LA JUSTICIA SE ARRASTRA, PERO LLEGA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


La condena a 24 años de prisión, proferida por la Corte Suprema de Justicia contra Alberto Santofimio Botero, adquiere un significado especial no sólo por la pena impuesta, sino por el largo proceso judicial, en especial por la instancia de casación con la cual se logra el histórico fallo.

El fallo es ejemplarizante y manda un claro mensaje a aquellos políticos colombianos que han hecho y hacen política de la mano de criminales, de narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros: la justicia sigue cojeando, pero llega.

Se demoró la justicia colombiana en esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento a finales 1989, pero finalmente encontró culpable al caudillo tolimense, quien, según la propia Fiscalía y los elementos probatorios recogidos por la Corte Suprema de Justicia, azuzó a Pablo Escobar para que ordenara el crimen del líder liberal.

Las autoridades judiciales, y en especial los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben saber dimensionar lo que ha sucedido en Colombia durante años: la connivencia, el contubernio de la clase política con el crimen organizado.

Por ello, en estas horas en las que asistimos a un claro enfrentamiento de visiones alrededor de lo que debe ser la justicia, su forma de operar, a juzgar por los proyectos de reforma que hoy cursan en el Congreso de la República, este tipo de decisiones pueden resultar determinantes bien para ahondar y profundizar las diferencias entre el Gobierno de Santos y la bancada de la Unidad Nacional y las Altas Cortes, o para acercar a los tres poderes públicos en aras de llegar a consensos en torno a la necesidad de que el gobierno de los jueces continué como hasta ahora, con miras a limpiar el Congreso y las prácticas políticas. Creo, eso sí, que más fácil este hecho jurídico-político termina ahondando las diferencias entre las partes, que servir para acercarlas.

Sin duda, hay una clara intención de sectores del Ejecutivo y del Legislativo para golpear el poder de las Cortes, en especial a la Corte Suprema de Justicia, y en general a la Justicia, para restarle autonomía e independencia y someterla a las mafias que aún rondan al Congreso. En la mira están las funciones y el poder de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la propia Procuraduría General de la Nación en torno a las actuaciones de funcionarios aforados como los congresistas.

Creo eso sí, que hay más gente comprometida detrás de Alberto Santofimio Botero. Pero, insisto, se trata de un gran avance en la idea de que la justicia llegue, así sea arrastrándose.

Si la propia clase dirigente de este país no se autodepura, y si la sociedad civil sigue ajustándose a sus mezquinos intereses, sólo nos queda confiar en los jueces, en aquellos operadores judiciales convencidos de que el Estado, la política y lo político hay que arrebatárselos de las garras al crimen organizado que de tiempo atrás campea por el territorio nacional y por las membranas más sensibles de la sociedad colombiana.

Y que ahora que no salgan con que el INPEC no puede garantizar la seguridad del señor Santofimio y se ordene su traslado a una guarnición militar o policial, o en el peor de los casos a su lugar de residencia. No. El lugar de reclusión debe ser una cárcel.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LANZÓ A LOS JUECES A LA FOSA DE LOS LEONES

GONZALO ÁLVAREZ HENAO
CANDIDATO AL CONCEJO DE MEDELLÍN, CON EL Nº 3

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO

Medellín, 6 de agosto de 2011
Doctor
Juan Manuel Corzo Román
Presidente del Congreso de la República
Bogotá D. C.

Asunto: Proyecto de Reforma a la Justicia.


El señor Presidente de la República ha radicado en el Congreso el Proyecto de Reforma a la Administración de Justicia, en un gesto que deja mucho que desear no sólo por que queda en evidencia la palmaria incapacidad gubernamental de lograr un consenso con las altas Cortes en materia tan vital para la democracia, sino por desechar la oportunidad de dejar sentadas constitucionalmente las bases para que a futuro nuestro país cuente con una oportuna y eficaz administración de justicia en momentos tan cruciales para la nacionalidad. Quisiera creer que se trata de la incapacidad gubernamental, y no de un oculto propósito de lanzar a los jueces a la fosa de los leones.


