COOPERACIÓN MILITAR GRINGA: ¿ASUNTO DE GEOPOLÍTICA O SIMPLE COACCIÓN POLÍTICA?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


¿Qué puede haber detrás del afán de Uribe de firmar el tratado o “convenio de cooperación militar” que daría vía libre a la presencia de soldados gringos en siete bases militares colombianas, aun sabiendo que al hacerlo, desconoce y por ende viola la constitución política y se lleva por delante el estado de derecho? Acaso el gobierno de Obama tiene información ‘privilegiada’ en contra del gobierno de Uribe o en particular del no muy claro pasado de Uribe.

¿Qué clase de información es esa que le permite a Obama presionar de tal forma al Gobierno -y a Uribe, a dejarse- que lo llevará a violar la constitución y por ese camino, darle la posibilidad a la Corte Suprema de Justicia para que más adelante abra investigación formal por prevaricato por omisión contra los congresistas que no ejercieron el debido control político sobre la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional?

Es claro que dadas las características y la naturaleza misma del convenio y lo que ello implica, el Congreso debe hacerse oír y actuar en consecuencia, haciendo posible la suscripción del Tratado, una ley aprobatoria del mismo y el consabido control de legalidad que le debe hacer la Corte Constitucional. El Consejo de Estado ya ejerció su tarea constitucional, entregando un concepto al Gobierno, en el que recomendaba que el asunto tomara vida jurídica a través de una ley de la república.

Desconociendo o pasando por alto siete artículos de la Constitución Política, el gobierno de Uribe oculta y ha ocultado información al país a propósito de los verdaderos intereses y objetivos de firmar ese tipo de cooperación militar con los Estados Unidos, en un contexto complejo dado por los proyectos políticos de vecinos como Ecuador y Venezuela, divergentes y en franca confrontación con el proyecto estadounidense, a lo que se suma el liderazgo que en materia económica y militar viene reclamando Brasil desde hace un tiempo.

Veamos uno a uno los artículos comprometidos por la decisión del gobierno de Uribe, de firmar de manera inconsulta, el acuerdo militar con los Estados Unidos:

“Artículo 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”.

Por lo menos se esperaría una fuerte discusión al interior del Congreso e incluso, en la academia, alrededor del concepto de soberanía, en crisis por el mismo proceso de globalización, y por el poder paraestatal de grandes corporaciones multinacionales.

"Artículo 150. De las leyes. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados (numeral 16).

Artículo 173. Son atribuciones del Senado. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. (Numeral 4).

Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 2. dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. 7. Permitir en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.

Artículo 224. De las relaciones internacionales. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado.

Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 3. Actuar como supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen. En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la Nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado".

Huelga decir que los colombianos supieron de la existencia del tratado de cooperación por un medio de comunicación (revista Cambio), lo que inmediatamente generó presiones en distintos sectores políticos internos y externos para que el gobierno explicara los alcances del mismo. El asunto generó la reacción de países vecinos, de Argentina y Paraguay, entre otros, lo que obligó a Uribe a realizar un periplo por América del sur, con sesión de Unasur a bordo, para tratar de aclarar el alcance del convenio de cooperación militar. Es decir, el Gobierno tenía toda la intención de no consultar al Consejo de Estado y por ese camino, mantener oculta la firma del tratado de cooperación militar.

"Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: 10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva”.

De firmarse el convenio tal y como lo ha advertido el Gobierno de Uribe, una vez más la Carta Política sería no sólo violentada e ignorada, sino que se legitimaría una práctica muy propia de este gobierno: la consulta y el respeto a las normas y a las reglas de juego es un opción a seguir, lo que pone en entre dicho el Estado de derecho.

Bien lo señala el editorial del diario EL ESPECTADOR, del 28 de octubre de 2009, “Durante la última semana, tanto el Gobierno como algunos medios de comunicación han usado un argumento altamente peligroso para explicar por qué el nuevo tratado de cooperación militar con Estados Unidos no irá a debate en el Congreso ni se someterá a revisión constitucional de la Corte: no es “conveniente” políticamente y tampoco es “necesario” legalmente hablando. Esta discusión sólo refleja una tendencia perversa que se ha venido desarrollando en Colombia y en la que, en los últimos años, el poder ejecutivo ha jugado un papel protagónico: la obediencia al derecho, las leyes y los marcos institucionales es una simple alternativa más de acción y no el cumplimiento de unas reglas del juego que deben seguirse sin excepción alguna”.

