Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Al declarar no viable la terna presidencial para elegir el nuevo Fiscal, la Corte Suprema de Justicia asume, además de su rol constitucional, una actitud política y exhibe una postura de control político, propia de Partidos políticos serios y fuertes y de Congresos legítimos y comprometidos con la democracia. Más allá de la interpretación constitucional, lo que se advierte es que la Corte Suprema de Justicia está remplazando las funciones de control político propias y esperadas de esos dos actores claves para el funcionamiento armónico de la democracia.
La Corte Suprema de Justicia puede estar ejerciendo control político (¿oposición política?) sobre las acciones del Gobierno de Uribe, remplazando en esas funciones a los partidos políticos (en crisis y cooptados por el Gobierno) y al propio Congreso, deslegitimado y subsumido en y por la relación clientelar construida desde 2002 con el Ejecutivo.
Es decir, ante la inexistencia de partidos políticos decentes y ante la evidente cooptación del Congreso por parte del Gobierno, la CSJ hoy funge como opositor político -y jurídico, claro- de gran altura, para intentar frenar los ímpetus de un Presidente que hace rato perdió los límites y ha enfilado energías para hacerse con el poder absoluto del Estado, para de esta manera, concebir una dictadura, reclamada por sectores premodernos asociados a la industria, a los sectores educativo y productivo en general, y claro, a la defensa del libre mercado como máxima de un proceso de globalización económica que pone por encima de los derechos humanos y la democracia, los intereses del capital transnacional.
Es peligroso que la justicia se politice, pero lo es más, que ante la aplanadora uribista ninguna institución se oponga. En estas horas aciagas, es mejor que la Corte Suprema de Justicia además de ser el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, cumpla con el rol de actor político en aras de oponerse al oscuro proyecto político de un Gobierno al que evidentemente le estorba la división de poderes.
El acalorado enfrentamiento entre la Alta Corte y el Ejecutivo por la elección del Fiscal General tiene un carácter jurídico-político en el contexto del llamado equilibrio de poderes, afectado no sólo por la temprana reelección presidencial inmediata, sino por las inequívocas intenciones de Uribe de perpetuarse en el poder no sólo para contener a las FARC en el ámbito doméstico y eliminar el pensamiento libre, sino para contrarrestar la influencia de Chávez, sirviendo de alfil a los intereses de los Estados Unidos en esta parte de América.
Hay salidas claras para zanjar el evidente conflicto presentado por las legítimas dudas que la CSJ ha expresado en torno a los ternados presentados por el Presidente: de un lado, que en un acto de responsabilidad política de los candidatos, decidan renunciar a la designación que les hiciera el Mandatario; de otro lado, que el propio Uribe, haciendo a un lado su soberbia y su clara intención de poner una ficha más, un amanuense más en las entrañas del Estado, un estafeta de sus intereses en casos complejos que el próximo Fiscal deberá enfrentar y resolver, decida retirar la terna para presentar una nueva, en donde por lo menos se garantice que los nuevos designados posean una formación en derecho penal que genere confianza no sólo en los Magistrados, sino en los colombianos que esperamos que asuntos como los crímenes de Estado, la parapolítica, la ‘cuellopolítica’ y la ‘yidispolítica’, entre otros, se asuman con independencia de los intereses del Gobierno y con total transparencia, para que haya justicia real y efectiva. Por ello, es que le cabe razón a la CSJ al declarar como no viable la terna presentada por Uribe, puesto que la idoneidad de los ternados para enfrentar estos asuntos tan delicados, no está asegurada.
El choque entre el Ejecutivo y la CSJ representa, sin duda alguna, una grave crisis institucional. Es la consecuencia del desequilibrio político creado por la reelección inmediata, pero especialmente, por la intención de Uribe de perpetuarse en el poder.
Que no vaya a pasar que Uribe termine clausurando la CSJ al declararla como un obstáculo para el funcionamiento del sistema judicial, o como enemiga de los máximos intereses del Estado. Esa sería la confirmación de que efectivamente estamos caminando hacia una dictadura que muchos colombianos creen que necesitamos para ‘salir adelante’, para crecer económicamente, al estilo Chile.
Oigo con asombro y preocupación a colegas docentes que justamente defienden ese perverso imaginario. No es racional legitimar el abuso de poder y la violación de los derechos humanos, pensando que de esa manera se ‘progresa’ económicamente. A los colegas que piensan así, les pregunto: ¿Se justifica el milagro económico chileno a cambio de más tres mil muertos?
La valentía con la que hoy los Magistrados de la CSJ se enfrentan a Uribe debería servir de ejemplo a sus colegas de la Corte Constitucional, de quienes esperamos que declaren inexequible el proyecto de referendo reeleccionista que no sólo echaría por la borda la Carta Política, la democracia y el Estado Social de Derecho, sino que significará el inicio de una sangrienta dictadura de derecha, al mejor estilo de Pinochet, Videla o Galtieri, en Argentina, o de Strossner en el Paraguay, o Leonidas Trujillo en República Dominicana, entre otros muchos ejemplos. Todo está dado para que así sea, por lo menos ya hay un evidente choque de poderes.
