DISQUISICIONES EN TORNO AL COMUNICADO DE LUIS CARLOS RESTREPO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


El comunicado, carta o pronunciamiento de Luis Carlos Restrepo, desde la clandestinidad, ubica a este gris y taimado ex funcionario del nefasto régimen uribista, en la misma línea de acción política y pre política de agrupaciones al margen de la ley como las Farc y el ELN.

No es paradójico que Luis Carlos Restrepo, ex comisionado de paz y político de derecha, asuma y apele a las mismas formas comunicativas y discursivas de personajes como ‘Timochenko’, para tan sólo nombrar al hoy líder de las Farc.

Estamos ante una postura propia de fascistas, de individuos que miran con desdén la política y que la desconocen hasta tal punto, que desde guaridas y escondites, invitan a modificar el orden social y político, desconociendo los puntos de vistas y las apuestas de diversos grupos de la sociedad civil e incluso, desconociendo lo que la misma sociedad colombiana pueda pensar, alrededor, por ejemplo, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Al ubicarse en la ilegalidad, lo propuesto por Restrepo adquiere el carácter de arenga, pero por sobre todo, expone el tono desafiante con el que un ex funcionario no sólo desconoce las instituciones y las prácticas democráticas, sino que elimina la política en tanto lo procedimental y lo discursivo de esta (lo político), invitando a omitir la autoridad y la legitimidad de un gobierno, así como la viabilidad de un Estado.

Con los mismos mezquinos intereses de las Farc, Restrepo, el ex comisionado de paz de Uribe Vélez, sugiere a sectores de derecha y de extrema derecha, a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de derogar la actual constitución política o de someterla a ajustes, que claramente buscan favorecer a sectores reducidos y privilegiados de la sociedad política.

Leamos apartes del comunicado de Restrepo: “Reconocer que el uribismo se equivocó al elegir a Santos. En el 2010 se ganaron las elecciones, pero se perdió el gobierno. Iniciar de inmediato una campaña contra la reelección de Santos, bajo el lema: “No a la reelección de la mentira”.Iniciar un proceso de cara al país, a fin de encontrar 3 candidatos para el 2014: a) un candidato presidencial; b) cabeza de lista de Senado; c) cabeza de lista para una Asamblea Nacional Constituyente. Decir con claridad que buscamos retomar el gobierno aspirando a un período de 8 años, reelección presidencial incluida”[1].

Vamos por partes. En primer lugar, confunde la voluntad política de los electores que votaron por Santos y cuyos sufragios lo llevaron a la Presidencia, con la entrega del aval que tanto Uribe como su perniciosa colectividad le confirieron al entonces candidato presidencial, Juan Manuel Santos Calderón, por considerar que recogía las ‘tesis’ de Uribe y del uribismo. Supone, entonces, que hubo traición por parte de Santos, lo que de inmediato valida cualquier acción, legal e ilegal, que se piense en torno a castigar la felonía Santista.

A renglón seguido, convida a oponerse a la reelección del actual Presidente, desconociendo no sólo el contexto en el que se dio el giro constitucional que facilitó la reelección presidencial inmediata de su jefe Uribe, sino invalidando tanto la aspiración legítima del actual Presidente en querer gobernar por cuatro años más, como el deseo de quienes hoy piensan en premiar la gestión de Santos, votando por él en el 2014, para un segundo periodo.

Luego, desvirtúa el carácter que tiene la Asamblea Nacional Constituyente, en especial con el que tuvo este mecanismo en 1990, a juzgar por la reconocida debilidad de las instituciones del Estado, que lo hicieron caminar hacia el vacío, hasta hacerlo ver como un Estado en camino de convertirse en fallido. Altera el talante de ese camino institucional y legítimo, al pensarlo y proponerlo de manera exclusiva a un sector político (el uribismo) que no representa las aspiraciones de todos los colombianos y que hoy está en entredicho por cuenta de investigaciones y escándalos que salpican de manera directa a quienes lideraron en el pasado los intereses de esa ‘colectividad’.

Además, insiste en el efecto negativo que dejó la reelección presidencial, es decir, en el desequilibrio de poderes, en un país con un régimen presidencialista y un Estado con una institucionalidad debilitada por el inconmensurable poder que concentra la figura presidencial y por la racionalidad mafiosa con la que suelen actuar los partidos políticos a través de las bancadas dentro del Congreso.

