CASO USCÁTEGUI: UNA CONDENA EJEMPLARIZANTE QUE NO REPARA EL DOLOR DE LAS VÍCTIMAS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La condena a 40 años de prisión proferida, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Bogotá, al general del ejército en retiro, Jaime Humberto Uscátegui, es un paso importante en el esclarecimiento de las responsabilidades que le caben al Estado colombiano en la comisión de masacres como la de Mapiripán y en la libre circulación, por aire, agua y tierra, de grupos paramilitares.

Aunque ya anunció el ex general que irá a instancia de casación, es decir, ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia[1], el fallo del Tribunal resulta ejemplarizante y aleccionador en tanto los militares deben comprender que en la lucha contra las guerrillas, su comportamiento no puede ser igual a la forma como operan los criminales de las FARC y el ELN.

Las obligaciones constitucionales y legales de los agentes de la fuerza pública no pueden obviarse por el solo hecho de estar librando una lucha a muerte contra las otoñales guerrillas. El comportamiento pérfido de las guerrillas no puede servir de acicate para que los militares colombianos actúen de la misma manera o por el contrario, faciliten o colaboren con el trabajo de limpieza ejercido por los paracos.

Ya es hora de que los generales de este país paguen por haber facilitado las operaciones de los paramilitares en vastas zonas del país, bien a través del retiro de las tropas oficiales para que las AUC cometieran tranquilamente las masacres, o bien, patrullando con los paracos, o colaborando con la entrega de pertrechos y material de intendencia.

Los ya comprobados nexos entre paras y militares deben servir para que en las escuelas de formación militar, las nuevas generaciones de oficiales y suboficiales reconozcan que la alevosía, la traición y en general las acciones pérfidas, son propias de los grupos armados ilegales y que por ninguna razón, deben hacer parte de la conducta de los militares y menos aún, hacer parte de una directriz del alto mando. Y es claro que la orden de autoridad superior para este tipo de crímenes, jamás opera como causal excluyente de responsabilidad.

Son muchos los asuntos que quedan pendientes por esclarecer de aquella masacre (1997) en la que murieron 49 personas. Por ejemplo, determinar quién facilitó el vuelo de dos aeronaves cargadas de paracos, que presumiblemente salieron del Urabá hacia el Guaviare, en primera instancia, y luego hacia Mapiripán, en el Meta.

Uscátegui tiene la responsabilidad de reconocer si las operaciones conjuntas o las omisiones cometidas en el cumplimiento del deber, obedecían a decisiones del alto mando, es decir, a una política del comando general de las fuerzas militares, o si por el contrario, obedecían a decisiones particulares de algunos oficiales que simpatizaban con las AUC.

Uscátegui se suma a una corta lista de altos oficiales vinculados con el paramilitarismo. Huelga recordar al ya fallecido general Farouk Yanine Díaz y el enredado caso legal del que hace parte el general Rito Alejo del Río.

Se espera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia actúe en derecho y confirme la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Es hora de que acciones ejemplarizantes de la justicia, expresadas en la sentencia condenatoria a 40 años de prisión, sirvan de referente para los militares activos y en formación, para que entiendan de una vez por todas que la sociedad espera de ellos un comportamiento totalmente distinto al que ya nos tienen habituados los criminales de las FARC y del ELN. Cuando las tropas oficiales actúan igual al enemigo que combaten, adquieren el mismo carácter criminal de quienes actúan al margen de la ley.

Lo cierto es que la condena al general Uscátegui poco servirá para calmar el dolor de los familiares de las 49 víctimas que murieron, porque un funcionario del Estado decidió, en un instante, que sus vidas carecían de valor.

[1] Dentro de las funciones y competencias de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, está, según el Artículo 235, numeral 4, la de juzgar: “previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los miembros del despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública, por los hechos punibles que se les imputen”.

Véase http://laotratribuna1.blogspot.com

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Las sonrisas del ex ministro Arias y del ministro Fernández, una vez se hundió la moción de censura en el Senado, representan el triunfo del clientelismo puesto en marcha no sólo por estos dos bribones, sino por el propio gobierno de Uribe a través de la política pública Agro Ingreso Seguro.

Estos dos ladinos personajes de la política nacional sonríen porque no se dio la moción de censura. Sin duda, se trata de un triunfo pírrico tanto para ellos, como para este ilegítimo gobierno. Que la moción de censura se haya truncado significa que la política pública Agro Ingreso Seguro fue diseñada justo a la medida de las necesidades clientelistas del Gobierno de Uribe. Es, también, la demostración del poder absoluto que ha venido acumulando el Presidente de la República.

