Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Con el cambio de prisión del ex senador Juan Carlos Martínez el gobierno pretende acallar y minimizar el escándalo por los cotidianos ‘ágapes’ que realizan los llamados parapolíticos al interior del centro de reclusión.
Pero más allá de la decisión, lo que hay que revisar a fondo es el régimen penitenciario en Colombia, su aplicación formal y real, así como la valoración y el tratamiento que hacen y dan los funcionarios del INPEC a este tipo de políticos investigados, detenidos y juzgados por nexos con paramilitares. Y de igual manera, lo que hay que hacer es develar las finas relaciones que aún mantienen no sólo políticos como Martínez y Cáceres, protagonistas de recientes ‘violaciones’ al régimen penitenciario, en sus regiones, pues desde la cárcel apoyan lo que sin duda puede considerarse como una ‘nueva clase política y social’, que emerge de la incapacidad del Estado y de una sociedad permisiva con el crimen.
¿Quién ordena los especiales tratamientos que reciben los parapolíticos? ¿Sabe algo el alto gobierno? No creo que se trate sólo del incumplimiento del deber por parte de guardianes y directores de prisiones. Hay algo más. Quizás miedo en aplicar las laxas normas de un régimen penitenciario aplicado por una institución desprestigiada. O simplemente obedecen a esa perversa admiración que amplios sectores de la sociedad civil y de la clase política nacional profesan por quienes se atrevieron a refundar la patria, asegurando la cooptación del Estado y la criminalización de la diferencia.
El pabellón de los parapolíticos y las actuaciones del INPEC frente a los ‘relajos’ cometidos por los ‘valiosos’ internos, representan los valores democráticos, la ética pública y el sentido de la política con los cuales los partidos políticos, algunos empresarios y la clase dirigente le abrieron las puertas al paramilitarismo, para que juntos, construyeran una sociedad acorde con los intereses y objetivos de los paramilitares.
Colombia es un país que admira lo hecho y lo actuado por los criminales de las AUC. Somos una nación que considera y acepta que las reuniones entre políticos y paracos aportaron al mejoramiento de la seguridad, puesto que el proyecto conservador y autoritario que encarnaba Uribe Vélez desde su paso por la gobernación de Antioquia, pudo ponerse en marcha justamente por el apoyo recibido por más del 35% del Congreso que en 2002 construyó afinidades y firmó acuerdos ideológicos y programáticos con Mancuso y los Castaño, entre otros asesinos.
Entonces, no nos debemos alarmar por las fiestas y los bacanales que programan los parapolíticos, como tampoco por el evidente contubernio que existe entre éstos y sus ‘carceleros’. Por lo que realmente debemos sorprendernos es por la consecuente paramilitarización de los valores ciudadanos que se entronizaron durante los ocho años del gobierno de Uribe.
Con el paramilitarismo se consolidaron prácticas intolerantes que de tiempo atrás sirvieron a élites políticas y económicas interesadas en hacerse al control del Estado, para mantener y extender sus proyectos económicos, estableciendo alianzas con grupos al margen de la ley. Por ello, los ‘relajos’ en el pabellón de los parapolíticos son simples celebraciones de lo logrado: refundaron la patria, cooptaron el Estado y nos convirtieron en una sociedad intolerante, abyecta y criminal.
Con el cambio de prisión del ex senador Juan Carlos Martínez el gobierno pretende acallar y minimizar el escándalo por los cotidianos ‘ágapes’ que realizan los llamados parapolíticos al interior del centro de reclusión.
Pero más allá de la decisión, lo que hay que revisar a fondo es el régimen penitenciario en Colombia, su aplicación formal y real, así como la valoración y el tratamiento que hacen y dan los funcionarios del INPEC a este tipo de políticos investigados, detenidos y juzgados por nexos con paramilitares. Y de igual manera, lo que hay que hacer es develar las finas relaciones que aún mantienen no sólo políticos como Martínez y Cáceres, protagonistas de recientes ‘violaciones’ al régimen penitenciario, en sus regiones, pues desde la cárcel apoyan lo que sin duda puede considerarse como una ‘nueva clase política y social’, que emerge de la incapacidad del Estado y de una sociedad permisiva con el crimen.
¿Quién ordena los especiales tratamientos que reciben los parapolíticos? ¿Sabe algo el alto gobierno? No creo que se trate sólo del incumplimiento del deber por parte de guardianes y directores de prisiones. Hay algo más. Quizás miedo en aplicar las laxas normas de un régimen penitenciario aplicado por una institución desprestigiada. O simplemente obedecen a esa perversa admiración que amplios sectores de la sociedad civil y de la clase política nacional profesan por quienes se atrevieron a refundar la patria, asegurando la cooptación del Estado y la criminalización de la diferencia.
El pabellón de los parapolíticos y las actuaciones del INPEC frente a los ‘relajos’ cometidos por los ‘valiosos’ internos, representan los valores democráticos, la ética pública y el sentido de la política con los cuales los partidos políticos, algunos empresarios y la clase dirigente le abrieron las puertas al paramilitarismo, para que juntos, construyeran una sociedad acorde con los intereses y objetivos de los paramilitares.
Colombia es un país que admira lo hecho y lo actuado por los criminales de las AUC. Somos una nación que considera y acepta que las reuniones entre políticos y paracos aportaron al mejoramiento de la seguridad, puesto que el proyecto conservador y autoritario que encarnaba Uribe Vélez desde su paso por la gobernación de Antioquia, pudo ponerse en marcha justamente por el apoyo recibido por más del 35% del Congreso que en 2002 construyó afinidades y firmó acuerdos ideológicos y programáticos con Mancuso y los Castaño, entre otros asesinos.
Entonces, no nos debemos alarmar por las fiestas y los bacanales que programan los parapolíticos, como tampoco por el evidente contubernio que existe entre éstos y sus ‘carceleros’. Por lo que realmente debemos sorprendernos es por la consecuente paramilitarización de los valores ciudadanos que se entronizaron durante los ocho años del gobierno de Uribe.
Con el paramilitarismo se consolidaron prácticas intolerantes que de tiempo atrás sirvieron a élites políticas y económicas interesadas en hacerse al control del Estado, para mantener y extender sus proyectos económicos, estableciendo alianzas con grupos al margen de la ley. Por ello, los ‘relajos’ en el pabellón de los parapolíticos son simples celebraciones de lo logrado: refundaron la patria, cooptaron el Estado y nos convirtieron en una sociedad intolerante, abyecta y criminal.
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