CONSULTA INTERNA DE PARTIDOS: RADIOGRAFÍA DE UNA DÉBIL DEMOCRACIA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Cali- Colombia.

Los resultados de la consulta interna de partidos, la dinámica social vista en los escenarios habilitados para votar y las expresiones de una incipiente cultura política, son elementos que evidencian lo lejos que estamos en Colombia de consolidar un verdadero régimen democrático.

Veamos los hechos concretos resultantes, algunas prácticas nocivas para el normal ejercicio democrático de elegir y las responsabilidades que se coligen de lo sucedido este domingo 27 de septiembre en Colombia.

Las victorias de Petro en las huestes del Polo Democrático Alternativo y de Pardo en las toldas liberales, deben entenderse en el contexto de un país polarizado por la acción política de un Presidente que aprovecha muy bien la infraestructura propagandística dispuesta desde la Casa de Nariño, pero en especial, la que ha entregado, sin miramientos, la gran prensa nacional, que tomó partido, que eligió y que por lo tanto, claudicó a la tarea de vigilar, evaluar, criticar y confrontar no sólo el poder presidencial, sino al poder en todas sus manifestaciones.

Petro significará la ruptura y muerte lenta del PDA y Pardo, es la expresión máxima de un partido -y de un candidato liberal- en crisis, insepulto, sin ideas, sin un proyecto político claro que visualice diferencias profundas con el que defiende y orquesta Uribe Vélez. Junto a otros, cometerán el error de presentarse en el 2010 como una alianza contra Uribe, en lugar de proponer cambios estructurales que vayan cerrando espacio a caudillos, populistas y clientelistas como Uribe.

Son victorias pírricas las de Petro y Pardo en la medida en que el alto nivel de abstención les niega legitimidad a sus triunfos, hoy tempranamente expuestos por los medios masivos afectos a Uribe, como la oportunidad que estaban esperando la llamada Oposición y los colombianos conscientes del daño que Uribe le ha hecho al país, a la política, a la constitución y a la democracia, para enfrentarlo en 2010. Oportunidad que dejarán pasar porque no les interesa un proyecto político de largo aliento, sino alcanzar el poder para que el país continúe igual.

Resulta un equívoco insistir en una coalición contra Uribe en la medida en que los aparatos de propaganda dispuestos para favorecer al actual Presidente, se aprovechan no sólo de una exigua cultura política y de la ignorancia de unas comunidades incapaces de comprender los alcances de un estado social de derecho, sino del irrestricto apoyo que banqueros, militares y gremios de la producción le vienen brindando al actual Presidente desde 2002.

La baja cultura política y la enorme ignorancia de quienes se acercaron a las mesas a votar, sin saber de qué se trataba la convocatoria electoral, son factores que terminarán inclinando la balanza hacia quien ofrezca, en el 2010, cambiar votos por alimento, por puestos, por un carné del Sisbén, o por 50 mil pesos, como se denunció en algún momento, que ganarían quienes votaran por uno u otro precandidato presidencial, entre otras prácticas.

De la existencia de dichos factores son culpables el Estado, la escuela y la familia, que como instituciones y primeras expresiones de poder con las cuales nos topamos en nuestro largo proceso de socialización, poco han hecho para que los ciudadanos entiendan que la democracia es un asunto de todos y para todos. También son culpables los partidos y los movimientos políticos, interesados en alcanzar el poder, aprovechándose de la ignorancia de sus potenciales electores.

Se trata, sin duda, de un círculo vicioso del que siempre saldrán beneficiándose la clase política, unas cuantas familias y claro, quienes están a gusto con las circunstancias de desigualdad, pobreza, pero especialmente, las que aseguran que la ignorancia y la baja cultura política, se prolonguen en el tiempo.

Como jurado de votación (mesa 01, escuela Carlos Holmes Trujillo, barrio República de Israel), fui testigo, una vez más, de prácticas politiqueras y clientelares, ya institucionalizadas en Colombia. Fui testigo de acciones que buscaban corromper al sufragante o direccionar su decisión, por parte de veedores del movimiento MIRA y del Partido Liberal, que con permisividad de un delegado de la Registraduría presente en el lugar de votación, de algunos jurados y de los propios agentes de la Policía dispuestos para cuidar la jornada electoral, buscaron direccionar el voto de varios ciudadanos. Elevé quejas a los funcionarios, como me correspondía. Pero más allá de la acción curativa emprendida por los funcionarios, lo que queda demostrado es que mientras haya hambre, miseria, pobreza, ignorancia y maquinarias electoreras perversas y dispuestas a favorecer a un candidato o a un partido, la democracia en Colombia seguirá siendo un remedo, un chiste, una utopía.

