CON LOS DINEROS PÚBLICOS NO SE JUEGA, EL CONTROL DEBE ROMPER SU SILENCIO.

MOVIMIENTO CÍVICODE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA

BOLETÍN DE PRENSA

CON LOS DINEROS PÚBLICOS NO SE JUEGA, EL CONTROL DEBE ROMPER SU SILENCIO.

Es inaudito y es escandaloso: a los ciudadanos y a los medios de comunicación se les dijo, que Millicom le entregaría al Municipio de Medellín una prima de manejo por 1.4 billones, por el control de UNE, pero la respuesta que le entregó el Gerente General de EPM, al Concejal  MIGUEL QUINTERO CALLE, el día 29 de septiembre de 2013, resulta desconcertante: Pregunta  2. “Me informe cuando fueron transferidos los $1.4 billones y los 23.000 millones por parte de MILLICOM al Municipio de Medellín.

Respuesta: “Como aclaración se debe tener en cuenta que Millicom Spain Cable S.L. no realizó ninguna transferencia de dinero al Municipio de Medellín producto de la fusión con UNE.”

La grave denuncia que estamos presentando, no es producto de la imaginación sino el resultado de una investigación paciente y juiciosa. Veamos por ejemplo: en un comienzo se informó que los 1.4 billones se iban a pagar por cuotas y que ya habían entregado 218.000 millones, y resulta que esta transacción nada tiene que ver con la fusión UNE Millicom Spain Cable S.L. Posteriormente se informó que los 1.4 billones ya habían sido entregados,  y el Gerente General de EPM dice que esa plata no ha entrado al Municipio.

Pero ahí no para el asunto, UNE en el 2012 tenía unas demandas contra terceros por $599 mil millones de pesos, las cuales no fueron tenidas en cuenta en el proceso de fusión, pero que si se ganan a Millicom le corresponde la mitad porque los dineros los recibiría la compañía fusionada. En cambio los 179 millones de Colombia Móvil por la renovación de la licencia de 40 MHz, los  dejaron por fuera.

Esto es apenas un abre bocas del resultado de la investigación que hemos adelantado, y que no dudamos en calificar en que lo de Medellín es más grave que el carrusel de la contratación en Bogotá, pues aquí  está claro el peculado en favor de terceros, por lo que públicamente le solicitamos al señor Contralor General de Medellín, pare el proceso de entrega de UNE a Millicom a cambio de nada, y que de no hacerlo lo denunciaremos penalmente ante la Fiscalía, por omisión y prevaricato.

Ante el muro de silencio que se ha construido para proteger a los responsables de estos graves hechos, les solicitamos a todos nuestros amigos que nos ayuden a replicar esta denuncia por todas las redes sociales.

De la comunidad y los trabajadores, en general, 

Atentamente,

  

GONZALO ÁLVAREZ HENAO                                                               JESÚS MARÍA LÓPEZ VELÁSQUEZ

Presidente                                                                                                Presidente

Movimiento Cívico de Medellín                                                                UNIGEEP

Y El Área Metropolitana                                                                           Unión Sindical Grupo Empresarial EPM

LA PRENSA Y EL GENERAL ALZATE

Periodistas sin contexto, sin antecedentes, sin criterio y sujetos al 'síndrome de la chiva', no son aptos para cubrir un proceso de paz[1].

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El lenguaje periodístico-noticioso es un arma ideológica y política que medios y periodistas usan para coadyuvar a la consolidación del Establecimiento. Ese lenguaje no sólo tiene el respaldo de la cultura hegemónica, sino que a diario se legitima por la acción informativa que la prensa hace sobre unas audiencias poco preparadas para discutir asuntos públicos.

Se puede decir, con meridiana certeza, que ese lenguaje es universal[2], por lo menos para Occidente. El lenguaje periodístico-noticioso suele guiarse y expresarse a través de unos criterios de noticiabilidad que devienen, también, universales. Nadie les discute a los periodistas qué es noticia y cuáles hechos pueden o no elevarse al estatus de noticia. Esos criterios suelen ser su camisa de fuerza y guía para poder cumplir con la labor de informar a una sociedad mediatizada.  

La espectacularidad y el morbo son elementos que hacen parte sustantiva de ese lenguaje periodístico-noticioso que, convertido en arma ideológica y política, sirve para deslegitimar, subvaloar y/o ocultar  cualquier expresión, práctica cultural, o proyecto político que justamente vaya en contravía de lo establecido. Así entonces, los medios de comunicación y los periodistas, al usar a diario el lenguaje periodístico-noticioso para nombrar y cubrir hechos de especial relevancia o importancia pública, lo que hacen es defender la cultura hegemónica y el Establecimiento. Sobre y desde dichas circunstancias siempre ha operado el periodismo colombiano, en especial en lo que tiene que ver con el cubrimiento del conflicto armado interno.

