DE LOS HECHOS NOTICIABLES, A LOS HECHOS ANALIZABLES

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


En la lógica noticiosa puede radicar el poder de penetración que tienen los medios de comunicación de masas. Y es así, porque al momento de elevar un hecho al estatus de noticia, son muchos los eventos, circunstancias, situaciones y experiencias que quedan por fuera de toda posibilidad de análisis, justo por esa selección arbitraria, subjetiva y por supuesto, discutible. Es casi un acto de magia el que está detrás de un hecho noticiable cuando, expuesto al mundo, se convierte en noticia.

Los hechos noticiables existen porque obviamente hay unos sucesos que casi de forma natural vienen investidos de ese carácter sobre el cual se soporta su importancia, y en ella, la razón indiscutible de convertir esos sucesos en noticia de primera plana.

Los hechos noticiosos son espectaculares porque existe un lenguaje periodístico-noticioso que así lo decide al reconocer investiduras, cargos públicos, o porque califica y determina roles, porque magnifica cualquier obra o acción humana y claro, porque ese mismo lenguaje es el que permite darle otro contexto al hecho noticiable ‘original’, y así ocultar, desestimar, soslayar, o deliberadamente, hacer olvidar circunstancias que podrían poner en peligro una decisión política, o hacer muy discutible la elección-decisión mediática de convertir en noticia un determinado hecho.

El ejercicio rutinario y en muchas ocasiones poco reflexivo de medios y periodistas, hace que las críticas a la labor de informar se concentren en la decisión editorial y política de señalar cuándo un hecho es noticia y cuándo no. De igual forma, a la cantidad de hechos seleccionados y al tratamiento espectacular que se les da a esos mismos hechos, se dirigen las críticas más fuertes cuando las audiencias más o menos formadas, reconocen cuando se ha exagerado o desinformado.

Qué es noticia, debería obligar a los periodistas a un mayor análisis, pues la pregunta conlleva riesgos inmensos para las audiencias y claro, para los mismos reporteros por cuanto en muchas ocasiones son los personajes públicos quienes se convierten en noticia, por cuenta de declaraciones y opiniones que vienen investidas de cierta autoridad y veracidad y que terminan siendo verdades aceptadas, aceptables y universalizables, a lo que medios y periodistas podrían poner más cuidado, por aquello de la responsabilidad social y por la tarea de informar y generar opinión pública.

Ayer y hoy, indiscutiblemente, fue y es aún noticia la muerte de Michael Jackson. Y con ese carácter noticioso, se borran o se ocultan varios hechos y circunstancias que ameritan una discusión seria y fuerte alrededor, por ejemplo, de lo que significó la decisión del Rey del Pop de negar su apariencia, su etnia y su pasado, sometiéndose a procedimientos médicos para lograrlo y de cómo la técnica o la ciencia médica se prestó para que aspiraciones y decisiones particulares, respetables de un individuo, terminaran universalizándose de tal forma, que el color de una piel humana, termine siendo la puerta que cierra, o se abre, al éxito, al reconocimiento y al respeto que todo ser humano merece de forma natural, sin que medio su color de piel.

En el plano local, es noticia cuando el Presidente se enoja, da una destemplada declaración, cuando señala de terroristas a civiles, a ONG, a opositores políticos; o es noticia, la muerte, el secuestro o la violación de menores, el triunfo de un deportista o cuando sus miserias llaman la atención de periodistas y editores que deciden, en un momento dado, que es noticia porque es un personaje público.

Para las complejas circunstancias que vive Colombia, bien valdría la pena que medios, periodistas, gremios o círculos de periodistas y facultades de periodismo, entre otros, discutieran la viabilidad de continuar informando bajo la óptica de unos criterios de noticiabilidad que en ocasiones sostienen un proceso de desinformación que se inicia en las fuentes, se continúa en los medios que recogen sus versiones, y finaliza con unas audiencias incapaces de comprender qué es lo que realmente sucede, porque la miríada de titulares apuntan a lo mismo y tratan de ocultar una falla del periodismo colombiano: la falta de análisis.

Deberían, por ejemplo, pensar no en hechos noticiables, sino en hechos analizables, esto es, hechos y circunstancias que rodean al hecho noticioso central, pero que por cuenta de la rapidez, del afán de informar, de competir, y en muchas ocasiones, por la falta de criterio de editores y reporteros, se olvidan, se desechan o simplemente, se ocultan.

Los hechos analizables obligan a replantear las lógicas y las rutinas informativas de unos medios enfermos por el síndrome de la chiva, por el afán de competir por ganar puntos en el rating, perverso principio con el cual pretenden hoy informar y generar estados óptimos de opinión pública.