No hay duda que la administración de justicia es un tema que a todos nos concierne y por ello, desde mi modesta posición de aspirante al Concejo de Medellín, que pretendo representar los intereses de un gran sector de la población de esta ciudad, expreso mi desacuerdo con el citado proyecto porque no consulta las necesidades actuales del poder judicial y más bien contribuye al progresivo desbalance entre los poderes públicos en desmedro no sólo de los órganos jurisdiccionales, sino de la ciudadanía en general que verá menguarse una vez más su derecho esencial de acceso a la administración de justicia, con la consecuente afectación de sus derechos y garantías fundamentales, reconocidas por los tratados y convenios internacionales, suscritos y ratificados por el país.


Los problemas de la administración de justicia en nuestra Nación no se solucionarán con reformas paliativas como las que se proponen, que no apunta a aspectos tan esenciales como la garantía de una total autonomía e independencia de esta rama del poder público y la asignación de un presupuesto adecuado que consulte sus reales necesidades.


Le corresponde al Congreso entonces el papel histórico de retomar aquellas iniciativas de reforma propuestas por las altas Cortes y por el conjunto de los órganos jurisdiccionales, de ahora y de antes, para imprimirle a la propuesta gubernamental los cambios indispensables y necesarios para diseñar una reforma sustancial que permita darle al poder judicial las herramientas y los recursos necesarios que le garanticen su plena autonomía, su independencia y su eficacia.


Estaremos expectantes para que la lánguida iniciativa gubernamental que inicia su trámite en el Congreso no se convierta en una oportunidad para que el Legislativo y la denominada clase política tradicional le pasen cuenta de cobro al poder judicial por sus recientes actuaciones que pusieron freno a las ambiciones personalistas del pasado gobierno y han sancionado hechos punibles en los que incurrieron algunos congresistas, hoy privados de la libertad o inhabilitados para ocupar de nuevo una curul en el órgano legislativo.



Atentamente

Gonzalo Álvarez Heno
Candidato al Concejo de Medellín
Polo Democrático Alternativo
gonzaloalvarezhenao@une.net.co

Guatemala – Condena de 6.060 años a militares responsables de masacre

El pasado martes 2 de agosto, en un fallo sin precedentes en el mundo, fueron condenados cuatro exmilitares del cuerpo de elite del ejército guatemalteco, o kaibiles, a penas de 6.060 años de cárcel cada uno, por ser los responsables de la masacre ocurrida entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982 en la comunidad de Dos Erres (departamento de Petén). Según la sentencia, Carlos Antonio Carías, quien para la época tenía el rango de teniente y comandaba la unidad juzgada; y los antiguos soldados Manuel Pop, Reyes Collin y Daniel Martínez asesinaron, violaron y torturaron a 201 hombres, mujeres y niños, para luego enterrarlos en fosas comunes que fueron descubiertas en 1994 y en donde se exhumaron 160 cuerpos.
La decisión sin precedentes, del Tribunal Primero 'A' de Alto Riesgo de la Ciudad de Guatemala, señala que el grupo de 18 kaibiles –de los cuales dos ya murieron– cometió estos actos atroces, obedeciendo a las políticas contrainsurgentes impulsadas por la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-1983). Durante el gobierno de facto del militar, se creó una alianza entre las fuerzas militares del país y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), grupos paramilitares que la dictadura reconoció legalmente en 1983, con la que se adelantaron miles de violaciones a los derechos humanos de los opositores a la dictadura y la población civil, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y destrucción de cientos de comunidades indígenas y campesinas.
Casi tres décadas después del régimen militar, miles de víctimas del terror de Estado exigen justicia por la muerte de sus familiares y por los traumas que las masacres causaron a toda una generación. Desde 1994, la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) abrió el proceso judicial por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura de Ríos Montt, quien actualmente enfrenta cargos por genocidio y otros delitos atroces.
Para lograr el histórico fallo, los familiares de los desaparecidos, supervivientes y testigos clave de lo sucedido en Dos Erres aportaron pruebas contundentes que indican como los antiguos kaibiles son culpables y contradicen la versión de los militares, que durante años han atribuido la masacre a la guerrilla. Esto no es nuevo: diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en numerosas oportunidades que el Ejército ha buscado entorpecer de manera sistemática los procesos de investigación sobre este tipo de violencias masivas, aprovechándose de la ineficiencia y corrupción del sistema penal.
En 2009, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado guatemalteco por los crímenes de lesa humanidad cometidos en las Dos Erres. Sin embargo, a pesar de que la CIDH impuso la captura de los implicados, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala no permitió que se llevara a cabo su arresto, argumentando que las Leyes de Reconciliación no permitieron continuar con el curso del proceso y que no se tenían pruebas suficientes para encerrarlos.
A pesar de los obstáculos, ésta es la primera vez que son juzgados miembros de ese cuerpo de elite del Ejército. Según investigaciones independientes y la decisión de la CIDH, los kaibiles eran adiestrados, bajo asesoría de militares de Estados Unidos, para matar con lujo de violencia, torturar y desaparecer a quienes se opusieran a los dictados de quienes controlaban al país centroamericano.
Luego de su creación, en 1974, el momento más importante de este cuerpo militar se dio con la administración de Ronald Reagan en EE.UU., quien definió una política belicista e intervencionista en Centroamérica, y apoyó la derogación de la Constitución, el estado de sitio y la represión impuesta por Ríos Montt en 1982. Los kaibiles fueron una pieza fundamental de la articulación entre los militares y los paramilitares de las PAC, con la que la dictadura ejecutó a miles de hombres, mujeres y niños para sembrar el terror, doblegar la resistencia civil e imponer su gobierno del “deber ser del buen cristiano”. Como resultado de estos crímenes de Estado, fueron afectadas principalmente comunidades indígenas en departamentos como Baja Verapaz y Petén, y se produjo un genocidio con más de 250.000 víctimas, millón y medio de desplazados y un número todavía indeterminado de desaparecidos.
Actualmente, los kaibiles siguen siendo parte del ejército de Guatemala, siendo empleados en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, siendo reconocidos internacionalmente por su apodo de 'máquinas de matar' –que ganaron con sobrado mérito en la primera guerra de Iraq–, mientras miles de víctimas esperan que este grupo sea desmontado y que Efraín Ríos Montt sea sentenciado como responsable directo del genocidio y del terrorismo de Estado.