La pretendida universalidad[3] de los criterios de noticia y del lenguaje periodístico-noticioso es el soporte con el que  medios y periodistas vienen cubriendo el conflicto armado interno desde los años 60.  No se puede desconocer que en anteriores periodos hubo mayor pluralidad informativa. El periodismo colombiano logró cubrir los hechos de la guerra irregular con cierto rigor, desde la perspectiva de contrastar las versiones castrenses con la de otras fuentes (académicos y voceros de las guerrillas). Recuérdese que en los años 80 y 90 existió un  número importante de noticieros de televisión que de alguna manera aseguraban pluralidad informativa. Claro, se trataba de empresas periodísticas ancladas a poderes políticos partidistas y poderosas familias.

Pero hoy, cuando las empresas mediáticas pertenecen a poderosos conglomerados económicos, no se puede hablar de pluralidad informativa en estricto sentido. Por el contrario, lo que subsiste hoy en Colombia es una suerte de unanimismo[4] ideológico, político y mediático, del que la prensa y el periodismo en general son responsables por la aplicación de unos criterios de noticiabilidad y de un lenguaje periodístico-noticioso contaminado, comprometido y acomodaticio.

El caso del Gral Alzate

Ejemplo de lo anterior es el tratamiento periodístico-noticioso dado por la gran prensa nacional al “secuestro”, “detención” o “apresamiento” del General Alzate Mora y de quienes lo acompañaban en el momento de su “desaparición”: un suboficial y la abogada, Gloria Urrego.

Todo el tiempo la gran prensa nacional habla de secuestro, en especial los noticieros de televisión privados, RCN y Caracol. La prensa escrita, de igual manera, habla de que se trató de un secuestro perpetrado por las Farc. Hasta en La Luciérnaga se usa la misma categoría.

Sin estar aún claras las circunstancias en las que el alto oficial decidió desconocer los protocolos de seguridad y viajar vestido de civil a una zona de presencia guerrillera y paramilitar, la prensa colombiana insiste en que se trató de un secuestro. Y más aún, con el reconocimiento que la cúpula de las Farc hizo sobre la suerte del General y la de sus acompañantes. Las Farc lo exhiben como un prisionero de guerra, pero la prensa desconoce esa categoría, con el claro fin de afectar la credibilidad del proceso de paz de La Habana, de cara a la posibilidad de que lo acordado sea refrendado a través de un referendo. Es claro que la prensa nacional busca confundir a la opinión pública y hacer que a la hora de votar de los acuerdos, la balanza se incline hacia la opción No aprobar.  

Así entonces, están las audiencias y los colombianos en general ante dos discursos. De un lado, el discurso oficial que señala que el General fue secuestrado. Esa versión es recogida sin ambages por el lenguaje periodístico-noticioso, lo que de inmediato produce una fusión discursiva[5] que convierte al lenguaje mediático en un arma ideológica y política de gran poder.  Y del otro lado, aparece el discurso de las Farc, que como actor político armado, asume que dentro de la lógica de un conflicto armado interno y en el marco de unas negociaciones que se pactaron en medio de las hostilidades, el enemigo debe y puede ser herido o  muerto en combate, o hecho prisionero.  La discusión técnica y jurídica deviene confusa cuando las dinámicas de las confrontaciones superan las valoraciones y las prescripciones de normas internacionales  y protocolos, como el II, que se aplicaría para el caso colombiano.

Más allá de esas normas, y en el contexto de un conflicto degradado en el que los actores armados no respetan la normatividad internacional (DIH), tanto el lenguaje de las Farc, como el de las Fuerzas Armadas, devienen legítimos. Y así debería de asumirlos la gran prensa nacional.

El problema radica cuando los medios masivos, el periodismo y un gran número de periodistas asumen como propio y único lenguaje válido, el que se emite desde las huestes castrenses. Cuando ello sucede, entonces la prensa y el lenguaje periodístico-noticioso se convierten en armas ideológicas y políticas al servicio de quienes defienden a dentelladas un orden político y económico cuya legitimidad viene siendo cuestionada y atacada sus estructuras de poder,  por quienes hoy creen que es posible, a través de los diálogos de paz,  modificar ese orden con el fin de hacerlo más justo e incluyente.

