EL CASO SANTOYO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los confesos vínculos del general ( r ) de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo Velasco con los paramilitares, ante la justicia de los Estados Unidos, reconfirman un hecho que parece que no escandaliza a la opinión pública y al grueso de los colombianos: la penetración y cooptación del Estado por parte del paramilitarismo, a través de una fina red de relaciones de poder e intereses, entre oficiales de alta graduación de las fuerzas armadas, líderes paramilitares, políticos y clase dirigente empresarial.

Es posible que en las próximas revelaciones que el ex oficial haga ante los jueces norteamericanos se entreguen algunos nombres de otros oficiales y es posible que de políticos que usaron el poder político para poner el Estado al servicio de la empresa criminal más eficiente y criminal, puesta en marcha en Colombia, por sectores de extrema derecha (educada), enquistados en visibles organizaciones de la sociedad civil. 

El caso Santoyo sirve, además, para legitimar y extremar el tutelaje político y judicial de los Estados Unidos, frente a un Estado que, como el colombiano, apenas si logra mantener condiciones mínimas de operación a sus poderes públicos, en especial al poder judicial. Es vergonzoso que en Colombia no haya investigación alguna contra el alto oficial por los hechos confesados y que de manera tardía se inicien investigaciones alrededor de propiedades y bienes del hoy confeso criminal, para someterlas a extinción de dominio.

Como Santoyo, existe una lista de altos oficiales de las fuerzas armadas con presuntos o probados vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Baste con recordar a los generales del ejército, Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uscátegui y Farouk Yanine Díaz, procesados por sus presuntos o probados nexos con paramilitares y la participación de prácticas genocidas.

Si bien no podemos asegurar que se trata de una política oficial, si podemos decir que hubo prácticas sistemáticas que hacen pensar que el proyecto de Estado y de nación que imaginaron los paramilitares y sus colaboradores, tuvo amplia aceptación en sectores destacados de las filas castrenses. 

Lo confesado por Santoyo Velasco y los probados casos de otros oficiales de las fuerzas armadas confirman que el fenómeno paramilitar se sirvió de congresistas, gobernantes regionales y locales y miembros de las fuerzas armadas, para ejecutar los planes operativos, económicos y políticos de las AUC, que compartían sectores poderosos de la sociedad civil.

Pero el asunto no puede quedar en el establecimiento y el señalamiento de funcionarios que se pusieron al servicio de un grupo al margen de la ley. Por el contrario, el país debe conocer las finas redes criminales y clientelares con las que sectores poderosos de la sociedad civil se sirvieron de los paramilitares, para cooptar la institucionalidad estatal y varias instituciones del Estado y ponerlas al servicio de un proyecto político de extrema derecha, con el que pretendían desmontar el Estado social de derecho y en general el ordenamiento jurídico, político y constitucional logrado en 1991.

Gracias al trabajo de  profesores, académicos e  investigadores, ya el país conoce algunas de las redes y las formas de operación de ese proyecto de país que buscaron implementar políticos, militares, empresarios, ganaderos, periodistas y élites regionales, entre otros.  Pero aún faltan piezas de esas finas redes de poder establecidas por quienes desde instancias gubernamentales de diverso nivel y con la anuencia de actores de una sociedad civil que de tiempo atrás sostiene una relación patrimonial con el Estado, permitieron que dentro del orden establecido se inocularan los valores no democráticos y criminales de las AUC.

Ojalá el caso Santoyo Velasco sirva para que los colombianos comprendan bien qué buscaban los paramilitares y sus animadores ubicados estratégicamente en el Estado y en la sociedad civil.

Un proyecto de nación supuestamente soportado en la lucha antisubversiva, pero que en verdad ofrecía una idea de Estado y de orden social, político, económico y cultural con específicas características, que mantiene vigencia en grupos y movimientos políticos y en la seudo ideología uribista.

“… el histórico rechazo a la acción guerrillera sirvió de puente axiológico para legitimar las acciones y prácticas de un proyecto neoconservador agenciado y aupado por un conjunto de organizaciones, legales e ilegales, de fuerzas de poder local, regional y nacional (élites económicas y políticas), así como actores globales tales multinacionales, el sistema financiero nacional e internacional”.

El fenómeno paramilitar se podría concebir, entonces, como una estrategia de las élites para consolidar un modelo económico (neoliberal) y social, que con su expansión a zonas del territorio nacional donde el Estado históricamente ha estado ausente, propició procesos de exclusión y polarización social cada vez más fuertes. Un fenómeno que intensificó los procesos de confrontación, de expulsión de sus territorios de un número importante de colombianos y que tomó por mano propia acciones de justicia directa sobre los cuerpos de miles de personas. Sobre el valor contrainsurgente, aupado desde el Estado y desde actores de la sociedad civil, como los medios de comunicación, se sumaron intereses de disímiles grupos de presión nacionales e internacionales, que vieron en el fenómeno paramilitar la oportunidad para agenciar un proyecto político, ideológico, cultural, económico, social y agrario de gran envergadura, con asiento en un modelo económico extractivo y liberal, en el sentido en que se necesita menos Estado y más Mercado, concepción con especial arraigo en un proceso de globalización en el que lo más importante es la circulación libre del capital, socavándose las soberanías estatal y popular y generando prácticas clientelizadas de los ciudadanos”[1].

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[1] Ayala Osorio, Germán. Paramilitarismo en Colombia, más allá de un fenómeno de violencia política. Cali: UAO, Noviembre de 2011. ISBN 9789588713120.

LENGUAJE, TESTOSTERONA Y POLÍTICA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Como animal simbólico, el ser humano no sólo crea cultura, sino que se reproduce en ella, se hace histórico, le da sentido a su existencia y extiende en el tiempo su supremacía sobre la Naturaleza.

Con el habla el ser humano difunde, explica, da sentido y recrea prácticas, actividades y formas comportamentales que hacen parte de una o de unas culturas.

Boris Cyrulnik habla de un acontecimiento primordial que se explica en un hecho claro: el hombre está dotado de habla[1]. La capacidad se señalar con el dedo, por ejemplo, es un acto que ya enuncia esa capacidad humana que lo hace distinto de otros animales.

La política, parte fundamental de la cultura, es una ‘creación’ humana en tanto ésta guarda relación directa e indirecta con procesos históricos que exponen formas de dominación y de organización del poder. Con ella y desde la acción política, el ser humano busca condiciones de certidumbre frente a los desequilibrios que la propia naturaleza puede generar, o las propias inestabilidades forjadas por luchas de poder entre seres humanos, entre tipos específicos de organizaciones o  entre formas de gobierno o entre Estados.

En la actividad política y en general en todo el devenir humano, el lenguaje juega un papel fundamental en la medida en que con él no sólo nos representamos el mundo y los demás seres vivos y los entornos naturales, sino que a través de él se establecen ejercicios de poder y dominación que bien pueden llevar a demostraciones de fuerza, de poderío militar, político, social, económico, o servir como canal de expresión de líderes políticos que fundan su liderazgo en la potencia de sus actos de habla, así como en la debilidad mental y discursiva de quienes les siguen y en una empobrecida cultura política, circunstancias estas que viene siendo el contexto en donde dichos líderes actúan.

De igual manera, esos liderazgos suelen sostenerse en formas particulares (egos) de entender no sólo la política, sino lo público, y general, los asuntos de Estado. Líderes ególatras suelen reducir la política y el sentido público de ésta, así como los asuntos de Estado, a sus intereses, miedos, sentimientos y a una subjetividad femenina o masculina desde  donde esos líderes suelen expresarse.

En lo que corresponde a la subjetividad masculina, asociada o no al ejercicio de la política y a la política en tanto procedimientos y formas regladas, hay que decir que el mundo, en general, está diseñado y pensado desde y para una racionalidad masculina que hoy, cada vez más, se presenta tóxica[2], se torna enferma y enfermiza.

Esa misma racionalidad masculina, por tradición cultural, somete no sólo a la racionalidad femenina, que es mirada no como complemento, sino como opositora, sino a formas distintas desde las que otros hombres operan y asumen su masculinidad, por fuera, claro está, de la costumbre, de la usanza y de lo que la cultura señala como válido y legítimo.