Con los hechos analizables el llamado olfato periodístico desaparece para darle paso a la real capacidad de cruzar variables y hechos, de buscar antecedentes, lo que pone a prueba la calidad del background de los mismos reporteros y editores.

Con los hechos analizables, las declaraciones del presidente Uribe serían puestas en remojo antes de salir al aire, serían confrontadas, contrastadas y seriamente cuestionadas. Es decir, no habría lugar para que el periodista se perdiera en detalles, en si se enojó o no, en calificar el discurso, en señalar que se fue lanza en ristre contra… No. Habría una mirada hermenéutica sobre el discurso, sus alcances y su trasfondo.

En un país como el nuestro, se necesita de medios y de periodistas capaces de reconocer que se auto engañan, informando desde unos criterios de noticiabilidad que poco aportan a dar claridad a los hechos que suceden en Colombia. El periodismo de declaraciones del cual habló Javier Darío Restrepo es una consecuencia del escaso ejercicio reflexivo de los periodistas, miedosos de proponer cambios, para superar el espectáculo noticioso y de esta forma, garantizar la existencia de una opinión pública capaz de comprender con suficiencia, qué es lo que realmente pasa en Colombia.

Deben aprender los periodistas que cuando aplican los criterios de noticiabilidad sin mayor análisis, de forma inercial, la verdad se reciente y su credibilidad disminuye exponencialmente. El oficio de informar requiere, con urgencia, de aptitudes analíticas que el desarrollo tecnológico informacional no puede garantizar. Sólo la autocrítica y una sólida formación académica pueden hacer que los periodistas y en consecuencia, el periodismo, alcancen altos niveles de profesionalismo, logrando al final, formar audiencias para el debate y no para el asentimiento fruto de la confusión mediática.

A la revisión de los actuales criterios de noticiabilidad hay que invitar, por supuesto, a los patrocinadores, propietarios, y anunciantes, entre otros, para que, alejados de las lógicas comerciales, logren entender que la generación de estados óptimos de opinión pública no se logra con la insustancial información noticiosa, sino con el análisis cuidadoso de los hechos. Y ello toma tiempo, por ello, quienes deberían pensar en dar esos pasos son quienes están detrás de los medios electrónicos, en especial los realizadores de los noticieros de televisión, pues su poder de penetración es innegable.

Atreverse a cambiar el formato de presentación de los noticieros de televisión, revisar sus lógicas y tratamientos informativos es un paso clave y definitivo en la tarea que tienen las empresas mediáticas de aportar al fortalecimiento de la democracia, ofreciendo productos comunicativos que en lugar de generar estados de opinión, fruto de olfatos cacósmicos, resulten de la discusión y del análisis amplio de los hechos sobre los cuales se informa.

Ben-edicto visita al oftalmólogo

LOS DIOSES EN LA POLÍTICA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo.

En la compleja racionalidad humana, la política puede exhibirse como una efectiva estrategia para alcanzar la felicidad de amplios, muy amplios grupos humanos, o por el contrario, para lograr que la incertidumbre y el dolor se apoderen de éstos, haciéndoles inviables sus propias vidas. Por eso, quizás, en cualquier escenario, la política debe hacerse apegada a valores como el respeto, el reconocimiento de los otros, el diálogo y la discusión libre de las ideas, alimentada también por la gallardía y por la sabiduría que nos debe dar el sabernos finitos y remplazables.

Confiarle a la política y esperar de ella los más elevados o perversos resultados del devenir humano en sociedad, es un asunto que pasa necesariamente por la elección de un líder, o de unos líderes, capaz o capaces de hacer, afable la vida, o en su defecto, capaz o capaces de sumirla en la más oscura experiencia.

Cuando en una empresa privada se elige a un líder, o cuando por concurso o mandato popular, se hace lo mismo en una empresa o corporación del Estado, los primeros elementos de gobernabilidad brotan, casi de forma natural, del talante de aquel que ha sido elegido para llevar las riendas de un proyecto de país o de empresa. Esto es, de su capacidad de respetar y de reconocer adversarios, detractores si se quiere, de saber que habrá opositores, críticas y disímiles obstáculos que pondrán a prueba ese talante, que para nuestras circunstancias, debe ser democrático.

Debe también reconocer que su elección se sostiene en la confianza depositada en él, no sólo por una junta directiva, un partido político, entre otros, sino por unas mayorías que con su voto o asentimiento, le dieron la posibilidad de dirigir los destinos de esa empresa, sea privada o estatal. Pero es importante también, que reconozca -y respete- que puede haber amplios sectores que dijeron no a su elección, o que simplemente no creen en sus capacidades y en su gestión.

