MÁS ALLÁ DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente

De forma recurrente se escucha hablar de responsabilidad social de los medios de comunicación, del periodismo e incluso, del periodista. Basta con leer el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia para entender la importancia que tiene el asunto. Dice en la carta política que “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Cuando se alude a la responsabilidad de los medios masivos casi de forma natural se elimina la responsabilidad que subyace a quienes de manera activa o pasiva reciben la influencia, positiva o negativa, de esos medios masivos de información, es decir, las audiencias; o de aquellos que aseguran, de alguna manera, la sobrevivencia de los mismos medios como empresa, es decir, los anunciantes.

Por ello es mejor hablar de co responsabilidad social tanto de los medios masivos y los periodistas, como de las audiencias y los anunciantes que de alguna manera terminan legitimando el trabajo de unos y otros. Sobre esa triada se debe hablar de una responsabilidad compartida y desde la cual es posible y necesario juzgar no sólo las maneras como los medios y los periodistas informan, sino las intenciones y apuestas ético-políticas de los anunciantes y claro está, las reales capacidades de las audiencias para entender (y hasta el interés de entender qué pasa) el discurso periodístico-noticioso, los mensajes publicitarios y asumir, a partir de esa comprensión, posturas políticas coherentes y claras, basadas en principios democráticos y solidarios.

Está entonces identificada una triada sobre la cual gira el tema de la responsabilidad social. Ahora miremos cómo cada actor puede asumir esa responsabilidad como una tarea no sólo posible, sino necesaria y cómo los tres confluyen en una misma exigencia: la co responsabilidad.

Las empresas mediáticas son responsables socialmente desde su doble carácter de organización o empresa[1] que obtiene ganancias por la venta de un servicio y como medio de información, del que se espera entregue a la sociedad información veraz, oportuna e imparcial. En ese doble juego, sobre los medios masivos recae una exigencia mayor en tanto al cumplir con tareas más o menos aceptadas universalmente, como generar opinión pública e informar, se espera que de su actuación pública se derive unas audiencias informadas plenamente y en la capacidad de actuar políticamente como parte de una llamada opinión pública deliberante y capaz de discutir asuntos públicos de especial interés para todos.

Ser responsables socialmente viene siendo el correlato de un deber ser exigible a los medios como actores periodísticos-noticiosos, desconociendo o dejando por fuera los deber ser tanto de las audiencias consumidoras, como de los anunciantes. Para el caso de las casas periodísticas (noticieros, diarios, periódicos y revistas) su responsabilidad social está asociada a la socialización de pautas que hacen parte de un proyecto de sociedad (en lo económico, social, cultural y político) aceptado y al que de alguna manera los medios masivos terminan sirviendo sin mayor discusión, a pesar de los evidentes problemas de legitimidad de muchas de las realidades construidas por ese proyecto reinante de sociedad humana.

Es decir, se es responsable socialmente cuando esos medios ayudan a mantener unas condiciones más o menos favorables para que el llamado Establecimiento y el tipo de sociedad, se mantengan en el tiempo. En eso, los medios colombianos son y han sido ‘socialmente responsables’.

Otra cosa es que haya la posibilidad de que esos mismos medios, a través de la información y de sus apuestas editoriales, confronten ese modelo de sociedad aceptado y al Establecimiento, entregando a las audiencias información privilegiada para que desde la acción política, se piensen y se exijan cambios estructurales a las esferas de poder que mantienen condiciones de abierta ilegitimidad e incluso, de inviabilidad de ese modelo de sociedad, del propio Establecimiento. Esa es otra forma de responsabilidad social, eso sí, menos viable, pero no por ello inexigible por parte de las audiencias.

Para que desde los medios se planteen cambios estructurales, por ejemplo, en el modelo de desarrollo económico, deben éstos mismos contar con el concurso de los anunciantes, actores claves en el mantenimiento y funcionamiento de dicho modelo, del tipo de sociedad y del tipo de ciudadano (hedonista e individualista) que ellos requieren para replicar no sólo las condiciones y las circunstancias sociales, económicas, culturales y políticas aceptadas, sino que de esa manera, hacen posible que existan en la triada bajo el nombre de anunciantes.

