Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Cada vez más se despeja el camino para que el proto sátrapa continúe su ‘obra democrática’ y logre llevar a Colombia a límites insospechados de violencia política, de inseguridad jurídica, desinstitucionalización y desequilibrio de poderes.
No hubo sorpresa en el pronunciamiento del Procurador, un confeso Torquemada, que con su concepto a favor del referendo no sólo legitima la trampa, las argucias, sino que advierte que en materia de control de la función pública, los colombianos deberán olvidarse de garantías de igualdad y de respeto. Será el regreso al espíritu de la constitución de 1886, es decir, bienvenidas la arbitrariedad y la negación de los derechos ciudadanos.
Queda claro que el Ministerio Público desapareció como tal y que será, en adelante, un apéndice del Gobierno de Uribe, que poco a poco ha ido cooptando instancias e instituciones en aras de alcanzar el objetivo final: perpetuar a Uribe en el poder. Ya están en el bolsillo del Gobierno el Consejo Superior de la Judicatura y por lo tanto, los jueces, que se sienten intimidados para fallar en casos como los crímenes de Estado (falsos positivos) y gran parte de la Corte Constitucional, el Congreso, y ahora la Procuraduría de Ordóñez, en fin. Además, tiene de su lado al empresariado, a los banqueros, a los militares y cuenta con la gracia de tímidos y taimados candidatos y precandidatos, incapaces de pronunciarse con vehemencia ante la involución constitucional que se viene con la continuidad de Uribe en el poder.
Todo está listo para la dictadura civil de derecha, esta vez sí declarada en Colombia. La más reciente la protagonizó Julio César Turbay Ayala, con la aplicación implacable del Estatuto de Seguridad. Ahora, con Uribe, el escenario podría resultar peor en materia de violación de derechos humanos y control de libertades ciudadanas.
Muy seguramente revivirá las zonas de rehabilitación y consolidación y el estatuto antiterrorista, con el argumento de que vencer a las Far[1] requiere de ejercicios de amordazamiento de la prensa (bueno, ya está cooptada casi toda la gran prensa) y la reducción de libertades ciudadanas y el control político-militar de zonas, especialmente aquellas donde ejerzan poder gobernadores y alcaldes no afectos a su política de seguridad democrática.
Con el pronunciamiento de Ordóñez se elimina de tajo los ya invisibles límites que había entre lo legal y lo ilegal, entre lo legítimo y lo ilegítimo. Con lo dicho por el Procurador, el país entra en el Todo Vale, principio con el cual Uribe ha actuado públicamente y que es la peor herencia que nos dejará cuando decida abandonar la Casa de Nariño.
Aunque el concepto de Ordóñez no es vinculante y por lo tanto no obliga a la Corte Constitucional (CC) a tenerlo en cuenta, sí puede ser recibido por los magistrados de dicha Corporación como el mejor parapeto jurídico-político, para desde allí defender la postura que a favor del referendo tienen de tiempo atrás varios de sus magistrados.
Ojalá los magistrados de la CC adviertan los riesgos institucionales y constitucionales que correría el país de aprobarse un referendo con todos los vicios e irregularidades que se le han señalado y que el Procurador decidió obviar en su pronunciamiento. De lo contrario, Colombia daría pasos hacia una dictadura de un civil que ama la guerra, pues se da por descontado que alcanzaría el triunfo en las urnas.
Es posible que los niveles de polarización aumenten considerablemente si se logra Uribe quedar un periodo más en la casa de Nariño; también es probable que logre, bajo cuerda, el respaldo de una Oposición más preocupada por contratos y cuotas burocráticas, que por la real estabilidad del régimen democrático.
Lo cierto es que el proyecto político, militar y económico de Uribe llegó para quedarse. Y lo más preocupante es que de allí quedarán prácticas culturales que muy seguramente legitimaran aún más el Todo Vale que acaba de avalar el Procurador.
Un Todo Vale generalizado nos llevará a niveles insospechados de intolerancia, de violación de libertades y de corrupción. Al final es posible que celebremos la derrota militar de las Farc, pero lamentaremos vivir en una sociedad en donde por cuenta de arteros, bribones, pillos, mentirosos, taimados y corruptos, no sabremos diferenciar entre lo que es o no correcto, entre lo legal y lo ilegal y entre lo legítimo y lo ilegítimo.
[1] El Presidente insiste en decir Far, y no Farc. ¿Se tratará de un problema de dicción o de una manera jocosa de desconocer la existencia del ejército ilegal?