Deja ver Restrepo su real condición, que lo ubica, insisto, en la misma línea de acción política y pre política de fuerzas ilegales, que desean someter a la sociedad y al Estado a sus caprichos e ideas, soportadas más en simples y mezquinas ansias de poder, que en real compromiso de modificar sustancialmente el rumbo de Colombia.

Luis Carlos Restrepo, apodado el Dr. Ternura, dejó salir la bestia fascista que se alimentó del manantial de un Uribe que buscó a toda costa graduarse como dictador. Y ahora, desde la clandestinidad y en su condición de prófugo de la justicia, desea cambiar las reglas, las estructuras de poder, el orden social y político, no exclusivamente para evitar o evadir para él la acción de la justicia, sino para regresar al país al sendero del Estado de Opinión con el cual Uribe Vélez pretendió ‘superar’ y desmontar el Estado Social de Derecho.

Pero revisemos otros apartes del pronunciamiento del ex comisionado de paz del gobierno de Uribe Vélez: “…Constituyente debe abordar, entre otros temas, una reforma a la Justicia para dar garantías legales a los miembros de la Fuerza Pública, y acabar con el carrusel de pensiones y la corrupción en Tribunales y Cortes. Plantear un debate público en torno al futuro del Partido de la U, o si se debe formar una nueva colectividad política. Si se decide continuar con el Partido de la U, debe hacerse una reforma de estatutos que incluya la Seguridad Democrática en sus principios ideológicos”[2].

Restrepo propone una reforma a la justicia que muy seguramente va en camino de su sometimiento, tal y como lo intentó su jefe político y amigo, Álvaro Uribe Vélez. Insiste el ex comisionado en entregar más y mayores garantías a los miembros de la fuerza pública, atajo predilecto de falsos demócratas, para reducir las garantías constitucionales a los ciudadanos, para limitarles el poder de exigir respuestas y el cumplimiento al Estado de sus responsabilidades. Todo, con el ánimo de edificar una relación clientelar entre el Presidente y los ciudadanos, soportada, por supuesto, en la sumisión de estos a los buenos deseos del mandatario.

Sobre el tema del Partido de la U, parapeto ideológico en donde se refugió hábilmente Santos y sobre el cual Uribe Vélez montó una suerte de guetto desde donde redujo el Estado a sus caprichos y debilitó aún más la institucionalidad, el ex comisionado de paz propone que la política de seguridad democrática se eleve a principio ideológico y fuente de acción política de los políticos que deseen militar en dicha colectividad. La propuesta programática deja atrás los infaustos resultados que dejó la aplicación de dicha política pública, en especial en materia de violación de los derechos humanos (falsos positivos), la desaparición forzosa y las interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y detractores del régimen uribista que mandó entre el 2002 y el 2010. Es decir, por cuenta de la propuesta de este prófugo de la justicia, una política y unos procedimientos que dieron como resultado la violación de derechos y libertades ciudadanas y el desmonte del Estado de derecho deben convertirse en principios orientadores de un partido político. Con ello, la violación de los derechos humanos y el desconocimiento del orden jurídico se convertirían en una doctrina política e ideológica, a todas luces en contravía de principios constitucionales y democráticos. Sería la legitimación de la barbarie.


[1] http://www.semana.com/nacion/texto-atribuido-restrepo-convoca-campana-contra-juan-manuel-santos/172133-3.aspx


[2] Ibid. http://www.semana.com/nacion/texto-atribuido-restrepo-convoca-campana-contra-juan-manuel-santos/172133-3.aspx

SANTOS Y EL VIEJO PROBLEMA AGRARIO EN COLOMBIA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


En un régimen presidencialista como el que funciona en Colombia, la figura del Presidente suele ser venerada por quienes desde disímiles poderes regionales, legales e ilegales, agencian su sostenimiento, a pesar de los problemas políticos que este régimen genera, es especial por el tipo de relaciones que suele construir con los otros dos poderes públicos.