He aquí algunos casos que logré registrar del nivel de desinformación y de ignorancia de varios ciudadanos que se acercaron a las mesas 1 y 3. Más allá de la sorpresa y la risa que genere su lectura, lo que debe quedar en la retina es que nos falta mucho en Colombia para asegurar para todos una democracia plena, legítima, y especialmente, que estamos aún lejos de considerarnos como ciudadanos políticamente responsables:

Caso 1. Señora que manifestó su deseo de votar por un señor de gafas y de barba blanca.
Caso 2. Señora que al no encontrar en el tarjetón del PDA al señor Polo, decidió no votar.
Caso 3. Señor que ante la pregunta por qué consulta deseaba votar, respondió: vengo a votar por Uribe, por el referendo.
Caso 4. Señor que se presentó a la mesa con la intención de votar por el partido conservador.
Caso 5. Señor que al leer el tarjetón del PDA, expresó: No, estos no son.
Caso 6. Señor que al recibir los tarjetones del partido liberal, preguntó qué debía hacer.
Caso 7. Señor que manifestó su deseo de votar por el partido de la U.
Caso 8. Señor que manifestó su deseo de votar por el movimiento Cambio Radical.
Caso 9. Señor que dijo que deseaba votar por el senador Galán.
Caso 10. Señor que esperaba sufragar por candidatos a la Cámara de Representantes y al Congreso Nacional.

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Refugios humanitarios de resistencia en el Nordeste Antioqueño

Por: Ina Azafrán*

Ante la persistente amenaza por parte de las fuerzas paramilitares en el nordeste antioqueño, los campesinos y las campesinas han optado por la figura de refugios humanitarios de resistencia para defender su condición de campesinos y no ser convertidos en desplazados. Para ellos, su empeño está en no dejar sus tierras en poder de las balas enemigas, en no dar la razón a los de siempre en este país. Ellos resisten, cultivan la tierra y construyen sus sueños.

En 2004 se realizó la primera acción humanitaria y de ésta nació Cahucopana, organización de iniciativa campesina que surgió como respuesta a la crisis humanitaria desatada por los operativos combinados entre militares y paramilitares, proponiendo una resistencia civil organizada y pacífica, que denunciara la violación de los derechos humanos, especialmente el desplazamiento forzado y las violaciones sexuales.

Ese mismo año se desarrolló un operativo militar desde Cañaveral, que avanzó hasta Carrizal y produjo el desplazamiento de una buena parte de la población, mientras que otra permaneció en su territorio. La población que permaneció en Carrizal y resistió fue inmovilizada por la Fuerza Pública, que decretó la prohibición de extracción de oro –único trabajo que tenían muchos–, y ejerció un control de entrada y salida del caserío.

En el momento de dejar el caserío, los militares le advirtieron a la población que la situación iba a empeorar, pues detrás de ellos venían los paracos: el miedo y la intención de desplazarse eran sentimientos comunes por esos días en Carrizal.

Ante esta situación de terror y para impedir el desplazamiento masivo desde otras veredas, se organizó el primer refugio humanitario de resistencia en Lejanías. Sin embargo, la presencia del Ejército y el rumor de la llegada de los paramilitares sembraron un vaho de terror en toda la región, impidiendo la llegada masiva de los campesinos al refugio.

Los militares se mezclaron con la población civil, hostigaron desde adentro e intentaron controlar el día a día del refugio, lo que cambió con la llegada del acompañamiento internacional, que replegó a cerca de 1.000 uniformados hacia la zona montañosa cercana.

El segundo campamento se desarrolló en Cañaveral, también ante una amenaza de desplazamiento por incursión militar y paramilitar. El tercer refugio humanitario de resistencia se desarrolló en Puerto Nuevo Ité, en 2007, pero nuevamente el terror latente en el ambiente impidió la presencia masiva de la comunidad. En asamblea, decidieron realizar un foro en Barrancabermeja para discutir la situación concreta de la región en materia de derechos humanos. Tanto las instituciones del Estado como distintas organizaciones sociales estaban invitadas, pero la ausencia de las primeras llevó a la comunidad a realizar una acción de hecho: la toma de un comisariato de Ecopetrol que se encontraba abandonado.