Por el contrario, lo que debe quedar muy claro es que efectivamente se diseña, se diseñó y se seguirán diseñando políticas públicas para pagar favores políticos a los sectores productivos y empresariales que han apoyado la reelección de Uribe y con ella, la profunda crisis institucional que vivimos en Colombia.

Cuando los asuntos del Estado se manejan con tal bellaquería, las violencias en todas sus manifestaciones parecen legitimarse en ese carácter mafioso que de tiempo atrás ha venido adquiriendo el Estado colombiano, manejado por funcionarios taimados de mediano y alto nivel.

Da tristeza el espectáculo brindado por estos dos laderos personajes del uribismo. Pero más tristeza genera el silencio de unos actores de la sociedad civil que deberían estar revisando no sólo la política Agro Ingreso Seguro, sino las otras políticas públicas y en general las actuaciones de este gobierno.

Leía hace poco un discurso del Rector de la Universidad de los Andes[1], en el que hace referencia al papel de la Academia. Recojo algunos apartes: “las universidades debemos propiciar espacios de debate sobre los problemas que afectan al país en todos sus ámbitos: la infraestructura, la economía, la gobernabilidad política, la violencia. Todo ello debe ser objeto de análisis, lo cual implica la confrontación de distintas posturas, en un clima de tolerancia. A su vez, esto exige una postura activa de la academia en la socialización de sus investigaciones, de tal manera que ellas aporten significativamente a la sociedad. Por su parte, los estudiantes tienen el compromiso de ser ciudadanos preocupados por los asuntos públicos que impactan el interés general. Esto es, ciudadanos que opinan críticamente sobre los problemas que aquejan al país y que proponen, desde su conocimiento, soluciones a los mismos. Tarea nada fácil.”

No se trata de una confrontación directa en contra de un Gobierno, por el contrario, de lo que se trata es de asumir una actitud y una acción política éticamente correctas en una nación acostumbrada al pillaje y confundida pues ya hay dificultades para distinguir qué es legal y qué es ilegal; qué es legítimo y qué no lo es; qué es éticamente correcto y qué no lo es. Pero también hay responsabilidades en los partidos y movimientos políticos, en los tibios candidatos a la presidencia que hoy se asoman a la arena electoral, en los líderes políticos y en un Estado que olvidaron límites éticos, convirtiendo a Colombia en un nido de pillos que buscan satisfacciones individuales.

Bien dice el padre jesuita, Francisco de Roux Rengifo, al señalar que "Colombia es una Nación fallida que vive una profunda crisis humanitaria y de dignidad; por eso tenemos la idea equivocada de que la dignidad nos va a venir de la protección que nos dé otra Nación, o de las armas, o de la seguridad del Estado. La construcción de Estado es muy precario y si no lo hacemos desde lo más hondo como los principios básicos de una ética pública, siempre tendremos fragilidades en las elaboraciones constitucionales que desarrollemos y tendremos resquebrajamientos en las autoridades públicas que designemos…”[2]

Insisto en que la Academia debe convertirse en un eficiente actor de control político de las actuaciones de los gobiernos, a partir del análisis, de la investigación, del seguimiento. Más allá de asuntos y orillas ideológicas, lo que está de por medio es la dignidad de la nación, el bienestar de todos los que vivimos en este territorio y la viabilidad del Estado.

Si la Universidad colombiana no lidera reflexiones profundas alrededor de la ética pública, del modelo económico que hoy condena a mayorías a vivir de manera indigna, de la gobernabilidad y de la legitimidad del actual régimen y en particular, acerca de la pérdida de los pesos y contrapesos por cuenta de la reelección, será responsable de las catástrofes sociales, culturales y políticas que vienen de la mano de la concentración del poder en una sola persona.

Mientras Arias y Fernández ríen y la Academia guarda silencio, el país entra en un peligroso estadio de insospechables consecuencias para todos. Solo resta esperar.

Consulte el blog La Otra Tribuna, http://www.laotratribuna1.blogspot.com/

[1] Circuló por la red un pdf bajo el título PALABRAS DEL RECTOR DE KA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, CARLOS ÁNGULO GALVIS, DURANTE LA CEREMONIA DE PREGRADO Y MAGÍSTER, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

[2] Apartes de este discurso circularon en la red y fueron recogidos por varios medios radiales.