De cualquier forma, para bien o para mal, la confianza excesiva que millones de seres humanos depositen en una persona, en un individuo, en un Presidente, un director y/o un gerente, entre otros, termina siendo el mayor obstáculo para que su actuar pueda ser revisado y puesto a prueba, cuando así se requiera. Y peor aún, cuando esa excesiva confianza viene investida de una nociva adoración que lo hace ver infinitamente superior a los demás, cuestión esta que termina llevando a ese líder por los caminos de la autocracia, de la egolatría o de una terminal megalomanía, que al final, lo harán ver como un pobre hombre que huye de sus defectos y vanidades, tratando de guarecerse en el poder que le elimina todas sus angustias, cuando hace uso de él.

Adorar a un líder significa perder la proporción de lo que significa hacer parte de la condición humana. Rendir pleitesía a una persona, por su cargo, elimina la comunicación y empobrece la política, convirtiendo a quien se hinca, en un ser servil, en un ser que no se respeta a sí mismo; y al Presidente, Director o Gerente, entre otros, en un líder que ya no se respeta por sus capacidades de convocar, de liderar, por esa visión prospectiva con la que se esperó que gobernara o gerenciara, sino por los favores a los cuales pueda corresponder a la rastrera presencia de sus áulicos y/o súbditos, capaces de convertir sus cuerpos en sensibles pétalos de rosas, arrojados por el camino que ha de pisar el elegido director, presidente o jefe.

La política, por ello, necesita ejercerse de una manera diáfana, alejada de cualquier relación clientelar que se pretenda construir entre el responsable de guiar los destinos de una corporación, o Gobierno, y quienes se declaran abiertamente sus seguidores y patrocinadores. El clientelismo es, quizás, la más perversa institución que acompaña el ejercicio de la política. Y existe tanto en los ámbitos privados como en los escenarios públicos.

Para ambos casos, quienes venden un voto o asienten una decisión esperando a cambio un presente, una prebenda, se elevan de inmediato a la categoría de Fichas o Cuotas Políticas, natural forma de auto eliminarse como actor político, y como ciudadano, del que se espera un ejercicio limpio de la política.

En Colombia, el clientelismo hace parte del quehacer de políticos profesionales, que estratégicamente buscan a líderes comunales para lograr que éstos trasfieran, vendan o permuten su liderazgo y su poder de convocar y/o movilizar conciencias y votos, a cambio de prebendas. En el ámbito de las empresas privadas funciona casi de forma parecida. En cualquier caso, las Fichas o las Cuotas Políticas se van alineando en torno al líder, de tal forma, que su poder empieza a trascender los límites humanos hasta convertirlo en un Dios castigador, vengador o magnánimo, según la relación que decidan establecer los áulicos, los súbditos o los amanuenses que le siguen con fervor. Allí es el momento de declarar la muerte del líder.

Lo cierto es que en política, adorar a un líder, auto limitando el actuar ciudadano, es abrir el camino a dictaduras en las que en nombre del neo Dios, se pueden cometer toda clase de delitos y atrocidades. Que en las aciagas noches por venir en Colombia, no despertemos con nuevas imágenes a las cuales nos veamos obligados a hincarnos para preservar la vida, o el trabajo.

Consulte: http://laotratribuna1.blogspot.com/

LA DEMOCRACIA NECESITA CIUDADANOS PENSANTES

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia

En un ambiente de polarización política como el que se vive actualmente en Colombia, generado desde 2002 por el discurso macartizante e incendiario de Uribe Vélez, bien vale la pena discutir alrededor del papel que se espera que jueguen los ciudadanos y las propias organizaciones de la sociedad civil, frente a las decisiones que en materia electoral deberemos tomar en el 2010.

El reto es grande como quiera que estamos ante una evidente crisis institucional, que se expone por la persecución política puesta en marcha por el alto gobierno contra las Cortes y sus magistrados, especialmente en contra de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Conocer ciertas circunstancias contextuales ayudará a los ciudadanos interesados, a adoptar decisiones más o menos coherentes. Entre éstas, hay que señalar el panorama mediático, pues la polarización política y la acción intimidante del Gobierno han hecho que hoy la prensa en Colombia esté, en un buen porcentaje, cooptada y comprometida con el Ejecutivo, lo que ha generado una evidente pérdida de credibilidad en la prensa nacional.