Así las cosas, el gobierno de Uribe no sólo acepta erigirse como el alfil que Obama necesita para contener los proyectos socialistas de Chávez, Correa y Evo Morales, sino que se presta como escenario político-militar para frenar al Brasil en sus pretensiones de erigirse como potencia militar y económica de la región.

El apoyo norteamericano al gobierno de Uribe, como el dado a otros presidentes, siempre ha estado condicionado a la información clasificada que el Departamento de Estado genere, produzca o adquiera de las actuaciones de los mandatarios colombianos, en una relación de permanente coacción y chantaje.

Casos como el de Noriega en Panamá ilustran ese este tipo de relación extorsiva que los Estados Unidos establece con aquellos gobiernos que son legítimos hasta cuando presten un servicio vital y real a los intereses americanos en la región. Cuando ya no los necesitan o sirven a sus propósitos, los invaden o simplemente les retiran el apoyo. Hasta ¿dónde Uribe está comprometido en esa relación de sometimiento con los Estados Unidos? La respuesta es clara: depende de la información que los gringos tengan de Uribe, de las actuaciones de su gobierno y de su inmediato pasado.

De todas formas, la firma del tratado de cooperación con los Estados Unidos pone a Colombia en una compleja situación de confrontación con vecinos estratégicos en materia comercial.

EN LA COLOMBIA MESIÁNICA DE HOY…

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Quienes deciden jugar a ser líderes deben saber que hay factores que ponen en riesgo sus aspiraciones y el propio proyecto político que se desprende de esa decisión de guiar determinada institución, campaña y hasta el propio Estado.

En política hay varios factores que envilecen a quienes deciden liderar procesos, empresas electorales, guiar los destinos del Estado, o de una región: el aplauso desmedido, la adulación y la falta de control por parte de instituciones y ciudadanos obligados a expresar reparos ante gestiones inefables.

Un líder carismático que busque ser coherente, respetado y que desee en grado sumo llegar a gobernar el país, debe saber que el aplauso puede llevarlo a tal nivel de abyección, que convertido en un megalómano, crea a pie juntillas que Dios lo ha enviado y que está cumpliendo una misión salvadora en la tierra.

Los cortesanos y áulicos que adulan a ese líder, desconocen el daño que le hacen a la política y a ciertas prácticas democráticas, pero desconocen aún más que le hacen daño al frágil ser humano que, por esa condición justamente, no resiste una migaja, pues fácilmente pierde el sentido de los límites y las proporciones, que lo pueden llevar a convertirse en un sátrapa, en un ladino gobernador atrapado en una inteligencia superior.

En democracias serias y coherentes, los controles de las instituciones dispuestas para ello, así como el que ejerzan corporaciones como el congreso, las asambleas y concejos, las cortes, la controlaría y la procuraduría, en todos sus órdenes, los medios de comunicación, columnistas y líderes de opinión, entre otros, deben ser efectivos y permitirle a ese líder reconocer que su ‘grandeza’ es consecuencia de aplausos desmedidos, normalmente comprados, y de la acción adulante de laderos profesionales.

La Colombia mesiánica de hoy, tanto en esferas privadas como públicas, tiene a varios de sus líderes convertidos en verdaderas vedette de la política, unos transitando con pasos gigantes el camino del mesianismo y otros, apenas empezando a curtirse como ególatras para luego dar el salto y lanzarse para remplazar a su antecesor.

Uribe, por ejemplo, es hoy una vedette intocable, un esperado héroe violento, pero liberador de yugos históricos. Un héroe construido por unos medios de comunicación convertidos en maquilladores profesionales, en proxenetas y propagandistas; Uribe, el megalómano, sin controles institucionales, sociales, económicos y políticos, camina lenta, pero progresivamente hacia una dictadura sostenida en su carácter autócrata, construido por aduladores y cortesanos.

Por los territorios feudales del Valle del Cauca, el párvulo gobernador va construyendo su propia imagen de líder carismático, madurada en medios y en el Canal del Sol, con gastos astronómicos en publicidad cuyo objetivo estratégico es remplazar, en el mediano plazo, al referente que se atornilla en el Solio de Bolívar, mientras mira el espejo, que desprovisto de la capa metalizada que permitiría reflejar su imagen, le ha servido a quienes le han sucedido en el cargo.