Si bien el Presidente concentra en él la unidad nacional y máximos poderes administrativos, en un país de países como Colombia, con un Estado débil y precario, las acciones de gobierno, encarnadas o no en un proyecto político individual o colectivo, no siempre son atendidas en regiones en donde persisten poderosos intereses de quienes en el pasado apelaron a la violencia o han sido cómplices de ella, a través de un silencio oculto frente a injusticias y a todo tipo de violaciones a los derechos humanos y por supuesto, a la propiedad privada.

Hoy, cuando el Presidente Santos parece jugársela por las víctimas del despojo de tierras que emprendieron paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, políticos, hacendados, terratenientes, finqueros y agroindustriales, van a ir apareciendo, poco a poco, los grupos de interés que en las regiones se oponen a la idea presidencial de devolver las tierras a campesinos, afrocolombianos e indígenas, víctimas del desplazamiento forzoso, arma utilizada por la derecha y la ultraderecha, para perpetuar la concentración de la tierra en pocas manos.

La marcha de Santos en Necoclí resulta ser correcta en lo político la medida en que un Presidente, nuevamente, intenta revertir la historia de un problema agrario, que es la base del conflicto armado interno y por ende, razón de disputa de actores legales e ilegales que luchan por la tierra. Santos manda un mensaje claro, que bien puede despertar los intereses mezquinos o no, de poderosos que desde las regiones insisten en perpetuar los problemas agrarios de un país con esa vocación.

Y es allí, justamente, en esos escenarios geográficos regionales en donde el poder presidencial se diluye, cuando iniciativas como las emprendidas por Santos puedan llegar a tocar intereses tanto de grupos armados ilegales, como de hacendados, finqueros, agroindustriales y terratenientes, quienes desde la legalidad no sólo auparon el desplazamiento forzoso que emprendieron los paramilitares, sino que de manera soterrada vieron cómo se violaba el derecho a la propiedad de cientos de miles de campesinos y gente pobre. Resulta curioso que esos mismos grupos de poder históricamente le han pedido al Estado que les garantice la propiedad privada, que ellos vieron como se violentada a terceros y frente a la que guardaron completo mutismo.

Así las cosas, el reto de Santos en materia agraria es mayúsculo pues él sabe que su poder político tiene límites no sólo en los poderes tradicionales y de facto que sobreviven en regiones como el Valle del Cauca y la costa Atlántica, entre otras, que apoyaron su candidatura y que de seguro apoyarán su reelección, sino en la debilidad institucional del Estado para hacer respetar la ley y la propiedad de pequeños propietarios de tierras.

Hay que insistir en una reforma agraria sobre la base de un proyecto de nación que reconozca que la violencia es el arma que grupos y familias poderosas usaron en el pasado para despojar a negros y campesinos de sus tierras. Y a partir de allí, pensar realmente en el tipo de desarrollo rural que se quiere para Colombia, estimando, por supuesto, el tipo de vocación de los suelos y los efectos ambientales que genera la puesta en marcha, por ejemplo, de la ganadería extensiva, los monocultivos (caña de azúcar y palma africana) y los proyectos agroindustriales.

Y en ese revisar el tipo de desarrollo, hay que repensar la seguridad alimentaria, venida a menos tanto por la extensión de monocultivos, legales e ilegales, como por la agroindustria y la potrerización de extensas zonas en el país. Es clave, entonces, diseñar planes de producción de alimentos que beneficien a la población. Insistir en la producción frutas y hortalizas, que aseguren no sólo una vida digna a quienes las cultivan, sino precios bajos a quienes las consumen. Ese sería un buen inicio.

Al final del mandato Santos veremos si la ley de restitución de tierras quedó en una simple marcha de Santos en Necoclí y si su real poder político se diluyó entre las manos sucias de los propios políticos que hoy hacen parte de la Unidad Nacional, sobre los cuales recaen múltiples responsabilidades por el largo proceso de despojo de tierras que emprendió la empresa criminal más grande de la historia de Colombia: el paramilitarismo. Y al final, a lo mejor confirmamos que la figura del Presidente y su real poder para modificar este estado de cosas injustificable e insostenible, simplemente sirve para perpetuar lo que de tiempo atrás se hace mal en las regiones o en los otros países que subsisten dentro del territorio colombiano.