Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia
La apertura política es indiscutible. Ya estamos viendo las tropas y los tanques al final del túnel. Millor Fernández
Los fuertes enfrentamientos entre el Gobierno y las Altas Cortes, pero especialmente con la Corte Suprema de Justicia, han alcanzado dimensiones insospechadas que de seguir así, afectarán la institucionalidad y la propia gobernabilidad, lo que dejaría el país en una crisis en la que cualquier cosa puede pasar.
En un país como el nuestro, en el que el Estado no se ha afianzado lo suficiente como para garantizar la viabilidad de un régimen constitucional generoso en derechos, este tipo de conflictos interinstitucionales van abriendo el camino a propuestas de soluciones que en lugar de fortalecer las instituciones, el gobierno y el Estado mismo, pueden terminar por generar vacíos de poder que fácilmente pueden ser copados por agentes contrarios al espíritu democrático que exhala nuestra constitución y que debería irrigarse por todas las instituciones y entronizarse en cada uno de los ciudadanos.
En el ámbito interno, el choque Gobierno-Cortes no sólo genera incertidumbres políticas, sino que puede llegar a impactar en materia grave la ya alicaída economía nacional; y en el ámbito externo, ya hay instituciones y países en la comunidad internacional que ven con preocupación lo que viene sucediendo entre los dos poderes del poder público. Vuelve y juega el fantasma del estado fallido.
La desestitucionalización es un estadio que sólo conviene a quienes hoy los interesa perpetuar en el poder a Uribe, quien buscará el momento adecuado para cerrar las Altas Cortes, invocando que los máximos intereses del Estado están en riesgo porque los magistrados han politizado sus sentencias y porque con su actuar, están impidiendo que la voluntad popular, expresada y concentrada en tres referendos, especialmente en el reeleccionista, pueda ser canalizada y fielmente interpretada por un Congreso respetuoso de la voluntad del constituyente primario.
Ese es el riesgo que corren no sólo las Cortes, sino el país mismo, de continuar el agrio enfrentamiento entre el Presidente y su gobierno, con instituciones justamente creadas por la constitución de 1991.
En el fondo lo que hoy puede llegar a enfrentar a los colombianos y lo que de hecho sostiene el proyecto de derecha de Uribe y sus áulicos, es la suerte de la constitución de 1991. Es decir, de un lado aparecen quienes creemos abiertamente en la necesidad de consolidar el marco y el espíritu garantista de la constitucional de 1991, y del otro, aquellos que desean regresar a la constitución de 1886, cuyo espíritu conservador, arbitrario y excluyente, calza perfecto con la horma que Uribe ha venido diseñando desde 2002 y de la que ya hacen parte un poco más de cuatro millones de colombianos, y la mayoría de un Congreso expuesto a la fuerza persuasiva de un gobierno que gasta sin control cuando de lograr apoyo en el legislativo se trata.
La propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es la nueva argucia con la que los congresistas de la bancada uribista, entre ellos, Luis Carlos Restrepo, Roy Barreras y William Vélez, pretenden perpetuar a Uribe en el poder y por esa vía, retroceder en materia de derechos, logrando revivir los preceptos y el espíritu constitucionales de la carta de 1886.
Nada más inconveniente y peligroso para el país que apelar a este instrumento para intentar mantener en el poder a un hombre cuyo proyecto político se sostiene en un afán de venganza, con el que el país, hay que reconocerlo, ha avanzado en materia de orden público, pero a unos costos altos en lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos (falsos positivos, persecución y muerte a sindicalistas, intimidación a periodistas, líderes de opinión, y señalamientos a detractores, opositores y librepensadores). De esa forma, el país, sin ninguna duda, ha retrocedido en materia de respeto a los derechos humanos, acercándonos cada día más a las horas aciagas vividas durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala.
¿Cuáles son las difíciles circunstancias de orden público que justificarían la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Acaso son las mismas que se vivían cuando se convocó la constituyente de 1990? Son preguntas que deben responder los congresistas uribistas que pretenden que transitemos ese camino.
La apertura de investigación preliminar por parte de la Corte Suprema de Justicia a los congresistas que voten el referendo reeleccionista y el enredado trámite de la conciliación del mismo proyecto, no son suficientes elementos institucionales y menos de orden público, que obliguen al congreso a decirle al país que es necesario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero sí pueden terminar dándole motivos al Presidente para mandar los tanques y cerrar las Cortes, apelando a esas particulares e imprecisas razones de estado que en un pasado momento usó de manera discrecional.
El interés de los paramilitares de refundar la patria con los pactos firmados con un grupo de políticos, está hoy más vivo que nunca. Es más, la tarea inconclusa de los paramilitares y de los congresistas de la parapolítica, pretende hoy ser recogida, nuevamente por uribistas, con la silenciosa anuencia del Presidente, a través de la Asamblea Nacional Constituyente. No hay otra explicación para el exabrupto que ya empieza a cocinarse en el oscuro congreso de la República: se trata, sin duda, de la segunda oportunidad del paramilitarismo de refundar la patria.
Ojalá que el aforismo de Millor Fernández no cobre vida en Colombia, pero parece que vamos en esa dirección.
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