La política quizás sea el ámbito humano en el que con mayor claridad se expone esa masculinidad tóxica que contamina lo público, violenta a los diferentes, impide el diálogo respetuoso y simétrico entra actores y discursos, entre seres humanos, entre hombres y mujeres.

Para la muestra hay dos botones de esas masculinidades enfermizas que actúan políticamente, y cuyos efectos nocivos resultan ser sistémicos.

Los liderazgos mesiánicos suelen ser un rasgo fundamental de esa racionalidad masculina que en política resulta nociva para el agenciamiento de asuntos públicos, el logro de entornos democráticos y la resolución pacífica de los conflictos, connaturales a la condición humana.   

Haré referencia a dos líderes políticos latinoamericanos que mantienen su vigencia gracias a un ejercicio mediático que se hace desde unos criterios de noticiabilidad que le hacen juego a esa tóxica masculinidad.  Hablo de Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010 y Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de Venezuela desde 1998, a la fecha.

Los enfrentamientos verbales de estos ególatras dejan entrever actos de habla contaminados por esa racionalidad masculina que se funda sobre la violencia, sobre el uso de la fuerza física, la amenaza, el matoneo y todo tipo de señalamientos propios de una testosterona que los visibiliza más que como seres humanos, como machos irascibles.

Al reducir los asuntos de la política al enfrentamiento hormonal, personajes como Uribe y Chávez dicen y se intercambian epítetos como sea varón, le faltaron cojones o le doy en la cara marica, con los que no sólo exhiben un carácter primitivo, cuasi salvaje, sino con los que pusieron en riesgo la estabilidad de la región, por un eventual enfrentamiento armado cuando fungía como Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Los actos de habla que se producen desde una subjetividad masculina enferma, que se soporta en una idea de dominación, tienen efectos perniciosos en la política, en el sentido de lo público y en las formas en las que deben transcurrir y resolverse los conflictos entre Estados, entre gobiernos o entre individuos.

En el largo periodo de Uribe estuvimos ad portas de una intervención militar de Colombia en territorio venezolano, tal y como sucedió con la incursión armada del Ejército colombiano en suelo ecuatoriano, en la que resultó asesinado el líder guerrillero, alias ‘Raúl Reyes’.

Es decir, el Estado colombiano pudo violar por segunda vez el ordenamiento jurídico internacional, tal y como sucedió con el operativo militar realizado en Angostura (Ecuador), por una decisión del entonces Jefe de Estado  y de Gobierno, que fundó y funda aún su discurso pacificador en actos ilocutivos y perlocutivos soportados en el metadiscurso del gran macho.

Justamente, cuando un Estado opera desde los impulsos hormonales de un individuo que buscó afanosamente el poder para vengar la muerte de su padre, que usó dicho poder para compensar puntos débiles de su personalidad y de su menuda contextura física, y que además le sirvió como mecanismo de identificación con fuertes adversarios, en la búsqueda de superarlos, las instituciones y la institucionalidad democráticas, la política misma y la tradición diplomática se ven desbordadas de tal manera que terminaron debilitadas.

Eso hizo Uribe en Colombia y eso ha hecho y hace Chávez Frías en Venezuela, en especial con un discurso y unas acciones intimidantes en contra de la Oposición y de quienes no aceptan el modelo socialista, en especial, la concentración del poder en una sola figura que se torna invencible, irremplazable y con visos de deidad.

Los medios masivos, otro lugar de exhibición

La prensa es el escenario privilegiado en donde esa masculinidad enfermiza se replica a diario a través de hechos noticiosos divulgados por periódicos y noticieros radiales y de televisión, en donde se exhiben actos violentos perpetrados por hombres, que van desde violaciones y asesinatos a mujeres y menores de edad, accidentes de tránsito provocados por conductores borrachos (hombres), hasta declaraciones de guerra entre pandillas, carteles o entre Estados.

Periodistas presos del afán noticioso, reviven la vieja enemistad de los dos políticos latinoamericanos. Veamos algunos textos noticiosos de EL TIEMPO y EL ESPECTADOR, diarios colombianos:

“El expresidente tildó de cobarde al venezolano, luego de que este le dijo que le faltaban "cojones". Evocando viejos tiempos, los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez entraron de nuevo en un enfrentamiento verbal sin medir palabras. La reacción más reciente fue del exmandatario colombiano, quien a través de Twitter calificó a Chávez de "cobarde". "Cuando capturábamos a un terrorista en Venezuela, de manera cobarde (Chávez) nos decía que él nos lo había entregado (...) Por miedo a la Farc no los capturaba y a nosotros nos decía que los sacáramos de Venezuela como lo hicimos con Granda", escribió Uribe en uno de cinco trinos que escribió en la mañana de este miércoles”[3].

El otro diario bogotano recoge las reacciones de la misma manera: “La confrontación entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente venezolano Hugo Chávez no se detiene. Pasaron unas pocas horas para que Uribe respondiera a la más reciente arremetida de Chávez en la que aseguraba que a Uribe "le faltaron cojones" para intervenir en Venezuela. Vía Twitter, el expresidente colombiano enumeró las razones que tiene para tildar a Chávez de "cobarde" entre las que asegura que "por miedo a Farc no los capturaba”[4].

Estos  negativos y peligrosos liderazgos deben ser enfrentados con altas dosis de responsabilidad mediática y ciudadana, en aras de evitar caer en la complacencia, la admiración y el seguimiento a pie juntillas de actuaciones y de expresiones discursivas abiertamente prepolíticas, seudodemocráticas, poco civilizadas, pero sobre todo, encarnadas en un viejo y caduco machismo, que resulta de una masculinidad temerosa de ofrecer actitudes y actos de habla distintos a los que acompañan el uso de la fuerza física.

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[1] Cyrulnik, Boris. Del gesto a la palabra. La etología de la comunicación en los seres vivos. España: Gedisa editorial. 2004. p. 49.

[2] Sinay, Sergio. La masculinidad tóxica. Un paradigma que enferma a la sociedad y amenaza a las personas. Editorial B, grupo Z.

[3] Tomado de http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/a-uribe-le-faltaron-cojones-para-accion-militar-en-venezuela-chavez_12129001-4

[4] Tomado de http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-367616-uribe-dice-chavez-le-tiene-miedo-farc

LA LLAVE DE LA PAZ PUEDE ESTAR EN LAS ACCIONES DE LOS INDÍGENAS NASA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría a paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto es un pueblo maduro para la paz". Estanislao Zuleta. 1.985. En: “La fiesta es una guerra”

Las acciones contra la guerra y contra todos los actores armados, incluyendo al Estado, emprendidas en el Cauca por los indígenas Nasa, vienen con una carga simbólica y política que puede resultar importante en aras de darle un giro a la guerra interna, a través de  la creación de un gran movimiento civil que agite y plante en lo más alto de una montaña la bandera de la paz.

Con valor, seguridad, pero con una histórica legitimidad, los Nasa se levantan hoy contra aquellas fuerzas legales e ilegales, y eso sí, ilegítimas todas, que de tiempo atrás han convertido  sus territorios en teatros de operaciones y escenario de confrontaciones armadas con la latente intención de acabarlos como Pueblo. No sólo asesinando, desplazando e intimidando a sus líderes y comuneros, sino haciendo que los símbolos de la guerra terminen penetrando y afectando su plan de vida. El reclutamiento forzoso y la cooptación ideológica son expresiones claras de cómo la guerra contamina el devenir de un grupo de colombianos que tienen otras lógicas de vida.

Opuestos a la permanencia de las fuerzas del Estado en su territorio, los indígenas Nasa activan en el Cauca acciones para desmantelar, física y simbólicamente, trincheras y herramientas de comunicaciones usadas por el ejército de Colombia, para mantener la dinámica de un conflicto que militares y policías saben que no van a ganar en los campos de batalla. 

Para muchos se trata de acciones ilegales, desproporcionadas, equivocadas y abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico, en tanto que se está rechazando a las fuerzas del Estado, creadas y dispuestas para hacer presencia y ejercer efectiva soberanía sobre tierras que hacen parte de la Nación.