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Cuando la política y las acciones cotidianas de quienes ejercen y cumplen funciones estatales, e incluso, las de los ciudadanos, se ponen al servicio de mafias políticas[1], de grupos de poder económico y de multinacionales y de comandantes militares ávidos de poder y reconocimiento, ella misma y las acciones de aquellos, adquieren de forma natural un talante ilegítimo, que es, a la postre, generador importante de violencias y de la frágil y perversa cultura política colombiana.

Consecuencias de una política mafiosa o del actuar mafioso de agentes privados y estatales, son la sensación de impotencia, la desesperanza, la desazón y hasta el coraje de ciudadanos que al actuar dentro de las reglas del juego democrático y las de la propia ley, empiezan a reconocer lo ‘inútil’ que es continuar actuando de dicha manera, poniéndole precio a su actuar político ciudadano. Son esos elementos los que alimentan los tipos de violencia, que expresadas discursiva y actitudinalmente por los ciudadanos víctimas directas o indirectas de ese ejercicio perverso de la política, impiden el diálogo respetuoso alrededor de asuntos públicos de especial trascendencia para todos.

Para el caso colombiano, desde una perspectiva histórica, la política y la acción pública y privada de agentes del Estado y de ciudadanos en ámbitos privados, han estado asociadas y sujetas tanto a los poderes de facto (grupos armados ilegales, como guerrillas y paracos, y por supuesto, narcotraficantes, contrabandistas y mafias políticas de viejo cuño), como al creciente poder económico de corporaciones financieras locales e internacionales, consorcios y oligopolios, cada vez más desestabilizadores y generadores de incertidumbres en millones de ciudadanos del mundo.

El desencantamiento y el descentramiento de la política es consecuencia de la alianza mafiosa entre políticos y disímiles grupos de poder, legales e ilegales, apoyados en la acción premeditada de medios de comunicación y periodistas, que sujetos al morbo de lo noticioso, terminan vaciando de sentido a la política y a la acción política, cuyos efectos e intereses naturalmente colectivos, terminan al servicio de unos pocos. Esta constatación en Colombia suena a verdad aceptada e inmodificable, lo que genera aún más el espectro de violencia e incertidumbre al interior del país.

Si miramos las dos administraciones de Uribe - y las que vendrán - podemos decir que la política y la acción política han estado al servicio de mafias políticas enquistadas en los insepultos partidos políticos y en los intereses de los grupos económicos que lo llevaron al poder, que lo sostienen y que hoy reciben los beneficios de un Estado puesto a su servicio. Baste con revisar los proyectos agroindustriales puestos en marcha en la Orinoquia y en territorios aledaños, con recursos de la política pública Agro Ingreso Seguro.

Una política así, elimina la posibilidad de concebir ciudadanos que actúen bajo parámetros y principios éticos que permitan que en el imaginario colectivo se inoculen ideas como igualdad de oportunidades, claridad y respeto a las reglas de juego, para de esta manera decirle no al clientelismo, privado y público, primer generador de prácticas mafiosas.

Hoy más que nunca se necesita de una propuesta de gobierno que progresivamente enfrente y elimine las mafias políticas, y que de manera clara demuestre a empresarios, ex presidentes, políticos profesionales, funcionarios públicos -incluidos los militares- que las actuaciones clientelares de unos y otros, poco aportan a la construcción de una democracia y de un país cuyos ciudadanos no sólo respeten la institucionalidad, sino que le entreguen la legitimidad que tanto reclama y necesita el Estado y las acciones políticas de quienes dicen trabajar por el bien común.

Por esa vía, se necesita de un nuevo contrato social. Pero no hay hoy en la baraja de candidatos y precandidatos a la presidencia, quien agencie un proyecto político de tal magnitud, solo viable y deseable siempre y cuando enfrente las prácticas políticas mafiosas que históricamente se han enquistado en el Estado y ganado terreno, cada vez más, en instituciones del ámbito privado. Por ahora, cunde el mal ejemplo y la espiral de violencia crece.

[1] Mafias políticas: se llama así a la acción política de políticos, gamonales, caciques y líderes políticos con capacidad clientelar, que buscan de manera deliberada beneficiar a escogidos y selectos grupos de poder, legales e ilegales, violando elementales principios democráticos y derechos consagrados en la constitución, y hacerse con el poder. Las mafias políticas representan la cooptación del Estado y se convierten en un referente negativo para la acción política ciudadana.