En ese momento se realizaba en Barranca una feria ganadera, con la presencia de importantes comerciantes y del presidente Uribe Vélez. Los ganaderos, temerosos de la toma por parte de los campesinos, pidieron al presidente que interlocutora con la comunidad para que retornara a sus tierras.

Se negociaron entonces tres puntos: retorno al territorio con garantías políticas; nombramiento de dos defensores del pueblo, uno para el sur de Bolívar y otro para el nordeste antioqueño –punto que aún hoy no se ha cumplido–; cese de fumigaciones y garantías para la sustitución de cultivos. Uribe Vélez, en pleno consejo, prometió garantías de retorno con el único fin de que la feria ganadera, que reportaría millonarias ganancias y empoderamiento de la clase política, se pudiera llevar a cabo sin mayores debates, pero los campesinos no recibieron nunca la protección debida del Estado.

Los campesinos retornaron a sus tierras, dejaron la toma en Barrancabermeja y siguen esperando y exigiendo al Estado el cumplimiento de los acuerdos a los que han llegado desde los años 80 y que no se han cumplido en estos casi 30 años.

Fuente: EL TURBION

EX MINISTRO ARIAS, ESCUDERO Y ESPEJO DE URIBE

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La revista Cambio revela por estos días la lista de beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro, puesto en marcha durante la administración del ministro Andrés Felipe Arias, más conocido como Uribito. Este ladino y gris personaje de la política nacional no sólo quiere parecerse a Uribe, agitando la bandera de la seguridad democrática, sino que aspira a remplazarlo, algún día, en el Solio de Bolívar.

La revista denuncia que hijos de políticos, de familias pudientes y hasta reinas de belleza se beneficiaron del cacareado programa, del que se esperaba que generara equidad en el campo, a través de nuevos empleos, creados por proyectos productivos subsidiados a través de recursos estatales. En el portal http://www.ais.gov.co/ se leen las siguientes funciones: “Promover la productividad y competitividad. Reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía. Propender por el ordenamiento productivo del territorio y la empresarización del campo, en concordancia con la agenda interna de productividad y competitividad, la apuesta exportadora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), y en coordinación con las instituciones del orden territorial”.

Sin duda, se trata de un programa de claro beneficio para quienes tienen capacidad instalada, recursos económicos y especialmente, conocimiento estratégico para echar andar proyectos agroindustriales. Es decir, estamos ante una iniciativa gubernamental no sólo para concentrar aún más la riqueza en pocas manos, mantener la inequidad en el campo, generar empleo con la intención de que campesinos, pequeños productores, colonos y miembros de comunidades negras e indígenas, pasen de ser pequeños propietarios y miembros de proyectos de vida autónomos, a insertarse en la dinámica económica global como simples empleados, en un proceso de pauperización cultural y económica, plausible para la lógica empresarial con la cual Uribito y el propio Uribe ven los asuntos del campo.

No se trata de un programa de seguridad alimentaria con claro beneficio colectivo, por el contrario, se trata de una idea de tecnificar, de industrializar el campo, de ponerlo a producir para negocios agroindustriales de familias poderosas que se benefician hoy del Gobierno, y de tiempo atrás, de las actividades de contrarreforma agraria adelantadas por los grupos paramilitares. No se trata de un plan para que abunde la comida y se bajen los precios de los alimentos que nuestra tierra nos puede dar y en abundancia.

En esa medida, Uribito no sólo desea suceder a Uribe, sino que le muestra hoy con creces que aprendió a comprar votos, a seducir ciudadanos, a comprar conciencias. Es decir, aprendió muy bien la lección.

A los medios que hoy destapan esta mini olla podrida del periodo de Uribe, hay que decirles que Uribito es apenas un eslabón de la larga corruptela con la que AUC (Álvaro Uribe Candidato) ha manejado los recursos del Estado. Y eso que juró combatir la corrupción y la politiquería. Pero ya se sabe que, por el contrario, lo que ha hecho es legitimar el clientelismo y la corrupción, elevándolas a la categoría de Instituciones viables, posibles y necesarias no sólo para garantizar votos, sino para el normal funcionamiento de un régimen político incapaz de construir ciudadanía a partir de la discusión amplia y generosa de los asuntos públicos. Finalmente, es más fácil comprar conciencias, que abrirle espacio al disenso.