Juzgar de esa forma las acciones colectivas de los Nasa es desconocer el daño que la guerra genera en su gente y en su cultura, pero especialmente, desconocer el valor que éstas tienen en tanto con ellas la paz se vuelve tangible, y por ese camino, cobra vida en ciudadanos hastiados con un largo conflicto y con actores armados acostumbrados a negar sus derechos a la autonomía y a la consecución de sus sueños y aspiraciones plasmados en su plan de vida.    

Lo que hay que hacer ahora es rodear a los indígenas Nasa y junto a ellos y a sus acciones colectivas, configurar un gran movimiento nacional ciudadano de clara oposición a la guerra. Si Santos tuviera la capacidad para leer de manera distinta las acciones de los indígenas, entendería que la llave de la paz no está en su bolsillo o en los bolsillos de la dirigencia de las Farc, sino en este movimiento indígena que ha demostrado con sus valerosas acciones civiles otros caminos para llegar a la paz.

Pero Santos, preso del discurso militarista que apoyan empresarios, élites y acorralado por unas fuerzas militares a las que no les conviene la paz, en especial a la alta burocracia militar y presionado por el discurso guerrerista de su antecesor y de sus áulicos, desestima el discurso anti guerra de los indígenas e insiste en mantener las condiciones de un conflicto que minuto a minuto se eterniza, pero que de manera contradictoria mantiene su carácter periférico que lo hace ver como una externalidad para la vida de millones de colombianos.

Sumarse al discurso antiguerra de los Nasa y llevar la bandera de la paz que connota su levantamiento en contra de los combatientes, debe entenderse como un paso responsable, digno, legítimo y valeroso de quienes hoy vivimos relativamente cómodos en centros urbanos, alejados de una guerra que se concentra en lugares donde tradicionalmente la presencia del Estado es y ha sido débil.

Pero para sumarse debemos abandonar prevenciones culturales, étnicas, identitarias e ideológicas que en torno a los indígenas ha creado la cultura dominante, que de forma permanente nos ha enseñado a mirar con recelo y prepotencia la vida y las acciones de los indígenas. 

Y el primero que debería cambiar sus prevenciones en torno a los Nasa y demás pueblos indígenas, es el Presidente Santos, hijo de una rancia élite bogotana que siempre ha pensado que aquellos buscan crear repúblicas independientes, amparados en los derechos que la Constitución Política les brinda, por ejemplo, en torno al reconocimiento de la jurisdicción[1] especial indígena.

Estamos, pues, ante una acción colectiva que debería de servir para darle un impulso a la paz como proyecto político capaz de negarle y quitarles espacios a los combatientes y a los señores de guerra que desde ámbitos estatales y privados (empresarios nacionales e internacionales) siguen auspiciando una guerra que ya completa 50 años. Por ello, es hora de decirles a las fuerzas enfrentadas y a sus soportes ideológicos, políticos y económicos, que su tiempo ya pasó y que ahora es el turno para el discurso y las acciones de paz.

El epígrafe de esta columna bien podría servir para iniciar el proceso de comprensión de las acciones políticas de un pueblo indígena que se cansó de la guerra y que demuestra no tener miedo a los combatientes.

Los movimientos urbanos cercanos y amigos de la paz negociada podrían apreciar y ver las acciones colectivas de los Nasa como una iniciativa ciudadana, civil, capaz de abrir caminos distintos a los que plantea la guerra. Es hora de buscar coincidencias y encontrarnos con los indígenas en una causa, un anhelo y un sueño que es compartido por millones de colombianos que aún no saben qué es eso de vivir en paz.

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[1] “Artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán  ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas  y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá  las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. A tener en cuenta otros artículos de la Carta Política como el 7, 8, 10, 11, 12 y el Artículo 22, que señala que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Carta Política de Colombia.

Polemica campaña de la alcaldia

campaña de la alcaldia muestra una clara alineación del estado, que se supone laico, a una religión especifica.
La imagen:

Este poster fue enviado vía correo electrónico a instituciones educativas de la ciudad de Medellin, desde un correo del municipio de medellin y aparece firmado por una funcionaria publica que se presenta con el cargo de

Comunicadora y Relacionista Corporativa
Secretaría de Educación
Alcaldía de Medellín

Así mismo, en la imagen se ven claramente los logos de la administración municipal... ante esto di una rápida googleada y me encontré que la noticia ya se anda difundiendo en paginas y agencias de prensa Católicas, asi por ejemplo: en la pagina de la organizacion católica Heraldos de cristo aparece reseñada la siguiente noticia Ver

"Medellín (Miércoles, 11-07-2012, Gaudium Press) La Secretaría de Educación de Medellín, Colombia, está promoviendo una campaña en los colegios de la ciudad, para que los niños que así lo deseen realicen dibujos pidiendo a Benedicto XVI que visite a Colombia y a esa localidad en particular.

En el día de hoy y venideros, esos dibujos estarán siendo recibidos en las dependencias de la Secretaría gubernamental. Como fue confirmado a Gaudium Press por Lina Marcela Zapata, Comunicadora de la Secretaría de Educación de Medellín, el Alcalde de la ciudad Aníbal Gaviria Díaz, irá en los próximos días a Roma a visitar al Pontífice, ocasión en la que reiterará la invitación que le hace Colombia para que la visite, y momento en el que entregará al Papa los dibujos de los niños.

"Queremos que el Papa venga, y para convencerlo, queremos hacerle miles de dibujos infantiles que le entregará nuestro alcalde", reza un volante propagandista de la iniciativa difundido en toda la ciudad.

Como ha sido informado por Gaudium Press, la posibilidad de que el Papa visite Colombia es real. Panamá y Chile son países también opcionados. La visita se realizaría tras la participación de Benedicto XVI en la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Río de Janeiro, del 23 al 28 de julio del próximo año.

Al respecto también se pronunció ayer Mons. Juan Vicente Córdoba, Secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, quien en diálogo con Gaudium Press afirmó que en un eventual viaje de Benedicto XVI a Colombia "no podría visitar Bogotá, y que de viajar tendría que ser a una ciudad de poca altura, como es Barranquilla, Cartagena, Santa Marta e, incluso, Medellín (...)"

La noticia tambien es reseñada en otros sitios web y la agencia que la remite es la agencia de noticias Gaudium Press

En la parte inferior del poster se lee:

"los dibujos se deben entregar en sercretaria de educación (ed. carre) este miércoles 11 de julio entre las 9 am y las 4 pm
Todas las instituciones educativas deben participar con los dibujos de todos sus estudiantes"


Personalmente me parece cuestionable esta campaña por varios motivos:

1. se esta usando recursos publicos Materiales y Humanos para el desarrollo de la misma, cuando claramente es un asunto de caracter religioso, y hasta donde recuerdo, colombia es un estado laico.
2. se evidencia un alineamiento o trato preferencial para una religion especifica (la catolica), pues se pretende poner al servicio de un evento catolico (posible visita del Papa) la estructura educativa publica de la ciudad.
3. en el poster se lee "Todas las instituciones educativas deben participar con los dibujos de todos sus estudiantes" con lo cual se desconoce la diversidad religiosa que habita las instituciones educativas y se puede llegar a vulnerar la libertad de culto de los miembros de la comunidad educativa
4. se vulnera la autonomia escolar, los PEI, planeacion Institucional.... al imponer una actividad que consumira tiempo academico.

Y finalmente me pregunto:

¿cuanto dinero se destina para el desarrollo de esta campaña?
¿cuantos funcionarios publicos atenderan tareas propias de esta campaña, como diseño de poster, recepcion de dibujos, almacenaje, comunicados de prensa, trabajo en las instituciones con los niños.... entre otros?
¿cuantas horas de trabajo/hombre se usaran, incluyendo personal administrativo y docentes que intervengan en la actividad?
¿por que los impuestos de toda la ciudadania tienen que financiar una campaña con claros matices religiosos?

Fuente: MOTORDEPENSAMIENTO.BLOGSPOT.COM

Planton contra la Reforma a la Justicia

El POLO convoca en Medellín un plantón de protesta contra la reforma a la justica frente al edificio de los juzgados en la Alpujarra  este jueves 28 de junio a las 4:30 p.m.

El POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, único partido cuya bancada parlamentaria en pleno se opuso a la monstruosa reforma a la justicia, denuncia que los micos de última hora son apenas una mancha más en la reforma que privatiza la justicia, no resuelve la congestión y le resta independencia a la rama.

 Para este jueves 28 de junio a las 4:30 p.m. en la Plazoleta de la Dignidad, frente al Edificio Judicial José Félix de Restrepo, está convocando el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO un plantón de protesta contra la reforma judicial.

 Desde el momento en el que el Gobierno de Santos presentó el proyecto de reforma a la justicia, adobada con el señuelo de que se proponía para acabar con la congestión del aparato judicial, situación que afecta en materia grave a los ciudadanos de a pié al no encontrar canales para tramitar sus reclamos legales y constitucionales, el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO denunció que el verdadero propósito consistía en privatizar el servicio de justicia y restarle independencia a la rama judicial.

 En la recta final, a la reforma le colgaron micos que la empeoraron permitiendo que crímenes cometidos por dirigentes políticos y parlamentarios pudieran quedar en la impunidad y colmando de privilegios a unos cuantos magistrados y congresistas, lo que generó una enorme reacción ciudadana en contra, reacción que ha tratado de neutralizar el presidente Santos con anuncios en el sentido de que hará todo lo que esté a su alcance para limpiar la reforma.

A juicio del POLO, la única limpieza posible es hundirla toda y  elaborar un nuevo proyecto que fortalezca la independencia y la financiación de la justicia, exigencia que expresarán los polistas en el plantón de este jueves 28, en el que además empezarán a socializar la propuesta de adelantar un referendo revocatorio.

COMITÉ EJECUTIVO DEPARTAMENTAL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO ANTIOQUIA

Gonzalo Álvarez Henao                                                       Yovis Manuel Álvarez
Presidente                                                                            Secretario General

Jorge Alberto Gómez Gallego
Diputado Asamblea Departamental

La reforma y la Tutela

Reproduzco un texto del sitio web de Movimiento politico Marcha Patriotica, en especial el argumento 6 me ha parecido grave: se podria impedir o limitar el derecho a la tutela ante el estado por parte de los ciudadanos, lo cual terminaria por posibilidar la inoperancia del estado en la garantia y protecion de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin tutela que pasaria con el ya maltrecho derecho a la salud o a la educacion... o con los servicios publicos??? Se impondria la pura ley del mercado y solo quien paga podria acceder a los derechos... y el resto?? pues si te enfermas te toca morir, si el estado abusa pues agunata en silencia... Que no nos tapen con la noticia de la impunidad parlamentaria (que es muy grave) que el verdadero y mas grave peligro de la reforma es la limitacion a la tutela, botin que desde hace años busca la derecha en colombia con sus constantes manoseos a la constitucion de 1991, y que todos los democratas debemos defender como mecanismo para la proteccion de los derechos fundamentales de los ciudadanos

Por: Junta Patriótica Nacional

1. Se llama reforma a la justicia a: Corrupción, impunidad y encubrimiento de crímenes de las élites gobernantes

La denominada reforma a la justicia no es más que una contrarreforma política a la Constitución de 1991, que se hace desde las élites del Estado, con el fin de blindarse en los procesos judiciales que se siguen en su contra por los escándalos de corrupción y para-política. Corrupción, impunidad y encubrimiento de crímenes de las castas gobernantes se convierten así, en su columna vertebral. Paradójicamente muchos de los investigados en estos procesos, son los que hacen la reforma de la cual ellos serán beneficiarios. Lastimosamente, La reforma a la justicia termina siendo un cambalache entre clase política y magistrados de altas cortes que no resuelven los problemas de los ciudadanos.

La clase política le otorga a las altas cortes el 12- 70 (12 años de judicatura y 70 años de retiro forzoso) y a cambio, en una lógica Do ut des (te doy para que me des) la clase política se blinda contra los propios jueces y contra las y los ciudadanos. Se entrega a la clase política la vigilancia de la conducta de los jueces, funcionarios judiciales y abogados (que son también un elemento importante la administración de justicia, como lo ha declarado la ONU), ya que el consejo nacional de disciplina judicial se elige por el Congreso de la República. Se convierte así en un instrumento para tener jueces y abogados dóciles a los intereses de la clase política, los derechos de los ciudadanos son los más afectados.

2. El gobierno sigue quitándole recursos a la justicia para asignárselos a la guerra:

El gobierno no asigna los recursos para que la administración de justicia pueda defender los derechos de los ciudadanos. Una verdadera reforma, por ejemplo, asignaría un porcentaje mínimo del presupuesto nacional que resuelva definitivamente el tema de la falta de recursos. Actualmente el Estado colombiano invierte más del 4.2% del PIB en presupuesto para la guerra, eso es, más de 20 billones de pesos cada año; una guerra que genera desplazamientos, pérdidas de vidas humanas, territorios; mientras asigna menos del 0.4% del PIB (menos de 2 billones de pesos anuales) a la justicia.

3. Privatiza el derecho fundamental a la justicia:

Esta reforma continúa con la tradición del neoliberalismo que privatiza los derechos fundamentales de los colombianos. Tal como ha venido ocurriendo con el Derecho a la educación y el Derecho a la salud, la reforma concibe la Justicia como un “servicio público” que pueden prestar agentes privados, y no el Estado garante de derechos.

No hay duda que la justicia privada no da a los ciudadanos las mismas garantías en sus derechos que la justicia oficial del Estado. Se acentúa el proceso de quitarle a la rama judicial la administración de justicia para entregarlo a privados, llámense centros de conciliación y arbitraje, (que se han venido ampliando para casos como el del TLC con Estados Unidos), notarías y funcionarios de notarías y abogados en ejercicio.Se utiliza el argumento falaz y mendaz, de que habrá más administradores de justicia pero ni el propio constituyente confía en estos administradores, ya que los recursos contra sus decisiones se le entregan a la rama judicial; de manera que lo que en un primer momento aparece como descongestión, en un segundo momento vuelve a congestionar la administración de justicia. Por esa razón adicional era mejor fortalecer la justicia oficial desde el primer momento.

4. Se limita el acceso a la justicia de las gentes del común:

Se impide el acceso a la justicia de muchos ciudadanos, ya que se les obliga a pagar aranceles judiciales, lo que lógicamente afecta a los más pobres. Históricamente se ha luchado porque los ciudadanos tengan acceso a la justicia y no hay duda que el pago de aranceles impide ese acceso a la justicia. Con esta reforma se constitucionaliza una limitación al acceso a la justicia.

se legaliza la vulneración de los derechos de las gentes del comun: Para el ciudadano, para el hombre y mujer de la calle, para las gentes del común, la reforma a la justicia, paradójicamente es fuente de mayor injusticia, de la legalización de la vulneración de sus derechos. Veamos algunos ejemplos: el artículo primero de la reforma consagra una privación de la libertad o detención administrativa de los ciudadanos, bajo un pretexto fútil que después será utilizado políticamente, la prevención del delito o la protección del propio detenido. La detención en el Estado de derecho debe ser la culminación de un proceso judicial, producto de una sentencia definitiva. La detención preventiva para investigar un delito es ya una anormalidad dentro del Estado de derecho, viola su espíritu y su filosofía y una privación de la libertad como la que se propone por fuera de un proceso judicial es doblemente violatoria de los principios fundamentales del Estado de derecho.

5. Los derechos de la gente del común no podrán ser tutelados ante el Estado:

La reforma judicial o contra reforma política, es peligrosa no solamente por lo que hace; sino también por lo que no hace por los derechos de los colombianos. En el estado de derecho los ciudadanos se deben poder defender ante los gobiernos, ante los congresos pero también ante los jueces, ya que los jueces también pueden ser violadores de derechos de los ciudadanos y la soberanía es del pueblo y no de los jueces. Por esa razón no puede quedar duda que los derechos de los ciudadanos tienen que ser tutelados ante los gobiernos ante los congresos y también entre los propios jueces.