Visite el blog LA OTRA TRIBUNA, www.laotratribuna1.blogspot.com

DEL PROYECTO NEOCONSERVADOR Y DEL VISTO BUENO DE LOS GRINGOS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


El acuerdo de cooperación militar firmado entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia debe entenderse como el visto bueno que el Departamento de Estado y el gobierno de Obama le dan a la continuidad de Uribe en el poder. Es decir, el tercer mandato de Uribe tiene ya la bendición de la potencia militar.

¿Qué falta entonces? Muy poco realmente. Que la Corte Constitucional cumpla con su función de control constitucional de la ley del referendo. Ojalá no cometa el error político de declararla exequible. Eso sería el fin de la institucionalidad en Colombia. Pero es altamente probable que le dé el sí, a pesar de que el proceso surtido en el Congreso y la ley misma están viciados, lo que los hace no sólo ilegales, sino ilegítimos. Se ha venido sosteniendo que varios de los magistrados de dicha Corte son cercanos al Gobierno.

En caso tal de que la Corte Constitucional declare inexequible la ley que dio vida al referendo reeleccionista, los simpatizantes de Uribe, los medios de comunicación y las ‘fuerzas oscuras’ de siempre, crearán un escenario de miedo, de terror, con atentados terroristas (falsos positivos, claro), que obligará a la ‘opinión pública’ a pedirle a Uribe que continúe, que se lance nuevamente. Claro, Uribe inmediatamente aceptará y en las urnas, los ricos y los pobres agradecidos con Uribe, darán su voto para cuatro años más.

En el eventual caso en el que Uribe desista de su aspiración, más por cansancio personal, que por considerar las voces oficiales que le piden que abandone su aspiración y que dé oportunidad a otros, quien gane las elecciones sabe de antemano que su gobierno será de mera transición, pues deberá devolver las riendas a Uribe en 2014. Para cumplir con esa tarea están dispuestos Juan Manuel Santos, Sergio Fajardo, Noemí Sanín, y hasta el mismo Rafael Pardo, verdaderos manzanillos al servicio de un modelo económico abiertamente contrario al espíritu de la Carta Política de 1991.

Lo cierto es que mientras el proyecto chavista se mantenga en Venezuela, Estados Unidos necesita de un alfil que contenga en algo a ese indescifrable socialismo del siglo XXI. En el plano interno, el proyecto neoconservador que encarna Uribe tiene simpatizantes de gran peso como el Procurador General de la Nación, una especie de censor oficial, un Torquemada moderno que extraña la caverna.

Con un marco constitucional como el de 1991, con todo y las reformas ya hechas, los colombianos que confían en la Carta Política y que han apelado a ella para defenderse del Estado y de los particulares, resultan incómodos para el sistema financiero, para las fuerzas militares y en general, para las élites económicas y políticas. Les incomoda que haya mecanismos de participación con los cuales los ciudadanos exijan el cumplimiento de sus derechos. Es más, les incomoda que haya derechos.

Las discusiones y la polarización que generan asuntos como el aborto, la dosis mínima y la eutanasia demuestran con claridad lo difícil que es y ha sido construir un país liberal[1] y un sentido de la ciudadanía a partir del cual cada colombiano sea capaz de decidir de manera autónoma sobre aquellos asuntos que sólo le competen resolver a él desde su esfera privada.

Todo está servido para que el proyecto neoconservador de Uribe se perpetúe, con él o con quienes han decidido acompañar su proyecto político. Ya en el plano internacional tienen el visto bueno de los Estados Unidos. En el plano interno, las voces disidentes que se levantan en contra del proyecto neoconservador de Uribe, apenas si se dejan oír en los canales y medios de información. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, viene ejerciendo contrapeso a la intención del Gobierno de cooptar y dominar los poderes públicos.

Sin duda, Uribe logró ‘despertar’ y darles un segundo aire a conservadores, retrógrados y retardatarios, que agazapados, estaban esperando a un líder capaz de sacarlos del letargo y de la inacción política, fruto de la crisis no sólo del partido conservador, sino de la fuerza de la Carta de 1991, que de alguna manera los mantuvo al margen durante un tiempo.



[1] En términos de garantizar libertades individuales y colectivas, y por supuesto, garantizar derechos.

Nota: consulte http://www.laotratribuna1.blogspot.com

Entrevista a Yuri Neira

El 1 de mayo de 2005, Nicolás Neira, un estudiante de 15 años quien apoyaba la marcha de los trabajadores, cayó asesinado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la Policía Nacional. Su padre, Yuri Neira, ha tenido que afrontar desde aquel día una terrible persecución de parte del Estado colombiano por averiguar la verdad de lo ocurrido y porque sigue denunciando con vehemencia los atropellos y abusos de autoridad por parte de la Policía Nacional.

