COLOMBIA: ESTADO FALLIDO Y FORAJIDO?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

“Entre las propiedades más características de los estados fallidos figura el que no protegen a sus ciudadanos de la violencia - y tal vez incluso la destrucción- o que quienes toman las decisiones, otorgan a esas inquietudes una prioridad inferior a la del poder y la riqueza a corto plazo de los sectores dominantes del Estado. Otra característica de los estados fallidos es que son estados <>, cuyas cúpulas se desentienden con desdén del derecho y los tratados internacionales. Puede ser que esos instrumentos sean vinculantes para los demás, pero no para el estado forajido.” (Chomsky, 2007, p.49).

La cita con la que se inicia esta reflexión cumple la función de espejo retrovisor para mirar hoy, en plena admiración de la política de seguridad democrática y la consecuente sacralización de Uribe, qué tanto mantiene Colombia de lo que se considera como un estado fallido y cuánto avanzó para considerarse como un estado forajido.

A juzgar por lo que dice María Victoria Duque López (http://www.razonpublica.org.co/), lo de estado fallido se mantiene como una condición que debería hacernos pensar si la continuidad de Uribe en el poder le conviene al país entero, o exclusivamente a ciertos grupos de poder (banqueros, industriales y élites en general).

Es clave que la opinión pública en general reconozca y sepa en dónde radica el interés de algunos (una minoría presentada como mayoría) de perpetuar en el poder a AUV. Estarían contentos con él los industriales y algunos ricos y quizás los beneficiados del programa Familias en Acción y aquellos beneficiados de las ferias presupuestales en las que se convirtieron los consejos comunales de gobierno. Y más aún, es razonable que esa opinión pública empiece a dudar de una política de seguridad que en lugar de generar confianza en las instituciones estatales, terminará por generar miedo y desconfianza, a juzgar por lo ocurrido con los crímenes de Estado, mal llamados ‘falsos positivos’.

Dice Duque López que “Infortunadamente, después de las mejoras que muchos indicadores presentaron durante los primeros años de la seguridad democrática, en el 2008 la situación humanitaria empeoró con respecto al 2007: las masacres aumentaron de 26 a 37, en el primer caso con 128 víctimas y en el segundo con 169; el asesinato de autoridades locales pasó de 15 a 16; el de maestros, de 13 a 27; el de sindicalistas, de 8 a 18, y el de indígenas, de 40 a 66. Así mismo el número de víctimas de secuestro pasó de 427 a 533. Y aún cuando el gobierno afirma que han disminuido los eventos de Minas Antipersonal (MAP) y de Municiones Sin Explotar (MUSE) el número de víctimas civiles no tuvo variación, pues pasamos de 204 a 205. Los ataques a la población civil pasaron de 316 a 347, y el número de militares muertos sigue siendo extraordinario, en 2008 fueron 506. Por lo demás, según cifras oficiales, en el 2008 fueron desplazadas 227.127 personas de manera forzada[2]; y según CODHES, este número ascendió a 380.863”.

¿Cuál es, entonces, el avance que ha logrado el país?; en ¿dónde radica realmente el mejoramiento en el tema de seguridad en un país en donde los ciudadanos asentados en pueblos y ciudades pueden ser víctimas potenciales no sólo de delincuentes comunes(rateros, secuestradores) de las FARC, de los paramilitares y de las propias fuerzas militares? En ¿dónde radica el embeleco de esos cuatro millones y pico de colombianos que dieron su firma para darle vida al referendo que hoy tiene al Gobierno comprando- persuadiendo- a los congresistas para lograr que dicha iniciativa siga su curso para ver si en 2010 los colombianos terminamos votando por la continuidad de Uribe en la Casa de Nari? Embeleco que nos tiene adportas de acabar con el equilibrio de poderes, con la consecuente concentración del poder político en una sola persona, con los riesgos naturales que ello conlleva.

Después de dos administraciones de Álvaro Uribe, realmente ha avanzado el Estado colombiano en materializar exigencias modernas en torno a garantizar la vida y honra de sus asociados. Esa pregunta tiene una respuesta clara: NO. Por lo tanto y siguiendo a Chomsky, aún seguimos siendo un estado fallido[1].