7. Se profundiza el desequilibrio de poderes:

La contra reforma político- jurídica, Permite la injerencia del poder ejecutivo en el gobierno de la rama judicial, debido a la presencia del Ministro de Justicia en la misma; Una reforma democrática de la justicia debería contemplar un órgano de gobierno democrático, con representatividad de los diferentes estamentos relacionados con la justicia y de los usuarios de la misma sin injerencia del legislativo ni del ejecutivo.

8. Sin justicia no habrá paz:

Esta reforma manifiesta que el gobierno no tiene voluntad de paz con la gente común, por el contrario, limita, privatiza y congestiona la justicia, garantizando la impunidad y el índice en aumento de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Santos en Rio + 20

Mientras gobierno Santos asume un discurso ecologista en Río+20, en Colombia permite acabar con reserva forestal del Chocó: Clara López

El discurso internacional del gobierno de Santos en materia medioambiental constituye la antítesis de su política en esta área en el nivel nacional, lo cual le resta solidez y credibilidad, sostuvo la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, durante la rueda de prensa que convocó para referirse a las implicaciones de la Cumbre Río+20 organizada por Naciones Unidas.

La dirigente política destacó que si bien esta es una gran cumbre por el alto nivel de sus asistentes, no obstante sus resultados son en buena medida negativos porque no se asumen mayores compromisos.

El caso colombiano es patético, dijo López Obregón al señalar que si bien el gobierno de Santos tuvo incidencia en proponer un documento en el que se recogen los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el ámbito interno, hace totalmente lo contrario de lo que se plantea en el mismo.

En efecto, mientras internacionalmente se propone desarrollar políticas de sostenibilidad ambiental, en Colombia se impulsa la denominada locomotora minera a favor del interés financiero transnacional con proyectos de explotación a gran escala que son sumamente depredatorias como lo que está sucediendo en este momento en el departamento del Chocó, precisó la presidenta del Polo Democrático.

“El cura tiene que practicar lo que predica”, explicó López Obregón y en el caso del Chocó la inconsecuencia del gobierno de Santos es de una gravedad absoluta porque se está atentando contra una de las reservas forestales y fuente de agua más importantes no solo de Colombia sino del planeta.

“Ahí se va a cometer un ecologicidio. En contra de lo que se predica en Río+20, se va a feriar el bosque húmedo tropical de este departamento a favor de las transnacionales mineras. Se están entregando 88 títulos mineros que representan 209 mil hectáreas; 336 mil hectáreas más han salido a licitación de zonas mineras estratégicas; se estudian conceder 434 títulos adicionales que constituyen 878 mil hectáreas. En total son 1 millón 424 mil 060 hectáreas que serán explotadas en el Chocó”, explicó López Obregón, con soportes oficiales en la mano.

Lo que se viene en consecuencia, coligió, es la depredación de la reserva forestal del Chocó por efectos de la irracional explotación minera a gran escala.

Así mismo, la presidenta del Polo llamó la atención sobre la negligencia del gobierno colombiano por formalizar la minería ilegal que en solo 2011 produjo en el Chocó 28 toneladas de oro, es decir, dos billones de pesos, de los cuales no vio ni un centavo las rentas de este departamento.

“Si queremos desarrollo sostenible a nivel mundial tenemos que empezar por casa. La locomotora minera tiene que adecuarse a los principios que estamos pregonando internacionalmente. El discurso del gobierno colombiano tiene que ser compatible con las acciones y las mismas en el nivel interno dejan mucho que desear”, puntualizó López Obregón.

Junio 21 de 2012.

Nuevo prgrama del ministerio de educacion, falta claridad

Hola Profesores, y demás lectores

 El ministerio se va destapando

Les cuento que el día de hoy se vio toda una invasión de Twists del ministerio de educación, de bienestar familiar y de otras instituciones lanzando con bombos  y platillos el programa  Supérate  que busca tener ocupados a  los jóvenes en las jornadas complementarias, asunto por demás admirable, pero aun falta mucha claridad sobre como se hara.

 Dentro de lo que se lee en la pagina del programa se observa que se espera  que mas de 6500 instituciones de educación participen...mmm será que a los docentes nos quieren meter el trabajito de las jornadas complementarias

Esta es la web del programa

http://www.superate.gov.co/que-es-superate.html

Y en este otro apartado se muestra en que consiste y se deja claro que es en contra jornada y que se espera la participación del cuerpo docente.... además de la actividad deportiva se habla de actividades académicas en varias áreas del conocimiento  ¿quien las va a servir? y ¿en que tiempo?

Toca esperar a que el programa aclare muchas cosas para saber cual, espera el ministerio, sea nuestro lugar allí.

Ver más  http://www.superate.gov.co/superate-con-el-saber.html

Pero de lo que leo creo que sera el cuerpo dencete y los colegios quienes terminaran asumiendo una nueva carga, que se suma a las ya múltiples asignaciones de programas, proyectos, catedras y demás que a diario llegan de todos lados a las instituciones

En el apartado ¿Qué es "Supérate con el Saber"?   Se lee claramente que para que un estudiante participe en el programa es necesario el acompañamiento de un docente ¿este acompañamiento será extra curricular?  ¿Será en jornada contraria?  ¿Se incrementara la carga laboral?

Por favor difundir y analizar.... no sea que nos quieran meter ese gol de asumir la jornada complementaria

Realmente espero que esto sea solo una impresión mía y que el programa sea algo positivo para todos, que cuente con su propio presupuesto y con su propio personal para desarrollarlo y que no pase como con tantas otras cosas que terminan asignándoselas a los colegios y docentes, al punto que a veces poco podemos dedicar a nuestras asignaturas

Jesús Villa

En Twitter

Somos Polo, somos Alternativa

Somos Polo, somos Alternativa

En carta dirigida a la militancia polista, unos 500 dirigentes nacionales, regionales, sindicales y sociales del Polo Democrático Alternativo reafirman su compromiso con el Partido, su Ideario de Unidad que denominan “nuestro acuerdo sustancial” y el carácter civilista, democrático, pluralista, pluriétnico y pluricultural del Polo.

En la misiva, se hace un llamado a la militancia a profundizar su fidelidad partidaria en el proceso de reflexión y reconducción que adelanta el Partido en la actualidad.

El siguiente es el texto de la carta:

En nuestra condición de dirigentes nacionales y regionales del Polo Democrático Alternativo, ratificamos nuestro compromiso con el Polo, su Ideario de Unidad y su Estatuto orgánico y ratificamos nuestra voluntad y compromiso con la defensa del carácter democrático, civilista, pluralista, multicultural y pluriétnico del Polo que atraviesa por una etapa de reflexión y reconducción que solamente puede fortalecerlo y prepararlo para los retos que tenemos por delante.

Surgimos hace seis años como respuesta a la necesidad de unir las distintas vertientes de la izquierda democrática para fortalecer las perspectivas de una alternativa social de gobierno y de poder. Estos propósitos, metas y anhelos de construir una nueva sociedad se concretaron en el Ideario de Unidad que sintetiza nuestro compromiso político y acuerdo sustancial. Somos el único partido de oposición al Gobierno Nacional, consecuentes con nuestro programa político.

Hoy queremos reafirmar frente al país nuestra fidelidad y compromiso con ese Ideario y con el Polo que estamos forjando para cumplir la misión transformadora de la izquierda democrática colombiana. En consecuencia:

1.    Ratificamos nuestra vocación civilista y democrática de conquistar el cambio mediante la protesta y la  movilización social y con la lucha política y electoral.

2.    Nos oponemos al ejercicio de la guerra y de la violencia como instrumento de accionar político y condenamos todo acto terrorista, cualquiera sea su proveniencia.

3.    Propugnamos la solución negociada al conflicto armado que limita el desarrollo de la democracia y el cambio político, económico y social del país.

4.    Planteamos la necesidad de reemplazar el modelo de desarrollo económico fundado en la llamada “confianza inversionista” que hace recaer el peso de sus crisis recurrentes en la gente del común, concentra los beneficios de la producción social en los grandes monopolios, aumenta la carga tributaria de las clases medias y trabajadoras para aliviar la de los sectores acomodados y renuncia a la soberanía; por un modelo que garantice el trabajo decente, la equidad y la justicia social, la garantía de los derechos humanos, laborales, prestacionales y sociales, la sostenibilidad ambiental y la soberanía nacional.

