COLOMBIA: ESTADO FALLIDO Y FORAJIDO?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

“Entre las propiedades más características de los estados fallidos figura el que no protegen a sus ciudadanos de la violencia - y tal vez incluso la destrucción- o que quienes toman las decisiones, otorgan a esas inquietudes una prioridad inferior a la del poder y la riqueza a corto plazo de los sectores dominantes del Estado. Otra característica de los estados fallidos es que son estados <>, cuyas cúpulas se desentienden con desdén del derecho y los tratados internacionales. Puede ser que esos instrumentos sean vinculantes para los demás, pero no para el estado forajido.” (Chomsky, 2007, p.49).

La cita con la que se inicia esta reflexión cumple la función de espejo retrovisor para mirar hoy, en plena admiración de la política de seguridad democrática y la consecuente sacralización de Uribe, qué tanto mantiene Colombia de lo que se considera como un estado fallido y cuánto avanzó para considerarse como un estado forajido.

A juzgar por lo que dice María Victoria Duque López (http://www.razonpublica.org.co/), lo de estado fallido se mantiene como una condición que debería hacernos pensar si la continuidad de Uribe en el poder le conviene al país entero, o exclusivamente a ciertos grupos de poder (banqueros, industriales y élites en general).

Es clave que la opinión pública en general reconozca y sepa en dónde radica el interés de algunos (una minoría presentada como mayoría) de perpetuar en el poder a AUV. Estarían contentos con él los industriales y algunos ricos y quizás los beneficiados del programa Familias en Acción y aquellos beneficiados de las ferias presupuestales en las que se convirtieron los consejos comunales de gobierno. Y más aún, es razonable que esa opinión pública empiece a dudar de una política de seguridad que en lugar de generar confianza en las instituciones estatales, terminará por generar miedo y desconfianza, a juzgar por lo ocurrido con los crímenes de Estado, mal llamados ‘falsos positivos’.

Dice Duque López que “Infortunadamente, después de las mejoras que muchos indicadores presentaron durante los primeros años de la seguridad democrática, en el 2008 la situación humanitaria empeoró con respecto al 2007: las masacres aumentaron de 26 a 37, en el primer caso con 128 víctimas y en el segundo con 169; el asesinato de autoridades locales pasó de 15 a 16; el de maestros, de 13 a 27; el de sindicalistas, de 8 a 18, y el de indígenas, de 40 a 66. Así mismo el número de víctimas de secuestro pasó de 427 a 533. Y aún cuando el gobierno afirma que han disminuido los eventos de Minas Antipersonal (MAP) y de Municiones Sin Explotar (MUSE) el número de víctimas civiles no tuvo variación, pues pasamos de 204 a 205. Los ataques a la población civil pasaron de 316 a 347, y el número de militares muertos sigue siendo extraordinario, en 2008 fueron 506. Por lo demás, según cifras oficiales, en el 2008 fueron desplazadas 227.127 personas de manera forzada[2]; y según CODHES, este número ascendió a 380.863”.

¿Cuál es, entonces, el avance que ha logrado el país?; en ¿dónde radica realmente el mejoramiento en el tema de seguridad en un país en donde los ciudadanos asentados en pueblos y ciudades pueden ser víctimas potenciales no sólo de delincuentes comunes(rateros, secuestradores) de las FARC, de los paramilitares y de las propias fuerzas militares? En ¿dónde radica el embeleco de esos cuatro millones y pico de colombianos que dieron su firma para darle vida al referendo que hoy tiene al Gobierno comprando- persuadiendo- a los congresistas para lograr que dicha iniciativa siga su curso para ver si en 2010 los colombianos terminamos votando por la continuidad de Uribe en la Casa de Nari? Embeleco que nos tiene adportas de acabar con el equilibrio de poderes, con la consecuente concentración del poder político en una sola persona, con los riesgos naturales que ello conlleva.

Después de dos administraciones de Álvaro Uribe, realmente ha avanzado el Estado colombiano en materializar exigencias modernas en torno a garantizar la vida y honra de sus asociados. Esa pregunta tiene una respuesta clara: NO. Por lo tanto y siguiendo a Chomsky, aún seguimos siendo un estado fallido[1].

Y si miramos en contexto lo sucedido con el ataque al campamento del criminal de Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, sostenido en un discutible principio de guerra preventiva, asociado a la doctrina de seguridad de los Estados Unidos, exhibida por el gran país del norte después de los ataques a las torres gemelas, podemos decir, siguiendo a Chomsky, que hoy, además de estado fallido, somos un estado forajido.