Uribe y Abadía, son, sin duda, dos líderes construidos en los laboratorios del marketing político y ‘víctimas’ de áulicos y aduladores, en el contexto de una débil democracia. Con ellos, la sondeocracia y la videocracia no sólo adquieren sentido, sino que acompañan conceptualmente lo que se ha llamado, de manera equívoca, el Estado de Opinión.

Adenda: la formación de nuevos líderes debe iniciarse con una evaluación crítica de las circunstancias -y de los actores- que han permitido la construcción de un Estado como el colombiano: ilegítimo y al servicio de exclusivos intereses privados. Formar líderes para que repliquen los mismos modelos y las prácticas que hoy mantienen esas circunstancias y condiciones de ilegitimidad, es un verdadero contrasentido.

LA CARTA POLÍTICA DE 1991: ¿PACTO PENDIENTE O PACTO INCUMPLIDO? (I)

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Con la promulgación de la carta constitucional en 1991, los colombianos creyeron que era posible transitar el camino hacia un país más justo. Sancionada en el contexto complejo de múltiples violencias, la Constitución de 1991 recogió sueños e intentó que las deudas históricas que el Estado colombiano mantenía -y que aún mantiene- con los indígenas y afros, se empezaran a pagar. 18 años después el saldo sigue en rojo.

Como un pacto de paz y como una apuesta de futuro, la Constitución Política de 1991 ha venido resistiendo los golpes de los grupos de poder que ven en ella un peligro no sólo para que indígenas y negros puedan reivindicar sus luchas y proyectos culturales autónomos y distintos, sino para que el resto de los colombianos que hoy acuden a sus mecanismos de participación ciudadana y al derecho de amparo, puedan defenderse de un Estado cada vez más ilegítimo y en riesgo de fracasar en su tarea de mantener la unidad territorial y simbólica de la nación.

El espíritu de una constitución liberal, garantista y en franca consonancia con los nuevos tiempos, apenas si logra mantenerse altivo en medio de las contrarreformas y las actuaciones de gobernantes que han visto en él y en ella, la Constitución, riesgos para un “establecimiento” que extraña el espíritu -y la letra- de la Constitución de 1886, conservadora, violenta y excluyente.

Hoy, cuando ese espíritu de la Carta de 1991 apenas si logra deambular en medio de los colombianos que ven aún en él y en ella un camino de esperanza, hay que preguntarse por qué el Pacto de 1991 no sólo no logró saldar las deudas con negros e indígenas, sino superar las circunstancias que históricamente han hecho ilegítimo e incluso inviable, al Estado colombiano.

Intentaré varias respuestas, en un ejercicio que no termina en esta columna de opinión. La primera, que si bien la Constitución de 1991 fue asumida como un pacto de paz, como un nuevo contrato social por los constituyentes, las élites económicas y los poderes de facto, asociados y vinculados con sectores de poder político y económico, vieron en ella riesgos por su espíritu liberal y garantista.

La segunda, que no se dio un proceso de educación agresivo que fincara en las conciencias de los colombianos, el mandato de la Carta Política, razón por la cual hoy no hay movilizaciones populares para defenderla, a pesar de las modificaciones y cambios que ha sufrido y que han beneficiado a unos pocos o mejor, a una persona en particular. La enseñanza de la constitución y de su espíritu necesita de estrategias que van más allá del diseño de cursos y asignaturas y de la divulgación de cartillas. Quizás se necesite que el texto constitucional, por ejemplo, atraviese la formación de todos, en un ejercicio que se conoce como formación integral. Es decir, que todo cuanto se enseñe en las aulas de escuelas, colegios y universidades esté soportado y explicado en el marco constitucional de 1991.

Educar en libertad y para la libertad, para la autonomía, para la defensa de los derechos y para exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones ha sido y es una tarea pendiente que nos dejaron los delegatarios. Tarea que jamás fue recogida por agentes del Estado que debieron asumir el reto de divulgar, de formar y educar a partir de ese espíritu constitucional que abrió esperanzas y caminos posibles para lograr, por fin, un país incluyente y viable.

Sin duda, faltó educación y esfuerzos pedagógicos para que todos los colombianos entendiéramos el espíritu de la carta política de 1991 y con él, las responsabilidades del Estado, y claro, nuestras obligaciones como ciudadanos. De haberse dado ese trabajo educativo, serio y prolongado en el tiempo, de seguro que hoy no aceptaríamos los golpes que se han dado a la constitución y menos aún, la violación permanente de sus mandatos por parte de quienes desde el gobierno agencian los intereses del Estado.