Miremos algunos ejemplos. Medios regionales como EL PAIS, Occidente y El Colombiano han dado muestras suficientes de que están con el Gobierno Uribe. Tanto así, que periodística y editorialmente hacen todo lo posible por agradar al Mandatario, censurando, si es el caso, a columnistas incómodos que, con sus textos y opiniones, ponen en riesgo el unanimismo que desde 2002 se viene edificando, con el concurso no sólo de los medios regionales, sino de los nacionales. Para la muestra tres botones: hace ya un poco más de dos años, el diario EL PAIS sacó de sus páginas de opinión al profesor Hernando Llano Ángel, crítico de la gestión de Uribe desde 2002. Igual decisión tomaría tiempo después el diario Occidente, que había acogido la pluma crítica del profesor Llano. Hace poco, El Colombiano decidió borrar de sus espacios de opinión a Javier Darío Restrepo, quien venía cuestionando al Gobierno, especialmente al Presidente por su intención de perpetuarse en el poder.

Los anteriores sucesos no se pueden entender como casos aislados, y menos aún como simples decisiones editoriales de los diarios: se trata, sin duda, de los primeros pasos para ir legitimando en Colombia el delito de opinión.

En el turbulento contexto en el que se dieron dichas censuras aparece, por supuesto, la decisión política de la prensa colombiana, con contadas excepciones, de cerrar filas en torno a un gobierno, a un mandatario que intimida no sólo a la prensa, sino a sus contradictores.

Si bien es preocupante lo que viene sucediendo con la prensa escrita, por ejemplo, EL TIEMPO hace rato viene trabajando en pro de la buena imagen del Gobierno de Uribe, lo que sucede con los noticieros privados de televisión, especialmente con RCN, es francamente preocupante. Lo mismo sucede con la radio en donde programas como La FM y la W, trabajan a diario para maquillar la imagen del Gobierno, como si tratara de verdaderos laboratorios del marketing político.

A lo anterior se suma la actividad ideológica desarrollada por las empresas demoscópicas, que con encuestas y sondeos de opinión, vienen generando estados de opinión favorables a Uribe y a su cacareada política de seguridad democrática, hasta el punto de que los colombianos parecen no concebir a un candidato presidencial que no ofrezca mantener dicha política, con todo y ejecuciones extrajudiciales y persecuciones a opositores y a libre pensadores.

Por ello hoy, del ciudadano colombiano y de disímiles organizaciones de la sociedad civil, se esperan posturas y decisiones inteligentes por fuera de las presiones que ejercen las empresas encuestadoras y el poder persuasivo de noticieros y consejos comunales. Es decir, se espera que voten a conciencia por un programa de gobierno y no por un candidato cuya imagen positiva es el resultado de maquilladores profesionales, expertos en concebir candidatos carismáticos, cuestionables por sus actuaciones pasadas, por sus ideas acerca del papel que debe cumplir el Estado social de derecho, y por supuesto, de aquellas que dan cuenta de lo que significa para éstos la igualdad y el respeto a la diferencia.

Si aceptamos como cierto el poder de penetración y de persuasión de los medios electrónicos comprometidos con la causa uribista, debemos por esa misma vía, validar lo que Sartori expresa en su libro El Homo Videns: “…los efectos de la video política tienen un amplio alcance. Uno de estos efectos es, seguramente, que la televisión personaliza las elecciones. En la pantalla vemos personas y no programas de partido; y personas constreñidas a hablar con cuenta gotas. En definitiva, la televisión nos propone personas (que algunas veces hablan) en lugar de discursos (sin personas)”.

Nada más angustiante hoy para quienes pensamos en la necesidad de discutir discursos, programas y en dialogar en torno a la idea de los deberes del estado social de derecho, que ver cómo la polarización política y el unanimismo mediático, nos arrebata la posibilidad de pensar en la necesidad de reorientar el rol del Estado, con miras a ampliar su legitimidad, procurando que el número de beneficiarios de sus acciones aumente considerablemente, haciendo posible cambiar lo que ha sido costumbre en Colombia: que unas élites han puesto a su exclusivo servicio, las organizaciones estatales.

Y es que el asunto del poder de penetración de los medios masivos debería considerarse como un factor desequilibrante a la hora de votar por una opción política. Uribe y sus seguidores lo saben, por ello usan herramientas como las encuestas para ocultar el real aporte de dos administraciones concentradas en eliminar a uno de los problemas de Colombia, pero haciendo muy poco por acabar con las circunstancias de pobreza, exclusión social y política, violencia política, entre otras, que históricamente alimentaron y alimentan aún el levantamiento armado.

Al problema de la mala calidad de la información que reciben los colombianos por vía de unos medios cooptados, se suma la oferta cultural de una televisión privada que le apuesta al empobrecimiento de la capacidad de discutir, de entender, de pensar, de discernir asuntos públicos, de unas audiencias adormecidas por las imágenes. Más grave aún es saber que dicha situación poco se ataca desde la Escuela y desde la Familia, instituciones modernas en crisis que han visto en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, en la televisión, la mejor manera de ocultar y minimizar la crisis del ser humano moderno que sobrevive en medio de incertidumbres y temores.