[1] Véase también SODARO, Michael J. Política y ciencia política. Capítulo 6, El Estado y sus instituciones.

Varias bases gringas bajo la misma Manta

Por: Omar Vera*

Con el cierre de la base de Manta, ubicada en la costa Pacífica de Ecuador, y la propuesta del gobierno colombiano para que ésta sea trasladada a suelo colombiano, los intereses de Estados Unidos en el continente se juegan una carta fundamental. La base gringa estaría dispersa en varias instalaciones militares colombianas para, de este modo, multiplicar la 'guerra preventiva' y el control de buena parte de Suramérica.

No sólo se trata de la ubicación de uno de los principales centros de operaciones y de control de los gringos en el mundo. De dispersarse en el territorio colombiano, las operaciones de la base que funcionaba en Manta, cuyo fin decidió el gobierno de Rafael Correa, la intervención de la potencia del norte en Colombia se consolidaría.

Los recursos que, como los del Plan Colombia, se destinan a la guerra aumentarían considerablemente, mientras se exportaría la militarización de la sociedad y el intervencionismo gringo a los países vecinos, internacionalizando aún más el conflicto colombiano.

Luego de que, en 2007, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunciara que la decisión de no renovar el acuerdo era irrevocable y que prefería 'cortarse un brazo' antes de permitir que Manta siguiera operando como puesto militar de EEUU en Suramérica, la búsqueda de un nuevo emplazamiento sobre el Pacífico se ha vuelto una tarea prioritaria para los gringos: Perú y Colombia han sido los destinos más estimados para reubicar estas instalaciones, gracias a la cercanía con Washington de los presidentes Alan García y Álvaro Uribe.




Santos picando a Venezuela

Sin embargo, no fue sino hasta el anuncio, el año pasado, del ex ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, sobre la disposición de Colombia de ofrecer a los militares gringos una nueva ubicación para la base, que el debate nuevamente se calentó. En ese momento, el ministerio encabezado por Santos propuso como emplazamientos para la nueva base lugares como La Guajira y Arauca, ubicados en la frontera con Venezuela, en un claro intento por tensionar las relaciones con la hermana república. El Comando Sur rechazó en ese momento la propuesta de Bogotá por no ofrecer claras ventajas para el control del Pacífico.

Una nueva propuesta fue realizada por Santos en la víspera de la visita del almirante Michael Mullen, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EEUU, del pasado 5 de marzo, y ha sido planteada también al almirante James Stavridis, jefe del Comando Sur, quien tendrá la última palabra antes de su aprobación por el presidente Obama y el Congreso de ese país.

En ella, se proponen diferentes opciones para dispersar lo que había en Manta, de acuerdo con lo negociado con el Comando Sur durante el último año. Según informaciones filtradas a la prensa, existe gran interés de parte de Washington por utilizar sitios como Tumaco (Nariño) y Bahía Málaga (Valle del Cauca) como bases navales y de inteligencia aérea, mientras bases aéreas como la Marco Fidel Suárez (Cali, Valle del Cauca), Palanquero (Cundinamarca), Apiay (Meta) y Tres Esquinas (Caquetá) serían consideradas como opciones para emplazar tropas de tierra y para el aterrizaje de aeronaves de gran envergadura para el transporte de personal, como el Galaxy C-5, o de aviones de combate.


Pequeñas bases para expandirse por Suramérica

Luis Ángel Saavedra, director de la Fundación regional de asesoría en Derechos Humanos (Inredh) de Ecuador, señaló que “están construyendo un esqueleto militar que les permite una intervención rápida, en un momento en el que EEUU ha entrado en crisis”, lo que significaría una mayor disuasión hacia “los países empiecen a negarle la venta de recursos, especialmente energéticos”. Por eso, ese país estaría tendiendo toda una red de “bases militares con aeropuertos muy bien dotados, muy fuertes, que les permitan aterrizar aeronaves grandes, como el Galaxy, que son aviones que les dejan transportar en pocas horas a miles de soldados”.