Arias es el espejo en el que podemos ver no sólo la perversa obra de Uribe, sino lo costoso que será, social, política y económicamente, reelegir otra vez a quien sueña con un país en donde todo tiene precio, hasta la vida.

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LA CORTE SUPREMA JUSTICIA: UN VALIENTE ACTOR POLÍTICO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Al declarar no viable la terna presidencial para elegir el nuevo Fiscal, la Corte Suprema de Justicia asume, además de su rol constitucional, una actitud política y exhibe una postura de control político, propia de Partidos políticos serios y fuertes y de Congresos legítimos y comprometidos con la democracia. Más allá de la interpretación constitucional, lo que se advierte es que la Corte Suprema de Justicia está remplazando las funciones de control político propias y esperadas de esos dos actores claves para el funcionamiento armónico de la democracia.

La Corte Suprema de Justicia puede estar ejerciendo control político (¿oposición política?) sobre las acciones del Gobierno de Uribe, remplazando en esas funciones a los partidos políticos (en crisis y cooptados por el Gobierno) y al propio Congreso, deslegitimado y subsumido en y por la relación clientelar construida desde 2002 con el Ejecutivo.

Es decir, ante la inexistencia de partidos políticos decentes y ante la evidente cooptación del Congreso por parte del Gobierno, la CSJ hoy funge como opositor político -y jurídico, claro- de gran altura, para intentar frenar los ímpetus de un Presidente que hace rato perdió los límites y ha enfilado energías para hacerse con el poder absoluto del Estado, para de esta manera, concebir una dictadura, reclamada por sectores premodernos asociados a la industria, a los sectores educativo y productivo en general, y claro, a la defensa del libre mercado como máxima de un proceso de globalización económica que pone por encima de los derechos humanos y la democracia, los intereses del capital transnacional.

Es peligroso que la justicia se politice, pero lo es más, que ante la aplanadora uribista ninguna institución se oponga. En estas horas aciagas, es mejor que la Corte Suprema de Justicia además de ser el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, cumpla con el rol de actor político en aras de oponerse al oscuro proyecto político de un Gobierno al que evidentemente le estorba la división de poderes.

El acalorado enfrentamiento entre la Alta Corte y el Ejecutivo por la elección del Fiscal General tiene un carácter jurídico-político en el contexto del llamado equilibrio de poderes, afectado no sólo por la temprana reelección presidencial inmediata, sino por las inequívocas intenciones de Uribe de perpetuarse en el poder no sólo para contener a las FARC en el ámbito doméstico y eliminar el pensamiento libre, sino para contrarrestar la influencia de Chávez, sirviendo de alfil a los intereses de los Estados Unidos en esta parte de América.

Hay salidas claras para zanjar el evidente conflicto presentado por las legítimas dudas que la CSJ ha expresado en torno a los ternados presentados por el Presidente: de un lado, que en un acto de responsabilidad política de los candidatos, decidan renunciar a la designación que les hiciera el Mandatario; de otro lado, que el propio Uribe, haciendo a un lado su soberbia y su clara intención de poner una ficha más, un amanuense más en las entrañas del Estado, un estafeta de sus intereses en casos complejos que el próximo Fiscal deberá enfrentar y resolver, decida retirar la terna para presentar una nueva, en donde por lo menos se garantice que los nuevos designados posean una formación en derecho penal que genere confianza no sólo en los Magistrados, sino en los colombianos que esperamos que asuntos como los crímenes de Estado, la parapolítica, la ‘cuellopolítica’ y la ‘yidispolítica’, entre otros, se asuman con independencia de los intereses del Gobierno y con total transparencia, para que haya justicia real y efectiva. Por ello, es que le cabe razón a la CSJ al declarar como no viable la terna presentada por Uribe, puesto que la idoneidad de los ternados para enfrentar estos asuntos tan delicados, no está asegurada.

El choque entre el Ejecutivo y la CSJ representa, sin duda alguna, una grave crisis institucional. Es la consecuencia del desequilibrio político creado por la reelección inmediata, pero especialmente, por la intención de Uribe de perpetuarse en el poder.

Que no vaya a pasar que Uribe termine clausurando la CSJ al declararla como un obstáculo para el funcionamiento del sistema judicial, o como enemiga de los máximos intereses del Estado. Esa sería la confirmación de que efectivamente estamos caminando hacia una dictadura que muchos colombianos creen que necesitamos para ‘salir adelante’, para crecer económicamente, al estilo Chile.