La tercera, que por un lado va la Constitución Política y por el otro, el modelo de desarrollo económico, pero especialmente, la idea de país que las élites han defendido históricamente. Es decir, los delegatarios concibieron el texto constitucional, pero no establecieron los mecanismos, ni las reglas y menos las exigencias a cumplir, por parte de la sociedad civil y otras instituciones jurídico-políticas, con el propósito de garantizar la inclusión de amplias mayorías y una vida digna a los asociados del Estado colombiano.

La cuarta, que las conciencias de empresarios, militares, industriales y banqueros siguen inmodificables en cuanto a enfrentar la inequidad y la injusticia social. Desde su racionalidad económica son incapaces de reconocer que mantener o ampliar la inequidad afectará en el mediano plazo sus proyectos económicos. De igual manera, siguen inmodificables las conciencias de las elites sociales, que aún creen pertenecer a una ‘raza superior’, y que el mestizaje es un asunto de otros; y en ese mismo sentido, que las cosmovisiones de indígenas y afros deben abolirse para poder garantizar la inclusión y aceptación de unos y otros en el seno de la sociedad colombiana.

“LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EL PAÍS ESTÁN CAUSANDO IMAGINARIOS QUE NO SON Y LO QUE ES PEOR A PARTIR DE LAS MENTIRAS PROVOCANDO TOTAL DESPREOCUPACIÓN EN UNA PARTE DE LOS COLOMBIANOS, SUS FAMILIARES, AMIGOS, GENTE DEL COMÚN Y TODOS LOS QUE PRETENDEN DEFENDER UN DISCURSO TAN POBRE Y EXCLUYENTE COMO LO ES EL DE LA ACCIÓN VIOLENTA Y LA COACCIÓN FÍSICA POR PARTE DEL GOBIERNO PARAMILITAR, DESPREOCUPACIÓN A TAL PUNTO DE DECIR “QUE LOS MATEN.”(Comunicado Dirigido a los colombianos, los medios y sus dirigentes. Tomado de http://www.nasaacin.org).



Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

No sorprende el silencio de los medios de comunicación frente a la Minga Indígena que llegó a Cali el 13 de octubre de 2009. Y es así porque RCN y Caracol, y otros medios, deben haber recibido la orden presidencial de no cubrir el desplazamiento y la protesta de los indígenas que desde el Cauca caminan la palabra para rechazar el modelo económico, los TLC, y las acciones legales de despojo puestas en marcha durante la administración de Uribe y claro, poner en evidencia viejos acuerdos incumplidos por el Estado.

No sorprende el silencio de los medios colombianos (se han publicado tímidas notas, pero no se activó el seguimiento a un hecho, que sin duda, corresponde a la categoría de noticioso), pues hace rato tomaron la decisión de jugar al lado del gobierno, abandonando cualquier posibilidad de cubrir hechos que cuestionen no sólo la legitimidad del Estado, sino la de este gobierno.

Si la Minga misma, como hecho político, no amerita ser cubierto periodísticamente, entonces, para qué medios de comunicación. Qué están esperando entonces estas empresas mediáticas, que se presente un enfrentamiento entre los comuneros y las autoridades, con un resultado de varios muertos y heridos. ¿Eso sí llamaría su atención? Quizás la orden presidencial, de Sarmiento Angulo, de José Obdulio, o del propio Ardilla Lülle, o de quien viniere, debe ser precisa: los asuntos indígenas -con todo y protesta- deben invisibilizarse. La Minga es un hecho político que debe ocultarse. Quizás por ello la Minga no es noticia.

Lo han logrado, pero olvidan estos medios que existen, por fortuna, otros canales de generación de opinión pública, que para el caso colombiano, se vienen fortaleciendo en otros ámbitos públicos y privados. Cada vez más las audiencias saben de la tarea de ocultamiento y protección de la imagen del gobierno que asumió la gran prensa en Colombia. Ha perdido credibilidad y cada vez los colombianos son conscientes de que el periodismo en Colombia -con escasas excepciones- se entregó al poder económico y político, se dejó cooptar. No hay periodismo en Colombia, hay empresas de mensajería. No hay periodistas, hay estafetas. Ya no hay reporteros, hay mandaderos.