Julio Cortés: –El asesinato de Nicolás Neira ocurrió en 2005. ¿En qué va el proceso judicial?

Yuri Neira: –Desde su asesinato, hace 1620 días, se inició la denuncia ante las autoridades respectivas. El proceso ha pasado de un lado a otro: primero, la Unidad de Vida [de la Fiscalía]; luego, lo cogió la Justicia Penal Militar y después dijo que eso no le correspondía; posteriormente, se decidió que la justicia ordinaria debía seguir con el caso. El expediente va de lado a lado, hasta que llega al fiscal Mario Iguarán, que decide trasladarlo a la Unidad de Derechos Humanos, Fiscalía 53. Eso hace cuatro meses ¡después de 4 años empieza el caso! La Procuraduría, en un borrador, dice que los autores son de la Policía Nacional. Hay un capitán y un subteniente investigados.

JC: –¿Hay imágenes o testigos que comprometen a miembros del Esmad en el asesinato de Nicolás?

YN: –Ese día, las cámaras del Estado en ese punto se dañaron. Hubo una película que hicieron un mes después de los hechos, pero una persona se hizo pasar por mí y se llevaron la película. Hay una foto, que tomó un ciudadano nacionalizado canadiense, de cuando a Nicolás lo estaban golpeando unos policías: ahí se ve cuando Nicolás está en el suelo. Este testigo me dio sus datos y las fotos, además, se ofreció para declarar en la embajada de Colombia en Canadá, pero hasta el momento no lo han llamado a dar testimonio. Después del entierro de Nicolás, le llegó el DAS a la casa y lo deportaron. Ahora este testigo no puede volver al país fácilmente. Otro testigo fue asesinado. Quedan tres.

JC: –Ud. ha sido víctima de un crimen de Estado, no sólo por lo de Nicolás sino por la persecución a la que se ha tenido que enfrentar. ¿Cómo ha sido su vida en este tiempo?

YN: –Me cambió totalmente la vida. Yo trabajaba en una empresa de seguros y, con lo de Nicolás, mi vida gira 180 grados. Ahora me dedico a los derechos humanos. Esto me ha traído 24 detenciones arbitrarias por parte de la Policía. En medio de esto vienen cuatro atentados: el último fue 24 horas después del allanamiento a la Casa Salmón Cultural. Luego del cuarto atentado me tocó irme cuatro meses al Brasil. Decidí devolverme, a pesar de que a nadie le gustó la noticia por el riesgo de ser asesinado. Les dije que si me pegan un tiro en Colombia estoy con mi gente, en mi casa, en mi terreno, con mis amigos, pero es que allá estaba solo y muriéndome lentamente. La lucha es estar acá, en Colombia.

JC: ¿Cómo están sus condiciones de seguridad en este momento?

YN: Se supone que gozo de medidas de protección: una camioneta y dos agentes del DAS. Pero, como decía Piedad Córdoba: “uno no tiene escoltas sino espías”. Dije que no aceptaba más esto, porque me niega muchas cosas y estoy vendiendo a mi gente, con quien yo charle está siendo 'fichado'. Ahora me dicen que no me garantizan protección así como ando. Yo asumo el riesgo por la búsqueda de la verdad de lo que pasó con Nicolás. Y si averiguar la verdad implica que me disparen nuevamente, pues que así sea. Yo sigo en la campaña contra la brutalidad policial y por el desmonte del Esmad. Sin embargo, temo por mi vida, porque ya sé que la Policía no me va a asesinar con otro atentado, pero sí lo van a pasar como un falso positivo, inventando que por robarme el celular me dieron 3 puñaladas.

JC: –¿Cómo fue el allanamiento a la Casa Salmón Cultural?

YN: –Ese día llegaron agentes del DAS y la Policía, rompieron chapas y puertas, levantaron el piso de la cocina buscando explosivos, trajeron carros y perros antiexplosivos. No encontraron ni cuchillos, porque días antes se habían prestado para una olla comunitaria. La fiscal que ordenó el operativo llegó al sitio y está denunciada, por actuar como juez y parte. Ese día se hicieron presentes el Movice, Iván Cepeda, Bruno Díaz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organizaciones juveniles y medios de comunicación que registraron este allanamiento ilegal. El Estado tiene miedo de que los jóvenes piensen y se organicen, los llaman terroristas porque reclaman una educación de calidad, rechazan el servicio militar obligatorio o porque están visibilizando el cierre de hospitales.