Y si miramos en contexto lo sucedido con el ataque al campamento del criminal de Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, sostenido en un discutible principio de guerra preventiva, asociado a la doctrina de seguridad de los Estados Unidos, exhibida por el gran país del norte después de los ataques a las torres gemelas, podemos decir, siguiendo a Chomsky, que hoy, además de estado fallido, somos un estado forajido.


[1] Véase también SODARO, Michael J. Política y ciencia política. Capítulo 6, El Estado y sus instituciones.

Varias bases gringas bajo la misma Manta

Por: Omar Vera*

Con el cierre de la base de Manta, ubicada en la costa Pacífica de Ecuador, y la propuesta del gobierno colombiano para que ésta sea trasladada a suelo colombiano, los intereses de Estados Unidos en el continente se juegan una carta fundamental. La base gringa estaría dispersa en varias instalaciones militares colombianas para, de este modo, multiplicar la 'guerra preventiva' y el control de buena parte de Suramérica.

No sólo se trata de la ubicación de uno de los principales centros de operaciones y de control de los gringos en el mundo. De dispersarse en el territorio colombiano, las operaciones de la base que funcionaba en Manta, cuyo fin decidió el gobierno de Rafael Correa, la intervención de la potencia del norte en Colombia se consolidaría.

Los recursos que, como los del Plan Colombia, se destinan a la guerra aumentarían considerablemente, mientras se exportaría la militarización de la sociedad y el intervencionismo gringo a los países vecinos, internacionalizando aún más el conflicto colombiano.

Luego de que, en 2007, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunciara que la decisión de no renovar el acuerdo era irrevocable y que prefería 'cortarse un brazo' antes de permitir que Manta siguiera operando como puesto militar de EEUU en Suramérica, la búsqueda de un nuevo emplazamiento sobre el Pacífico se ha vuelto una tarea prioritaria para los gringos: Perú y Colombia han sido los destinos más estimados para reubicar estas instalaciones, gracias a la cercanía con Washington de los presidentes Alan García y Álvaro Uribe.




Santos picando a Venezuela

Sin embargo, no fue sino hasta el anuncio, el año pasado, del ex ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, sobre la disposición de Colombia de ofrecer a los militares gringos una nueva ubicación para la base, que el debate nuevamente se calentó. En ese momento, el ministerio encabezado por Santos propuso como emplazamientos para la nueva base lugares como La Guajira y Arauca, ubicados en la frontera con Venezuela, en un claro intento por tensionar las relaciones con la hermana república. El Comando Sur rechazó en ese momento la propuesta de Bogotá por no ofrecer claras ventajas para el control del Pacífico.

Una nueva propuesta fue realizada por Santos en la víspera de la visita del almirante Michael Mullen, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EEUU, del pasado 5 de marzo, y ha sido planteada también al almirante James Stavridis, jefe del Comando Sur, quien tendrá la última palabra antes de su aprobación por el presidente Obama y el Congreso de ese país.

En ella, se proponen diferentes opciones para dispersar lo que había en Manta, de acuerdo con lo negociado con el Comando Sur durante el último año. Según informaciones filtradas a la prensa, existe gran interés de parte de Washington por utilizar sitios como Tumaco (Nariño) y Bahía Málaga (Valle del Cauca) como bases navales y de inteligencia aérea, mientras bases aéreas como la Marco Fidel Suárez (Cali, Valle del Cauca), Palanquero (Cundinamarca), Apiay (Meta) y Tres Esquinas (Caquetá) serían consideradas como opciones para emplazar tropas de tierra y para el aterrizaje de aeronaves de gran envergadura para el transporte de personal, como el Galaxy C-5, o de aviones de combate.


Pequeñas bases para expandirse por Suramérica

Luis Ángel Saavedra, director de la Fundación regional de asesoría en Derechos Humanos (Inredh) de Ecuador, señaló que “están construyendo un esqueleto militar que les permite una intervención rápida, en un momento en el que EEUU ha entrado en crisis”, lo que significaría una mayor disuasión hacia “los países empiecen a negarle la venta de recursos, especialmente energéticos”. Por eso, ese país estaría tendiendo toda una red de “bases militares con aeropuertos muy bien dotados, muy fuertes, que les permitan aterrizar aeronaves grandes, como el Galaxy, que son aviones que les dejan transportar en pocas horas a miles de soldados”.