En el fondo, la Minga Indígena lo que nos pone de presente es la inviabilidad de un proyecto económico y político que sólo beneficia a unos pocos. Nos advierte sobre la posibilidad real de que recursos geoestratégicos como el agua, los bosques, la biodiversidad, entre otros, queden en manos de multinacionales y actores empresariales nacionales que buscan quitar y borrar del camino a indígenas, negros y campesinos, que asentados en las zonas biodiversas, sobreviven y resisten las arremetidas jurídicas (estatuto rural, por ejemplo) y las acciones de narcoparamilitares y de las propias guerrillas. Todo ello, amparado por un Estado ilegítimo, que ha sido cooptado por una dinámica empresarial envilecida con el poder económico, capaz de poner en venta los recursos de la nación, y con ello, poner en peligro los proyectos colectivos e individuales, y la vida misma, de indígenas, negros y campesinos.

Lo que resulta curioso es que dichas circunstancias han sido presentadas, a veces de manera inconexa por los propios medios, como hechos noticiables y noticiosos. Pero es tal la torpeza, la ceguera y la estrechez mental de medios y periodistas, que son incapaces de acercarse a la Minga Indígena para intentar amarrar dichas circunstancias y hechos y obtener así una visión amplia de lo que se esconde detrás de un modelo económico que va en contravía del espíritu de la Constitución Política de Colombia y claro, del bienestar de millones de colombianos.

Imagino las explicaciones de periodistas y editores: es que no hay noticia. No es noticioso el asunto. No pasa nada allá en la concentración indígena. Quizás por andar buscando noticias es que hoy caminan de la mano de empresarios inescrupulosos y del Gobierno, pues ellos no sólo las generan, las inventan, sino que hasta pueden pagar para que los periodistas las construyan, las inventen. Bueno, Claudia López puso en evidencia que EL TIEMPO, el de los Santos y Planeta, “…más que un cubrimiento, lo que hizo EL TIEMPO fue una fabricación inducida para apoyar su interpretación deseada de los efectos políticos del escándalo…”. Así estamos, y las facultades de periodismo en silencio.

Véase www.laotratribuna1.blogspot.com

LOS RETOS DE LAS FACULTADES DE PERIODISMO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En estas horas aciagas para el periodismo, en el contexto de un incómodo unanimismo que se viene consolidando desde 2002, sería importante escuchar a las escuelas de periodismo o a las facultades de comunicación social. Saber qué piensan, por ejemplo, de los evidentes casos de censura contra plumas críticas al régimen uribista, como Hernando Llano Ángel (El PAIS), Javier Darío Restrepo (EL COLOMBIANO) y recientemente la expulsión pública de Claudia López (EL TIEMPO). Estos casos y otros, así como el rol de amanuenses y estafetas que viene cumpliendo la gran prensa colombiana (con algunas excepciones, sin que ello los ubique en la oposición), bien ameritan una fuerte discusión al interior de las facultades de periodismo, que al parecer, están pasando agachadas ante la evidente mordaza a la libertad de expresión y ante una especie de auto mordaza de los mismos medios a la libertad de prensa que tanto defienden y exigen, de la que dejan un mensaje de infinita lealtad hacia el gobierno de Uribe, que muy seguramente el régimen catapultará a su favor más adelante.

Es sobre ese complejo escenario mediático y político que las escuelas y facultades de periodismo están formando periodistas, razón por la cual se requiere urgente una revisión crítica no sólo de las circunstancias específicas, sino las de un amplio contexto en el que la concentración de los medios en conglomerados económicos, afecta sin duda las expectativas formativas y profesionales de dichas escuelas y claro, las de sus actuales y futuros estudiantes. Es más, hay que insistir en explicarles a los estudiantes de periodismo cómo funciona la tríada Audiencias- Anunciantes- Medios de comunicación para que reconozcan la complejidad en la que se van a mover como profesionales, como informadores.

Vale la pena insistir en formar periodistas con presupuestos éticos soportados en quimeras como la verdad, búsqueda hoy asociada al unanimismo que de manera natural entrega una sola versión de los hechos públicos; en la confrontación de fuentes, principio cada vez menos aplicado por los grandes medios, pues es suficiente con lo que deja saber la Casa de Nariño; o insistir en bienes constitucionales como entregar información oportuna, veraz e imparcial y ser responsables socialmente, hoy proscritos de la actividad periodística colombiana. Creo que son asuntos que hoy deberían estar sobre la mesa de los comités de currículos de las facultades de comunicación social- periodismo o de periodismo.