Ahora bien, si ser responsables socialmente significa mantener condiciones históricas que se asumen como únicas, inmodificables y necesarias para el equilibrio colectivo y para el mantenimiento de las expresiones tradicionales de poder (económico y político), entonces podemos decir que los medios masivos colombianos hoy, cumplen a cabalidad con aquella condición.

El asunto de la responsabilidad social entonces, está atravesado por el beneficio que dicha actuación aparentemente responsable, le otorgue a una sociedad humana que necesita de certezas, que le huye al vacío y que le tiene miedo a condiciones anómicas generadas de forma natural cuando se plantean cambios sustanciales a los modelos de vida establecidos históricamente.

Ser responsables socialmente, para el caso de los medios masivos, puede también mirarse desde cortes sincrónicos al momento histórico que vivimos en el mundo y especialmente por el que atraviesa Colombia, desde el ámbito político. Y en ese corte, podemos decir que la gran prensa nacional tiene hoy una gran deuda en términos de responsabilidad social con esas audiencias que dan vida a la opinión pública, por cuanto ésta se nota confundida, temerosa, polarizada y desinformada alrededor del proyecto de referendo reeleccionista y la ya evidente intención del actual Presidente, de perpetuarse en el poder.

En cuanto a la responsabilidad social que les cabe a los anunciantes, para las mismas circunstancias contextuales, hay que decir, igualmente, que han coadyuvado a la construcción de un ciudadano-cliente hedonista, individualista y ajeno a los problemas nacionales.

Los anunciantes son responsables de la creación de necesidades y de la construcción de un imaginario de felicidad efímero y pasajero, soportado en buena medida en la belleza artificial de jóvenes cuyas identidades se elaboran en laboratorios de estética facial y corporal, legitimándose de esta manera una idea de éxito asociada exclusivamente a las maneras y formas agraciadas del cuerpo humano, especialmente el de la mujer, claro está, desde la perspectiva dominante del Hombre, del gran macho.

Así las cosas, la co responsabilidad social de la triada medios-anunciantes-audiencias tiene como punto en común el no reconocimiento de los otros, cuando uno de los actores de la triada ejecuta acciones propias de su quehacer.

Hablar, entonces, de responsabilidad social de medios, audiencias y anunciantes debe permitir, en primera instancia, preguntarse para qué se es responsable y si el actuar responsable de esos tres actores está mediado -y medido- por el mantenimiento de un proyecto de Estado y de sociedad cuya legitimidad no está en cuestión.

[1] Son responsables socialmente porque hacen parte de grandes conglomerados, de multinacionales que fungen como actores políticos y económicos que ejercen fuerte presión sobre los Estados.

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CONSULTA INTERNA DE PARTIDOS: RADIOGRAFÍA DE UNA DÉBIL DEMOCRACIA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Cali- Colombia.

Los resultados de la consulta interna de partidos, la dinámica social vista en los escenarios habilitados para votar y las expresiones de una incipiente cultura política, son elementos que evidencian lo lejos que estamos en Colombia de consolidar un verdadero régimen democrático.

Veamos los hechos concretos resultantes, algunas prácticas nocivas para el normal ejercicio democrático de elegir y las responsabilidades que se coligen de lo sucedido este domingo 27 de septiembre en Colombia.

Las victorias de Petro en las huestes del Polo Democrático Alternativo y de Pardo en las toldas liberales, deben entenderse en el contexto de un país polarizado por la acción política de un Presidente que aprovecha muy bien la infraestructura propagandística dispuesta desde la Casa de Nariño, pero en especial, la que ha entregado, sin miramientos, la gran prensa nacional, que tomó partido, que eligió y que por lo tanto, claudicó a la tarea de vigilar, evaluar, criticar y confrontar no sólo el poder presidencial, sino al poder en todas sus manifestaciones.

Petro significará la ruptura y muerte lenta del PDA y Pardo, es la expresión máxima de un partido -y de un candidato liberal- en crisis, insepulto, sin ideas, sin un proyecto político claro que visualice diferencias profundas con el que defiende y orquesta Uribe Vélez. Junto a otros, cometerán el error de presentarse en el 2010 como una alianza contra Uribe, en lugar de proponer cambios estructurales que vayan cerrando espacio a caudillos, populistas y clientelistas como Uribe.

