Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Con la fuerte temporada invernal que en estos momentos tiene en crisis varias regiones del país, quedan varias conclusiones. Dejo, por el momento, diez para considerar:
La primera, que el modelo de desarrollo extractivo y poco amable con la naturaleza, hizo crisis y que es urgente pensar en revertir procesos y repensar la relación H-N. Para ello, bien podría servirnos mirar las lógicas y cosmovisiones de comunidades negras e indígenas que de tiempo atrás mantienen una relación consustancial con la Madre Tierra. Si la tecnología y la técnica nos han permitido afectar de tal manera ecosistemas estratégicos y frágiles, ellas mismas deben servirnos para replantear ciertas actividades antrópicas que claramente ponen en riesgo la vida y las características de ciertos ecosistemas y por ese camino, la calidad de vida y la vida misma de millones de seres humanos.
La segunda, que al no tener una idea consolidada de Estado y un sentido de la responsabilidad de quienes fungen como funcionarios públicos, especialmente dentro de entidades como las CAR, responsables directos del manejo de las cuencas hidrográficas. Directores y demás funcionarios de dichas entidades actúan no con criterios técnicos y científicos, sino con la actitud propia de funcionarios nombrados bajo esquemas clientelares, dispuestos para beneficiar a empresas y a particulares poderosos, en el marco de una idea de desarrollo a todas luces equívoca, a juzgar por los claros efectos negativos que deja esta y la anterior temporada invernal en Colombia y que como siempre, afecta a los menos favorecidos.
La tercera, que hay total incapacidad del Estado para responder con eficiencia y efectividad ante eventos catastróficos. La actitud negligente de alcaldes y gobernadores, sumada a la inexistencia de una política ambiental nacional, son muestras fehacientes del carácter y el talante privatizado de un Estado débil y precario como el que hemos construido de tiempo atrás.
La cuarta, que mientras no se castigue ejemplarmente la falta de previsión, la ineptitud y en general la negligencia de alcaldes, gobernadores y de funcionarios de las CAR, una y otra vez se repetirán las tragedias que hoy lamentamos. Es urgente que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República revisen y esculquen las actuaciones de unos y otros, para determinar responsabilidades. Ya es hora que se castigue la irresponsabilidad de los funcionarios públicos que por acción u omisión han permitido el deterioro ambiental y las graves consecuencias dejadas hasta el momento por la ola invernal.
La quinta, que es urgente desmontar las redes clientelares enquistadas en las CAR y buscar reformarlas de tal manera, que sus funciones vayan encaminadas a establecer mejores relaciones con disímiles ecosistemas, bajo una nueva idea de desarrollo sostenible.
La sexta, que los particulares y cada uno de los ciudadanos colombianos, junto a organizaciones de la sociedad civil, actuemos con responsabilidad y demandemos de las autoridades ambientales el cumplimiento de los marcos legales ambientales. Hay que presionar y exigir a quienes han puesto el Estado al servicio de sus propios intereses y al de poderosos empresarios.
La séptima, que la Universidad y en general las asociaciones de profesionales (ingenieros ambientales, ambientalistas y planificadores, entre otros) vigilen de cerca el actuar de las CAR, de los alcaldes y gobernadores y del propio gobierno central, y demanden acciones concretas que eviten los estragos que hoy dejada la temporada invernal.
La octava, que es necesario revisar a fondo la política agraria en Colombia. Es hora de replantear las prácticas de monocultivo, especialmente aquellas que tienen mayores impactos en ríos y quebradas. De igual manera, lo que tiene que ver con la potrerización de vastas y frágiles zonas,
La novena, que es clave empezar a discutir políticas de poblamiento en aras de bajar la presión que actualmente se ejerce sobre zonas de ladera y ecosistemas de montaña. Por ello es clave un plan de ordenamiento territorial ambiental, que convine las necesidades económicas y sociales y en general el bienestar humano, y el conocimiento de las lógicas de complejos ecosistemas naturales.
Y la décima, hay que enfrentar con celeridad la pobreza que abraza a millones de colombianos. Al vivir en aquellas circunstancias, millones de compatriotas quedan a merced de furiosos ríos y quebradas, víctimas a su vez, de actividades antrópicas insostenibles. Hay que reubicar barrios y veredas, pero sobre todo, garantizar una vida digna a quienes hoy viven en condiciones de pobreza y fragilidad.
Adenda: ¿en ocho años de gobierno qué hizo Uribe Vélez por el país en materia de planificación urbana y política ambiental? Nada. Fueron dos periodos de clientelismo, de burda corrupción política y de desmonte del Estado social de derecho. Y pensar que existen aún colombianos que creen que ha sido el mejor Presidente de Colombia…
