Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Los cruentos enfrentamientos que sostienen las Farc y el Ejército Nacional en el norte del Cauca deben entenderse como una estrategia para eliminar o desplazar a los indígenas de sus territorios, abriendo así la posibilidad para proyectos productivos, legales e ilegales, en los cuales están no sólo interesadas las Farc, sino los carteles del narcotráfico, terratenientes caucanos y de otras zonas, así como agentes del gran capital nacional e internacional, que saben que dichos terrenos son un verdadero tesoro aún por explotar. El resultado esperado es que en esa zona del Cauca se den más Carimaguas para que políticas públicas como Agro Ingreso Seguro puedan beneficiar a los grandes empresarios del campo.
La consolidación de la “seguridad democrática” cumple un doble propósito: de un lado, el Gobierno de Uribe responde militarmente a las Farc, dizque para defender la vida y honra de la población civil, víctima de los subversivos. De otro lado, la misma respuesta del Estado sirve al propósito de muchos actores económicos, sociales y políticos de erosionar el Proyecto de Vida de los indígenas asentados en esa zona del Cauca. Por el lado de las Farc, éstas insisten en una lucha armada inocua que sostienen porque saben que necesitan de las tierras de los indígenas para sembrar coca y amapola y como corredor estratégico. Es decir, nuestros hermanos indígenas incomodan a grupos legales e ilegales, armados y no armados.
Farc y fuerzas militares hacen realidad los sueños de terratenientes, empresarios y políticos regionales que ven esos territorios como una zona especial para el desarrollo de proyectos productivos (siembra de palma, y de otros monocultivos, potrerización, desarrollo a fondo de actividades mineras, entre otros). A veces pienso que las acciones militares, los enfrentamientos armados, obedecen a un maridaje entre frentes de las Farc y sectores del Ejército, que se benefician del desplazamiento de los indígenas y campesinos.
Por ello quizás la crisis humanitaria que hoy sufren los indígenas apenas si ocupan las páginas de la gran prensa y poco preocupa a los actuales candidatos a la Presidencia. Finalmente, la autonomía de los territorios indígenas ha sido desde siempre un asunto molesto para el Estado y para varias organizaciones de la sociedad civil que deben estar felices con los enfrentamientos entre los dos actores armados y las graves consecuencias que deben soportar los indígenas.
A pesar de los avances logrados con la Constitución de 1991, insistimos en invisibilizar y perseguir la sabiduría y los proyectos de vida sustentables de los indígenas. Lejos está el Estado colombiano de alcanzar niveles óptimos de legitimidad y de aceptación de la diferencia, en un marco de pluralidad y respeto.
La guerra interna, con sus actores armados, es hoy, junto con las acciones de persecución adelantadas por los organismos de seguridad del Estado, así como los esfuerzos de invisibilización de los asuntos indígenas por parte de la industria cultural, la mejor estrategia para desaparecer a los pueblos indígenas. ¿Dónde están la ONU y las organizaciones humanitarias para que ayuden a parar la guerra que se lleva a cabo en los sagrados territorios indígenas? ¿Harán parte del juego económico de los agentes del gran capital? Mientras llegan las respuestas, asistiremos a la muerte de más y más indígenas.
Los cruentos enfrentamientos que sostienen las Farc y el Ejército Nacional en el norte del Cauca deben entenderse como una estrategia para eliminar o desplazar a los indígenas de sus territorios, abriendo así la posibilidad para proyectos productivos, legales e ilegales, en los cuales están no sólo interesadas las Farc, sino los carteles del narcotráfico, terratenientes caucanos y de otras zonas, así como agentes del gran capital nacional e internacional, que saben que dichos terrenos son un verdadero tesoro aún por explotar. El resultado esperado es que en esa zona del Cauca se den más Carimaguas para que políticas públicas como Agro Ingreso Seguro puedan beneficiar a los grandes empresarios del campo.
La consolidación de la “seguridad democrática” cumple un doble propósito: de un lado, el Gobierno de Uribe responde militarmente a las Farc, dizque para defender la vida y honra de la población civil, víctima de los subversivos. De otro lado, la misma respuesta del Estado sirve al propósito de muchos actores económicos, sociales y políticos de erosionar el Proyecto de Vida de los indígenas asentados en esa zona del Cauca. Por el lado de las Farc, éstas insisten en una lucha armada inocua que sostienen porque saben que necesitan de las tierras de los indígenas para sembrar coca y amapola y como corredor estratégico. Es decir, nuestros hermanos indígenas incomodan a grupos legales e ilegales, armados y no armados.
Farc y fuerzas militares hacen realidad los sueños de terratenientes, empresarios y políticos regionales que ven esos territorios como una zona especial para el desarrollo de proyectos productivos (siembra de palma, y de otros monocultivos, potrerización, desarrollo a fondo de actividades mineras, entre otros). A veces pienso que las acciones militares, los enfrentamientos armados, obedecen a un maridaje entre frentes de las Farc y sectores del Ejército, que se benefician del desplazamiento de los indígenas y campesinos.
Por ello quizás la crisis humanitaria que hoy sufren los indígenas apenas si ocupan las páginas de la gran prensa y poco preocupa a los actuales candidatos a la Presidencia. Finalmente, la autonomía de los territorios indígenas ha sido desde siempre un asunto molesto para el Estado y para varias organizaciones de la sociedad civil que deben estar felices con los enfrentamientos entre los dos actores armados y las graves consecuencias que deben soportar los indígenas.
A pesar de los avances logrados con la Constitución de 1991, insistimos en invisibilizar y perseguir la sabiduría y los proyectos de vida sustentables de los indígenas. Lejos está el Estado colombiano de alcanzar niveles óptimos de legitimidad y de aceptación de la diferencia, en un marco de pluralidad y respeto.
La guerra interna, con sus actores armados, es hoy, junto con las acciones de persecución adelantadas por los organismos de seguridad del Estado, así como los esfuerzos de invisibilización de los asuntos indígenas por parte de la industria cultural, la mejor estrategia para desaparecer a los pueblos indígenas. ¿Dónde están la ONU y las organizaciones humanitarias para que ayuden a parar la guerra que se lleva a cabo en los sagrados territorios indígenas? ¿Harán parte del juego económico de los agentes del gran capital? Mientras llegan las respuestas, asistiremos a la muerte de más y más indígenas.
Adenda: para destacar, la resistencia de las comunidades indígenas, ante la invasión de sus territorios. No sólo hay arrojo y valentía en el proceso de Resistencia, hay conciencia histórica y coherencia política.
No hay comentarios:
Publicar un comentario