5.    Luchamos por evitar la extranjerización de la tierra sobre la cual tienen dirigidos sus intereses los grandes consorcios y multinacionales de la minería y de los agro-combustibles, en desmedro de la soberanía y seguridad alimentarias del pueblo colombiano y del derecho del campesinado a la tierra.

6.    Reafirmamos nuestro compromiso y participación activa en las luchas sociales y sindicales del pueblo colombiano: las de las mujeres por su emancipación, las de la población LGBTI y de los pueblos por la no discriminación, las de los estudiantes por una educación gratuita y de calidad y de los y las jóvenes, en general, por las oportunidades que les permitan desarrollar al máximo su potencial humano; las del campesinado por la tierra, las de los cañeros y demás trabajadores por la formalización laboral; las de las víctimas por la justicia, la restitución de tierras, la reparación integral y la verdad; las de las comunidades de Santurbán, el Quimbo y la Guajira por la defensa del Páramo, el Río Magdalena y el Río Rancherías; las de los mineros, entre las cuales se encuentran las de Marmato, La Colosa y Cajamarca; las de los trabajadores y empresarios nacionales frente al impacto de los tratados de libre comercio (TLC) y las del pueblo por la defensa de lo público, por el derecho a la salud y a las pensiones, es decir, a la seguridad social integral, entre tantas más, de las cuales nunca ha estado ausente el Polo, su dirigencia y sus militantes, quienes en la mayoría de los casos las organizan y conducen.

7.    Respaldamos los reclamos de los pueblos indígenas y afrocolombianos por su autonomía, sus territorios ancestrales y consultas previas con consecuencias y apoyamos las reivindicaciones de los pueblos raizal y Rrom.

8.    Manifestamos nuestra disposición a participar y promover, en el marco de nuestro Ideario de Unidad, la confluencia de los sectores democráticos de Colombia para conformar una opción alternativa consecuente y viable a la Mesa de la Unidad Nacional que enfrente, con reales posibilidades de éxito, el debate electoral de 2014. Consideramos natural que surjan otras expresiones y movimientos políticos como la Marcha Patriótica de la cual no hacemos parte, según lo decidió nuestro Comité Ejecutivo Nacional.

9.    Convocamos a los y las polistas a levantar las banderas del Polo Democrático Alternativo, a dedicar sus mejores esfuerzos a concretar el Ideario de Unidad en acciones de defensa de los intereses del pueblo colombiano y a promover la expansión de las conquistas del Polo en Bogotá -educación gratuita hasta el grado once, atención primaria en salud y seguridad alimentaria- a todos los municipios del país. Fortalezcamos conscientemente nuestra democracia interna y nuestra disciplina y fidelidad partidarias.  Profundicemos la discusión y reflexión con franqueza y respeto pero sin ambigüedades, para defender la existencia, vigencia y futuro de nuestro partido. Preparemos con decisión las tareas nacionales inmediatas de la realización de la Conferencia Nacional Ideológica de los días 27, 28 y 29 de julio y el Tercer Congreso del Polo que renovará la dirección y actualizará los estatutos partidarios, previa la elección de sus 1500 delegados y delegadas el próximo 30 de septiembre.


Con fidelidad y solidaridad partidarias:


Clara López Obregón (CEN)                   Carlos Gaviria Díaz


Parlamentarios
Jorge Enrique Robledo (CEN), Alexander López (CEN), Mauricio Ospina, Germán Navas Talero (CEN), Alba Luz Pinilla (CEN), Wilson Arias.

