Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Llamar la atención de los periodistas o distraer a los medios masivos es relativamente fácil, especialmente cuando la persona que maneja las agendas mediática y política es el Presidente de la República.
Apenas se estaban discutiendo los alcances de los decretos de la ‘emergencia social’, cuando el anuncio presidencial de conformar una red de sapos con estudiantes universitarios a cambio de 100 mil pesos mensuales, clausuró un tema, un asunto público sensible, que podría servir para que los afectos a Uribe entiendan de una vez por todas que la defensa del gran capital que agencia Uribe, afectará la calidad de vida de millones de colombianos, entre los cuales, están varios millones de ciudadanos afectos al Presidente.
En la Casa de Nariño y en el ‘Ministerio de la Propaganda’ reconocieron el riesgo que para la eventual reelección de Uribe (vía votación del Referendo) generaría la discusión pública que se venía dando en varios medios masivos, alrededor de los decretos que en materia de salud, el Gobierno había expedido dizque para conjurar la crisis del sistema de aseguramiento.
Por ello, de manera hábil, y con la complicidad de periodistas radiales y de la gran prensa escrita, insertos en la inercia mediática, el Presidente lanzó la propuesta de reclutar universitarios para que señalen, informen y hagan parte de tareas de la fuerza pública, a cambio de 100 mil pesos mensuales, dizque para conjurar la violencia que se vive especialmente en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, entre otras.
Es decir, el administrador, el capataz de la finca llamada Colombia, decide que los asociados al Estado (en adelante se llamarán agregados), ahora deberán dejar su condición de civiles para volverse actores del conflicto, a cambio de 100 mil pesos.
En regímenes despóticos como Cuba y Venezuela se conforman células revolucionarias o comités de defensa, que sirven para violentar las libertades de conciencia y de expresión y por esa vía, conculcar los derechos humanos en materia grave de aquellos que no comulgan con las políticas de Gobierno, señalados previamente como detractores, enemigos, terroristas o ideólogos de modelos de país contrarios a los propuestos por los dictadores de aquellos países. Es decir, la política de vigilar y castigar. ¿Será que eso es lo que pretende lograr el Presidente Uribe con la peligrosa propuesta?
Con los informantes-estudiantes se borra de un tajo el sentido de la ciudadanía y se pierde la condición de civil, en un escenario de cooptación en el que se pondrá en riesgo la vida de los universitarios que decidan aceptar semejante iniciativa.
Pero más allá de la propuesta, lo que se pone de presente es la manipulación mediática de un Gobierno experto en lanzar cortinas de humo, para tapar los malos manejos de los recursos públicos y hacer olvidar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública, pero especialmente para evitar que las audiencias conozcan que los decretos firmados por el Gobierno lo único que buscan en evitar que las EPS presten un mejor servicio a los colombianos.
En el escenario despótico que ha ido poco a poco consolidando el Presidente, los medios de comunicación y los líderes de opinión tienen una gran responsabilidad, en la medida en que se han dejado llevar por la inercia periodística, que apoyada en maniqueos valores/noticia, le siguen facilitando las cosas al Gobierno de Uribe.
No hay en los medios de comunicación una actitud de seguimiento y vigilancia permanente de los asuntos de Gobierno. Cada que el Presidente habla, medios y periodistas corren a registrar lo dicho y lo hecho, en una decisión periodística y editorial que facilita las cortinas de humo, y hace que medios y periodistas sean cómplices de la confusión de las audiencias, incapaces de relacionar y de cruzar hechos, en aras de reconocer, con claridad, las verdaderas intenciones y el modelo económico que se esconden detrás de medidas como los decretos de la emergencia social y la anunciada propuesta de meter en el conflicto a estudiantes universitarios.
Sea o no una nueva cortina de humo, el solo hecho de pensar en convertir a estudiantes universitarios en sapos, en actores del conflicto, representa un involución en el régimen democrático y constitucional, en lo que corresponde a libertades y derechos.
Se hace necesario, en las actuales circunstancias políticas, un ejercicio inteligente de la prensa. De lo contrario, serán responsables de los giros involutivos que en materia constitucional y democrática, está dando el país con un gobierno como el de Uribe.