Son victorias pírricas las de Petro y Pardo en la medida en que el alto nivel de abstención les niega legitimidad a sus triunfos, hoy tempranamente expuestos por los medios masivos afectos a Uribe, como la oportunidad que estaban esperando la llamada Oposición y los colombianos conscientes del daño que Uribe le ha hecho al país, a la política, a la constitución y a la democracia, para enfrentarlo en 2010. Oportunidad que dejarán pasar porque no les interesa un proyecto político de largo aliento, sino alcanzar el poder para que el país continúe igual.

Resulta un equívoco insistir en una coalición contra Uribe en la medida en que los aparatos de propaganda dispuestos para favorecer al actual Presidente, se aprovechan no sólo de una exigua cultura política y de la ignorancia de unas comunidades incapaces de comprender los alcances de un estado social de derecho, sino del irrestricto apoyo que banqueros, militares y gremios de la producción le vienen brindando al actual Presidente desde 2002.

La baja cultura política y la enorme ignorancia de quienes se acercaron a las mesas a votar, sin saber de qué se trataba la convocatoria electoral, son factores que terminarán inclinando la balanza hacia quien ofrezca, en el 2010, cambiar votos por alimento, por puestos, por un carné del Sisbén, o por 50 mil pesos, como se denunció en algún momento, que ganarían quienes votaran por uno u otro precandidato presidencial, entre otras prácticas.

De la existencia de dichos factores son culpables el Estado, la escuela y la familia, que como instituciones y primeras expresiones de poder con las cuales nos topamos en nuestro largo proceso de socialización, poco han hecho para que los ciudadanos entiendan que la democracia es un asunto de todos y para todos. También son culpables los partidos y los movimientos políticos, interesados en alcanzar el poder, aprovechándose de la ignorancia de sus potenciales electores.

Se trata, sin duda, de un círculo vicioso del que siempre saldrán beneficiándose la clase política, unas cuantas familias y claro, quienes están a gusto con las circunstancias de desigualdad, pobreza, pero especialmente, las que aseguran que la ignorancia y la baja cultura política, se prolonguen en el tiempo.

Como jurado de votación (mesa 01, escuela Carlos Holmes Trujillo, barrio República de Israel), fui testigo, una vez más, de prácticas politiqueras y clientelares, ya institucionalizadas en Colombia. Fui testigo de acciones que buscaban corromper al sufragante o direccionar su decisión, por parte de veedores del movimiento MIRA y del Partido Liberal, que con permisividad de un delegado de la Registraduría presente en el lugar de votación, de algunos jurados y de los propios agentes de la Policía dispuestos para cuidar la jornada electoral, buscaron direccionar el voto de varios ciudadanos. Elevé quejas a los funcionarios, como me correspondía. Pero más allá de la acción curativa emprendida por los funcionarios, lo que queda demostrado es que mientras haya hambre, miseria, pobreza, ignorancia y maquinarias electoreras perversas y dispuestas a favorecer a un candidato o a un partido, la democracia en Colombia seguirá siendo un remedo, un chiste, una utopía.

He aquí algunos casos que logré registrar del nivel de desinformación y de ignorancia de varios ciudadanos que se acercaron a las mesas 1 y 3. Más allá de la sorpresa y la risa que genere su lectura, lo que debe quedar en la retina es que nos falta mucho en Colombia para asegurar para todos una democracia plena, legítima, y especialmente, que estamos aún lejos de considerarnos como ciudadanos políticamente responsables:

Caso 1. Señora que manifestó su deseo de votar por un señor de gafas y de barba blanca.
Caso 2. Señora que al no encontrar en el tarjetón del PDA al señor Polo, decidió no votar.
Caso 3. Señor que ante la pregunta por qué consulta deseaba votar, respondió: vengo a votar por Uribe, por el referendo.
Caso 4. Señor que se presentó a la mesa con la intención de votar por el partido conservador.
Caso 5. Señor que al leer el tarjetón del PDA, expresó: No, estos no son.
Caso 6. Señor que al recibir los tarjetones del partido liberal, preguntó qué debía hacer.
Caso 7. Señor que manifestó su deseo de votar por el partido de la U.
Caso 8. Señor que manifestó su deseo de votar por el movimiento Cambio Radical.
Caso 9. Señor que dijo que deseaba votar por el senador Galán.
Caso 10. Señor que esperaba sufragar por candidatos a la Cámara de Representantes y al Congreso Nacional.

