El pasado martes 2 de agosto, en un fallo sin precedentes en el mundo, fueron condenados cuatro exmilitares del cuerpo de elite del ejército guatemalteco, o kaibiles, a penas de 6.060 años de cárcel cada uno, por ser los responsables de la masacre ocurrida entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982 en la comunidad de Dos Erres (departamento de Petén). Según la sentencia, Carlos Antonio Carías, quien para la época tenía el rango de teniente y comandaba la unidad juzgada; y los antiguos soldados Manuel Pop, Reyes Collin y Daniel Martínez asesinaron, violaron y torturaron a 201 hombres, mujeres y niños, para luego enterrarlos en fosas comunes que fueron descubiertas en 1994 y en donde se exhumaron 160 cuerpos.
La decisión sin precedentes, del Tribunal Primero 'A' de Alto Riesgo de la Ciudad de Guatemala, señala que el grupo de 18 kaibiles –de los cuales dos ya murieron– cometió estos actos atroces, obedeciendo a las políticas contrainsurgentes impulsadas por la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-1983). Durante el gobierno de facto del militar, se creó una alianza entre las fuerzas militares del país y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), grupos paramilitares que la dictadura reconoció legalmente en 1983, con la que se adelantaron miles de violaciones a los derechos humanos de los opositores a la dictadura y la población civil, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y destrucción de cientos de comunidades indígenas y campesinas.
Casi tres décadas después del régimen militar, miles de víctimas del terror de Estado exigen justicia por la muerte de sus familiares y por los traumas que las masacres causaron a toda una generación. Desde 1994, la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) abrió el proceso judicial por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura de Ríos Montt, quien actualmente enfrenta cargos por genocidio y otros delitos atroces.
Para lograr el histórico fallo, los familiares de los desaparecidos, supervivientes y testigos clave de lo sucedido en Dos Erres aportaron pruebas contundentes que indican como los antiguos kaibiles son culpables y contradicen la versión de los militares, que durante años han atribuido la masacre a la guerrilla. Esto no es nuevo: diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en numerosas oportunidades que el Ejército ha buscado entorpecer de manera sistemática los procesos de investigación sobre este tipo de violencias masivas, aprovechándose de la ineficiencia y corrupción del sistema penal.
En 2009, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado guatemalteco por los crímenes de lesa humanidad cometidos en las Dos Erres. Sin embargo, a pesar de que la CIDH impuso la captura de los implicados, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala no permitió que se llevara a cabo su arresto, argumentando que las Leyes de Reconciliación no permitieron continuar con el curso del proceso y que no se tenían pruebas suficientes para encerrarlos.
A pesar de los obstáculos, ésta es la primera vez que son juzgados miembros de ese cuerpo de elite del Ejército. Según investigaciones independientes y la decisión de la CIDH, los kaibiles eran adiestrados, bajo asesoría de militares de Estados Unidos, para matar con lujo de violencia, torturar y desaparecer a quienes se opusieran a los dictados de quienes controlaban al país centroamericano.
Luego de su creación, en 1974, el momento más importante de este cuerpo militar se dio con la administración de Ronald Reagan en EE.UU., quien definió una política belicista e intervencionista en Centroamérica, y apoyó la derogación de la Constitución, el estado de sitio y la represión impuesta por Ríos Montt en 1982. Los kaibiles fueron una pieza fundamental de la articulación entre los militares y los paramilitares de las PAC, con la que la dictadura ejecutó a miles de hombres, mujeres y niños para sembrar el terror, doblegar la resistencia civil e imponer su gobierno del “deber ser del buen cristiano”. Como resultado de estos crímenes de Estado, fueron afectadas principalmente comunidades indígenas en departamentos como Baja Verapaz y Petén, y se produjo un genocidio con más de 250.000 víctimas, millón y medio de desplazados y un número todavía indeterminado de desaparecidos.