Así, en América Latina y el Caribe, ese país mantiene 17 instalaciones de radar de largo alcance, como la de Tres Esquinas (Caquetá), financiada enteramente por el Plan Colombia; dos bases de tierra, en Guantánamo (Cuba) y Soto Cano/Palmerola (Honduras); y cuatro Puestos de Seguridad Cooperativa (Cooperative Security Locations) en Comalapa (El Salvador), Reina Beatriz (Aruba), Hato Rey (Curazao) y Manta (Ecuador). De ser aprobada la propuesta de dividir en tres lo que operaba en Manta, las facilidades militares autorizadas por los países del continente para las operaciones gringas ascenderían a 25, sin contar con la multitud de bases 'nacionales' en las que militares de EEUU y mercenarios de empresas como Dyncorp prestan labores de 'asesoría', como ocurre en Tolemaida, Larandia, Arauca y Cartagena, en Colombia.

No es casual que Tumaco y Bahía Málaga sean opciones de primera mano. En ambos puertos, la Armada Nacional cuenta con bases bien posicionadas sobre el Pacífico que, si bien no están ubicadas en el extremo occidental de Suramérica, como Manta, no obligarían un gran cambio de planes para Washington: la distancia entre el puerto ecuatoriano y Tumaco es de apenas 375 km, mientras a Bahía Málaga son apenas 660 km. Adicionalmente, el gobierno colombiano se beneficiaría al eliminar la presencia guerrillera en esas zonas y el norteamericano por su cercanía con futuros mega proyectos extractivos, principalmente de agua, minerales y biodiversidad, en el Macizo colombiano y Chocó, dos de las mayores reservas naturales y acuíferas con las que cuenta Colombia.

El debate se centra, entonces, en el mejor emplazamiento para las operaciones aéreas y las tropas de tierra que concentrarían los EEUU en nuestro país. No mentía el ex ministro en sus intenciones al ofrecer, en el pasado, La Guajira y Arauca –sede del Batallón de Infraestructura Energética, que custodia el oleoducto Caño Limón-Coveñas y que fue una de las inversiones prioritarias del Plan Colombia– como posibles reemplazos de Manta, empleando esa propuesta como arma política para enturbiar las relaciones con Venezuela y provocar tensiones en la frontera.

Tampoco lo hace ahora, cuando Tres Esquinas y Larandia (Caquetá) son la punta de lanza del Plan Consolidación; cuando la Marco Fidel Suárez permitiría el control aéreo de todo el suroccidente y cuando Palanquero, ubicada en pleno Magdalena Medio, permitiría un acceso rápido de aviones bombarderos a casi cualquier rincón del país. El ex ministro Santos busca que se den operaciones conjuntas de las Fuerzas Aéreas de ambos países para golpear a la guerrilla y, así, acumular réditos con Washington para la Seguridad Democrática y una eventual campaña presidencial.



La manta para cubrir el Pacífico

En 1999, EE.UU. debió devolver a Panamá el canal interoceánico ubicado en el istmo y las instalaciones de la Base Howard, desde donde operó, durante la Guerra Fría, el Comando Sur de su fuerza armada. Allí, luego de la invasión a Panamá en 1989, se ubicaba uno de los principales laboratorios de armas químicas del mundo. A partir de entonces, la estrategia norteamericana ha creado una red de instalaciones militares en todo el continente, en las que sus tropas y servicios de inteligencia se encuentran apostados para el control de extensos territorios, mediante operaciones navales y aéreas permanentes que viabilicen sus intereses en la región.

Manta ha sido una de las principales piezas del rompecabezas gringo. El llamado 'Puesto de Seguridad Cooperativa' fue emplazado allí luego de que, el 31 de marzo de 1999, fuera firmado el “Convenio de concesión de facilidades logísticas” para permitir que los militares estadounidenses usaran la base aérea, la base naval y el puerto de esa localidad de la provincia de Manabí.

Ello les daba los gringos un punto de entrenamiento, abastecimiento y concentración de sus tropas, principalmente en operaciones aéreas y de inteligencia de gran envergadura, lo cual fue ratificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Jamil Mahuad, el 12 de noviembre de 1999, con una duración de diez años, que podría prorrogarse al final de dicho periodo.

Desde entonces, el puerto ecuatoriano ha sido de fundamental importancia para el control del litoral pacífico de toda América Latina: desde México hasta la Patagonia chilena, las operaciones desplegadas desde Manta afectan a toda la región en sus relaciones comerciales, planes energéticos, explotación de recursos naturales y, por supuesto, estrategias militares. El Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia dan claro testimonio de la injerencia que, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas, EEUU ejerce a través de Manta.