Comité Ejecutivo Nacional- CEN
Jaime Dussán Calderón, Wilson Borja, Tarsicio Mora, Carlos Romero Jiménez, Antonio Peñaloza, Dalila Gómez, Orsinia Polanco, Laureano García, Carlos Naranjo, Venus Albeiro Silva (Concejal de Bogotá), Lilia Avella (Edil de Engativá), Francisco Valderrama, Enrique Daza, José Fernando Ocampo, Aurelio Suárez, Paola Torres, María Antonieta Cano, Ángela Quevedo, Alberto Gómez.       
Dirigentes políticos, sindicales y sociales, nacionales y regionales
Carlos Bula Camacho, Ex Secretario General PDA. Jaime Piedrahita Cardona, ex parlamentario y excandidato presidencial. Comité Ejecutivo Nacional CUT: Gustavo Triana, Diógenes Orjuela, Rafael Escalona. Comité Ejecutivo Nacional Fecode: Senén Niño Avendaño (Presidente), Álvaro Morales, Elías Fonseca, Medardo Hernández. Dirigentes Estudiantiles: Sergio Fernández, Sebastián López, Miguel Ángel Rodríguez, Amaury Núñez (Antioquia), Darío Arenas (Caldas), Marcel López (Valle), Ricardo Eslava (Santander), Duberney Galvis (Risaralda). Dirigentes Sindicales: Germán Osman (Unión Sindical Obrera USO, Vicepresidente). Igor Díaz (Sintracarbón, presidente). Gonzalo Arango (Presidente Federación Profesores Universitarios, Fenaprou). María Victoria Forero (Sintrabienestar, Presidente). Claudia Camacho (Presidente Sinties,). Alberto Rueda, Ex diplomático, Fabio Lozano, Ex rector U. Distrital, Jaime Moreno García (ex consejero de Estado). Antioquia: Gonzalo Álvarez Henao (Presidente PDA), Jorge Gómez Gallego (Diputado), Rodrigo Saldarriaga (ex candidato a la Gobernación, director Pequeño Teatro), Luis Fernando Wolff Isaza, Javier Gaviria, Valerio Mazo; Carlos Bustamante (presidente Sinaltradihitexco);  Alirio Salazar (CUT); Jaime Montoya (ADIDA); Iván Darío Zapata. Atlántico: Alberto Sánchez Galvis (Presidente PDA); Rafael Segundo Sánchez  Anillo,  Concejal de Barranquilla; Néstar Franco de Ferrer, Exdiputada; CEN: Aristalco Arrieta, Ariel Arteta De La Hoz, Néstor Bruges, Viana Mercado, Rosiris de Jesús, Mulet Dolores Patiño, Juan Carlos Ferrer Franco, Antonio María Cervantes Torres, Georgina Chala  Palacio, Rosa Luisa Arroyo Argumeo, Enrique  Sierra Sánchez, Emma Doris López Rodríguez, Dagoberto Antonio Rojano Fontalvo, José Armando Calderón Álvarez, Benjamín Rafael Coronado Mercado, León Luis Escorcia;  Juvenal Pérez Henríquez; Norman Alarcón, Cristino Álvarez, Jacobo Morales, Vilma Solano y Alberto Luna. Ediles: Javier Osorio, Nuvia Esther Duque Herazo, Eliseo Quintero Caamaño, Osvaldo Enríque Díaz Pertuz y Jesús Alejandro Osorio Rienzo; José Pablo Medrano Urieles y Juan Carlos Zúñiga (excandidatos al concejo de Barranquilla); Recer Lee Pérez Torres y Ariel Cáceres Palomino (excandidatos a la Asamblea); Miembros coordinadora departamental: Madrid Fandiño Fiorell, Polo Charris Wilson , Duran Bruno Alvaro, Reales Maza Jorge Eliecer y Santiago Meza Justiniano; Francisco Villanueva (CUT); Henry Rada,  Agustín Peña (Educadores del Atlántico, ADEA), Miguel de los Reyes y Rubén Darío Lozada. Arauca: Francisco Torres, Felipe Medina (Concejal de Arauca), Nilio Riscaneo (Acedar, maestros Arauca),  Bogotá: Jaime Zubieta, Winston Petro, Julio César Mancera-Acosta, Guillermo Encinales, Ruby Toro, Óscar Parra, Gabriel Moure, Robinson Sánchez, Alonso Cortés y Mauricio Piña (Fundación Socialdemócrata de Izquierda); Héctor Bermúdez, Carmen Elisa Quitián, Luz Marina de Chávez, Jorge Caro, Edna Gómez, Ismael Beltrán-Bogotá (Gerente Codema), Clemencia Vanegas Manrique (ADE), Carlos William Camino (Expresidente del Sindicato de Trabajadores de la ETB); Arturo Soler, Presidente de la Liga de Judo, Alfredo Manchola (CUT), Miguel Antonio Cano (Defensor de Presos Políticos), Raúl Fonseca (Promotor de Derechos Humanos y Defensor de Victimas), Javier Bustamante Caro, José J. Vargas (Ex Alcalde local de San Cristóbal), Manuel Montañés (Ciudad Bolívar), Rengifo Elaine (La Candelaria), Mercedes Bello (Tunjuelito), Edgar Vinicio Ussa (Uribe Uribe), Henry Sánchez, Leydy Cubides (Representante Juventudes Indígenas), Janeth Escobar (Desplazados Afrocolombianos), Diego Bolívar (Puente Aranda), Andrés Sierra (Engativá); Nancy Molina y Claudia Beatriz Naranjo Gómez, dirigentes sociales de la salud; Martha Novoa, Luis Fernando Cañón, Rodulfo Fernández, Miguel Méndez, Pepe Noguera, Cristóbal Ladino, Arturo Barreiro, Manuel Díaz, Victoria Mazorra, Simon Rafael Bravo, Raúl Avilan, Álvaro Galeano, Nicolás Sarmiento, Jairo García, Magdalena Bautista, Laurencio Silva, Elvita Jiménez, Alejandro Camacho, Pablo López, Héctor Cárdenas, Amparo Jaimes, Michell León, Baltazar Lozano, Margoth Ariza, Rafael Duque, Aristóbulo Sánchez, Francisco Castiblanco, Nelson Linares, Carlos Campo, Ana Belén Hernández (Dirigentes Polo que Suma); Xinia Navarro Prada (Ex-Alcaldesa de la localidad La Candelaria) Bolívar: Alberto Gómez (Presidente Comité Departamental), David Múnera (Concejal de Cartagena); Luis Mendoza (Presidente Sindicato del Magisterio de Bolívar), Luis Fuentes (ex diputado); Luis Plazas (CUT); Javier Marrugo, Gustavo Camacho,  Leonardo Puerta, Wilmar Pérez, Alfonso Marsiglia. Boyacá: Luis Eduardo Molina (Presidente Comité Departamental), Horacio Eslava, Luis Alejandro Espitia, Víctor Dávila (Fiscal CUT). Caldas: Óscar Gutiérrez, Eduardo Muñetón, Ramiro Camacho y Álvaro Bedoya (La Dorada), Nelson Marín; Wilson García (Presidente Educadores de Caldas). Caquetá: Alonso Orozco, Abraham Medina (Presidente CUT), Marco Tulio Portela (Aica, maestros Caquetá). Casanare: Alberto Forero (Dirigente Empresarial) Cauca: Alonso Osorio. Cesar: Carlos Peñaloza, Aldemar Palmera, Juan Carlos Prieto, Nicolás Mendoza, Robinson Olivares (Presidente CUT), Vicky Avendaño (CUT); Dora Novoa y Jairo Montesino (Aducesar); Henry Ropero. Chocó: Jorge Salgado, Córdoba: Ramón Barrios, Luis Mesa (Comité Dept.), Alberto Villalobos (Ademacor, Maestros de Córdoba), Roberto Salcedo (Chinú). Cundinamarca: Tito Herrera (Ex Diputado), Jorge Ramírez, Pedro Jiménez, Hernán Rojas, Bertha Rey, Álvaro Rodríguez, Eduardo Romero, Carlos Robledo, Carlos Calderón,  Carlos Rozo, Diego Ramírez; Olga Rivera y Euclides Cruz (Adec, maestros de Cundinamarca), Boris León, Edwin Morelo,  Guajira: Algemiro Ávila, José Montiel, Felipe Rodríguez, José Benítez, José de Luke, Concejales: Rafael Pérez Nieves (Riohacha), Almeiro De Jesús Mejía Carrillo (Barrancas), Luis Edgardo Oyola González (Dibulla),  Hildefonso Romero Díaz (Hatonuevo), José Alfredo Salina Gámez  (San Juan), Osman René González Morón (Urumita), Víctor Manuel Valdés Pacheco (Villanueva),  Eliécer Quintero Vásquez (Maicao). Presidentes Coordinadoras Municipales: Pedro Ramírez Gutiérrez (Riohacha), Remedios Lastre (Manaure),  Rafael López Epiayú  (Uribia), Rolando González Solano (Albania),  Emilio Robles Brito (Hatonuevo),  Leonel Antonio Peñaranda (Fonseca), Leonardo González         (Villanueva)., Yolima Padilla Nieves (Ex Candidata Alcaldía Mpio. Albania), Jaime Deluquez Diaz, Excandidato Gobernación de La Guajira. Dirigentes Riohacha: Duver Davit Pimienta Arregocés (Edil Riohacha), Edgar Pimienta Arregocés, Alberto Palmarroza Inciarte, Federman Moreno De La Cruz, Jairo Arteche Socarrás; Pedro Alexis Salcedo Mendoza (Miembro Junta Directiva Nal. Sintracarbón); Adolfo Manuel Pana Mendoza (Exedil),  María Del Pilar Macías Castillo, Willys Acosta y Omar Mattos Perilla, Dirigentes Universidad de La Guajira. Dirigentes Albania: Omar Olea Román, Ariel Alonso Urango, Alirio Machuca Sánchez,; José Nicolás Contreras Zárate, Dirigente Sector Del Transporte; José Enrique Deluque Mendoza (Presidente Red De Veedurías De La Educación), Miguel Ángel López Hernandez (Poeta – Dirigente Etnia Wayuú),  Milaxi María Herrera (Docente – Dirigente Etnia Wayuú), Jesús Ariza Acosta, Emiro Almanza y Wilman Corcho (Dirigentes – Empresarios Sector Privado), Santos Rafael Ojeda (Docente – Dirigente Sector Educativo),  Dirigentes Hatonuevo: Jesús Iguarán González, Serafín López Luque,; Rodolfo Bertel (Dirigente Asociación De Pensionados), Edilberto Contreras Hernández (Dirigente C.U.T. La Guajira),  José Manuel Araujo Bernuy (DirigenteVillanueva), Cristobal Marín (Secretario Coordinación  Villanueva),  Dirigentes San Juan del Cesar: Victor Granadillo Daza (exconcejal), Juan Bautista Correa, Amilkar Daza Coronado, Yomaris Lucila FuentesEdilberto Vivanco (Dirigente Sector Lgbti La Guajira,), Alvaro Enrique Frías Pantoja (Integrante Junta Directiva Nal. Sintracarbón), Hernán Gómez Ospino (Dirigente Sector Minero),  Elías Marcelino Figueroa (Dirigente Barrancas – Sindical), Dirigentes Coordinación Mpio. Manaure, Alvaro Mercado y Julián Baena, Dibulla: Avelino Montenegro (Presidente Coordinación),  Adonis Roberto Choles (Exconcejal), Remigia Manotas (Dirigente Sector Educativo), Miguel Ramírez Valdés; Ronald Acosta Liñan, Exconcejal Villanueva, Jorge Echeverría (Asociación Pensionados), Heriberto Ramos, Exconcejal Urumita; Dirigentes Coordinación Maicao: Armando Mercado Rua, Ilich Mercado, Alberto González,  Hugo Montalvo de Maicao, Roberth Redondo Pinto, Exconcejal Barrancas, Daniel Herrera (Miembro Junta Directiva Asodegua), Orlando Pimienta (Dirigente Sector Agropecuario), Dirigentes Fonseca: Jorge Parodi Solano, Ubaldino Castro, Luis Fernando Toncel Solano, José María Gil Carrillo, Amparo Peñaranda, , Oscar Buendía, Jorge Parody Solano, María Manjarrez; José Luis Joiro Deluque (Dirigente Sindical Sector Minero). Huila: Felipe Celis (Presidente Comité Ejecutivo Dept.), Mercedes Santos (Comité Ejecutivo Neiva), Gloria Zárate, Libardo Gómez, Germán Campos (CUT). Pablo Emilio Escobar Polanco, exconcejal de Neiva. Magdalena: Rafael González (Presidente PDA Magdalena y del Comité Santa Marta), Carlina Sánchez, exdiputada; Vilbrum Tovar (Excandidato a Gobernación), Alfonso Ibarra (Dirigente Distrital), Leonel Juvinao, Orlando Olivero, Hugo Meza (Exdiputado - Edumag, maestros Magdalena), Jean Carlos Jiménez, Aroldo Guardiola, Ediles de Santa Marta: Leandro Castillo, Daniel Medina, Ramón Camacho, Luis Zamir Durán, Karem Pinedo, Braulio Escamilla, Carmen García, José Cantillo, Álvaro Morales, Jorge Crespo, Rosario Medina. José Sierra; Wilfrido Armenta (Ex Candidato a la Cámara), Mariela Ospina (presidenta Polo Santa Marta), Florentino  Corredor, Juan Antonio Lobo, Tomás Uribe, Ángel Finse (Dirigentes Polo Santa Marta), Meta: Eudoro Álvarez, Gildardo Quevedo (Presidente Adem - Educadores del Meta), Ramón Rico (ADEM), Timoteo Romero (Presidente CUT), Hernando Betancourt.  Nariño: Fernando Ruiz, Carlos Rosero, Buenaventura Guerrero; Álvaro Ibarra (Presidente Sindicato del magisterio de Nariño). Norte de Santander: Jesús Gereda, Hernando Arboleda, Hernando Gereda, Miriam Támara (Ex candidata Cámara), Pablo Martínez (Fiscal CUT), William Velandia (Asinort, Educadores N. Santander). Putumayo: Cecilio Guerrero, Herney Murillo. Quindío: Antonio Gutiérrez, Jorge Peña, Orlando Olivero, Emilio Bohórquez (Presidente CUT), Leonora González (Suteq, maestros Quindío). Santander: Roberto Schmalbach (Diputado Santander), Gildardo Jiménez, Pedro Camargo, Alfredo Muñoz, Emiro Arias Bueno, Antonino Galán, Enrique Guarín (Secretario General, CUT); Virginia Rodríguez y Ciro Cruz (SES, maestros Santander). Sucre: Tulio Álvarez, Carmelo Chamorro, Valmiro Rangel, Rafael de la Hoz y José Bertell. Tolima: Orlando Zambrano (Presidente Comité Departamental), Víctor Sánchez, Edgar Barón, Diana Portela, Movimiento Cultural del Tolima; Andrés Castro, Daniel Bonilla, Luis Bonilla, Pedro Caro, Julio Enríquez, Miguel Gordillo; Gustavo Suarez (directivo Fecode), Leonel Homes (Simatol, maestros Tolima). Valle: María Isabel Duque, Narcilo Rosero, Elías Aguilar, Gerardo Capera. Ediles de Cali: Nataly Cruz, Alfredo Bedoya, Tania Mora, María del Socorro Erazo, Alfonso Viáfara (Presidente Sinalcorteros), María del Carmen Flaker (CUT) Vaupés: Olivia Cubides (Representante Etnia Cubea) Vichada: Gladys Rocío Rodríguez (Dirigente Profesional)