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Refugios humanitarios de resistencia en el Nordeste Antioqueño

Por: Ina Azafrán*

Ante la persistente amenaza por parte de las fuerzas paramilitares en el nordeste antioqueño, los campesinos y las campesinas han optado por la figura de refugios humanitarios de resistencia para defender su condición de campesinos y no ser convertidos en desplazados. Para ellos, su empeño está en no dejar sus tierras en poder de las balas enemigas, en no dar la razón a los de siempre en este país. Ellos resisten, cultivan la tierra y construyen sus sueños.

En 2004 se realizó la primera acción humanitaria y de ésta nació Cahucopana, organización de iniciativa campesina que surgió como respuesta a la crisis humanitaria desatada por los operativos combinados entre militares y paramilitares, proponiendo una resistencia civil organizada y pacífica, que denunciara la violación de los derechos humanos, especialmente el desplazamiento forzado y las violaciones sexuales.

Ese mismo año se desarrolló un operativo militar desde Cañaveral, que avanzó hasta Carrizal y produjo el desplazamiento de una buena parte de la población, mientras que otra permaneció en su territorio. La población que permaneció en Carrizal y resistió fue inmovilizada por la Fuerza Pública, que decretó la prohibición de extracción de oro –único trabajo que tenían muchos–, y ejerció un control de entrada y salida del caserío.

En el momento de dejar el caserío, los militares le advirtieron a la población que la situación iba a empeorar, pues detrás de ellos venían los paracos: el miedo y la intención de desplazarse eran sentimientos comunes por esos días en Carrizal.

Ante esta situación de terror y para impedir el desplazamiento masivo desde otras veredas, se organizó el primer refugio humanitario de resistencia en Lejanías. Sin embargo, la presencia del Ejército y el rumor de la llegada de los paramilitares sembraron un vaho de terror en toda la región, impidiendo la llegada masiva de los campesinos al refugio.

Los militares se mezclaron con la población civil, hostigaron desde adentro e intentaron controlar el día a día del refugio, lo que cambió con la llegada del acompañamiento internacional, que replegó a cerca de 1.000 uniformados hacia la zona montañosa cercana.

El segundo campamento se desarrolló en Cañaveral, también ante una amenaza de desplazamiento por incursión militar y paramilitar. El tercer refugio humanitario de resistencia se desarrolló en Puerto Nuevo Ité, en 2007, pero nuevamente el terror latente en el ambiente impidió la presencia masiva de la comunidad. En asamblea, decidieron realizar un foro en Barrancabermeja para discutir la situación concreta de la región en materia de derechos humanos. Tanto las instituciones del Estado como distintas organizaciones sociales estaban invitadas, pero la ausencia de las primeras llevó a la comunidad a realizar una acción de hecho: la toma de un comisariato de Ecopetrol que se encontraba abandonado.

En ese momento se realizaba en Barranca una feria ganadera, con la presencia de importantes comerciantes y del presidente Uribe Vélez. Los ganaderos, temerosos de la toma por parte de los campesinos, pidieron al presidente que interlocutora con la comunidad para que retornara a sus tierras.

Se negociaron entonces tres puntos: retorno al territorio con garantías políticas; nombramiento de dos defensores del pueblo, uno para el sur de Bolívar y otro para el nordeste antioqueño –punto que aún hoy no se ha cumplido–; cese de fumigaciones y garantías para la sustitución de cultivos. Uribe Vélez, en pleno consejo, prometió garantías de retorno con el único fin de que la feria ganadera, que reportaría millonarias ganancias y empoderamiento de la clase política, se pudiera llevar a cabo sin mayores debates, pero los campesinos no recibieron nunca la protección debida del Estado.

Los campesinos retornaron a sus tierras, dejaron la toma en Barrancabermeja y siguen esperando y exigiendo al Estado el cumplimiento de los acuerdos a los que han llegado desde los años 80 y que no se han cumplido en estos casi 30 años.