Pero la cosa no termina allí. Según diversos analistas, el traslado rápido de recursos naturales, especialmente acuíferos de lugares como el Nudo de los Pastos, y de materias primas hacia territorio norteamericano, que se facilita por esta costa mucho más que por el Caribe, harían del puerto sobre el Pacífico una necesidad para la economía más poderosa del mundo, en momentos de una recesión que le podría hacer perder algunos de sus privilegios.

Adicionalmente, el creciente comercio con China a través del Océano Pacífico preocupa profundamente en Washington, especialmente en momentos de crisis y de aumento de los gobiernos de izquierda en el continente. Por eso, el control de lo que entra y sale por los puertos ubicados en este litoral, se vuelve una de las tareas urgentes a resolver mediante la militarización, pues quien controla las aguas controla el movimiento de los cargueros y, con ello, el comercio internacional.

El Comando Sur de los Estados Unidos, que concentra casi diez veces el personal del Departamento de Estado para América Latina, responde así a la pérdida del control sobre algunos mercados o renglones específicos de los mismos, en los países de la región que mejores condiciones puedan tener para priorizar el comercio con China, pasando por encima de los intereses de las multinacionales gringas, luego de que los gobiernos de Venezuela y Brasil manifestaran su interés por lograr acceso a puertos del Pacífico para la exportación de hidrocarburos y mercancías diversas.


Manta y el Plan Colombia

La participación de personal y equipos de la base de Manta en el conflicto colombiano no es nueva. Desde la aprobación en el Congreso de EEUU del Plan Colombia, esta instalación militar ha sido crucial para el desarrollo de las operaciones contrainsurgentes en el suroccidente y para el control de los cielos y costas colombianos.

La más reciente muestra de esta participación fue denunciada el año pasado por el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, quien indicó que un avión de inteligencia Lockheed HC-130 de la fuerza aérea norteamericana despegó de Manta la noche del 29 de febrero de 2008 y regresó a esa instalación al día siguiente hacia las 4:00am, pudiendo haber servido de refuerzo a las aeronaves colombianas que bombardearon el campamento de las FARC en Angostura, territorio ecuatoriano, durante la llamada 'Operación Fénix', considerada ilegal por la OEA y que terminó con la muerte de 'Raúl Reyes', 25 guerrilleros y cuatro civiles más. En ese momento, el ministro Ponce dijo que “la CIA estaba en pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Angostura”.

Efectivamente, el complejo de más de 24.000 hectáreas ha sido el epicentro de muchas operaciones fundamentales para que los éxitos de la llamada 'política de seguridad democrática' hayan dado resultados para sus financiadores en Washington. La conexión de Manta con Tres Esquinas y Larandia (Caquetá), así como con la ofensiva del Plan Patriota (2003-2007) sobre Putumayo y Nariño, fueron realizadas gracias a información recopilada por aviones Awac y P3 de la inteligencia aérea norteamericana que partieron de Manta. Así lo indican los registros de navegación de dichas aeronaves y los informes de resultados que los militares colombianos presentaron en su momento sobre varias de las ofensivas tácticas realizadas contra las FARC en el suroccidente colombiano.

El pretexto de ejercer control al contrabando de cocaína y otras sustancias psicoactivas, bajo el que se cobijó a la base de Manta en el momento de su creación, nunca fue alcanzado: más bien, el puerto ecuatoriano se convirtió en epicentro de inteligencia en el continente y soporte fundamental en la Iniciativa Regional Andina, nombre que se le dio al Plan Colombia en sus implicaciones para los países vecinos.

Luis Ángel Saavedra, director Inredh, señala en este sentido que el trabajo de su organización y de la Coalición No Bases, ha permitido saber que, en Ecuador, “esa base no sirvió para el control del narcotráfico: Manta ahora es el primer puerto de exportación de droga en el país, nuestra conclusión es que nunca controlaron el narcotráfico sino que la base sirvió para apoyar logísticamente la implementación del Plan Colombia”, agregando que “el conflicto colombiano involucra a la región: parece ser que la intención del gobierno colombiano es desbordarlo para desestabilizar a los países que, de alguna manera, han optado por regímenes progresistas y que se oponen a la política de intervención de Estados Unidos”.


* Publicado originalmente en Periódico POLO

NEGOCIOS SON NEGOCIOS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Profesor Asociado Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia.