Con todo lo anterior, y con la posibilidad de que se dé una pronta liberación o “devolución” de los militares y la abogada, bien se podría pensar en la conformación de un grupo de periodistas, nacionales y extranjeros, que cubra el hecho político, humanitario y periodístico desde una perspectiva informativa que reconozca la validez de los discursos de los “guerreros” y pueda, de esa manera, entregar a las audiencias una información aséptica o quizás menos tendenciosa. Ello, de cara a minimizar la pérdida de confianza de la ciudadanía en el proceso. Confianza que se necesitará para el día en que se los colombianos debamos votar por la refrendación de lo que se acuerde en La Habana entre la cúpula de las Farc y el Gobierno de Santos.

Varios aforismos para pensar:

1. No olvidemos que los medios masivos son actores políticos y económicos, de allí que debamos siempre dudar de lo que dicen.
2. Cuando el periodismo no está de lado de los débiles, pero sí al servicio de los poderosos, se transforma en ideología.
3.  Opinión pública acrítica, ahistórica e incapaz de comprender qué pasa, es fruto de las unidades de negocio en donde hoy se hace periodismo.
4. Cuando el periodista admira o siente un desmesurado respeto por una fuente, allí muere el reportero y nace un estafeta.
5. Nos preocupamos por la manera como informan los medios, cuando lo que debemos hacer es enseñar a las audiencias a consumir la información.
6. Concibo al periodista como un intelectual. Aquel que se apega a la técnica del oficio, jamás lo será.
7. En los tratamientos periodístico-noticiosos de la prensa es posible entrever cuán enferma están la sociedad y sus periodistas.
8. Cuando un Gobierno no compra a la prensa con pauta publicitaria, la convierte en el más peligroso actor político.

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[1] www.laotratribuna1.blogspot.com

[2] Véase http://laotratribuna1.blogspot.com/2009/06/de-los-hechos-noticiables-los-hechos.html

[3] Véase http://laotratribuna1.blogspot.com/2012/04/hechos-noticiosos-universales.html

[4] Véase el estudio publicado: De la democracia radical al unanimismo ideológico, medios y seguridad democrática. UAO, 2006.

[5] Véase http://laotratribuna1.blogspot.com/2009/07/el-discurso-tambien-juega-la-hora-de.html

BOLETÍN DE PRENSA: MOVIMIENTO CÍVICO DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA

MILLICOM CON UNA EMPRESA FACHADA DE UN CAPITAL DE 20 MIL EUROS Y UN OBJETO SOCIAL DISTINTO AL DE LAS TELECOMUNICACIONES, SE APODERÓ DE  UNE

 

Esto es como para Ripley, Millicom fusiónó una empresa  de garaje constituida en julio de 2013. Esto es, dos meses después de aprobado el Acuerdo 17 de 2013. El capital social de la flamante empresa es de 20 mil euros, que convertidos a pesos colombianos son $ 49.472.779, con  un objeto social distinto al de las telecomunicaciones, como quiera que su principal actividad, es: “La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de sociedades  y otras entidades, sean éstas residentes o no en territorio español”. Dejando íntegra a COLOMBIA MÓVIL - TIGO.

 

Este es un negocio redondo para Millicom: dueño del 49.9999% de la propiedad de UNE EPM Telecomunicaciones, y sólo tuvo que poner  20 mil euros más 1.4 billones, los que va a pagar por cuotas con las mismas utilidades de UNE; y quedó con la presidencia y la mayoría en la junta directiva de la nueva empresa. Mientras COLOMBIA MÓVIL TIGO  sigue prestando los servicios de telecomunicaciones de manera independiente, habida cuenta que no se integró a UNE, ni se disolvió. No obstante la Superintendencia de Industria y Comercio, haber aprobado la fusión UNE-COLOMVIA MÓVIL – TIGO.

 

En la parte resolutiva de la Resolución 24527 de 2014, se dispuso:

 

(…)   RESUELVE:

 

“ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la fusión por absorción entre UNE y COLOMBIA MÓVIL – TIGO en los términos descritos en el considerando SEGUNDO de esta resolución, sujeto al cumplimiento del condicionamiento previsto en el considerando DECIMO OCTAVO de esta Resolución”. MILLICOM no puede dejar por fuera de esta fusión, a COLOMBIA MÓVIL –TIGO.