Si seguimos a Sartori cuando señala que la televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender, el asunto del consumo cultural que nos ofrecen debe preocuparnos; y si a lo descrito le sumamos el desinterés de una Comisión Nacional de Televisión burocratizada e inoperante por cambiar la oferta cultural televisada, y el hecho de que tenemos un Estado que en su conjunto, apenas si alcanza a garantizar el orden y la vida en todo el territorio, y además, el interés de Uribe de perpetuarse en el poder, eliminando de tajo garantías constitucionales sensibles para la democracia, los colombianos debemos ya sentarnos a pensar muy bien qué tipo de país es el que estamos construyendo para las actuales y próximas generaciones, al reelegir un proyecto de país que no ha hecho más que ahondar la brecha entre ricos y pobres, cerrar espacios para el disenso, perseguir, señalar y macartizar a quienes de forma legítima han intentado zafarse del unanimismo y alejarse de esta manera, de los forzosos consensos mediáticos.

Hoy más que nunca necesitamos mantener la cabeza fría ante un proyecto de país que conviene a los señores de la guerra, al sistema financiero nacional e internacional y a un reducido grupo humano convencido de que se vive mejor cuando no hay voces que evidencien injusticias, errores y otras formas de entender los asuntos públicos.

Nunca como antes, en la historia reciente de Colombia, la sociedad civil y millones de ciudadanos han tenido sobre sus hombros la responsabilidad de recomponer lo que por tanto años se hizo mal o, en su defecto, de insistir en mantener unas condiciones que han hecho y hacen hoy que el Estado colombiano sea calificado como inviable, ilegítimo y en vías de convertirse en fallido.

Por ello, antes de votar por candidatos simpáticos, que hablan bien y bonito, o por aquellos que vociferan, gritan, descalifican y amenazan, miremos muy bien sus proyectos de gobierno, sus actuaciones pasadas, las decisiones adoptadas en anteriores cargos públicos. Esta información, por supuesto, no la vamos a encontrar en los medios de comunicación, pues ellos sólo nos dan imágenes, hologramas. Y en política, tomar decisiones con base en hologramas, es un error mayúsculo que pone en evidencia nuestra incapacidad para entender que la democracia exige la existencia de ciudadanos y no de receptores adormecidos y anulados por las impresiones y las percepciones que nos dejan las nuevas tecnologías, la televisión y por supuesto, el discurso periodístico-noticioso.

La democracia necesita ciudadanos pensantes y no borregos mediatizados. La democracia necesita de líderes capaces de reconocer lo que se ha hecho mal y de afrontar, con valor, una cruzada para cambiar ese estado de cosas, y avanzar para dignificar la vida dentro de un territorio. Un estadista debe luchar por hacer legítimo el aparataje estatal. Un verdadero estadista abandona sus intereses personales, para servir a todos, sin que importe quiénes y cuántos lo eligieron.

Tres eslabones de la cadena

por Iván Cepeda Castro

En los expedientes de los procesos de justicia que se adelantan actualmente por los miles de crímenes cometidos por los paramilitares, con frecuencia aparecen citadas tres personas: el ex general Rito Alejo del Río, el ex senador Mario Uribe y el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez.
El primero ha sido insistentemente mencionado por los jefes de las Auc como uno de los militares de alto rango que planificó y facilitó gran parte de las cruentas incursiones en el norte del país. Además de estar siendo investigado por homicidio, algunos señalan que dejaba el mando de sus tropas directamente a los lugartenientes paramilitares. El ex general fue asesor en temas de seguridad del primer gobierno del presidente Uribe y candidato al Parlamento por el Movimiento Convergencia Democrática. Al ex senador Mario Uribe se le investiga por sus nexos con la parapolítica. Según el paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, para conseguir tierras a bajo costo el ex congresista les daba órdenes como ésta: “¿Hay que matar a alguien? No sé, ese es problema de ustedes. Con tal que las tierras sean baratas”. Del tercero, hay testimonios que lo señalan de ser el autor intelectual de asesinatos como el de Jaime Garzón, Manuel Cepeda y de otros líderes políticos de oposición. Narváez ha sido instructor de los paramilitares, consejero de seguridad del Gobierno, profesor en las academias de la Fuerza Pública y subdirector del DAS. Como si esto fuera poco, se le atribuye ser uno de quienes urdieron la macabra operación mediante la cual se ha escudriñado la vida personal y familiar de magistrados, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos. El proceso de esclarecimiento del organigrama de las estructuras narcoparamilitares pasa por identificar y sancionar ejemplarmente a sus cabecillas políticos y empresariales. De ahí la importancia de las investigaciones y procesos judiciales que se llevan a cabo para sancionar a estos personajes. No obstante, las estrategias de impunidad o la falta de actuación de los operadores de justicia impedirían que en estos casos la acción de la justicia tenga éxito. El próximo cambio en la dirección de la Fiscalía General de la Nación puede contribuir decididamente a que se realice este propósito. En el caso del ex general, hace algunos días se hundió un acervo probatorio en el que había información comprometedora. Literalmente se hundió. Uno de los expedientes que venía del Chocó terminó en el fondo de un río, pues la chalupa en la que lo transportaban naufragó. En cuanto a la investigación del ex congresista Uribe, pasa el tiempo y no se produce una decisión. El vencimiento de términos amenaza con impedir el juzgamiento. Acerca de Narváez, si bien ha sido llamado a indagatoria en el caso de las interceptaciones, sorprende que no se le esté investigando por homicidio agravado y por concierto para delinquir agravado. Las declaraciones rendidas ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz debieran constituir la base del comienzo de esta investigación. Es probable entonces que la justicia nacional no actúe debidamente. Sin embargo, estos casos son dignos de la Corte Penal Internacional. Llenan los tres requisitos para ello: los crímenes cometidos son de lesa humanidad, se trata de presuntos altos responsables de esos actos, y la ejecución de muchas de sus acciones se ha presentado con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma. Si no hay justicia en Colombia, llegaremos a esa instancia.
Fuente: www.movimientodevictimas.org