JC: –¿Cómo nace la Casa Salmón Cultural y qué reivindica de este espacio de participación y activismo juvenil?

YN: –A los cien días del asesinato de Nicolás hago el primer pendón. Me invitan unos jóvenes a una casa llamada la Casa del Árbol. Allí conozco gente que habla de reivindicaciones y derechos, movilización social y lo que pasó con Nicolás. Son jóvenes políticamente formados. En ese lugar conocí al colectivo Creacción de Espacios, con quienes trabajamos. En otra parte había un combo que se llamaba Salmón Cultural y estaban pidiendo esa casa, la tomamos en arriendo y empezó un proceso. Me llamó la atención el nombre del Salmón, por eso le colocamos Salmón Cultural. Allí se organizan reuniones, participo del cine club, en la Marcha Contra el Hambre, en la lucha por los corteros, en la Minga indígena, con los negros, con las mujeres. Va surgiendo una apuesta política en la Casa, se da un trabajo articulado con diferentes combos juveniles, con niños de Ciudad Bolívar.

JC: –¿Cómo percibe la movilización y la solidaridad de la gente para acompañar esta lucha tan justa, pero tan riesgosa?

YN: –Ha sido bastante buena: se han hecho movilizaciones, la gente recuerda mucho a Nicolás, los muchachos hacen stencils de Nicolás, le hicieron una placa. Hay apoyo de organizaciones, de la Fundación Manuel Cepeda, de universidades y de jóvenes que han ayudado mucho. Lo que pasa es que también hay mucho miedo. Lo que hicieron con Nicolás fue una demostración de barbarie y están mandando un mensaje, diciendo que les puede pasar lo mismo. Entiendo ese miedo y me preocupo: no aguantaría otro asesinato por Nicolás. Los amigos de Nicolás acaban de conmemorarle, este 9 de octubre, su cumpleaños. Es muy bueno que se acuerden de Nicolás, pero yo debo hablar por tantos estudiantes caídos, ése es el deseo de Nicolás.

JC: –¿Cómo analiza esta realidad de violencia e impunidad que históricamente ha padecido nuestro país?

YN: –Es impunidad amparada por todos los entes de control y organismos del Estado. Me refiero a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y hasta a la Alcaldía de Bogotá, porque Lucho Garzón no quiso hacer nada cuando ocurrió la muerte de Nicolás. En estos entes me dicen: 'ahí le estoy colaborando', y yo les digo que no necesito que me colaboren sino que hagan su trabajo. Lo mismo a la Policía, al DAS, al CTI. Hay un grave problema de impunidad, es una política de Estado. Se encubren entre ellos mismos: la Policía cuida al fiscal y el fiscal le hace pasito, a su vez, porque sabe que la Policía es la que lo está cuidando. Yo busco la verdad, porque sé que en este país no hay justicia.

JC: –¿Qué mensaje le envía a los jóvenes, quienes enfrentan tantas adversidades por parte de un Estado policiaco represivo, al tiempo que hay tantas necesidades de cambios para el país?

YN: –Tienen que pensar que con violencia no se saca nada. Los jóvenes deben estudiar para preparar el cambio con inteligencia: se deben hacer acciones directas no violentas. Hay que denunciar y acordarse de que el silencio está matando más que las balas del Estado. A pesar del miedo, hay que oponerse a las injusticias que se cometen. No podemos ser permisivos con tanta masacre, hay que respetar nuestra dignidad y construir, pero sin violencia. La revolución y el cambio están en la inteligencia, en el amor y en el compartir de la cotidianidad.

Por: Julio Cortez
Fuente: El Turbion

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Al constituirse como apéndices de conglomerados económicos, e incluso, de corporaciones internacionales, las empresas mediáticas están entregando información contaminada, lo que perjudica en materia grave el ejercicio periodístico, lo que a su vez termina por deslegitimar el periodismo como oficio estratégico para el fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía.

La crisis del periodismo, en particular en Colombia, es total y evidente. Todos los días pierden, medios y periodistas, credibilidad por cuenta no sólo del evidente apego a los intereses económicos de los conglomerados que los sostienen, sino por la decisión política y editorial de acompañar ideológica y políticamente a Uribe, incluso, arrasando con la constitución y el estado social de derecho.

Así las cosas, es bueno pensar en posibles soluciones que pueden diseñarse para mitigar en algo, o enfrentar de manera certera y abierta, lo que sin duda termina por comprometer tanto la calidad de la democracia, como los criterios políticos de las audiencias, hoy víctimas de la información amañada y contaminada que están entregando los grandes medios masivos.