En la expresión que sirve de título a esta columna se concentran la lógica y la dinámica de una actividad humana en donde la solidaridad, la ética, la responsabilidad y el respeto, entre otros, son principios que poco cuentan a la hora de mirar resultados: la fabricación y venta de armas. Y esa es justamente la expresión más acertada para tratar de explicar la nueva crisis diplomática desatada entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, pues detrás de la rabieta de Hugo Rafael Chávez Frías ante lo que el llamó una agresión de Colombia, por el asunto aquel del armamento venezolano, de origen sueco, encontrado en manos de las Farc, está el vil negocio de las armas.

Chávez y Uribe son, claramente, dos war lord que quieren jugar el juego de la guerra, provocando y ambientando escenarios de negociación, de compra de armas. Por el lado de Chávez, anuncia la adquisición de más armamento a Rusia para enfrentar la posible invasión de los Estados Unidos, orquestada y operada desde bases colombianas, con apoyo bélico norteamericano; y por el lado de Colombia, y de manera soterrada, Uribe busca servir a los Estados Unidos, elevándose como el único gobierno capaz de frenar al proto imperio que amenaza con expandir la pandemia del socialismo del siglo XXI por todo el territorio latinoamericano.

Por el lado colombiano, Uribe va camino de lograr que la hecatombe que justifique su permanencia en el poder, se dé fuera del territorio colombiano, buscando con ello ocultar los garrafales errores cometidos en materia económica, social y política, como consecuencia de un proyecto político personalizado y sostenido en sus intereses de clase, pero especialmente, en la intención manifiesta de perpetuarse en el poder para vengar la muerte de su padre.

Por el lado venezolano, Chávez busca distraer la atención y la presión internas, pues su proyecto socialista no arranca como él estaba esperando, especialmente en el objetivo de poner a funcionar un aparato estatal legítimo y eficiente, productivamente hablando, que le permita, por ejemplo, enfrentar eventuales problemas de abastecimiento si decide no comprarle más a Colombia los productos básicos que necesita importarle.

Los dos mandatarios juegan a la guerra fría, dado que tienen una visión premoderna y moderna de lo que debe ser el orden internacional y el manejo del manido concepto de soberanía, que cada uno de ellos exhibe y defiende a discreción, según las circunstancias. Las injerencias de gobiernos externos son valoradas desde orillas ideológicas distintas, pero con el mismo sentido de los negocios, que les permite a los dos gritar al unísono: Negocios son negocios, y poco importan la diplomacia, el bienestar de sus pueblos y la legitimidad de sus gobiernos, entre otros.

Bien vale entonces la pena reflexionar alrededor de lo que puede significar la nomenclatura soberanía, especialmente cuando su sentido hoy, está supeditado a los negocios, y alejado, consecuentemente, de la política y de lo político.

La soberanía del Estado- nación es, ante todo, una ilusión, un valor, un deseo, e incluso hoy, por los evidentes fenómenos y circunstancias que declaran su declive, una quimera. Así como la nomenclatura Estado es una abstracción de un tipo de orden, de unas lógicas y procedimientos asociados a la vida humana en sociedad, la soberanía, como condición natural de éste, alcanza igualmente niveles de abstracción que la acercan a un imaginario, a una idea, a una posibilidad, especialmente en un proceso de globalización económica que erosiona viejas nomenclaturas.

Estado y soberanía son, entonces, construcciones simbólicas que posibilitan y dan sentido a un ordenamiento jurídico-político, interno y externo, que asegura el advenimiento y sostenimiento de un ser humano y de una condición humana cambiante y azarosa en la que sobresalen aspiraciones, miedos, incertidumbres, su condición finita, la certeza de poder explicar el mundo humano a través del lenguaje y de dominarlo a partir del desarrollo técnico y científico, en el que sobresale la fabricación de armas.

Por ser el Estado y la soberanía el resultado de un proceso humano histórico[1], los juicios evaluativos acerca de su conveniencia o inconveniencia, e incluso los llamados a pensarlos como referentes únicos, paradigmáticos y orientadores de la vida en sociedad, advierten actitudes y posturas polarizantes, contradictorias y comprensibles en tanto surgen de estadios socio históricos complejos en los que sobresale una condición humana asociada al miedo, a la debilidad y en general, a lo irresoluto que pueda resultar explicar qué hacemos en el mundo y de dónde venimos.