Llamar la atención de los periodistas o distraer a los medios masivos es relativamente fácil, especialmente cuando la persona que maneja las agendas mediática y política es el Presidente de la República.
Apenas se estaban discutiendo los alcances de los decretos de la ‘emergencia social’, cuando el anuncio presidencial de conformar una red de sapos con estudiantes universitarios a cambio de 100 mil pesos mensuales, clausuró un tema, un asunto público sensible, que podría servir para que los afectos a Uribe entiendan de una vez por todas que la defensa del gran capital que agencia Uribe, afectará la calidad de vida de millones de colombianos, entre los cuales, están varios millones de ciudadanos afectos al Presidente.
En la Casa de Nariño y en el ‘Ministerio de la Propaganda’ reconocieron el riesgo que para la eventual reelección de Uribe (vía votación del Referendo) generaría la discusión pública que se venía dando en varios medios masivos, alrededor de los decretos que en materia de salud, el Gobierno había expedido dizque para conjurar la crisis del sistema de aseguramiento.
Por ello, de manera hábil, y con la complicidad de periodistas radiales y de la gran prensa escrita, insertos en la inercia mediática, el Presidente lanzó la propuesta de reclutar universitarios para que señalen, informen y hagan parte de tareas de la fuerza pública, a cambio de 100 mil pesos mensuales, dizque para conjurar la violencia que se vive especialmente en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, entre otras.
Es decir, el administrador, el capataz de la finca llamada Colombia, decide que los asociados al Estado (en adelante se llamarán agregados), ahora deberán dejar su condición de civiles para volverse actores del conflicto, a cambio de 100 mil pesos.
En regímenes despóticos como Cuba y Venezuela se conforman células revolucionarias o comités de defensa, que sirven para violentar las libertades de conciencia y de expresión y por esa vía, conculcar los derechos humanos en materia grave de aquellos que no comulgan con las políticas de Gobierno, señalados previamente como detractores, enemigos, terroristas o ideólogos de modelos de país contrarios a los propuestos por los dictadores de aquellos países. Es decir, la política de vigilar y castigar. ¿Será que eso es lo que pretende lograr el Presidente Uribe con la peligrosa propuesta?
Con los informantes-estudiantes se borra de un tajo el sentido de la ciudadanía y se pierde la condición de civil, en un escenario de cooptación en el que se pondrá en riesgo la vida de los universitarios que decidan aceptar semejante iniciativa.
Pero más allá de la propuesta, lo que se pone de presente es la manipulación mediática de un Gobierno experto en lanzar cortinas de humo, para tapar los malos manejos de los recursos públicos y hacer olvidar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública, pero especialmente para evitar que las audiencias conozcan que los decretos firmados por el Gobierno lo único que buscan en evitar que las EPS presten un mejor servicio a los colombianos.
En el escenario despótico que ha ido poco a poco consolidando el Presidente, los medios de comunicación y los líderes de opinión tienen una gran responsabilidad, en la medida en que se han dejado llevar por la inercia periodística, que apoyada en maniqueos valores/noticia, le siguen facilitando las cosas al Gobierno de Uribe.
No hay en los medios de comunicación una actitud de seguimiento y vigilancia permanente de los asuntos de Gobierno. Cada que el Presidente habla, medios y periodistas corren a registrar lo dicho y lo hecho, en una decisión periodística y editorial que facilita las cortinas de humo, y hace que medios y periodistas sean cómplices de la confusión de las audiencias, incapaces de relacionar y de cruzar hechos, en aras de reconocer, con claridad, las verdaderas intenciones y el modelo económico que se esconden detrás de medidas como los decretos de la emergencia social y la anunciada propuesta de meter en el conflicto a estudiantes universitarios.
Sea o no una nueva cortina de humo, el solo hecho de pensar en convertir a estudiantes universitarios en sapos, en actores del conflicto, representa un involución en el régimen democrático y constitucional, en lo que corresponde a libertades y derechos.
Se hace necesario, en las actuales circunstancias políticas, un ejercicio inteligente de la prensa. De lo contrario, serán responsables de los giros involutivos que en materia constitucional y democrática, está dando el país con un gobierno como el de Uribe.
No hay comentarios:
Publicar un comentario