Así, en América Latina y el Caribe, ese país mantiene 17 instalaciones de radar de largo alcance, como la de Tres Esquinas (Caquetá), financiada enteramente por el Plan Colombia; dos bases de tierra, en Guantánamo (Cuba) y Soto Cano/Palmerola (Honduras); y cuatro Puestos de Seguridad Cooperativa (Cooperative Security Locations) en Comalapa (El Salvador), Reina Beatriz (Aruba), Hato Rey (Curazao) y Manta (Ecuador). De ser aprobada la propuesta de dividir en tres lo que operaba en Manta, las facilidades militares autorizadas por los países del continente para las operaciones gringas ascenderían a 25, sin contar con la multitud de bases 'nacionales' en las que militares de EEUU y mercenarios de empresas como Dyncorp prestan labores de 'asesoría', como ocurre en Tolemaida, Larandia, Arauca y Cartagena, en Colombia.

No es casual que Tumaco y Bahía Málaga sean opciones de primera mano. En ambos puertos, la Armada Nacional cuenta con bases bien posicionadas sobre el Pacífico que, si bien no están ubicadas en el extremo occidental de Suramérica, como Manta, no obligarían un gran cambio de planes para Washington: la distancia entre el puerto ecuatoriano y Tumaco es de apenas 375 km, mientras a Bahía Málaga son apenas 660 km. Adicionalmente, el gobierno colombiano se beneficiaría al eliminar la presencia guerrillera en esas zonas y el norteamericano por su cercanía con futuros mega proyectos extractivos, principalmente de agua, minerales y biodiversidad, en el Macizo colombiano y Chocó, dos de las mayores reservas naturales y acuíferas con las que cuenta Colombia.

El debate se centra, entonces, en el mejor emplazamiento para las operaciones aéreas y las tropas de tierra que concentrarían los EEUU en nuestro país. No mentía el ex ministro en sus intenciones al ofrecer, en el pasado, La Guajira y Arauca –sede del Batallón de Infraestructura Energética, que custodia el oleoducto Caño Limón-Coveñas y que fue una de las inversiones prioritarias del Plan Colombia– como posibles reemplazos de Manta, empleando esa propuesta como arma política para enturbiar las relaciones con Venezuela y provocar tensiones en la frontera.

Tampoco lo hace ahora, cuando Tres Esquinas y Larandia (Caquetá) son la punta de lanza del Plan Consolidación; cuando la Marco Fidel Suárez permitiría el control aéreo de todo el suroccidente y cuando Palanquero, ubicada en pleno Magdalena Medio, permitiría un acceso rápido de aviones bombarderos a casi cualquier rincón del país. El ex ministro Santos busca que se den operaciones conjuntas de las Fuerzas Aéreas de ambos países para golpear a la guerrilla y, así, acumular réditos con Washington para la Seguridad Democrática y una eventual campaña presidencial.



La manta para cubrir el Pacífico

En 1999, EE.UU. debió devolver a Panamá el canal interoceánico ubicado en el istmo y las instalaciones de la Base Howard, desde donde operó, durante la Guerra Fría, el Comando Sur de su fuerza armada. Allí, luego de la invasión a Panamá en 1989, se ubicaba uno de los principales laboratorios de armas químicas del mundo. A partir de entonces, la estrategia norteamericana ha creado una red de instalaciones militares en todo el continente, en las que sus tropas y servicios de inteligencia se encuentran apostados para el control de extensos territorios, mediante operaciones navales y aéreas permanentes que viabilicen sus intereses en la región.

Manta ha sido una de las principales piezas del rompecabezas gringo. El llamado 'Puesto de Seguridad Cooperativa' fue emplazado allí luego de que, el 31 de marzo de 1999, fuera firmado el “Convenio de concesión de facilidades logísticas” para permitir que los militares estadounidenses usaran la base aérea, la base naval y el puerto de esa localidad de la provincia de Manabí.

Ello les daba los gringos un punto de entrenamiento, abastecimiento y concentración de sus tropas, principalmente en operaciones aéreas y de inteligencia de gran envergadura, lo cual fue ratificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Jamil Mahuad, el 12 de noviembre de 1999, con una duración de diez años, que podría prorrogarse al final de dicho periodo.

Desde entonces, el puerto ecuatoriano ha sido de fundamental importancia para el control del litoral pacífico de toda América Latina: desde México hasta la Patagonia chilena, las operaciones desplegadas desde Manta afectan a toda la región en sus relaciones comerciales, planes energéticos, explotación de recursos naturales y, por supuesto, estrategias militares. El Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia dan claro testimonio de la injerencia que, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas, EEUU ejerce a través de Manta.