Polo Democrático Alternativo

A ¿QUIÉN LA CONVIENE LA DEBILIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO? (II)

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


La debilidad del Estado se debe por el actuar de interesados sectores que directamente se vinculan con fuerzas del control político y económico global y local y por factores que sucesivos gobiernos lograron naturalizar de tal forma, que la incompetencia estatal se convirtió en un elemento de transacción política bipartidista, con el claro propósito de mantener el statu quo.

Dentro de dichos factores se encuentran la incapacidad de controlar las fronteras internas, el no poseer el monopolio de las armas y la ineficiente función pública, en especial en territorios alejados de Bogotá y de otras capitales.

La labilidad del Estado se puede evidenciar en la fragilidad institucional para resolver no sólo problemas que se enmarcan en la sociedad, sino también en su debilidad para confrontar los intereses que provienen de fuerzas que le superan en poder y en capacidad de decisión. Claro que de fondo hay un asunto de dignidad que compromete el carácter y la capacidad de negociar y de imponer una idea de nación de nuestra clase dirigente. Aceptar las recetas del FMI o la injerencia del Banco Mundial es una muestra de ese lábil carácter de gobiernos, clase dirigente y política. Los impactos son claros: diseño institucional acorde a las imposiciones de dichos organismos internacionales.

Las débiles estructuras estatales sirven para reproducir instituciones como el clientelismo, que resulta de viejas transacciones políticas entre representantes de los partidos tradicionales, políticos, comunidades y por supuesto, con empresarios y demás actores de la sociedad civil. Esta misma, al legitimar la precariedad del Estado, adquiere ese carácter en tanto no es capaz de proveer óptimas condiciones para un mercado interno con claro beneficio colectivo, así como para construir puentes comunicativos con el Estado.

El diseño y el funcionamiento institucional estatal está sujeto a la racionalidad clientelar y a una suerte de cultura organizacional promovida por funcionarios públicos y políticos que buscan llegar al Estado no para servir o ayudar a que éste se legitime, sino para aprovechar beneficios o simplemente, para mostrar la efectividad de las redes clientelares aupadas desde el Congreso, los partidos y movimientos políticos, instituciones que al reproducir la ineficiencia y la ineficacia estatal, aseguran su permanencia más por la fuerza del diseño constitucional y la tradición republicana, que por su reales aportes a la democracia y al cumplimiento de lo estipulado en la Carta Política.

El Estado colombiano, contrario a lo que se pretendió mostrar a lo largo de las dos administraciones de Uribe Vélez, no ha dejado de ser débil, violento, precario, ineficiente, incapaz y premoderno, porque es el resultado de un proceso histórico en el que sectores, o reducidas élites, lo concibieron para mantener condiciones de estabilidad del proyecto de país que ellas mismas concibieron y que defienden a dentelladas.

De este modo, y sin contar con un proceso revolucionario capaz de generar una idea distinta y dignificante de país, de nación, a partir, por ejemplo, del respeto a una diversidad cultural reconocida tardíamente, el Estado colombiano se elevó como un orden social, político, económico y cultural con un claro carácter privado que desde siempre anuló el sentido de lo público que deviene con la acción estatal.

Ha sido un proceso de edificación estatal que recoge las posturas y visiones de la élite bogotana y las regionales que históricamente se han avergonzado de compartir territorio con indígenas, negros y mestizos y que han tranzado con fuerzas ilegales (narcotráfico y paramilitares) para mantener el Establecimiento. Esa circunstancia de doble Estado no sólo es aceptada y promovida por los poderes y por la élite bogotana, sino por extensos grupos de ciudadanos que creen que el Estado se hace fuerte, actuando de la mano de poderes de facto, de fuerzas ilegales, de criminales.

De allí que insista en que el funcionamiento y la existencia misma del Estado se sostiene más en el diseño constitucional y en la tradición moderna, que en una idea de país y de nación compartida no sólo por el grueso de la población colombiana, por los actores de la sociedad civil, sino por tres poderes públicos que actúan cada uno cuidando su autonomía, pero manteniendo, por acción u omisión, la incompetencia de un Estado que arrastra no sólo problemas estructurales, de diseño e implementación institucional, sino culturales que se expresan en los discursos y en las actuaciones de quienes por largo tiempo han ocupado diversas instancias de poder y por quienes por largo tiempo han sido sus víctimas.

Lo cierto es que sucesivos gobiernos, conscientes de la precariedad estatal, han creído que esa negativa circunstancia se supera con el fortalecimiento de las fuerzas armadas y el decisivo enfrentamiento de las guerrillas, así como con la creación de institutos, departamentos e instituciones que operativa, técnica, legal y políticamente nacen con problemas por cuanto resultan no sólo de la improvisación o de la fusión de otras, sino porque son producto de tradicionales formas de transacción política (electoral), que replican prácticas organizacionales alejadas de un sentido de lo público suficiente para generar un imaginario positivo del Estado.

Subsisten, entonces, elementos identitarios que históricamente muestran, de un lado, la inconformidad por la existencia de un Estado débil, pero por el otro, la aceptación de esa condición como opción de poder para quienes desde la tradición vienen imponiendo una idea de Estado, de país y de nación, acorde a sus interesadas concepciones y actuaciones.