Por ello, más allá de la discusión de si se pierde o no, o si se cede o no soberanía al permitir el paso de tropas extranjeras por un determinado territorio, o si la injerencia de gobiernos extranjeros o de instituciones transnacionales, como el FMI, el BM, o la OMC, entre otros, violan o no la soberanía, lo que debemos tener claro es que hoy, en este mundo, tal y como están las cosas, Negocios son Negocios, y lo demás no cuenta, incluso, la vida humana.

[1] Véase BADIE, Bertrand. Un mundo sin soberanía, estados entre artificio y responsabilidad. Tercer Mundo Editores, 2000.

AUTOCENSURA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Profesor Asociado Universidad Autónoma de Occidente

No se sabe qué es peor para el ejercicio periodístico: si la autocensura o la censura. Cuando aparece la primera, se pone en evidencia la decisión editorial y política tanto del reportero, como del editor, o el director general del medio, de callar, dependiendo del hecho noticiable que llama la atención. En esta materia, la gran prensa nacional (escrita) se ha autocensurado en temas delicados que tienen que ver, por ejemplo, con la aprobación y puesta en marcha del Plan Colombia, en una actitud irresponsable política y periodísticamente, por parte de medios como EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, EL COLOMBIANO, EL PAIS y las revistas SEMANA y CAMBIO[1], que jamás explicaron, entre otros asuntos, que hubo cuatro versiones distintas del Plan Colombia y lo más importante, no dieron una discusión seria y fuerte alrededor de lo que significó la aplicación de dicho Plan en términos de la doctrina de seguridad aplicada a un conflicto tan complejo como el que se vive en Colombia. De igual manera, hubo autocensura, y la hay todavía, en relación con la aplicación de la política de defensa y seguridad democrática, especialmente, porque varios de esos medios y de programas de opinión televisivos (Lechuza y La Noche), adoptaron el reducido concepto de seguridad sobre el cual se sostiene dicha política pública,[2] presentando como un avance democrático, lo que sólo es una política de confrontación militar que no permite avanzar en asuntos como seguridad alimentaria, seguridad social y laboral, entre otros.

Pero la autocensura no se da exclusivamente por la acción política- editorial del medio o de quienes se encargan de filtrar y acomodar la información recogida por los reporteros, esto es, editores y directores. Es también, el resultado de la ignorancia, la falta de criterio o la ceguera estructural de los reporteros que no reconocen la dimensión del hecho noticiable que pretenden abordar. Este tipo de autocensura es el peor de los condicionantes con los cuales se ejerce el periodismo en Colombia, puesto que involucra la calidad de la formación de los reporteros, el buen juicio de un ciudadano que funge como periodista y que está obligado constitucionalmente, él y el medio, a informar de manera veraz e imparcial.

También se reconocen actitudes propias de la autocensura cuando el periodista se acerca demasiado a la fuente, generando una relación de amistad y de mutua simpatía, que termina por afectar la capacidad del reportero de decidir, de manera autónoma y ajustada a los hechos, qué informa, o qué detalles deja por fuera, para no afectar la buena relación con la fuente. Y esta es una práctica creciente en los reporteros colombianos. Baste con verlos en las ruedas de prensa, en donde se preocupan más por ganarse la fuente con preguntas que no comprometen al funcionario, que por contextualizar el hecho que se elevará al estatus de noticia. Y en muchos casos, la relación extremadamente respetuosa con la fuente, termina en una recomendación para ocupar el cargo de jefe de prensa en una de las carteras ministeriales.

Esa perversa relación viene precedida, en muchos casos, de una velada amenaza por parte de las fuentes hacia los periodistas, en el sentido de no volver a tener en cuenta al reportero para recibir información de primera mano (primicias). Normalmente, el veto lo anuncia y lo ejecuta la Oficina de Prensa de la Casa de Nariño o la oficina de información del ministerio comprometido.

En cuanto a la censura, es claro que en Colombia, desde la perspectiva constitucional, no hay censura. Pero una cosa es lo que dice la Constitución y otra, el ejercicio del poder de intimidación de un gobernante que abiertamente ha demostrado que le molesta la acción vigilante y escrutadora de la prensa.

Lo cierto es que no se puede decir con total certeza que en las dos administraciones de Uribe se hayan presentado acciones concretas de censurar a un medio en particular, a través de una política o de una directriz conocida públicamente, pero sí es evidente que aquellos periodistas (columnistas) que han criticado directamente al Gobierno y al propio Uribe por su intención manifiesta de perpetuarse en el poder, han sido víctimas de la censura del medio, que asume como propia la molestia presidencial y decide quitarle el espacio de opinión al ‘incómodo’ columnista.

