Por Víctor Manuel Niño
El Departamento de Estadística -DANE- , estimó una población de cerca de 42 millones (hasta el 2006 ), censo criticado por los profesores de estadística de la Universidad Nacional en el 2007(http://www.universia.net.co/docentes/destacado/profesores-de-estadistica-de-la-un-analizan-situacion-del-dane.html). El DANE, reacio a la institución técnica de un cuerpo colegiado,solo tiene un director nombrado directamente por el Presidente de la República , lo que lo hace en términos de idoneidad, mas vulnerable. A julio del 2009 la tasa de desempleo llego al 12,6% según el DANE; la mas alta de Sudamérica; esto sumado a un irrisorio salario mínimo que iniciado el 2010 no pasa de 180 Euros; salario que establece por decreto el gobierno nacional, ante los desacuerdos con las federaciones sindicales del país ( lo que cada año sucede). Se dice irrisorio porque si nos atenemos a estadísticas, el mismo DANE recomendó un salario mínimo que doblara esa cifra, o sea, 360 euros, ante los altos costos de la canasta familiar. El salario mínimo ¿Es el eje que mueve el país? Si nos atenemos al movimiento de la economía y nos damos cuenta que la población que obtiene el salario mínimo es una gran mayoría de la población empleada y que se ubica en los llamados estratos dos y tres; pues el estrato uno y hasta el dos es el asentamiento de los llamados informales (vendedores ambulantes de todo tipo, artesanos, obreros y empleados independientes ); quedaría una minoría para los estratos 4, 5, 6, que es donde se ubica la llamada clase media alta y alta; y el más mínimo porcentaje para la clase privilegiada. En suma, la mayor parte de la población es la que gana un salario mínimo y les va un poco mejor a los que trabajan en una empresa estable; teniendo esto en cuenta , el salario mínimo si es y debe ser el eje que mueve al país; hecho que no es ni remotamente reconocido por los gobernantes de turno; se puede ver que en esta situación es difícil todo progreso, sumado a la pregunta del millón ¿y en dónde quedan los desempleados?
Los tres recientes Presidentes han subido al poder debido a golpes de opinión, en un país donde la polarización se ha dado y la política se ha engendrado en la dicotomía militar de amigo y enemigo, del conflicto interno, lo que ha llevado a la des orientación social y política de los ciudadanos, a la desmoralización y a la apatía , ligada a un creciente aumento de la delincuencia común y organizada.
En una de las zonas dónde más centra el conflicto armado es el sector rural, el campo. Es donde la mayor desigualdad hay; campo y ciudad son dos instancias aparte; los habitantes de la ciudad no se sienten identificados con el campo, y el campesino social y culturalmente ha sido marginado. Los conflictos armados en las llamadas zonas rojas han generado una gran cantidad de flujo migratorio hacia las ciudades y las han llenado de indigencia. Se podría decir que una gran población de las familias campesinas están por debajo del limite de la pobreza. (Http://www.javeriana.edu.co/facultades/fear/d_des_rur/documents/campesinadoysistemaalimentarioencolombia.pdf).
Bolonia (Italia), 13-02-2010
*Escritor
sábado, 13 de febrero de 2010
martes, 2 de febrero de 2010
Violencia sexual: un arma de guerra silenciada
La violencia sexual ha sido utilizada como práctica de guerra por la humanidad en muchos de sus conflictos y Colombia, al igual que cualquier país que sufre una guerra, afronta este tipo de vulneración a los Derechos Humanos de sus ciudadanos. Esta práctica se acrecienta en nuestro contexto por falta de documentación sobre el tema, por el silencio de las víctimas al no denunciar los abusos de los que son objeto, por la indiferencia y los malos tratos de las autoridades hacia las víctimas, y por la tolerancia de la sociedad con su silencio cómplice, actitud que permite que diferentes actores armados, especialmente paramilitares y militares, abusen de niñas, niños, mujeres y hombres. Colombia, como sociedad, al no enfrentar el problema, agrava su enferma indiferencia y acepta que, en la guerra, la sociedad civil sea blanco de violaciones sexuales sistemáticas como forma de presión y de poder.
En Colombia, la violación de mujeres es muy alta y, según estudios llevados a cabo por Profamilia, los que ejercen mayor violencia sexual como práctica sistemática son los paramilitares, seguidos por las fuerzas militares y policiales, y por la guerrilla. El motivo: infundir temor, callar, desplazar, obtener información, usurpar las tierras de los campesinos y miles de motivos que transforman a las mujeres en blanco y botín de guerra, atentando contra su dignidad y sus derechos humanos. En el caso colombiano, al igual que en el de los demás países en los que se presentan feminicidios, son abusados sexualmente niños y niñas: nuestro futuro, reflejado en la infancia, al igual que las mujeres se ha convertido en un blanco militar.