Al declarar no viable la terna presidencial para elegir el nuevo Fiscal, la Corte Suprema de Justicia asume, además de su rol constitucional, una actitud política y exhibe una postura de control político, propia de Partidos políticos serios y fuertes y de Congresos legítimos y comprometidos con la democracia. Más allá de la interpretación constitucional, lo que se advierte es que la Corte Suprema de Justicia está remplazando las funciones de control político propias y esperadas de esos dos actores claves para el funcionamiento armónico de la democracia.
La Corte Suprema de Justicia puede estar ejerciendo control político (¿oposición política?) sobre las acciones del Gobierno de Uribe, remplazando en esas funciones a los partidos políticos (en crisis y cooptados por el Gobierno) y al propio Congreso, deslegitimado y subsumido en y por la relación clientelar construida desde 2002 con el Ejecutivo.
Es decir, ante la inexistencia de partidos políticos decentes y ante la evidente cooptación del Congreso por parte del Gobierno, la CSJ hoy funge como opositor político -y jurídico, claro- de gran altura, para intentar frenar los ímpetus de un Presidente que hace rato perdió los límites y ha enfilado energías para hacerse con el poder absoluto del Estado, para de esta manera, concebir una dictadura, reclamada por sectores premodernos asociados a la industria, a los sectores educativo y productivo en general, y claro, a la defensa del libre mercado como máxima de un proceso de globalización económica que pone por encima de los derechos humanos y la democracia, los intereses del capital transnacional.
Es peligroso que la justicia se politice, pero lo es más, que ante la aplanadora uribista ninguna institución se oponga. En estas horas aciagas, es mejor que la Corte Suprema de Justicia además de ser el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, cumpla con el rol de actor político en aras de oponerse al oscuro proyecto político de un Gobierno al que evidentemente le estorba la división de poderes.
El acalorado enfrentamiento entre la Alta Corte y el Ejecutivo por la elección del Fiscal General tiene un carácter jurídico-político en el contexto del llamado equilibrio de poderes, afectado no sólo por la temprana reelección presidencial inmediata, sino por las inequívocas intenciones de Uribe de perpetuarse en el poder no sólo para contener a las FARC en el ámbito doméstico y eliminar el pensamiento libre, sino para contrarrestar la influencia de Chávez, sirviendo de alfil a los intereses de los Estados Unidos en esta parte de América.
Hay salidas claras para zanjar el evidente conflicto presentado por las legítimas dudas que la CSJ ha expresado en torno a los ternados presentados por el Presidente: de un lado, que en un acto de responsabilidad política de los candidatos, decidan renunciar a la designación que les hiciera el Mandatario; de otro lado, que el propio Uribe, haciendo a un lado su soberbia y su clara intención de poner una ficha más, un amanuense más en las entrañas del Estado, un estafeta de sus intereses en casos complejos que el próximo Fiscal deberá enfrentar y resolver, decida retirar la terna para presentar una nueva, en donde por lo menos se garantice que los nuevos designados posean una formación en derecho penal que genere confianza no sólo en los Magistrados, sino en los colombianos que esperamos que asuntos como los crímenes de Estado, la parapolítica, la ‘cuellopolítica’ y la ‘yidispolítica’, entre otros, se asuman con independencia de los intereses del Gobierno y con total transparencia, para que haya justicia real y efectiva. Por ello, es que le cabe razón a la CSJ al declarar como no viable la terna presentada por Uribe, puesto que la idoneidad de los ternados para enfrentar estos asuntos tan delicados, no está asegurada.
El choque entre el Ejecutivo y la CSJ representa, sin duda alguna, una grave crisis institucional. Es la consecuencia del desequilibrio político creado por la reelección inmediata, pero especialmente, por la intención de Uribe de perpetuarse en el poder.
Que no vaya a pasar que Uribe termine clausurando la CSJ al declararla como un obstáculo para el funcionamiento del sistema judicial, o como enemiga de los máximos intereses del Estado. Esa sería la confirmación de que efectivamente estamos caminando hacia una dictadura que muchos colombianos creen que necesitamos para ‘salir adelante’, para crecer económicamente, al estilo Chile.
Oigo con asombro y preocupación a colegas docentes que justamente defienden ese perverso imaginario. No es racional legitimar el abuso de poder y la violación de los derechos humanos, pensando que de esa manera se ‘progresa’ económicamente. A los colegas que piensan así, les pregunto: ¿Se justifica el milagro económico chileno a cambio de más tres mil muertos?
La valentía con la que hoy los Magistrados de la CSJ se enfrentan a Uribe debería servir de ejemplo a sus colegas de la Corte Constitucional, de quienes esperamos que declaren inexequible el proyecto de referendo reeleccionista que no sólo echaría por la borda la Carta Política, la democracia y el Estado Social de Derecho, sino que significará el inicio de una sangrienta dictadura de derecha, al mejor estilo de Pinochet, Videla o Galtieri, en Argentina, o de Strossner en el Paraguay, o Leonidas Trujillo en República Dominicana, entre otros muchos ejemplos. Todo está dado para que así sea, por lo menos ya hay un evidente choque de poderes.
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