Cada vez más se despeja el camino para que el proto sátrapa continúe su ‘obra democrática’ y logre llevar a Colombia a límites insospechados de violencia política, de inseguridad jurídica, desinstitucionalización y desequilibrio de poderes.
No hubo sorpresa en el pronunciamiento del Procurador, un confeso Torquemada, que con su concepto a favor del referendo no sólo legitima la trampa, las argucias, sino que advierte que en materia de control de la función pública, los colombianos deberán olvidarse de garantías de igualdad y de respeto. Será el regreso al espíritu de la constitución de 1886, es decir, bienvenidas la arbitrariedad y la negación de los derechos ciudadanos.
Queda claro que el Ministerio Público desapareció como tal y que será, en adelante, un apéndice del Gobierno de Uribe, que poco a poco ha ido cooptando instancias e instituciones en aras de alcanzar el objetivo final: perpetuar a Uribe en el poder. Ya están en el bolsillo del Gobierno el Consejo Superior de la Judicatura y por lo tanto, los jueces, que se sienten intimidados para fallar en casos como los crímenes de Estado (falsos positivos) y gran parte de la Corte Constitucional, el Congreso, y ahora la Procuraduría de Ordóñez, en fin. Además, tiene de su lado al empresariado, a los banqueros, a los militares y cuenta con la gracia de tímidos y taimados candidatos y precandidatos, incapaces de pronunciarse con vehemencia ante la involución constitucional que se viene con la continuidad de Uribe en el poder.
Todo está listo para la dictadura civil de derecha, esta vez sí declarada en Colombia. La más reciente la protagonizó Julio César Turbay Ayala, con la aplicación implacable del Estatuto de Seguridad. Ahora, con Uribe, el escenario podría resultar peor en materia de violación de derechos humanos y control de libertades ciudadanas.
Muy seguramente revivirá las zonas de rehabilitación y consolidación y el estatuto antiterrorista, con el argumento de que vencer a las Far[1] requiere de ejercicios de amordazamiento de la prensa (bueno, ya está cooptada casi toda la gran prensa) y la reducción de libertades ciudadanas y el control político-militar de zonas, especialmente aquellas donde ejerzan poder gobernadores y alcaldes no afectos a su política de seguridad democrática.
Con el pronunciamiento de Ordóñez se elimina de tajo los ya invisibles límites que había entre lo legal y lo ilegal, entre lo legítimo y lo ilegítimo. Con lo dicho por el Procurador, el país entra en el Todo Vale, principio con el cual Uribe ha actuado públicamente y que es la peor herencia que nos dejará cuando decida abandonar la Casa de Nariño.
Aunque el concepto de Ordóñez no es vinculante y por lo tanto no obliga a la Corte Constitucional (CC) a tenerlo en cuenta, sí puede ser recibido por los magistrados de dicha Corporación como el mejor parapeto jurídico-político, para desde allí defender la postura que a favor del referendo tienen de tiempo atrás varios de sus magistrados.
Ojalá los magistrados de la CC adviertan los riesgos institucionales y constitucionales que correría el país de aprobarse un referendo con todos los vicios e irregularidades que se le han señalado y que el Procurador decidió obviar en su pronunciamiento. De lo contrario, Colombia daría pasos hacia una dictadura de un civil que ama la guerra, pues se da por descontado que alcanzaría el triunfo en las urnas.
Es posible que los niveles de polarización aumenten considerablemente si se logra Uribe quedar un periodo más en la casa de Nariño; también es probable que logre, bajo cuerda, el respaldo de una Oposición más preocupada por contratos y cuotas burocráticas, que por la real estabilidad del régimen democrático.
Lo cierto es que el proyecto político, militar y económico de Uribe llegó para quedarse. Y lo más preocupante es que de allí quedarán prácticas culturales que muy seguramente legitimaran aún más el Todo Vale que acaba de avalar el Procurador.
Un Todo Vale generalizado nos llevará a niveles insospechados de intolerancia, de violación de libertades y de corrupción. Al final es posible que celebremos la derrota militar de las Farc, pero lamentaremos vivir en una sociedad en donde por cuenta de arteros, bribones, pillos, mentirosos, taimados y corruptos, no sabremos diferenciar entre lo que es o no correcto, entre lo legal y lo ilegal y entre lo legítimo y lo ilegítimo.
[1] El Presidente insiste en decir Far, y no Farc. ¿Se tratará de un problema de dicción o de una manera jocosa de desconocer la existencia del ejército ilegal?
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