Por: Ivonne Cardozo

Fuente, EL TURBION

La tentación de los autoritarismos

Por Víctor Manuel Niño R.*

En la Historia de América Latina ( y del resto mundo ) la norteamericanización del Continente ha sido también una elección de un incontable numero de gobernantes que han visto en el proceso de su cultura un modelo a seguir, hasta el punto de hacer derivar la historia del continente latinoamericano como idéntica a la del norte, en el caso de la adaptación sin ninguna reflexión de instituciones ( como por ejemplo la educativa) a la realidad social propia. Esta adaptación ha sido tan incongruente, que los efectos se han visto desde el mismo inmediato presente. Por ejemplo , la mercantilización de la educación que en Norteamérica funcionaba muy bien porque su cultura había sido derivada desde una ética protestante y a base de la concepción de la iniciativa privada, en Latinoamérica responde a una industria educativa incongruente o caótica. De ahí el hecho palpable, que las universidades de origen latino estén mucho atrás en las listas de las universidades más prestigiosas del mundo, y que sus egresados no hayan contribuido de una manera significativa en las historia de los desarrollos científicos ( Lo que se pude ver, en la entrega de los premios nobel, relativos a la ciencia y a la tecnología.)

La diferencia entre ambas “culturas” se muestra desde el inicio de las conquista de América : la formación de la sociedad norteamericana comienza con las trece colonias originarias de una ética protestante a diferencia de las paulatinas conquistas españolas, que traían al nuevo mundo la concepción católica de la vida ( que si bien fue esencial en el proceso de la colonización) luego derivaría en una concepción contra reformista, que en Europa había costado muchas guerras (Véase contrarreforma en Europa). A este respecto “Las corrientes literarias en la América Hispánica” (1945)*, del erudito de Santo domingo Pedro Henríquez Ureña(1.884-1946) nos da una claridad a los lectores ignorantes de esta materia, y echa por tierra innumerables prejuicios que han acuñado la dogmatica academia latinoamericana, infundiéndonos racismo y rencor, y nos conduce de la mano, a través de una bella y cristalina prosa hacia la maraña de problemas y casos de nuestra propia historia. La misma historia de la literatura (dicho sea de paso) que se plasma en ese estudio, echa también por tierra la concepción enumerativa y cronológica de la literatura del continente y la antepone a un estudio moderno como historia social y cultural, cosa que a estas alturas del siglo XXI (2011) no se está haciendo, reflejando aun más el dogmatismo y el atraso cultural y socio político al que está sometido el continente.