Oigo con asombro y preocupación a colegas docentes que justamente defienden ese perverso imaginario. No es racional legitimar el abuso de poder y la violación de los derechos humanos, pensando que de esa manera se ‘progresa’ económicamente. A los colegas que piensan así, les pregunto: ¿Se justifica el milagro económico chileno a cambio de más tres mil muertos?

La valentía con la que hoy los Magistrados de la CSJ se enfrentan a Uribe debería servir de ejemplo a sus colegas de la Corte Constitucional, de quienes esperamos que declaren inexequible el proyecto de referendo reeleccionista que no sólo echaría por la borda la Carta Política, la democracia y el Estado Social de Derecho, sino que significará el inicio de una sangrienta dictadura de derecha, al mejor estilo de Pinochet, Videla o Galtieri, en Argentina, o de Strossner en el Paraguay, o Leonidas Trujillo en República Dominicana, entre otros muchos ejemplos. Todo está dado para que así sea, por lo menos ya hay un evidente choque de poderes.

LOS MEDIOS DEL MIEDO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En la tarea periodística se descubre, con cierta facilidad, la intención de reproducir las estructuras de poder y de dominación tradicionales, a partir de un discurso periodístico-noticioso construido con elementos propios de la moral cristiana y el miedo, que juntos coadyuvan a la legitimación de un régimen disciplinario y de control que tiene nombre propio: Álvaro Uribe Vélez.

Los medios, como empresas, recogen los réditos de un trabajo informativo acucioso y sistemático, cuyo objetivo estratégico es mantener condiciones de incertidumbre, asombro y miedo y, llegado el caso, hasta terror en las audiencias, frente a factores claves para la convivencia social como lo son la seguridad, la solidaridad, la confianza en los demás y en las instituciones del Estado.

Los periodistas y los medios saben que los colombianos tienen miedo a los cambios estructurales. Preferimos aceptar pequeños ajustes, maquillajes a una imagen negativa que arrastramos del Estado, de las formas de acción política y en general, del manejo de los asuntos públicos. No es posible pensar y aceptar que hay asuntos y problemas que sólo podemos superar revisando el fondo de un régimen político ilegítimo como el nuestro. Nos da pánico pensar en cambios sustanciales, y esa circunstancia es bien explotada por unos medios que trabajan para producir y reproducir no sólo el miedo, sino la costumbre, la tradición y de forma consecuente, mantener condiciones históricas de beneficio restringido para quienes han ayudado a privatizar el Estado colombiano.

Al revisar de manera cotidiana la agenda mediática (extensión de la agenda de Gobierno) encontramos asesinatos, violaciones, ataques de las FARC, caletas que se descubren por arte de birlibirloque, masacres, atracos callejeros y una suerte de hechos noticiosos cargados de desesperanza, que se conciben desde la necesidad entronizada en el discurso de periodistas y presentadoras, de generar incertidumbre, turbación, alarma y ansiedad en unas audiencias poco preparadas para la disquisición y la confrontación de las versiones periodísticas, alimentadas de fuentes oficiales que saben que al inocular el miedo, se abre espacio para el discurso político que ofrece combatirlo, así sea de forma ilegal.

Uribe Vélez ofreció seguridad en 2002 y alcanzó la Presidencia, en un contexto en el cual los medios y la abyecta acción de las FARC en la zona de distensión, se encargaron de generar en las audiencias desasosiego y temor, hasta el punto que terminaron aceptando la propuesta de la seguridad democrática, que aunque genera aprensión por los crímenes de Estado (‘falsos positivos’), se erige, con la anuencia de periodistas, líderes de opinión y empresas mediáticas, como una bandera que nadie se atreve a tocar o a bajar de lo más alto del mástil en el cual hoy ondea orgullosa y reelegida por los avances logrados en seguridad.

Sin duda, el discurso noticioso termina exacerbando las ya evidentes posturas fascistas de quienes siguen resignados y por cómplice admiración, a un Presidente que cree a pie juntillas en que gobernar con y sobre el miedo, asegura condiciones de gobernabilidad pues los ciudadanos terminan aceptando con mayor facilidad el terror del Estado y no la turbación que generan en las asustadizas audiencias, los discursos políticos que proponen revisar las estructuras de un régimen, de un Estado y de un modelo económico a todas luces excluyentes y provocadores. Es decir, los que proponen verdaderos cambios para un actuar decente y legítimo del Estado.

