Ha sido incapaz de dejar de lado sus creencias y
opiniones, y por ello, sus actuaciones como Procurador dejan mucho que desear
en materias y asuntos jurídicos,
socioculturales y políticos, en el contexto de un Estado Social de Derecho en
proceso de consolidación.
Para
Ordóñez es suficiente que el Estado, como orden de poder y dominación, exista.
No acepta que, justamente, por su debilidad y por la cooptación y captura[1]
de fuerzas clientelares y mafiosas, ese Estado que él defiende (confesional y
militarista) ha fracasado en su lucha contra una subversión que se alimenta de
la desigualdad, las incertidumbres y el desasosiego en el que viven cientos de
miles de niños, adolescentes y jóvenes que se sienten atraídos por la vida armada dentro de las guerrillas.
En
ese sentido, Ordóñez sigue mirando los hechos y las realidades de Colombia
desde viejas, ortodoxas, manidas y anacrónicas dicotomías. Insiste el Jefe del
Ministerio Público en la dicotomía Buenos y Malos, entre Santos y Pecadores. Y
desde esa moral cristiana se opone y se opondrá a cualquier idea o iniciativa
que busque dar un lugar digno a cientos de miles de colombianos que hoy están
en las filas de las Farc y que posiblemente mañana sean ex combatientes y
busquen reinsertarse en la sociedad.
En la misiva que envió al Presidente, Ordóñez Maldonado señala que “la creación de una
policía rural con desmovilizados lleva al absurdo de dejar la seguridad de
las víctimas en manos de sus victimarios. Hacerlo sería tanto como haber
integrado un cuerpo de policía con desmovilizados de las Autodefensas Unidas de
Colombia con el fin de brindar protección a las víctimas de masacres,
desplazamientos y de los delitos sexuales que ejecutaron en múltiples regiones
del país[2]”.
Le parece absurdo al Procurador que ex guerrilleros terminen prestando
seguridad a comunidades que ayer fueron sus víctimas, en el contexto de un
conflicto degradado. Le pregunto al señor Ordóñez: ¿no es acaso absurdo que de tiempo atrás y quizás hoy,
miembros de las fuerzas armadas comprometidos con la comisión de delitos (‘falsos
positivos’ y apoyo a paramilitares) hayan cuidado y sigan prestando seguridad a
los familiares de los civiles que fueron asesinados y/o torturados, desplazados
o maltratados?
Sus convicciones religiosas y su vieja ideología conservadora le
impiden ver que de lo que se trata es de avanzar hacia la reconstrucción de un
país que se ha caracterizado por ser excluyente con cientos de miles de
colombianos que vieron en las armas, legales e ilegales, una opción viable para
vivir.
¿Qué hay de “malo” y por qué es inviable transformar la doctrina de
seguridad y modificar la estructura de las fuerzas armadas? ¿Cómo no
transformar un Estado y una sociedad que devienen militarizados y militaristas,
en un régimen de poder proclive a respetar los derechos y en una sociedad que
entienda y aprenda que los conflictos, en adelante, deberán solucionarse a
través del diálogo y las vías civilizadas?
No es absurdo que los victimarios mañana hagan parte de la
institucionalidad. Por el contrario, ello sería un ejemplo de reconciliación y
motivo suficiente para que las actuales y nacientes generaciones encaminen y
enmarquen sus prácticas cotidianas en una cultura de respeto al otro y de
consideración con aquellos que estuvieron inmersos en la comisión de delitos,
por cuenta de un conflicto armado interno que se degradó, teniendo como testigo
mudo, curiosamente, al Ministerio
Público.
Está
claro que Ordóñez Maldonado seguirá atrincherado en sus anacrónicas
convicciones y las dicotomías que guían su vida. Y está claro que se está
tratando de superar un conflicto armado interno desde una circunstancia que
puede resultar definitiva para impedir que lo acordado se cumpla a cabalidad: no existen una única y orientadora ideología
y un modelo de Estado que, compartidas
por partidos políticos, líderes políticos y ciudadanos en general, estén
orientadas hacia la búsqueda de la
reconciliación. Ponerle fin al conflicto y consolidar escenarios de paz
y de convivencia sigue siendo un esfuerzo de Gobierno y no un asunto de Estado.
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