LA ASAMBLEA NACIONAL URIBISTA: LA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA REFUNDAR LA PATRIA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia

La apertura política es indiscutible. Ya estamos viendo las tropas y los tanques al final del túnel. Millor Fernández

Los fuertes enfrentamientos entre el Gobierno y las Altas Cortes, pero especialmente con la Corte Suprema de Justicia, han alcanzado dimensiones insospechadas que de seguir así, afectarán la institucionalidad y la propia gobernabilidad, lo que dejaría el país en una crisis en la que cualquier cosa puede pasar.

En un país como el nuestro, en el que el Estado no se ha afianzado lo suficiente como para garantizar la viabilidad de un régimen constitucional generoso en derechos, este tipo de conflictos interinstitucionales van abriendo el camino a propuestas de soluciones que en lugar de fortalecer las instituciones, el gobierno y el Estado mismo, pueden terminar por generar vacíos de poder que fácilmente pueden ser copados por agentes contrarios al espíritu democrático que exhala nuestra constitución y que debería irrigarse por todas las instituciones y entronizarse en cada uno de los ciudadanos.

En el ámbito interno, el choque Gobierno-Cortes no sólo genera incertidumbres políticas, sino que puede llegar a impactar en materia grave la ya alicaída economía nacional; y en el ámbito externo, ya hay instituciones y países en la comunidad internacional que ven con preocupación lo que viene sucediendo entre los dos poderes del poder público. Vuelve y juega el fantasma del estado fallido.

La desestitucionalización es un estadio que sólo conviene a quienes hoy los interesa perpetuar en el poder a Uribe, quien buscará el momento adecuado para cerrar las Altas Cortes, invocando que los máximos intereses del Estado están en riesgo porque los magistrados han politizado sus sentencias y porque con su actuar, están impidiendo que la voluntad popular, expresada y concentrada en tres referendos, especialmente en el reeleccionista, pueda ser canalizada y fielmente interpretada por un Congreso respetuoso de la voluntad del constituyente primario.

Ese es el riesgo que corren no sólo las Cortes, sino el país mismo, de continuar el agrio enfrentamiento entre el Presidente y su gobierno, con instituciones justamente creadas por la constitución de 1991.

En el fondo lo que hoy puede llegar a enfrentar a los colombianos y lo que de hecho sostiene el proyecto de derecha de Uribe y sus áulicos, es la suerte de la constitución de 1991. Es decir, de un lado aparecen quienes creemos abiertamente en la necesidad de consolidar el marco y el espíritu garantista de la constitucional de 1991, y del otro, aquellos que desean regresar a la constitución de 1886, cuyo espíritu conservador, arbitrario y excluyente, calza perfecto con la horma que Uribe ha venido diseñando desde 2002 y de la que ya hacen parte un poco más de cuatro millones de colombianos, y la mayoría de un Congreso expuesto a la fuerza persuasiva de un gobierno que gasta sin control cuando de lograr apoyo en el legislativo se trata.

La propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es la nueva argucia con la que los congresistas de la bancada uribista, entre ellos, Luis Carlos Restrepo, Roy Barreras y William Vélez, pretenden perpetuar a Uribe en el poder y por esa vía, retroceder en materia de derechos, logrando revivir los preceptos y el espíritu constitucionales de la carta de 1886.