 

Para respaldar esta denuncia, citaremos la parte pertinente de  la escritura N° 2471 del 14 de agosto de 2014, de la Notaría (26) de Medellín, tal como aparece en el certificado de existencia de la Cámara de Comercio de Medellín: “Por la cual se solemniza el acuerdo de fusión entre las sociedades UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A. (365172-4) como Absorbente y la sociedad  MILLICOM SPAIN CABLE S.L (ABSORBIDA) (Domiciliada) en España), la cual se disuelve sin liquidarse”. ¡Cómo la iban a liquidar, sino posee nada!

 

COLOMBIA MÓVIL- TIGO  se tiene que disolver e integrarse a UNE ¿O que nos digan el Gerente General de EMP y el Doctor Iriarte, si UNE fue vendida por  1.4 billones? No se puede hablar de una potente empresa de telecomunicaciones, cuando UNE se fusionó con una criatura minusválida y de otra especie.

 

 

 

GONZALO ÁLVAREZ HENAO                                                                JESÚS MARÍA  LÓPEZ VELÁSQUEZ

Presidente                                                                                                 Presidente, UNIGEEP

MOVIMIENTO CÍVICO DE MEDELLÍN                                                     UNIÓN SINDICAL GRUPO

Y EL ÁREA METROPOLITANA                                                                EMPRESARIAL EPM

TENER O TENER, ESA ES LA CUESTIÓN

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. 

Colombia arrastra la ‘maldición’ de ser un país biodiverso mal administrado por sucesivos gobiernos, que con débiles instituciones y un torpe centralismo, pretenden dar cuenta de un desarrollo sostenible en medio de la aplicación de prácticas extractivistas que no respetan límites de resiliencia.

Tendría Colombia todo para ser una ‘potencia’ dicen muchos; otros menos ambiciosos dicen que con toda la riqueza y con la creatividad de su gente podría por lo menos ofrecer condiciones de vida digna para todos sus nacionales. Pero la verdad es que el país, como orden social y político avanza en medio de enormes dificultades que hacen imposible que lleguemos a elevarnos como ‘potencia’ y logre garantizar una vida digna para todos sus nacionales. Y es así porque no existe una mínima claridad en torno a nomenclaturas como autonomía, soberanía, solidaridad y reconocimiento del otro, entre otros elementos claves.  

La responsabilidad recae en muchos actores y factores. Podría decirse, por ejemplo, que el país no rompió del todo con su pasado colonial. Jamás hubo una revolución política y mucho menos cultural que permitiera romper con un pasado de dominación que parece haber dejado profundas secuelas en las formas como los colombianos se representan lo público, lo estatal y lo privado.

También se indica que sus élites han sido incapaces de liderar procesos civilizatorios y coadyuvar a la  consolidación de un proyecto de Nación incluyente. De igual manera, hay que señalar a la ignorancia supina de millones de sus nacionales y la pobreza material e inmaterial de otros tantos, como circunstancias que impiden que Colombia haya superado no sólo el conflicto armado interno, sino la pobreza urbana y rural, cada vez más visible y difícil de superar. Al final es claro que subsisten factores, actores y circunstancias contextuales que han impedido la consolidación del Estado como un orden social y político viable social, política, cultural y ambientalmente.

Pero con todo y los problemas, el orden social se mantiene y se reproduce porque las relaciones de dominación y de poder tienen un fuerte arraigo en la cultura y esa cultura se legitima por la acción u omisión del Estado, sin olvidar que existe un diseño constitucional que asegura unos mínimos de sostenibilidad para ese orden social y político.

Se suele explicar y justificar la existencia del conflicto armado interno y las múltiples expresiones de violencia urbana por la pobreza estructural y coyuntural de millones de colombianos. Pobreza que suele enfrentarse con políticas asistenciales que poco o nada logran modificar los índices de pobreza (NBI), al tiempo que los gobiernos neoliberales logran concentra más la riqueza en el sistema financiero y en algunas reducidas familias. Pablo Dávalos considera que “para el capitalismo los pobres son fundamentales, son el engranaje que aceita sus relaciones de poder. Son la heurística de la escasez. Nunca se trató de aliviar ni mitigar la pobreza, se trató, en realidad, de ejercer el poder en condiciones  de hegemonía que permitan cerrar la historia a las propuestas alternativas  y emancipatorias…”[1]

Así, la lucha contra la pobreza es histórica. Y en medio de esa aparente lucha, parece que las organizaciones financieras, políticas y ONG de carácter  internacional olvidan que la pobreza se produce y se reproduce gracias al capitalismo. Pablo Dávalos señala que “…  lo que no se dice es que la pobreza es inherente al mismo desarrollo del capitalismo y que los proyectos que financia en Banco Mundial no solo que provocan  más pobreza sino que apelan a la violencia para sostenerla y en aquellos lugares en los que interviene las sociedades quedan fracturadas de manera irremisible y los conflictos sociales se agudizan y exacerban”[2].