En cuanto a política hay una diferencia esencial en la formación histórica de la América Sajona y la Latina: “La mayoría de las colonias inglesas, como es bien sabido, comenzaron con una organización más o menos aristocrática , pero fueron evolucionando ininterrumpidamente, hacia la democracia, tanto social como política” (nota 9, capítulo 2.Libro citado). Este subrayado nos lleva a cuestionarnos sobre las “tentaciones dictatoriales y autoritarias” en América Latina, y de estas “tentaciones” se han ocupado de su estudio más los escritores que los mismos historiadores. Desde el inicio del llamado “ boom literario latinoamericano” son los escritores los que han tratado este tema ( Márquez, Llosa, Carpentier), y esto denuncia también el precio que se está pagando por el olvido a que fue sometida la modernización de la cultura ( el olvido de sus grandes diseñadores ( A. Reyes, Henríquez Ureña, Rodó entre otros) por la academia que prefirió pagar altos precios por un conocimiento que importaron de las rimbombantes modas académicas de los países europeos y norteamericanos que ellos mismo no construyeron, y lo que es peor, que ellos mismos no reflexionaron. La aparición de las terribles dictaduras y autoritarismos obedece a circunstancias históricas, no fortuitas: “La América Hispánica evolucionó también gradualmente hacia la igualdad social, pero no en lo político; la democracia hubo de ser impuesta por ley, una vez consumada la independencia…” (Nota 9,L.C). Es una diferencia esencial entre ambas culturas : la tensión entre la ley y el individuo (Léase autoritarismo, dictadura) caracteriza la vida social de los pueblos hispánicos y latinoamericanos. La justicia, que hace el equilibrio entre la ley y el individuo, ha quedado en la tensión que fundamenta la sociedad. El pueblo anglosajón se formó a través de una ética de la “responsabilidad” protestante, e históricamente el pueblo derivado de las conquistas españolas y portuguesas obedece a que: “… el pueblo español ha mostrado siempre una tendencia a hacerse su propia ley” (Pág. 38 .L.C), y en América hispánica debido a un divorcio entre la ley y la vida real apenas finalizada la independencia y que tiene su origen en las “nuevas leyes de 1542” ( Bartolomé de las casas, hizo posible este reconocimiento de los derechos del pueblo aborigen). El lema consistió en “ obedecer pero no cumplir” y esta conducta de los españoles se puede dilucidar claramente a partir del hermoso y breve texto de 1975 del erudito y Profesor Colombiano Rafael Gutiérrez Girardot(1928-2005) titulado La literatura española* que cumple magistralmente los postulados de enmarcar una historia de la literatura en bases solidas sociales y culturales. “La ley” es una constante tensión en los pueblos latinoamericanos, que no fortuitamente tienen la capacidad de fabricarlas abundantemente, haciendo muchas veces de estas, adornos para la vida social.

* Pedro Henríquez Ureña .Las Corrientes literarias en la América Hispánica. F.C.E,1949
*Rafael Gutiérrez Girardot. Hispanoamérica: imágenes y perspectivas. Editorial temis,1989

Escritor*

DE POLICÍAS Y LADRONES

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Para el singular caso de Colombia, la presencia de policías y ladrones (y hasta de guerrilleros y soldados), se garantiza por la existencia de un conjunto de factores ‘naturales’, sociales, económicos y políticos que en ciertas circunstancias, se exhiben plenamente amalgamados y unidos.

La delincuencia, así como el delincuente, representan una disonancia, una desviación, como quiera que el ser humano piensa e imagina la sociedad como un conjunto de reglas uniformes, que no sólo deben ser seguidas y respetadas por todos, sino que son una suerte de camino único y posible de convivencia social, que no representa sometimiento alguno para aquellos que en algún momento se puedan sentir violentados por la propuesta de sociedad, que se encarna en ese conjunto de normas y reglas.

Por ello hay quienes de manera ‘natural’ representan el rol de delincuente, para el que de inmediato aparece la respuesta institucional, socialmente aceptada y exigida, a través del rol del policía, que hará lo posible por someterlo, contrarrestar su acción o en últimas, eliminarlo.

Es decir, la institución instalada en el cuerpo del policía y la delincuencia instalada en el cuerpo del delincuente, exponen no sólo el conflicto relacional entre los dos roles, sino la confianza que el resto de la sociedad deposita en el cuerpo armado para contrarrestar al delincuente.