Es difícil tener cifras exactas de los casos de abuso sexual en el conflicto armado de Colombia, pero, según la periodista Jineth Bedoya, hay entre 12.000 y 14.000 casos de violaciones, aunque estas cifras podrían ser mayores, puesto que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias de parte de sus victimarios y otras son asesinadas. Sólo el 9% de las mujeres violadas denuncia: la razón, además del temor, es la ausencia de mecanismos de protección y apoyo por parte del Estado, puesto que no hay abogados de oficio que se encarguen de los casos ni de interés de las autoridades en abrir investigaciones, así como personal especializado en tratar dichos casos.
Según el informe realizado por Oxfam, de 183 mujeres que testificaron agresiones sexuales sobre ellas, desde 1993 hasta 2009, se pudo determinar que el 58% fueron abusadas por paramilitares, el 23% por la Fuerza Públicas, el 8% por la guerrilla y del 11% se desconoce quién fue el victimario.
Pero no sólo en Colombia se han presentado dichas atrocidades en contra de las mujeres; la violencia sexual ha hecho víctimas a mujeres europeas en la guerra de los Balcanes, mujeres africanas en Ruanda sufrieron las mismas vejaciones y, en Centroamérica, países como Guatemala y México han tenido que afrontar el mismo problema. La vulneración continuada de los derechos de las mujeres en estos países ha demostrado al mundo que, en guerras y situaciones de conflicto, el uso de la violencia sexual es un método de terror que se enquista en la sociedad y se reproduce en la cultura de los países que la sufren.
En los casos de violación que se presentan en el país, muchos terminan en la muerte y, aún así, las autoridades colombianas se niegan a hablar de que existe una práctica sistemática de violación y muerte de mujeres, negando que en el país se practique el feminicidio y, a su vez, la posibilidad de evitar que más mujeres sean sacadas a la fuerza por grupos legales o ilegales de sus casas para ser torturadas, violadas y después asesinadas y enterradas en fosas.
Esta vulneración a los derechos humanos de nuestras mujeres, y de nuestros niños y niñas, tiene efectos psicológicos en las víctimas y en la sociedad que, de forma pasiva, permite que ocurran. De esta manera, las víctimas de este tipo de prácticas vuelven a ser víctimas, en primera instancia, por la falta de atención de las autoridades y, después, por la falta de atención médica y psicológica. Las mujeres, niñas y niños sufren maltratos infrahumanos, torturas físicas, mutilaciones en su cuerpo y, en muchos casos, les son contagiadas enfermedades de transmisión sexual como el VIH, además de presentarse un alto número de embarazos no deseados.
La violencia sexual en el conflicto armado colombiano es compleja. A las violaciones se suman las mutilaciones sexuales y otras prácticas a las que se ven sometidas las mujeres en Colombia. Profamilia propone cuatro contextos para que se dé una violación: el primero es por ataque, que se da cuando se violan mujeres para causar miedo y someter a la población, usándolas como ejemplo de poder; el segundo es por privación de la libertad o por secuestro; el tercero es por ocupación, cuando se invaden terrenos por los que transitan otros grupos armados y se da la esclavitud sexual que, en muchos casos, termina en la muerte; y la cuarta es la violación en las filas de esos grupos, donde se presenta en algunos casos la planificación o el aborto forzado, dependiendo de la importancia del padre en las filas del grupo armado.
Colombia tiene formas jurídicas para garantizar los derechos de las mujeres como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1982), el Protocolo Adicional II de la Convención de Ginebra (1994), la Convención de Derechos Humanos de Viena (1993) y la Convención de Belén do Pará (ratificada en 1996). Por otra parte, en el escenario del conflicto armado, el nuevo Código Penal, en su Título II, tipifica los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH, incluyendo la personalización de distintas modalidades de violencia sexual. Sin embargo, esto no es suficiente para que las mujeres no sean abusadas sexualmente en medio de la guerra colombiana y tampoco garantiza que se respeten los derechos de las mujeres.
Es necesario que en Colombia se aborde el tema desde la sociedad civil y en el Congreso. Hasta que no se acepte que existen feminicidios no se crearán mecanismos legales y en la población civil para impedir que, como sociedad, sigamos matando a nuestras mujeres con nuestro silencio. De otra manera, las mujeres seguirán siendo blanco militar de los grupos armados, legales e ilegales, y la muerte, la tortura y la esclavitud sexual seguirán siendo ignoradas, permitiendo que los perpetradores de este tipo de actos aberrantes cuenten con la complicidad del silencio.
En Colombia, la violación de mujeres es muy alta y, según estudios llevados a cabo por Profamilia, los que ejercen mayor violencia sexual como práctica sistemática son los paramilitares, seguidos por las fuerzas militares y policiales, y por la guerrilla. El motivo: infundir temor, callar, desplazar, obtener información, usurpar las tierras de los campesinos y miles de motivos que transforman a las mujeres en blanco y botín de guerra, atentando contra su dignidad y sus derechos humanos. En el caso colombiano, al igual que en el de los demás países en los que se presentan feminicidios, son abusados sexualmente niños y niñas: nuestro futuro, reflejado en la infancia, al igual que las mujeres se ha convertido en un blanco militar.