Es parte de la responsabilidad social de las instituciones universitarias que amparan a los programas de periodismo, ofrecer a sus estudiantes explicaciones claras acerca de las circunstancias en las cuales hoy se informa en Colombia y en el mundo, pero especialmente en nuestro país, por el enrarecido ambiente político por cuenta de un afán reeleccionista de una minoría presentada como mayoría, que quiere perpetuar a Uribe en el poder y de un Presidente que quiere quedarse varios años más en el Solio de Bolívar, afectando en materia grave el equilibrio de poderes.

Es urgente un análisis de lo que viene sucediendo con el periodismo en Colombia. Es necesario empezar a discutir los eventos que hoy hacen que dicha actividad esté en una crisis profunda en términos de su credibilidad y de la responsabilidad social, económica, cultural y política que la prensa tiene, especialmente la televisada, frente a las audiencias. Más allá de la enseñanza de unas técnicas y de unos saberes prácticos propios del periodismo, es necesario que las facultades de periodismo insistan en formar ciudadanos críticos, pensantes, reflexivos y sobre todo, investigadores, con capacidad discursiva que les permita moverse en un complejo escenario laboral.

Es urgente documentar críticamente estos años oscuros para el periodismo, bien a través del análisis de casos o de investigaciones profundas alrededor de las prácticas periodísticas cada vez más asociadas y dependientes de los intereses políticos partidistas, de los que tienen los conglomerados económicos, y, claro, de los ya evidentes intereses del Gobierno de Uribe.

Es hora de que el contexto por fin aparezca en los planes de estudios de las carreras de periodismo, pero no simplemente articulado a la existencia de asignaturas. Por el contrario, se necesita que confluyan diversas estrategias y mecanismos que enriquezcan la formación de los futuros periodistas. Por ejemplo, mantener una actitud vigilante de las formas discursivas, de la acción mediática frente al poder económico y político. Un Observatorio de Medios, en principio aportaría, pero se requiere de un pensamiento activo que repiense no sólo la formación de los estudiantes, sino el propio ejercicio periodístico, especialmente, en territorios no necesariamente articulados a las dinámicas globalizantes. Repensar la enseñanza del periodismo debe permitir, en el mediano plazo, cambiar las lógicas periodístico-noticiosas, reconocidas más como recetas, que como un natural ejercicio del pensamiento, de la confrontación de ideas y de versiones, que es como debe entenderse el periodismo. Ese es el reto.

Véase www.laotratribuna1.blogspot.com

ELTIEMPO, UN DIARIO OFICIAL

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Se van juntando evidencias claras que demuestran que los medios en Colombia vienen cumpliendo la tarea de filtros, de vigilantes, de efectivos controladores de los hechos que elevan al estatus de noticia y ahora, de los columnistas incómodos, pocos por cierto, que aún mantienen sus tribunas de opinión en grandes medios impresos.

No sólo podemos constatar que en estos largos siete años de gobierno la gran prensa en Colombia ha guardado silencio frente a delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la fuerza pública (es decir, por el Estado), ha guardado o mutilado información delicada, ha tergiversado los hechos, ha desinformado, ha servido de amanuense, de estafeta de este gobierno, en una actitud servil que obliga a los historiadores a consignar en sus bitácoras, estas horas aciagas por las que pasa el periodismo en Colombia. La crisis es total. ¿Qué dirán en las escuelas de periodismo? ¿Se discutirá el asunto?

Al quitarle el espacio de opinión a Claudia López, EL TIEMPO adquiere el carácter de censor oficial. Al mejor estilo de diarios como EL COLOMBIANO y EL PAIS, que en momentos distintos censuraron a Javier Darío Restrepo y a Hernando Llano Ángel, el diario capitalino esculca la tumba de Torquemada para decirnos que sí hay y habrá censura.

Sin mediar diálogo con la columnista, el periódico bogotano, hoy en manos de Planeta, cerró la tribuna de Claudia López con un lacónico mensaje al final de la columna en la que López, de manera acertada, criticaba al periódico por su acomodado tratamiento periodístico dado a los hechos relacionados con el escándalo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Al final del texto de López se lee: “EL TIEMPO rechaza por falsas, malintencionadas y calumniosas las afirmaciones de Claudia López. La Dirección de este diario entiende su descalificación de nuestro trabajo periodístico como una carta de renuncia, que acepta de manera inmediata” (sic).