Cuando el policía olvida su rol y actúa como delincuente (delinque usando el poder del uniforme), se agrieta la confianza en las instituciones del Estado y las empieza a minar por dentro. Esto es lo que claramente pasa en Colombia en donde delincuentes y policías, resultantes de una sociedad violenta, discriminante y polarizante, intentan sobrevivir en un entorno donde justamente la falta de oportunidades es lo que les permite existir a los dos. Quizás ese elemento les permita, en muchas ocasiones, actuar juntos por fuera de la ley.

Delincuente-Policía y Guerrillero-Soldado son dicotomías que se reproducen en tanto la sociedad, la nación y el Estado colombianos mantienen y reproducen las circunstancias que hacen posible que dichos roles existan y se legitimen desde muy diversas esferas de poder: una sociedad polarizada, fácilmente polarizante, conflictiva, violenta y profundamente desigual.

Socialmente dichos roles se garantizan desde el preciso momento en el que la lucha de clases se manifiesta y se exhibe en espacios laborales, en espectáculos públicos, en la publicidad, en las prácticas de consumo y por supuesto, en las relaciones de poder institucionalizadas sobre las cuales hay establecidos consensos.

Quien delinque, enfrenta ese escenario bien desde la simple postura de rechazar el orden social establecido y sus circunstancias, porque está en desacuerdo, o porque cree que delinquiendo puede invertir la relación de dominado. Pero también se da lo contrario, cuando un individuo pretende aumentar para sí el poder, hasta lograr dominar al máximo a quienes están del otro lado de la relación (debajo) de poder, esto es, tiene como fin lograr la degradación de la condición humana.

Ello rompe con el imaginario que señala que delincuencia y pobreza van de la mano, cuando desde altas esferas de poder, económico y político, hay actores y agentes que delinquen bajo el ropaje de una institución privada o del Estado, lo que les asegura un tratamiento distinto al que normalmente recibe el delincuente común (raponero). Las ollas podridas destapadas en la DNE y en varias EPS son ejemplos de un actuar delictivo que se equipara, en términos de circunstancias y anhelos, al de las bandidos que azotan las principales ciudades de Colombia.

Desde la perspectiva económica, delincuentes y policías existen porque las condiciones del mercado y del sistema capitalista así lo permiten. De un lado, están quienes desean suplir una necesidad bien sea porque sufren de física hambre y, del otro, porque como víctimas de los modelos de éxito propuestos (impuestos) por la publicidad y la sociedad, quieren sentir lo que sienten los que ya gozan o van camino de alcanzar el anhelado éxito.

De igual forma, ambos roles están sujetos a las lógicas del mercado. Las armas para repeler a la delincuencia (incluye los costos de preparación de policías y soldados) ponen a andar a la industria militar que provee armas, pertrechos y toda suerte de elementos tecnológicos requeridos para enfrentar la desviación y la anomia que representan los delincuentes.

Por ello la respuesta de aumentar el pie de fuerza viene dada en términos de oferta y demanda, por cuanto la situación apremiante de inseguridad así lo amerita. Para las fuerzas represivas del Estado o los aparatos represivos de Estado, al decir de Althusser, parece ser suficiente con el aumento de efectivos armados en las ciudades para contrarrestar la delincuencia.

Niegan, de esta forma, la posibilidad -y la necesidad- de buscar otras aristas, factores y condiciones que aseguran o permiten la aparición del delincuente. Ese es el caso de la ciudad de Cali, recientemente ‘tomada’ por la institución policial para enfrentar disímiles formas en las que se expresa el delito y la delincuencia.

Desde la perspectiva política, la delincuencia en las ciudades sigue siendo un factor menor desde lo electoral, puesto que la agenda que traza e impone el conflicto armado interno, desplaza de alguna manera el interés y la responsabilidad que tienen alcaldes, gobernadores y el propio Presidente, en el aumento del crimen en las urbes colombianas.

El actual gobierno de Santos presenta una agenda en la que la guerra contra las Farc no es el único tema que la constituye, tal y como sí sucedió en las dos administraciones de Uribe en la que el único tema de la agenda era acabar con las Farc. Es posible que quiera darle un carácter político a la creciente delincuencia en las ciudades, sin que ello signifique que vaya a enfrentar las circunstancias que hacen posible que existan policías y ladrones.