Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La condena a 24 años de prisión, proferida por la Corte Suprema de Justicia contra Alberto Santofimio Botero, adquiere un significado especial no sólo por la pena impuesta, sino por el largo proceso judicial, en especial por la instancia de casación con la cual se logra el histórico fallo.
El fallo es ejemplarizante y manda un claro mensaje a aquellos políticos colombianos que han hecho y hacen política de la mano de criminales, de narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros: la justicia sigue cojeando, pero llega.
Se demoró la justicia colombiana en esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento a finales 1989, pero finalmente encontró culpable al caudillo tolimense, quien, según la propia Fiscalía y los elementos probatorios recogidos por la Corte Suprema de Justicia, azuzó a Pablo Escobar para que ordenara el crimen del líder liberal.
Las autoridades judiciales, y en especial los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben saber dimensionar lo que ha sucedido en Colombia durante años: la connivencia, el contubernio de la clase política con el crimen organizado.
Por ello, en estas horas en las que asistimos a un claro enfrentamiento de visiones alrededor de lo que debe ser la justicia, su forma de operar, a juzgar por los proyectos de reforma que hoy cursan en el Congreso de la República, este tipo de decisiones pueden resultar determinantes bien para ahondar y profundizar las diferencias entre el Gobierno de Santos y la bancada de la Unidad Nacional y las Altas Cortes, o para acercar a los tres poderes públicos en aras de llegar a consensos en torno a la necesidad de que el gobierno de los jueces continué como hasta ahora, con miras a limpiar el Congreso y las prácticas políticas. Creo, eso sí, que más fácil este hecho jurídico-político termina ahondando las diferencias entre las partes, que servir para acercarlas.
Sin duda, hay una clara intención de sectores del Ejecutivo y del Legislativo para golpear el poder de las Cortes, en especial a la Corte Suprema de Justicia, y en general a la Justicia, para restarle autonomía e independencia y someterla a las mafias que aún rondan al Congreso. En la mira están las funciones y el poder de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la propia Procuraduría General de la Nación en torno a las actuaciones de funcionarios aforados como los congresistas.
Creo eso sí, que hay más gente comprometida detrás de Alberto Santofimio Botero. Pero, insisto, se trata de un gran avance en la idea de que la justicia llegue, así sea arrastrándose.
Si la propia clase dirigente de este país no se autodepura, y si la sociedad civil sigue ajustándose a sus mezquinos intereses, sólo nos queda confiar en los jueces, en aquellos operadores judiciales convencidos de que el Estado, la política y lo político hay que arrebatárselos de las garras al crimen organizado que de tiempo atrás campea por el territorio nacional y por las membranas más sensibles de la sociedad colombiana.
Y que ahora que no salgan con que el INPEC no puede garantizar la seguridad del señor Santofimio y se ordene su traslado a una guarnición militar o policial, o en el peor de los casos a su lugar de residencia. No. El lugar de reclusión debe ser una cárcel.
La condena a 24 años de prisión, proferida por la Corte Suprema de Justicia contra Alberto Santofimio Botero, adquiere un significado especial no sólo por la pena impuesta, sino por el largo proceso judicial, en especial por la instancia de casación con la cual se logra el histórico fallo.
El fallo es ejemplarizante y manda un claro mensaje a aquellos políticos colombianos que han hecho y hacen política de la mano de criminales, de narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros: la justicia sigue cojeando, pero llega.
Se demoró la justicia colombiana en esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento a finales 1989, pero finalmente encontró culpable al caudillo tolimense, quien, según la propia Fiscalía y los elementos probatorios recogidos por la Corte Suprema de Justicia, azuzó a Pablo Escobar para que ordenara el crimen del líder liberal.
Las autoridades judiciales, y en especial los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben saber dimensionar lo que ha sucedido en Colombia durante años: la connivencia, el contubernio de la clase política con el crimen organizado.
Por ello, en estas horas en las que asistimos a un claro enfrentamiento de visiones alrededor de lo que debe ser la justicia, su forma de operar, a juzgar por los proyectos de reforma que hoy cursan en el Congreso de la República, este tipo de decisiones pueden resultar determinantes bien para ahondar y profundizar las diferencias entre el Gobierno de Santos y la bancada de la Unidad Nacional y las Altas Cortes, o para acercar a los tres poderes públicos en aras de llegar a consensos en torno a la necesidad de que el gobierno de los jueces continué como hasta ahora, con miras a limpiar el Congreso y las prácticas políticas. Creo, eso sí, que más fácil este hecho jurídico-político termina ahondando las diferencias entre las partes, que servir para acercarlas.
Sin duda, hay una clara intención de sectores del Ejecutivo y del Legislativo para golpear el poder de las Cortes, en especial a la Corte Suprema de Justicia, y en general a la Justicia, para restarle autonomía e independencia y someterla a las mafias que aún rondan al Congreso. En la mira están las funciones y el poder de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la propia Procuraduría General de la Nación en torno a las actuaciones de funcionarios aforados como los congresistas.
Creo eso sí, que hay más gente comprometida detrás de Alberto Santofimio Botero. Pero, insisto, se trata de un gran avance en la idea de que la justicia llegue, así sea arrastrándose.
Si la propia clase dirigente de este país no se autodepura, y si la sociedad civil sigue ajustándose a sus mezquinos intereses, sólo nos queda confiar en los jueces, en aquellos operadores judiciales convencidos de que el Estado, la política y lo político hay que arrebatárselos de las garras al crimen organizado que de tiempo atrás campea por el territorio nacional y por las membranas más sensibles de la sociedad colombiana.
Y que ahora que no salgan con que el INPEC no puede garantizar la seguridad del señor Santofimio y se ordene su traslado a una guarnición militar o policial, o en el peor de los casos a su lugar de residencia. No. El lugar de reclusión debe ser una cárcel.