Nada más inconveniente y peligroso para el país que apelar a este instrumento para intentar mantener en el poder a un hombre cuyo proyecto político se sostiene en un afán de venganza, con el que el país, hay que reconocerlo, ha avanzado en materia de orden público, pero a unos costos altos en lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos (falsos positivos, persecución y muerte a sindicalistas, intimidación a periodistas, líderes de opinión, y señalamientos a detractores, opositores y librepensadores). De esa forma, el país, sin ninguna duda, ha retrocedido en materia de respeto a los derechos humanos, acercándonos cada día más a las horas aciagas vividas durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala.

¿Cuáles son las difíciles circunstancias de orden público que justificarían la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Acaso son las mismas que se vivían cuando se convocó la constituyente de 1990? Son preguntas que deben responder los congresistas uribistas que pretenden que transitemos ese camino.

La apertura de investigación preliminar por parte de la Corte Suprema de Justicia a los congresistas que voten el referendo reeleccionista y el enredado trámite de la conciliación del mismo proyecto, no son suficientes elementos institucionales y menos de orden público, que obliguen al congreso a decirle al país que es necesario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero sí pueden terminar dándole motivos al Presidente para mandar los tanques y cerrar las Cortes, apelando a esas particulares e imprecisas razones de estado que en un pasado momento usó de manera discrecional.

El interés de los paramilitares de refundar la patria con los pactos firmados con un grupo de políticos, está hoy más vivo que nunca. Es más, la tarea inconclusa de los paramilitares y de los congresistas de la parapolítica, pretende hoy ser recogida, nuevamente por uribistas, con la silenciosa anuencia del Presidente, a través de la Asamblea Nacional Constituyente. No hay otra explicación para el exabrupto que ya empieza a cocinarse en el oscuro congreso de la República: se trata, sin duda, de la segunda oportunidad del paramilitarismo de refundar la patria.

Ojalá que el aforismo de Millor Fernández no cobre vida en Colombia, pero parece que vamos en esa dirección.

LOS PELIGROS DE UNA SONDEOCRACIA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia


Las encuestas juegan un papel estratégico y a veces definitivo, en sociedades en donde la comprensión de los asuntos públicos sobre los cuales giran las preguntas, pasa por coyunturas electorales, por la real capacidad de análisis de los encuestados y por supuesto, por la expresa y esperada manipulación mediática de los resultados.

La reciente encuesta, contratada por un grupo de medios, da cuenta, un año antes de las elecciones de 2010, de las preferencias de un grupo de colombianos (1.203 encuestados) alrededor de los pre candidatos y candidatos presidenciables que ya aparecen en la arena política.

Más allá de los resultados, vale la pena reflexionar alrededor del poder político-electoral de este tipo de mecanismo de medición de lo que puede estar pensando un grupo selecto del electorado, alrededor de cuál sería el mejor candidato, incluyendo al actual Presidente, para gobernar en el periodo 2010- 2014.

Con las encuestas, los medios masivos universalizan una tendencia, una intención de voto y hasta quizás una forma de ver un determinado hecho público de un reducido grupo de ciudadanos encuestados, anónimos, cuyas historias no es posible conocer.

Cuando se universaliza, en este caso, una intención de voto, los ciudadanos que no participaron de la encuesta, son enfrentados a una tendencia real, esto es, a una opinión que a pesar de su origen minoritario, por arte de birlibirloque ahora es mayoritaria por cuenta de unos medios interesados y que se expresa cuando los periodistas titulan: los colombianos votarían por…; o los colombianos reelegirían a…; o el referendo reeleccionista obtendría…; o si no es Uribe, Santos…

Esa opinión o intención de voto no admitiría -y de hecho no admite- discusión alguna, lo que significa que quien intente desconocer dicha tendencia o intención real de voto, simplemente actúa con necedad pues ya no hay nada qué hacer con lo que expresó un grupo de ciudadanos, ¡1.203 colombianos!, dado que con los titulares e ilustraciones bien logradas, los presidenciables y sus campañas pueden empezar a dormir tranquilos pues el trabajo de posicionamiento en la conciencia del electorado, ya empezó.

Hay, entonces, un elemento clave para garantizar la efectiva y efectista universalización de la opinión de unos cuantos: la presentación, en horarios privilegiados, de los resultados de la encuesta. Normalmente, los resultados de una encuesta se presentan a través de un aparente diálogo, por ejemplo, entre las presentadoras de un noticiero y el encuestador, quien funge como intérprete único de los hallazgos.