Es difícil tener cifras exactas de los casos de abuso sexual en el conflicto armado de Colombia, pero, según la periodista Jineth Bedoya, hay entre 12.000 y 14.000 casos de violaciones, aunque estas cifras podrían ser mayores, puesto que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias de parte de sus victimarios y otras son asesinadas. Sólo el 9% de las mujeres violadas denuncia: la razón, además del temor, es la ausencia de mecanismos de protección y apoyo por parte del Estado, puesto que no hay abogados de oficio que se encarguen de los casos ni de interés de las autoridades en abrir investigaciones, así como personal especializado en tratar dichos casos.
Según el informe realizado por Oxfam, de 183 mujeres que testificaron agresiones sexuales sobre ellas, desde 1993 hasta 2009, se pudo determinar que el 58% fueron abusadas por paramilitares, el 23% por la Fuerza Públicas, el 8% por la guerrilla y del 11% se desconoce quién fue el victimario.
Pero no sólo en Colombia se han presentado dichas atrocidades en contra de las mujeres; la violencia sexual ha hecho víctimas a mujeres europeas en la guerra de los Balcanes, mujeres africanas en Ruanda sufrieron las mismas vejaciones y, en Centroamérica, países como Guatemala y México han tenido que afrontar el mismo problema. La vulneración continuada de los derechos de las mujeres en estos países ha demostrado al mundo que, en guerras y situaciones de conflicto, el uso de la violencia sexual es un método de terror que se enquista en la sociedad y se reproduce en la cultura de los países que la sufren.
En los casos de violación que se presentan en el país, muchos terminan en la muerte y, aún así, las autoridades colombianas se niegan a hablar de que existe una práctica sistemática de violación y muerte de mujeres, negando que en el país se practique el feminicidio y, a su vez, la posibilidad de evitar que más mujeres sean sacadas a la fuerza por grupos legales o ilegales de sus casas para ser torturadas, violadas y después asesinadas y enterradas en fosas.
Esta vulneración a los derechos humanos de nuestras mujeres, y de nuestros niños y niñas, tiene efectos psicológicos en las víctimas y en la sociedad que, de forma pasiva, permite que ocurran. De esta manera, las víctimas de este tipo de prácticas vuelven a ser víctimas, en primera instancia, por la falta de atención de las autoridades y, después, por la falta de atención médica y psicológica. Las mujeres, niñas y niños sufren maltratos infrahumanos, torturas físicas, mutilaciones en su cuerpo y, en muchos casos, les son contagiadas enfermedades de transmisión sexual como el VIH, además de presentarse un alto número de embarazos no deseados.
La violencia sexual en el conflicto armado colombiano es compleja. A las violaciones se suman las mutilaciones sexuales y otras prácticas a las que se ven sometidas las mujeres en Colombia. Profamilia propone cuatro contextos para que se dé una violación: el primero es por ataque, que se da cuando se violan mujeres para causar miedo y someter a la población, usándolas como ejemplo de poder; el segundo es por privación de la libertad o por secuestro; el tercero es por ocupación, cuando se invaden terrenos por los que transitan otros grupos armados y se da la esclavitud sexual que, en muchos casos, termina en la muerte; y la cuarta es la violación en las filas de esos grupos, donde se presenta en algunos casos la planificación o el aborto forzado, dependiendo de la importancia del padre en las filas del grupo armado.
Colombia tiene formas jurídicas para garantizar los derechos de las mujeres como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1982), el Protocolo Adicional II de la Convención de Ginebra (1994), la Convención de Derechos Humanos de Viena (1993) y la Convención de Belén do Pará (ratificada en 1996). Por otra parte, en el escenario del conflicto armado, el nuevo Código Penal, en su Título II, tipifica los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH, incluyendo la personalización de distintas modalidades de violencia sexual. Sin embargo, esto no es suficiente para que las mujeres no sean abusadas sexualmente en medio de la guerra colombiana y tampoco garantiza que se respeten los derechos de las mujeres.
Es necesario que en Colombia se aborde el tema desde la sociedad civil y en el Congreso. Hasta que no se acepte que existen feminicidios no se crearán mecanismos legales y en la población civil para impedir que, como sociedad, sigamos matando a nuestras mujeres con nuestro silencio. De otra manera, las mujeres seguirán siendo blanco militar de los grupos armados, legales e ilegales, y la muerte, la tortura y la esclavitud sexual seguirán siendo ignoradas, permitiendo que los perpetradores de este tipo de actos aberrantes cuenten con la complicidad del silencio.
EL TURBION
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