Fuente: EL TURBION

EX MINISTRO ARIAS, ESCUDERO Y ESPEJO DE URIBE

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La revista Cambio revela por estos días la lista de beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro, puesto en marcha durante la administración del ministro Andrés Felipe Arias, más conocido como Uribito. Este ladino y gris personaje de la política nacional no sólo quiere parecerse a Uribe, agitando la bandera de la seguridad democrática, sino que aspira a remplazarlo, algún día, en el Solio de Bolívar.

La revista denuncia que hijos de políticos, de familias pudientes y hasta reinas de belleza se beneficiaron del cacareado programa, del que se esperaba que generara equidad en el campo, a través de nuevos empleos, creados por proyectos productivos subsidiados a través de recursos estatales. En el portal http://www.ais.gov.co/ se leen las siguientes funciones: “Promover la productividad y competitividad. Reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía. Propender por el ordenamiento productivo del territorio y la empresarización del campo, en concordancia con la agenda interna de productividad y competitividad, la apuesta exportadora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), y en coordinación con las instituciones del orden territorial”.

Sin duda, se trata de un programa de claro beneficio para quienes tienen capacidad instalada, recursos económicos y especialmente, conocimiento estratégico para echar andar proyectos agroindustriales. Es decir, estamos ante una iniciativa gubernamental no sólo para concentrar aún más la riqueza en pocas manos, mantener la inequidad en el campo, generar empleo con la intención de que campesinos, pequeños productores, colonos y miembros de comunidades negras e indígenas, pasen de ser pequeños propietarios y miembros de proyectos de vida autónomos, a insertarse en la dinámica económica global como simples empleados, en un proceso de pauperización cultural y económica, plausible para la lógica empresarial con la cual Uribito y el propio Uribe ven los asuntos del campo.

No se trata de un programa de seguridad alimentaria con claro beneficio colectivo, por el contrario, se trata de una idea de tecnificar, de industrializar el campo, de ponerlo a producir para negocios agroindustriales de familias poderosas que se benefician hoy del Gobierno, y de tiempo atrás, de las actividades de contrarreforma agraria adelantadas por los grupos paramilitares. No se trata de un plan para que abunde la comida y se bajen los precios de los alimentos que nuestra tierra nos puede dar y en abundancia.

En esa medida, Uribito no sólo desea suceder a Uribe, sino que le muestra hoy con creces que aprendió a comprar votos, a seducir ciudadanos, a comprar conciencias. Es decir, aprendió muy bien la lección.

A los medios que hoy destapan esta mini olla podrida del periodo de Uribe, hay que decirles que Uribito es apenas un eslabón de la larga corruptela con la que AUC (Álvaro Uribe Candidato) ha manejado los recursos del Estado. Y eso que juró combatir la corrupción y la politiquería. Pero ya se sabe que, por el contrario, lo que ha hecho es legitimar el clientelismo y la corrupción, elevándolas a la categoría de Instituciones viables, posibles y necesarias no sólo para garantizar votos, sino para el normal funcionamiento de un régimen político incapaz de construir ciudadanía a partir de la discusión amplia y generosa de los asuntos públicos. Finalmente, es más fácil comprar conciencias, que abrirle espacio al disenso.

Arias es el espejo en el que podemos ver no sólo la perversa obra de Uribe, sino lo costoso que será, social, política y económicamente, reelegir otra vez a quien sueña con un país en donde todo tiene precio, hasta la vida.

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LA CORTE SUPREMA JUSTICIA: UN VALIENTE ACTOR POLÍTICO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Al declarar no viable la terna presidencial para elegir el nuevo Fiscal, la Corte Suprema de Justicia asume, además de su rol constitucional, una actitud política y exhibe una postura de control político, propia de Partidos políticos serios y fuertes y de Congresos legítimos y comprometidos con la democracia. Más allá de la interpretación constitucional, lo que se advierte es que la Corte Suprema de Justicia está remplazando las funciones de control político propias y esperadas de esos dos actores claves para el funcionamiento armónico de la democracia.

La Corte Suprema de Justicia puede estar ejerciendo control político (¿oposición política?) sobre las acciones del Gobierno de Uribe, remplazando en esas funciones a los partidos políticos (en crisis y cooptados por el Gobierno) y al propio Congreso, deslegitimado y subsumido en y por la relación clientelar construida desde 2002 con el Ejecutivo.