Baste con recordar el caso de Javier Darío Restrepo para reconocer que efectivamente la censura puede ser asumida por los medios en tanto lo expresado por sus columnistas puede en algún momento, molestar al inquilino de la Casa de Nariño, asunto que pondría en calzas prietas al medio que a toda costa decide conservar una buena relación con el gobierno. Tal parece que así sucedió con EL COLOMBIANO, que prefirió mantener una buena relación con el Mandatario, que el espacio de opinión al periodista.

Lo más preocupante es que no existe dentro de la sociedad civil un organismo académico que exponga los riesgos democráticos que connota la autocensura como práctica periodística. Las Facultades de periodismo están al margen de la discusión alrededor del complejo contexto en el cual sus propios egresados y en general los medios, están informando hoy en Colombia. Y es que el asunto no es menor. No es posible pensar en la consolidación de la democracia si la autocensura, por incapacidad o ignorancia de los periodistas, o por el efectivo control ideológico de editores y directores, se exhibe y se presenta hoy como el mayor obstáculo para que las audiencias reciban información amplia, veraz, contextualizada y no la información a medias y contaminada que están recibiendo.

La situación se torna más compleja aún cuando en regímenes presidencialistas como los de Venezuela, Ecuador y Colombia, los mandatarios manejan dosis fuertes de animadversión contra el ejercicio periodístico, que en los casos de los dos primeros, se expresa en acciones de persecución a las empresas mediáticas que no siguen a pie juntillas el proyecto político que encarnan Chávez y Correa. Si bien Uribe no tiene una relación tan tensa con los medios, como la que sí mantienen sus vecinos, un tercer mandato puede llevar a que la censura oficial aparezca, y a que la autocensura termine asumiéndose como una práctica normal, que se expresaría de la siguiente manera: si para sobrevivir como empresa y para sobrevivir como periodista hay que ocultar información y por lo tanto desinformar, bienvenida la autocensura. El riesgo es latente.

[1] Véase AYALA OSORIO, Germán y AGUILERA GONZÁLEZ, Pedro Pablo. Plan Colombia y medios de comunicación, un año de autocensura. Cali, CUAO, 2001. 717 páginas.

[2] Véase AYALA OSORIO, Germán, DUQUE SANDOVAL, Oscar y HURTADO VERA, Guido. De la democracia radical al unanimismo ideológico, medios y seguridad democrática. Cali: UAO, 2006. 318 p.

EL DISCURSO TAMBIÉN JUEGA A LA HORA DE VOTAR

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


El asunto de la ética y de lo ético involucra, sin duda, las vicisitudes y el propio devenir del hombre en el mundo de la vida; de ahí que la ética y lo ético conlleven, inexorablemente, a un asunto comunicativo en el que sobresale el poder de la lengua y del lenguaje en su tarea de significar, de nombrar, de reconocer, pero también de invisibilizar, minimizar y de des-conocer la existencia del ‘Otro’; he allí entonces un asunto definitivo para las humanidades contemporáneas y para la acción ciudadana: la eticidad discursiva.

Consciente del poder que tienen el lenguaje y la lengua, la acción discursiva en el mundo contemporáneo expone un asunto ético en tanto involucra el mundo de la vida de quienes se comunican, deciden sostener o se deben enfrentar a una relación, necesariamente horizontal, de intercambio de sentidos a través de diferentes formas textuales.

Sin duda, hay un mundo de la vida que necesariamente define y caracteriza al hombre como un ser histórico, político, ético y discursivamente reconocible y criticable de acuerdo con las improntas ganadas en tiempo y espacio, y en momentos históricos definidos por circunstancias propias del devenir humano en sociedad, pero especialmente, por las huellas dejadas por la acción lingüística en los encuentros intersubjetivos. En cada encuentro comunicativo la ética y lo ético entran en conflicto, en un juego intersubjetivo en el que nos desnudamos con la palabra, frente al mundo y frente al Otro.