Actualmente, los kaibiles siguen siendo parte del ejército de Guatemala, siendo empleados en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, siendo reconocidos internacionalmente por su apodo de 'máquinas de matar' –que ganaron con sobrado mérito en la primera guerra de Iraq–, mientras miles de víctimas esperan que este grupo sea desmontado y que Efraín Ríos Montt sea sentenciado como responsable directo del genocidio y del terrorismo de Estado.
La decisión sin precedentes, del Tribunal Primero 'A' de Alto Riesgo de la Ciudad de Guatemala, señala que el grupo de 18 kaibiles –de los cuales dos ya murieron– cometió estos actos atroces, obedeciendo a las políticas contrainsurgentes impulsadas por la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-1983). Durante el gobierno de facto del militar, se creó una alianza entre las fuerzas militares del país y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), grupos paramilitares que la dictadura reconoció legalmente en 1983, con la que se adelantaron miles de violaciones a los derechos humanos de los opositores a la dictadura y la población civil, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y destrucción de cientos de comunidades indígenas y campesinas.
Casi tres décadas después del régimen militar, miles de víctimas del terror de Estado exigen justicia por la muerte de sus familiares y por los traumas que las masacres causaron a toda una generación. Desde 1994, la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) abrió el proceso judicial por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura de Ríos Montt, quien actualmente enfrenta cargos por genocidio y otros delitos atroces.
Para lograr el histórico fallo, los familiares de los desaparecidos, supervivientes y testigos clave de lo sucedido en Dos Erres aportaron pruebas contundentes que indican como los antiguos kaibiles son culpables y contradicen la versión de los militares, que durante años han atribuido la masacre a la guerrilla. Esto no es nuevo: diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en numerosas oportunidades que el Ejército ha buscado entorpecer de manera sistemática los procesos de investigación sobre este tipo de violencias masivas, aprovechándose de la ineficiencia y corrupción del sistema penal.
En 2009, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado guatemalteco por los crímenes de lesa humanidad cometidos en las Dos Erres. Sin embargo, a pesar de que la CIDH impuso la captura de los implicados, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala no permitió que se llevara a cabo su arresto, argumentando que las Leyes de Reconciliación no permitieron continuar con el curso del proceso y que no se tenían pruebas suficientes para encerrarlos.
A pesar de los obstáculos, ésta es la primera vez que son juzgados miembros de ese cuerpo de elite del Ejército. Según investigaciones independientes y la decisión de la CIDH, los kaibiles eran adiestrados, bajo asesoría de militares de Estados Unidos, para matar con lujo de violencia, torturar y desaparecer a quienes se opusieran a los dictados de quienes controlaban al país centroamericano.
Luego de su creación, en 1974, el momento más importante de este cuerpo militar se dio con la administración de Ronald Reagan en EE.UU., quien definió una política belicista e intervencionista en Centroamérica, y apoyó la derogación de la Constitución, el estado de sitio y la represión impuesta por Ríos Montt en 1982. Los kaibiles fueron una pieza fundamental de la articulación entre los militares y los paramilitares de las PAC, con la que la dictadura ejecutó a miles de hombres, mujeres y niños para sembrar el terror, doblegar la resistencia civil e imponer su gobierno del “deber ser del buen cristiano”. Como resultado de estos crímenes de Estado, fueron afectadas principalmente comunidades indígenas en departamentos como Baja Verapaz y Petén, y se produjo un genocidio con más de 250.000 víctimas, millón y medio de desplazados y un número todavía indeterminado de desaparecidos.
Actualmente, los kaibiles siguen siendo parte del ejército de Guatemala, siendo empleados en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, siendo reconocidos internacionalmente por su apodo de 'máquinas de matar' –que ganaron con sobrado mérito en la primera guerra de Iraq–, mientras miles de víctimas esperan que este grupo sea desmontado y que Efraín Ríos Montt sea sentenciado como responsable directo del genocidio y del terrorismo de Estado.
Por: Ivonne Cardozo
Fuente, EL TURBION
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