Hoy más que nunca se necesitan acciones investigativas y analíticas del discurso mediático, para pasar, en el mediano y largo plazo, a la acción política de formación de estados divergentes de opinión pública, con los cuales podamos enseñar a amplios sectores de las audiencias que el miedo que los medios intentan generar en nosotros, obedece a una estrategia bien planeada de mantener una política de seguridad democrática que sin duda genera terror (‘falsos positivos’), pero que por la acción mediática, ha terminado convirtiéndose en el único salvavidas que nos queda para sobrevivir en una Colombia en donde periodistas, políticos, el Presidente, el Congreso en pleno y los colombianos afectos a Uribe, sufren de una extrema e incurable cacosmia.

Septiembre 17 de 2009. Publicado en el blog La Otra Tribuna (http://www.laotratribuna1.blogspot.com/)

El largo camino de la reparación

El largo camino de la reparación

por: Cristian Valencia

Y cuando se repare a los desplazados, si se hace; cuando se indemnicen, si se hace, cuando restituyan sus bienes robados, si se hace, y cuando el Estado les garantice la no repetición de tales horrores, si se garantiza, habremos dado algunos pasos para la reconciliación nacional, pero unos pasos nada más, que serán un buen cimiento para una Colombia distinta, pero nada para aplaudir; porque los horrores, esos horrores de los cuales hemos sido testigos mudos, algunos enunciados por nuestra prensa, permanecerán para siempre en la memoria de las víctimas sobrevivientes.

Pero tenemos que recorrer el camino de la reparación primero, sin duda. Y para ello, todos los colombianos debemos estar alerta y dispuestos a colaborar con las medidas que el Estado tenga a bien implementar. Entender, por ejemplo, que cuando haya un desplazado en la ciudad pidiendo auxilio es porque lo necesita y no porque sea un limosnero profesional, que viene a apoderarse de lo tuyo, a fuerza de un chantaje emocional. Ese señor, esa señora, esa familia que está en el semáforo a la intemperie, tuvo una dignidad que nadie sospecha: una tierra que cultivaba, un tejido social vivo, una alegría que le fue arrancada de tajo, una salud mental, y una manera de vivir dignamente. Y que fue por la guerra, por la maldita violencia generada por paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, políticos corruptos y nuestro silencio, por lo que se produjo ese absurdo destierro que los mandó al carajo, a esa esquina fría que hoy padecen.

A mis manos ha llegado un exhaustivo informe preparado por la Procuraduría General, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), llamado La voz de las regiones, que aborda, sobre todo, la restitución de bienes como parte de la reparación que el Estado debería implementar. En la primera parte, el libro expone todos los mecanismos, o rutas posibles, para que la restitución de bienes a la población desplazada sea una realidad. En la segunda están los análisis de contextos regionales específicos, "que buscan situar en la realidad geográfica, política, cultural, económica, social y humanística" cada una de las recomendaciones hechas. Y queda muy claro que el camino que debemos recorrer es largo, es costoso, y debe contar con el total compromiso del Estado.

Me impresionó, sobre todo, el problema agrario de este país y cómo los gobiernos colombianos desde siempre se han hecho los de las gafas. "En efecto, desde la Ley 200 de 1936 se crearon jueces de tierras para la resolución de los conflictos, pero no se asignaron los recursos para su creación", y así la seguidilla de buenas intenciones en forma de leyes que nunca se implementaron han sido las causantes, por omisión, del enorme problema de desplazamiento en Colombia. El problema, para mi gusto, es la tierra y quien la posee. El problema es un sistema catastral premoderno. El problema es que no ha habido gobierno que le meta verdaderamente el diente a una real y profunda reforma agraria en este país, reforma que redundaría en un blindaje jurídico para el campesinado nacional, en detrimento de intereses privados y de grupos armados ilegales.

La voz de las regiones es un libro que propone y sugiere los mecanismos adecuados para la restitución de tierras, primer paso de muchos que habrá que dar para terminar con el flagelo del desplazamiento en Colombia. Es triste, sin embargo, que semejante estudio no circule en librerías, no esté en todas las universidades y en todos los medios de comunicación. Porque si la información al respecto se sigue manejando en círculos tan cerrados, la gran mayoría de colombianos no entenderemos de qué va la cosa y seremos electores ciegos frente a las urnas nuevamente.

Es un problema de todos, creo yo, en la medida que hay 4 millones de desplazados dejando ver su desesperanza en la luz roja de los semáforos, que desaparecen cuando cambia a verde.

© CEET