Vergonzosa, por decir lo menos, resulta la actitud de los Santos al censurar la pluma de Claudia López. No queda bien parado el periodismo colombiano con la decisión arbitraria que tomó EL TIEMPO. No creo eso sí, que la censura a López se haya dado por haber criticado al periódico de la forma como lo hizo. Simplemente, los Santos recibieron la orden de la Casa de Nariño y cuando se sirve, las órdenes se cumplen. Estaban esperando el momento preciso para hacerlo y encontraron la columna precisa para cumplir con la orden gubernamental. No quiero imaginar de qué más será capaz EL TIEMPO con tal de mantener la opción presidencial de Juan Manuel Santos y de sacar adelante sus intereses en la adjudicación del tercer canal.

Decía Javier Darío Restrepo, poco tiempo después de que le cerraran su espacio en EL COLOMBIANO, por criticar a Uribe, que en Colombia ya hay delito de opinión. Creo que EL TIEMPO lo que ha hecho es confirmar que periodistas y medios están dispuestos no sólo a aceptar esa nueva circunstancia de nuestra frágil democracia, sino a colaborar, quitándole de encima al Gobierno, a incómodos columnistas que intentan generar estados de opinión divergentes, por fuera de ese molesto y cacósmico unanimismo en el que venimos inmersos desde 2002.

Definitivamente, todo está servido para que en Colombia vivamos en una dictadura. Solo hay que decir que para que ésta fuera posible y viable, desde tempranas horas medios como EL COLOMBIANO, EL TIEMPO y EL PAIS, aportaron sus granitos de arena. Ahora sí, EL TIEMPO es un verdadero diario oficial.

Véase La Otra Tribuna, www.laotratribuna1.blogspot.com

MÁS ALLÁ DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente

De forma recurrente se escucha hablar de responsabilidad social de los medios de comunicación, del periodismo e incluso, del periodista. Basta con leer el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia para entender la importancia que tiene el asunto. Dice en la carta política que “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Cuando se alude a la responsabilidad de los medios masivos casi de forma natural se elimina la responsabilidad que subyace a quienes de manera activa o pasiva reciben la influencia, positiva o negativa, de esos medios masivos de información, es decir, las audiencias; o de aquellos que aseguran, de alguna manera, la sobrevivencia de los mismos medios como empresa, es decir, los anunciantes.

Por ello es mejor hablar de co responsabilidad social tanto de los medios masivos y los periodistas, como de las audiencias y los anunciantes que de alguna manera terminan legitimando el trabajo de unos y otros. Sobre esa triada se debe hablar de una responsabilidad compartida y desde la cual es posible y necesario juzgar no sólo las maneras como los medios y los periodistas informan, sino las intenciones y apuestas ético-políticas de los anunciantes y claro está, las reales capacidades de las audiencias para entender (y hasta el interés de entender qué pasa) el discurso periodístico-noticioso, los mensajes publicitarios y asumir, a partir de esa comprensión, posturas políticas coherentes y claras, basadas en principios democráticos y solidarios.

Está entonces identificada una triada sobre la cual gira el tema de la responsabilidad social. Ahora miremos cómo cada actor puede asumir esa responsabilidad como una tarea no sólo posible, sino necesaria y cómo los tres confluyen en una misma exigencia: la co responsabilidad.

Las empresas mediáticas son responsables socialmente desde su doble carácter de organización o empresa[1] que obtiene ganancias por la venta de un servicio y como medio de información, del que se espera entregue a la sociedad información veraz, oportuna e imparcial. En ese doble juego, sobre los medios masivos recae una exigencia mayor en tanto al cumplir con tareas más o menos aceptadas universalmente, como generar opinión pública e informar, se espera que de su actuación pública se derive unas audiencias informadas plenamente y en la capacidad de actuar políticamente como parte de una llamada opinión pública deliberante y capaz de discutir asuntos públicos de especial interés para todos.