Los resultados de la encuesta que pagaron a la firma Napoléón Franco, la Revista Semana, RCN radio, La FM de RCN y Noticias RCN, fueron presentados, por lo menos en el noticiario RCN, en medio de una elocuente felicidad tanto del encuestador como de las presentadoras del mencionado medio audiovisual, ante los positivos resultados, especialmente porque estos hacían referencia a la votación que alcanzaría el referendo reeleccionista, y claro, la eventual candidatura y continuidad del presidente Uribe.

En la presentación de los resultados de este tipo de encuestas no hay lugar para el debate. No se cuenta, por ejemplo, con la participación de otro gran encuestador o simplemente, con el concurso de un experto en estadística, que le busque vacíos a los resultados y a la interpretación de los mismos, e incluso, al procesamiento de la información consignada por los ciudadanos que respondieron las preguntas. Por ejemplo, no existe la más mínima explicación alrededor de la forma como se aplicó el instrumento, las condiciones dialógicas generadas entre quienes aplicaron la encuesta y entre quienes respondieron las preguntas contenidas en la misma.

En materia política, especialmente en una coyuntura electoral como la que estamos viviendo, los monólogos o los diálogos que se soportan en una relación comercial como la que efectivamente se generó por el hecho de que varios medios se unieran para pagar una encuesta, hacen mucho daño en la medida en que no hay discusión, no hay confrontación de ideas, sólo se legitima un instrumento sobre el cual es inconveniente y peligroso que la prensa genere estados de opinión de pública y más aún, que a partir de ahí, se genere una participación electoral en cascada, por el factor persuasivo que puede tener en los votantes saber con antelación quién ganaría en la próxima contienda electoral.

En una sociedad polarizada como la nuestra, con una cultura política reducida a gustos personales, e incluso, a simpatías asociadas a la belleza y al buen parecido de los candidatos, este tipo de estrategias demoscópicas, aupadas por medios masivos interesados, terminan sirviendo a la propaganda oficial que aventaja a otros candidatos, y que se expresa, por ejemplo, en el manejo político-administrativo de grandes recursos públicos por parte del presidente-candidato e incluso, por quienes están dispuestos a lanzarse para lograr perpetuar la afamada política de seguridad democrática.

Cuando los medios masivos amplifican los resultados de una encuesta, saben que los efectos en materia electoral están casi garantizados no sólo por la forma en que los presentan o los manipulan, sino porque entienden muy bien que el electorado es fácilmente permeable a imágenes y a los discursos de los líderes carismáticos y que ese mismo electorado huye de la confrontación de ideas, de programas, de apuestas de Estado, que no se pueden dilucidar y exponer en unos minutos.

Dadas las circunstancias descritas, los medios colombianos deberían de reconsiderar las maneras como presentan este tipo de información. Deberían, por ejemplo, ofrecer más análisis de la gestión, por ejemplo, del actual Presidente, en materia de desempleo, política económica, clientelismo, corrupción, legitimidad y hasta en materia de equilibrio de poderes, pues es nocivo para una democracia de por sí débil como la colombiana, que la opinión ligera e interesada de unas minorías termine imponiéndose y edificándose como una verdad sobre la cual Uribe decida mañana presentarse como candidato, sólo porque existen algunos colombianos (los 1.203 de la encuesta, los cuatro millones que avalaron el referendo reeleccionista e incluso, los 7 millones que votaron por él en las pasadas elecciones) cuyas preferencias políticas han pasado por la intención y decisión de los medios masivos de información de magnificarlas, junto a las virtudes de un candidato.

Lo claro es que los medios que han sido cooptados por el gobierno de Uribe están trabajando en el posicionamiento de unas ideas contrarias a las buenas prácticas institucionales y constitucionales en el contexto de una democracia. Dichas ideas contrarias se expresan, por ejemplo, en que el desequilibrio de poderes que generó la primera reelección y el que generaría la segunda reelección de Uribe Vélez es una entelequia inventada por los enemigos de la seguridad democrática; y que acomodar las reglas de juego a la justa medida de un individuo, es un hecho legítimo por cuanto se trata de un beneficio para el país.

Con la divulgación de resultados de encuestas, los medios masivos no sólo universalizan unas reducidas intenciones de voto, sino que de forma indirecta, están construyendo un imaginario negativo del actual régimen constitucional colombiano, que se expresa en esta frase: es el mayor impedimento para que un gobierno, una administración, o un Presidente, culmine su tarea.

Inconveniente, y hasta peligroso, resulta que pasemos rápidamente de una democracia electoral, a una sondeocracia o videocracia, en donde la forma de participar y de elegir está determinada por el juicio de unos medios masivos y de unos periodistas que hoy, de forma evidente, están en la tarea de hacer propaganda política por un proyecto político cuya legitimidad está cuestionada.


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