Sin duda, la lucha contra la pobreza no sólo es aparente, sino que deviene contradictoria y profundamente inocua porque hay un sistema que la produce y la reproduce. Poderoso sistema económico, nacional e internacional que ha logrado descentrar la política, restándole así poder a la lucha social, a los movimientos sociales y a los sectores opositores al modelo económico neoliberal.

Resulta contradictoria la lucha contra la pobreza cuando se diseñan y se implementan  políticas públicas como Familias en Acción (Plan Colombia), que llevaron a que madres receptoras de los subsidios recomendaran a sus hijas adolescentes embarazarse para que recibieran el dinero estatal. Sin duda, estamos ante una política pública contradictoria que termina por reproducir la pobreza con la anuencia del Estado.

La responsabilidad de este tipo de iniciativas gubernamentales no sólo recae en los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos, sino en los partidos políticos y en la sociedad misma. En particular en los partidos de izquierda que deben trabajar en la educación y en el cambio cultural de los más necesitados, en lugar de convertirlos en objetos a conquistar con subsidios y acciones paliativas que no confrontan el problema estructural de un sistema económico que segrega y reproduce la pobreza y la miseria.

Es allí en donde deben trabajar la Iglesia Católica, los partidos de izquierda y las ONG, entre otros actores. Es decir, educar, mejorar procesos civilizatorios y un cambio cultural que permita a todos los ciudadanos repensar sus vidas más allá de las ‘presiones’ que ejerce la sociedad sobre mujeres y hombres en el sentido en que deben reproducirse, sin revisar las condiciones económicas y de capital social acumulado para enfrentar el reto de ser padres.

Pero volvamos a ese omnímodo poder económico que produce y reproduce la pobreza.  La pregunta es: ¿Cómo enfrentarlo? Existe una forma aún no explorada para enfrentarlo, desde la perspectiva ciudadana y de los movimientos sociales. Se trata de una circunstancia que bien cabe dentro de lo que se conoce como biopoder, pero direccionado desde las huestes sociales. Hablo de la reproducción humana como elemento de un biopoder que se opone al poder económico y financiero que reproduce la pobreza.

De cara a enfrentar los efectos nocivos que dejan el mercado, la globalización económica, el capital financiero y sus agentes internacionales y locales en la condición humana,  un camino posible para enfrentar no sólo la pobreza, sino el empobrecimiento de la experiencia de la vida anclada como nunca al poder del dinero, del mercado y del consumo, es frenar el nacimiento de seres humanos, especialmente en aquellas comunidades urbanas[3] frágiles, vulnerables y pobres que viven del asistencialismo estatal y de la mirada y las acciones lastimeras de la Iglesia Católica, de ONG y de ciudadanos acomodados económicamente que desean exculparse haciendo obras benéficas. Y no se trata de imponer el control de la natalidad. Hablo de auto deliberación, de autoconciencia. Cada ciudadano debería ser capaz de discutir si quiere o no, si realmente puede o no garantizar una vida digna para los hijos que piensa tener.

Insisto en que reproducirse debe ser un factor político clave en el marco de una concepción distinta del biopoder. Y ese poder está especialmente concentrado en las mujeres y en su capacidad para manejar y disponer de sus cuerpos. Mujeres empoderadas social, política y económicamente pueden resultar decisivas para modificar sustancialmente los imaginarios y las representaciones sociales que circulan frente a la ‘obligatoriedad’ de ser madres. Tener o no tener hijos es hoy un asunto de indiscutible valor ético-político.

Nota: Publicado en www.programalallave.com  

http://www.programalallave.com/opinion.php?titulo=TENER%20O%20TENER,%20ESA%20ES%20LA%20CUESTI%C3%93N&autor=GERM%C3%81N%20AYALA

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[1] Dávalos, Pablo. La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina. Colección del Congreso de los Pueblos. Ediciones Desde Abajo. p. 106

[2] Dávalos, Pablo. La democracia disciplinaria. p. 27.

[3] Las comunidades indígenas deben reproducirse porque son minoría y deben garantizar su permanencia en tanto sus proyectos de vida confrontan el modelo de vida basado en la acumulación económica.