Quizás sea posible plantear que desde el Estado se agencien y se diseñen políticas públicas para el campo cultural, en las cuales se defina, por ejemplo, el apoyo económico estatal para fundar medios de comunicación, acompañamiento y asesoría para mantener a flote las nacientes empresas mediáticas y la garantía de que la entrega del espectro electromagnético se hará con base en criterios de calidad y no por la presión de poderosas corporaciones o conglomerados económicos. El proceso licitatorio y la adjudicación misma del tercer canal son una muestra de que hace falta una política pública de estado que enfrente el poder intimidatorio de los conglomerados interesados en hacerse con el tercer canal.

Se requiere, entonces, una política pública de Estado, blindada a gobiernos, que asegure, por ejemplo, el ejercicio de medios alternativos, que protegidos por el Estado, permita en algo garantizar pluralidad en la información que los colombianos están recibiendo. Es inaceptable que hoy apenas tengamos cuatro alternativas de información televisada nacional (Noticieros RCN, Caracol, CM& y Noticias UNO), con todos los riesgos que ello significa, especialmente si se reconoce que los noticieros RCN y Caracol acaparan el mayor números de televidentes, y son claramente medios afectos al gobierno de Uribe, lo que los hace amanuenses y estafetas del régimen uribista.

Para ello se requiere del diseño de una política cultural que para el caso de la información mediática, determine las obligaciones que debe asumir el Estado, para garantizar, entre otras cosas, que lo expresado en el artículo 20 de la Carta Política se cumpla. El mencionado artículo señala que: “Se garantiza a todas persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Pensar que el Estado patrocine y apoye la creación de medios masivos de comunicación en algo podría contrarrestar el daño que las empresas mediáticas privadas le están haciendo a las audiencias, a la democracia y al país mismo, al confundir el periodismo y la entrega de información, con el ejercicio propio de la propaganda. Es inaceptable que se continúe con la evidente cooptación de los medios privados, por vía de la amenaza (mantener frecuencias, pauta oficial, entre otras), o por la vía de los intereses económicos y políticos de los conglomerados, que hacen a un lado asuntos como la responsabilidad social y el derecho que tienen todos los ciudadanos de recibir información de calidad.

Para ello se requiere de gobiernos éticamente responsables y de una política de estado ejercida no desde los intereses clasistas y de reducidas elites. Es decir, se necesita de la de-construcción del concepto de Estado, de lo público, circunstancia que sin duda nos llevaría a repensar el tipo de orden social, político, económico y cultural que hemos ayudado a construir de tiempo atrás.

Una política pública cultural debe fincarse en los máximos intereses del Estado y de sus asociados. Dichos intereses deben ser agenciados por una sociedad civil cohesionada alrededor de un proyecto de país que no sólo dé cuenta de los elementos claves para concebir esos máximos intereses del Estado, sino que permita la inclusión de grandes mayorías. Finalmente, se requiere de un proyecto cultural soportado en que somos un país pluriétnico y multicultural.

Una política pública cultural, con énfasis en el ejercicio libre de la prensa, debe asegurar pluralidad y verdaderas alternativas para que los ciudadanos adquieran información y para que el periodismo, como oficio, pueda realizarse en condiciones dignas para el periodista, hoy presionado y amenazado tanto por las fuentes, por el Gobierno, por los grupos armados ilegales y claro, por el patrón (propietario del conglomerado económico) que determina no sólo su continuidad, sino que también define su nivel de independencia e incluso, su calidad de vida si miramos los bajos salarios que reciben los reporteros.

Las circunstancias históricas sobre las cuales se mantiene –e incluso se amplía– la ilegitimidad del Estado colombiano, son replicadas sin mayor análisis por la acción discursiva de unos medios masivos que amplifican el discurso oficial, que busca a toda costa naturalizar esas circunstancias, invisibilizando a los actores responsables de haberlas generado.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: PRIMER AVISO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La Corte Suprema está amenazada y en este país no pasa nada. El Presidente, en su más reciente alocución, conminó a los magistrados para que elijan el fiscal que él necesita de acuerdo con los intereses que el gobierno tiene en investigaciones que tienen que ver con la parapolítica (especialmente el caso de su primo Mario Uribe y la alusión de alias HH (Éver Veloza) en la que habló de apoyos económicos recibidos de empresarios colombianos), la yidispolítica y los crímenes de estado (mal llamados ‘falsos positivos’, en los cuales el Presidente tendría responsabilidad indirecta en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas).