Ser responsables socialmente viene siendo el correlato de un deber ser exigible a los medios como actores periodísticos-noticiosos, desconociendo o dejando por fuera los deber ser tanto de las audiencias consumidoras, como de los anunciantes. Para el caso de las casas periodísticas (noticieros, diarios, periódicos y revistas) su responsabilidad social está asociada a la socialización de pautas que hacen parte de un proyecto de sociedad (en lo económico, social, cultural y político) aceptado y al que de alguna manera los medios masivos terminan sirviendo sin mayor discusión, a pesar de los evidentes problemas de legitimidad de muchas de las realidades construidas por ese proyecto reinante de sociedad humana.

Es decir, se es responsable socialmente cuando esos medios ayudan a mantener unas condiciones más o menos favorables para que el llamado Establecimiento y el tipo de sociedad, se mantengan en el tiempo. En eso, los medios colombianos son y han sido ‘socialmente responsables’.

Otra cosa es que haya la posibilidad de que esos mismos medios, a través de la información y de sus apuestas editoriales, confronten ese modelo de sociedad aceptado y al Establecimiento, entregando a las audiencias información privilegiada para que desde la acción política, se piensen y se exijan cambios estructurales a las esferas de poder que mantienen condiciones de abierta ilegitimidad e incluso, de inviabilidad de ese modelo de sociedad, del propio Establecimiento. Esa es otra forma de responsabilidad social, eso sí, menos viable, pero no por ello inexigible por parte de las audiencias.

Para que desde los medios se planteen cambios estructurales, por ejemplo, en el modelo de desarrollo económico, deben éstos mismos contar con el concurso de los anunciantes, actores claves en el mantenimiento y funcionamiento de dicho modelo, del tipo de sociedad y del tipo de ciudadano (hedonista e individualista) que ellos requieren para replicar no sólo las condiciones y las circunstancias sociales, económicas, culturales y políticas aceptadas, sino que de esa manera, hacen posible que existan en la triada bajo el nombre de anunciantes.

Ahora bien, si ser responsables socialmente significa mantener condiciones históricas que se asumen como únicas, inmodificables y necesarias para el equilibrio colectivo y para el mantenimiento de las expresiones tradicionales de poder (económico y político), entonces podemos decir que los medios masivos colombianos hoy, cumplen a cabalidad con aquella condición.

El asunto de la responsabilidad social entonces, está atravesado por el beneficio que dicha actuación aparentemente responsable, le otorgue a una sociedad humana que necesita de certezas, que le huye al vacío y que le tiene miedo a condiciones anómicas generadas de forma natural cuando se plantean cambios sustanciales a los modelos de vida establecidos históricamente.

Ser responsables socialmente, para el caso de los medios masivos, puede también mirarse desde cortes sincrónicos al momento histórico que vivimos en el mundo y especialmente por el que atraviesa Colombia, desde el ámbito político. Y en ese corte, podemos decir que la gran prensa nacional tiene hoy una gran deuda en términos de responsabilidad social con esas audiencias que dan vida a la opinión pública, por cuanto ésta se nota confundida, temerosa, polarizada y desinformada alrededor del proyecto de referendo reeleccionista y la ya evidente intención del actual Presidente, de perpetuarse en el poder.

En cuanto a la responsabilidad social que les cabe a los anunciantes, para las mismas circunstancias contextuales, hay que decir, igualmente, que han coadyuvado a la construcción de un ciudadano-cliente hedonista, individualista y ajeno a los problemas nacionales.

Los anunciantes son responsables de la creación de necesidades y de la construcción de un imaginario de felicidad efímero y pasajero, soportado en buena medida en la belleza artificial de jóvenes cuyas identidades se elaboran en laboratorios de estética facial y corporal, legitimándose de esta manera una idea de éxito asociada exclusivamente a las maneras y formas agraciadas del cuerpo humano, especialmente el de la mujer, claro está, desde la perspectiva dominante del Hombre, del gran macho.

Así las cosas, la co responsabilidad social de la triada medios-anunciantes-audiencias tiene como punto en común el no reconocimiento de los otros, cuando uno de los actores de la triada ejecuta acciones propias de su quehacer.

Hablar, entonces, de responsabilidad social de medios, audiencias y anunciantes debe permitir, en primera instancia, preguntarse para qué se es responsable y si el actuar responsable de esos tres actores está mediado -y medido- por el mantenimiento de un proyecto de Estado y de sociedad cuya legitimidad no está en cuestión.

[1] Son responsables socialmente porque hacen parte de grandes conglomerados, de multinacionales que fungen como actores políticos y económicos que ejercen fuerte presión sobre los Estados.

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