Es decir, ante la inexistencia de partidos políticos decentes y ante la evidente cooptación del Congreso por parte del Gobierno, la CSJ hoy funge como opositor político -y jurídico, claro- de gran altura, para intentar frenar los ímpetus de un Presidente que hace rato perdió los límites y ha enfilado energías para hacerse con el poder absoluto del Estado, para de esta manera, concebir una dictadura, reclamada por sectores premodernos asociados a la industria, a los sectores educativo y productivo en general, y claro, a la defensa del libre mercado como máxima de un proceso de globalización económica que pone por encima de los derechos humanos y la democracia, los intereses del capital transnacional.

Es peligroso que la justicia se politice, pero lo es más, que ante la aplanadora uribista ninguna institución se oponga. En estas horas aciagas, es mejor que la Corte Suprema de Justicia además de ser el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, cumpla con el rol de actor político en aras de oponerse al oscuro proyecto político de un Gobierno al que evidentemente le estorba la división de poderes.

El acalorado enfrentamiento entre la Alta Corte y el Ejecutivo por la elección del Fiscal General tiene un carácter jurídico-político en el contexto del llamado equilibrio de poderes, afectado no sólo por la temprana reelección presidencial inmediata, sino por las inequívocas intenciones de Uribe de perpetuarse en el poder no sólo para contener a las FARC en el ámbito doméstico y eliminar el pensamiento libre, sino para contrarrestar la influencia de Chávez, sirviendo de alfil a los intereses de los Estados Unidos en esta parte de América.

Hay salidas claras para zanjar el evidente conflicto presentado por las legítimas dudas que la CSJ ha expresado en torno a los ternados presentados por el Presidente: de un lado, que en un acto de responsabilidad política de los candidatos, decidan renunciar a la designación que les hiciera el Mandatario; de otro lado, que el propio Uribe, haciendo a un lado su soberbia y su clara intención de poner una ficha más, un amanuense más en las entrañas del Estado, un estafeta de sus intereses en casos complejos que el próximo Fiscal deberá enfrentar y resolver, decida retirar la terna para presentar una nueva, en donde por lo menos se garantice que los nuevos designados posean una formación en derecho penal que genere confianza no sólo en los Magistrados, sino en los colombianos que esperamos que asuntos como los crímenes de Estado, la parapolítica, la ‘cuellopolítica’ y la ‘yidispolítica’, entre otros, se asuman con independencia de los intereses del Gobierno y con total transparencia, para que haya justicia real y efectiva. Por ello, es que le cabe razón a la CSJ al declarar como no viable la terna presentada por Uribe, puesto que la idoneidad de los ternados para enfrentar estos asuntos tan delicados, no está asegurada.

El choque entre el Ejecutivo y la CSJ representa, sin duda alguna, una grave crisis institucional. Es la consecuencia del desequilibrio político creado por la reelección inmediata, pero especialmente, por la intención de Uribe de perpetuarse en el poder.

Que no vaya a pasar que Uribe termine clausurando la CSJ al declararla como un obstáculo para el funcionamiento del sistema judicial, o como enemiga de los máximos intereses del Estado. Esa sería la confirmación de que efectivamente estamos caminando hacia una dictadura que muchos colombianos creen que necesitamos para ‘salir adelante’, para crecer económicamente, al estilo Chile.

Oigo con asombro y preocupación a colegas docentes que justamente defienden ese perverso imaginario. No es racional legitimar el abuso de poder y la violación de los derechos humanos, pensando que de esa manera se ‘progresa’ económicamente. A los colegas que piensan así, les pregunto: ¿Se justifica el milagro económico chileno a cambio de más tres mil muertos?

La valentía con la que hoy los Magistrados de la CSJ se enfrentan a Uribe debería servir de ejemplo a sus colegas de la Corte Constitucional, de quienes esperamos que declaren inexequible el proyecto de referendo reeleccionista que no sólo echaría por la borda la Carta Política, la democracia y el Estado Social de Derecho, sino que significará el inicio de una sangrienta dictadura de derecha, al mejor estilo de Pinochet, Videla o Galtieri, en Argentina, o de Strossner en el Paraguay, o Leonidas Trujillo en República Dominicana, entre otros muchos ejemplos. Todo está dado para que así sea, por lo menos ya hay un evidente choque de poderes.