En su discurso televisado se vio a un Uribe ‘sereno’ (reprimido en su deseo de lanzar improperios contra los magistrados), pero profundamente molesto, tanto así que horas después, en un consejo comunal de gobierno, se fue lanza en ristre contra la Corte.

Dijo, entre otras cosas, que “Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada por intereses ajenos al interés superior de la Nación”; “No podemos dejar que se irrespete la Constitución...” Curioso que quien justamente viola la constitución y cambia las reglas de juego para su propio beneficio, sea quien demande que la carta política debe ser respetada.

¿Qué sigue ahora si la Corte no obedece las órdenes del Presidente? ¿Cerrará la Corte? ¿Enviará los tanques? Es lo que muchos están deseando, entre ellos empresarios, militares y en general las élites que vienen apoyando el proyecto neoconservador que encarna el Mesías antioqueño.

Tiene razón la Corte Suprema de Justicia al insistir en la inviabilidad de la terna por razones de idoneidad, pero especialmente, por razones de independencia. No es recomendable y menos aceptable elegir un fiscal de bolsillo cuando tendrá que tomar decisiones delicadas en torno a aquellos asuntos que les preocupan al Presidente y al Gobierno.

La situación es delicada. El Presidente suspende la programación televisada y expone al escarnio público a los magistrados. Y la gran prensa, hincada a sus pies, amplifica su discurso desestabilizador, amenazante y conflictivo. Y la Corte no tiene cómo defenderse de la andanada presidencial. El magistrado Ibáñez decide guardar silencio. Creo, por el contrario, que la Corte Suprema de Justicia debe solicitar un espacio televisado y hacer públicas las razones con las cuales sostiene la inviabilidad de la terna enviada por el Presidente. No es recomendable que a la Corte, como actor político y jurídico se le señale públicamente que está actuando en contra de los máximos intereses de la nación, cuando justamente está tratando de recomponer el desequilibrio de poderes que generó la reelección inmediata y enfrentando la evidente cooptación de instancias de control político y otros poderes públicos, por parte del Gobierno.

La Corte, insisto, necesita de un espacio televisado para explicar sus actuaciones, sin la intervención interesada de periodistas y medios afectos a Uribe. Por el contrario, se requiere de una alocución en la cual el magistrado Ibáñez exponga al país los argumentos que le permiten hoy mantener la declaratoria de inviabilidad de una terna para fiscal, hecha a la medida de un gobierno que ya tiene de su lado al Congreso, al parecer a las otras cortes, a los empresarios, a los militares y a la gran prensa nacional.

Desafortunado, por decir lo menos, resulta el papel que está jugando la prensa colombiana en estos momentos. Hoy más que nunca las audiencias tienen la responsabilidad de reconocer cuáles son los medios que han venido apoyando el proyecto político de Uribe. Deben, igualmente, recordar cuáles son los periodistas, editores y columnistas que vienen jugando el rol de amanuenses, de estafetas de un régimen oscuro y corrupto. El escenario es propicio para que por fin desarrollemos la buena memoria, el sentido histórico, y la capacidad de cruzar eventos y hechos, tarea a la que la gran prensa renunció desde 2002. En estas horas aciagas, el papel de las audiencias es clave en la medida en que al asumir posturas inteligentes, soportadas en el cruce de hechos y en la valoración amplia y crítica de las decisiones del Gobierno, terminen dichas audiencias exigiendo respeto a la prensa cooptada.

Hay que generar canales de generación de opinión divergentes y diversos. Debemos trabajar para restarle poder de penetración -de restarle credibilidad- a medios como RCN, Caracol, CM&, EL TIEMPO y la prensa regional. Hay que reunirse para discutir los asuntos públicos, hay que escribir y documentar los hechos ignominiosos de este gobierno (Agro Ingreso Seguro y crímenes de estado, por ejemplo). Aprovechar las redes sociales virtuales, los espacios privados y públicos en los cuales podamos interactuar. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad política de participar de la vida pública del país, reflexionando, pensando y manifestando nuestras ideas y posturas.

La Corte Suprema de Justicia está haciendo su trabajo de actor político en franca oposición a un régimen que está llevando al país, poco a poco, a una crisis institucional de incalculables consecuencias. No esperemos que se termine de desmontar el estado social de derecho para empezar a actuar.

Adenda: bien vale la pena recordar un aforismo de Millor Fernández:

La apertura política es indiscutible.
Ya estamos viendo las tropas y los tanques
al final del túnel