En esa línea, Guillermo Hoyos Vásquez sostiene que “en un primer momento, la comunicación implica el reconocimiento del otro como diferente, es decir, como interlocutor válido. Sólo quien reconoce esto sigue interesado en la comunicación con los demás, dado que considera que puede aprender de ellos. Este es el punto de partida de toda ética: el reconocimiento del ‘otro como diferente’…” [1]

A lo anterior se suman las formas como el Estado colombiano, sus instituciones y sus dirigentes se comunican con sus asociados, con los ciudadanos, con la llamada opinión pública. Por supuesto que es fundamental en el proceso comunicativo Estado- ciudadanos, advertir como un obstáculo, la sempiterna debilidad del Estado colombiano para garantizar la vida y honra de sus asociados, en la imperiosa necesidad de lograr que éste se convierta en un referente moral de la sociedad, que dé inicio a la consolidación de un proyecto cultural amplio, incluyente y tolerante, de acuerdo con las diferencias regionales que nos hacen un país de prácticas culturales disímiles.

Buena parte de la legitimidad alcanzada por actitudes y prácticas como la corrupción, el clientelismo y la violencia, se ha logrado por el mal ejemplo dado por las instituciones estatales y el discurso vehemente y brusco del propio presidente Álvaro Uribe Vélez. Un discurso que ética y comunicativamente resulta inconveniente para un país como el nuestro con una tradición violenta, discriminante e intimidatoria, desde los usos del lenguaje. Baste con recordar cómo nombramos a los ciudadanos miembros de las llamadas minorías (negros e indígenas), para darnos cuenta de que se trata de usos del lenguaje en donde sobresalen intenciones discriminantes.

En el discurso violento de los colombianos se concentran odios, miedos, una profunda intolerancia y toda clase de sentimientos humanos, que desde un sentido muy primario, ha ido edificando un imaginario colectivo de lo que debe ser un Presidente, un jefe, un director, de cómo deben actuar y de cómo deben expresarse y de cómo, desde la fuerza ilocutoria, deben proponer soluciones a los problemas del país, o maneras de administrar los intereses de la nación, o los propios de una organización.

Por supuesto que el aporte de los discursos intimidatorios de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares y varios dirigentes políticos y gremiales, ha sido importante y definitivo para que hoy los colombianos (uribistas, especialmente) se sientan cómodos con el discurso iracundo de un Presidente que no tiene ningún reparo en mandar a matar, públicamente, a los escurridizos y temibles delincuentes de la llamada oficina de Envigado, o de tratar de marica y de amenazar con darle en la cara a un fulano conocido con el alias de la Mechuda.

Y lo más grave aún, que la elección política-electoral de los ciudadanos esté atravesada y sustentada por la fuerza discursiva del enunciador-candidato al que se le exige que hable duro, que sea implacable, impulsivo y arrebatado. Quien no cumpla con estas características muy seguramente tendrá pocas opciones de ocupar la Casa de Nariño o la particular dirigencia de una institución.

Habitamos en el lenguaje, es nuestra casa, es nuestra morada, o como dijo Heidegger, el lenguaje es la casa del Ser. Quizás por ello debamos hoy los colombianos, más que nunca, dedicar tiempo a escrutar el lenguaje con el cual los candidatos a la presidencia y el del propio Presidente-candidato, nombran y han nombrado asuntos públicos de especial interés para todos nosotros.

La imagen carismática de Uribe Vélez y la sostenida popularidad de sus dos administraciones- gracias a un hincado y acomodado ejercicio periodístico de la gran prensa- han servido para señalar que el mandatario antioqueño es un gran comunicador. Diría que es todo lo contrario, pues discursivamente no reconoce a los Otros como actores dialógicos, sino como enemigos, en una evidente contradicción comunicativa expuesta en un discurso agresivo, intimidante y desdibujante.

Debemos pensar los colombianos que el mundo se presenta a través de asuntos complejos que, enunciados, es decir, expresados desde lenguas (usos individuales) y el lenguaje, le van dando al ser humano elementos para comprender en dónde está y de quiénes le rodean; y le van exigiendo el desarrollo de una actitud ética-comunicativa, que con el tiempo y la esperada acción formativa de la cultura-ambiente, le permita construir relaciones intersubjetivas respetuosas desde lo identitario. Y es justamente ahí en donde falla el Presidente.

Al final, es bueno reconocer que a la hora de votar, el lenguaje también juega. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos darle el valor que tiene el lenguaje, especialmente cuando hay asuntos públicos en juego.

[1] Hoyos Vásquez, Guillermo. Las ciencias de la discusión en la teoría del actuar comunicativo. EN: Reflexiones sobre la investigación en ciencias sociales y estudios políticos, memorias seminario octubre 2002. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, p. 118.