Pero la cosa no termina allí. Según diversos analistas, el traslado rápido de recursos naturales, especialmente acuíferos de lugares como el Nudo de los Pastos, y de materias primas hacia territorio norteamericano, que se facilita por esta costa mucho más que por el Caribe, harían del puerto sobre el Pacífico una necesidad para la economía más poderosa del mundo, en momentos de una recesión que le podría hacer perder algunos de sus privilegios.

Adicionalmente, el creciente comercio con China a través del Océano Pacífico preocupa profundamente en Washington, especialmente en momentos de crisis y de aumento de los gobiernos de izquierda en el continente. Por eso, el control de lo que entra y sale por los puertos ubicados en este litoral, se vuelve una de las tareas urgentes a resolver mediante la militarización, pues quien controla las aguas controla el movimiento de los cargueros y, con ello, el comercio internacional.

El Comando Sur de los Estados Unidos, que concentra casi diez veces el personal del Departamento de Estado para América Latina, responde así a la pérdida del control sobre algunos mercados o renglones específicos de los mismos, en los países de la región que mejores condiciones puedan tener para priorizar el comercio con China, pasando por encima de los intereses de las multinacionales gringas, luego de que los gobiernos de Venezuela y Brasil manifestaran su interés por lograr acceso a puertos del Pacífico para la exportación de hidrocarburos y mercancías diversas.


Manta y el Plan Colombia

La participación de personal y equipos de la base de Manta en el conflicto colombiano no es nueva. Desde la aprobación en el Congreso de EEUU del Plan Colombia, esta instalación militar ha sido crucial para el desarrollo de las operaciones contrainsurgentes en el suroccidente y para el control de los cielos y costas colombianos.

La más reciente muestra de esta participación fue denunciada el año pasado por el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, quien indicó que un avión de inteligencia Lockheed HC-130 de la fuerza aérea norteamericana despegó de Manta la noche del 29 de febrero de 2008 y regresó a esa instalación al día siguiente hacia las 4:00am, pudiendo haber servido de refuerzo a las aeronaves colombianas que bombardearon el campamento de las FARC en Angostura, territorio ecuatoriano, durante la llamada 'Operación Fénix', considerada ilegal por la OEA y que terminó con la muerte de 'Raúl Reyes', 25 guerrilleros y cuatro civiles más. En ese momento, el ministro Ponce dijo que “la CIA estaba en pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Angostura”.

Efectivamente, el complejo de más de 24.000 hectáreas ha sido el epicentro de muchas operaciones fundamentales para que los éxitos de la llamada 'política de seguridad democrática' hayan dado resultados para sus financiadores en Washington. La conexión de Manta con Tres Esquinas y Larandia (Caquetá), así como con la ofensiva del Plan Patriota (2003-2007) sobre Putumayo y Nariño, fueron realizadas gracias a información recopilada por aviones Awac y P3 de la inteligencia aérea norteamericana que partieron de Manta. Así lo indican los registros de navegación de dichas aeronaves y los informes de resultados que los militares colombianos presentaron en su momento sobre varias de las ofensivas tácticas realizadas contra las FARC en el suroccidente colombiano.

El pretexto de ejercer control al contrabando de cocaína y otras sustancias psicoactivas, bajo el que se cobijó a la base de Manta en el momento de su creación, nunca fue alcanzado: más bien, el puerto ecuatoriano se convirtió en epicentro de inteligencia en el continente y soporte fundamental en la Iniciativa Regional Andina, nombre que se le dio al Plan Colombia en sus implicaciones para los países vecinos.

Luis Ángel Saavedra, director Inredh, señala en este sentido que el trabajo de su organización y de la Coalición No Bases, ha permitido saber que, en Ecuador, “esa base no sirvió para el control del narcotráfico: Manta ahora es el primer puerto de exportación de droga en el país, nuestra conclusión es que nunca controlaron el narcotráfico sino que la base sirvió para apoyar logísticamente la implementación del Plan Colombia”, agregando que “el conflicto colombiano involucra a la región: parece ser que la intención del gobierno colombiano es desbordarlo para desestabilizar a los países que, de alguna manera, han optado por regímenes progresistas y que se oponen a la política de intervención de Estados Unidos”.


* Publicado originalmente en Periódico POLO