martes, 26 de agosto de 2014

BOLETÍN DE PRENSA: MOVIMIENTO CÍVICO DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA

MILLICOM CON UNA EMPRESA FACHADA DE UN CAPITAL DE 20 MIL EUROS Y UN OBJETO SOCIAL DISTINTO AL DE LAS TELECOMUNICACIONES, SE APODERÓ DE  UNE
 
Esto es como para Ripley, Millicom fusiónó una empresa  de garaje constituida en julio de 2013. Esto es, dos meses después de aprobado el Acuerdo 17 de 2013. El capital social de la flamante empresa es de 20 mil euros, que convertidos a pesos colombianos son $ 49.472.779, con  un objeto social distinto al de las telecomunicaciones, como quiera que su principal actividad, es: “La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de sociedades  y otras entidades, sean éstas residentes o no en territorio español”. Dejando íntegra a COLOMBIA MÓVIL - TIGO.
 
Este es un negocio redondo para Millicom: dueño del 49.9999% de la propiedad de UNE EPM Telecomunicaciones, y sólo tuvo que poner  20 mil euros más 1.4 billones, los que va a pagar por cuotas con las mismas utilidades de UNE; y quedó con la presidencia y la mayoría en la junta directiva de la nueva empresa. Mientras COLOMBIA MÓVIL TIGO  sigue prestando los servicios de telecomunicaciones de manera independiente, habida cuenta que no se integró a UNE, ni se disolvió. No obstante la Superintendencia de Industria y Comercio, haber aprobado la fusión UNE-COLOMVIA MÓVIL – TIGO.
 
En la parte resolutiva de la Resolución 24527 de 2014, se dispuso:
 
(…)   RESUELVE:
 
“ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la fusión por absorción entre UNE y COLOMBIA MÓVIL – TIGO en los términos descritos en el considerando SEGUNDO de esta resolución, sujeto al cumplimiento del condicionamiento previsto en el considerando DECIMO OCTAVO de esta Resolución”. MILLICOM no puede dejar por fuera de esta fusión, a COLOMBIA MÓVIL –TIGO.
 
Para respaldar esta denuncia, citaremos la parte pertinente de  la escritura N° 2471 del 14 de agosto de 2014, de la Notaría (26) de Medellín, tal como aparece en el certificado de existencia de la Cámara de Comercio de Medellín: “Por la cual se solemniza el acuerdo de fusión entre las sociedades UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A. (365172-4) como Absorbente y la sociedad  MILLICOM SPAIN CABLE S.L (ABSORBIDA) (Domiciliada) en España), la cual se disuelve sin liquidarse”. ¡Cómo la iban a liquidar, sino posee nada!
 
COLOMBIA MÓVIL- TIGO  se tiene que disolver e integrarse a UNE ¿O que nos digan el Gerente General de EMP y el Doctor Iriarte, si UNE fue vendida por  1.4 billones? No se puede hablar de una potente empresa de telecomunicaciones, cuando UNE se fusionó con una criatura minusválida y de otra especie.
 
 
 
GONZALO ÁLVAREZ HENAO                                                                JESÚS MARÍA  LÓPEZ VELÁSQUEZ
Presidente                                                                                                 Presidente, UNIGEEP
MOVIMIENTO CÍVICO DE MEDELLÍN                                                     UNIÓN SINDICAL GRUPO
Y EL ÁREA METROPOLITANA                                                                EMPRESARIAL EPM

martes, 10 de junio de 2014

TENER O TENER, ESA ES LA CUESTIÓN

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. 


Colombia arrastra la ‘maldición’ de ser un país biodiverso mal administrado por sucesivos gobiernos, que con débiles instituciones y un torpe centralismo, pretenden dar cuenta de un desarrollo sostenible en medio de la aplicación de prácticas extractivistas que no respetan límites de resiliencia.

Tendría Colombia todo para ser una ‘potencia’ dicen muchos; otros menos ambiciosos dicen que con toda la riqueza y con la creatividad de su gente podría por lo menos ofrecer condiciones de vida digna para todos sus nacionales. Pero la verdad es que el país, como orden social y político avanza en medio de enormes dificultades que hacen imposible que lleguemos a elevarnos como ‘potencia’ y logre garantizar una vida digna para todos sus nacionales. Y es así porque no existe una mínima claridad en torno a nomenclaturas como autonomía, soberanía, solidaridad y reconocimiento del otro, entre otros elementos claves.  

La responsabilidad recae en muchos actores y factores. Podría decirse, por ejemplo, que el país no rompió del todo con su pasado colonial. Jamás hubo una revolución política y mucho menos cultural que permitiera romper con un pasado de dominación que parece haber dejado profundas secuelas en las formas como los colombianos se representan lo público, lo estatal y lo privado.

También se indica que sus élites han sido incapaces de liderar procesos civilizatorios y coadyuvar a la  consolidación de un proyecto de Nación incluyente. De igual manera, hay que señalar a la ignorancia supina de millones de sus nacionales y la pobreza material e inmaterial de otros tantos, como circunstancias que impiden que Colombia haya superado no sólo el conflicto armado interno, sino la pobreza urbana y rural, cada vez más visible y difícil de superar. Al final es claro que subsisten factores, actores y circunstancias contextuales que han impedido la consolidación del Estado como un orden social y político viable social, política, cultural y ambientalmente.

Pero con todo y los problemas, el orden social se mantiene y se reproduce porque las relaciones de dominación y de poder tienen un fuerte arraigo en la cultura y esa cultura se legitima por la acción u omisión del Estado, sin olvidar que existe un diseño constitucional que asegura unos mínimos de sostenibilidad para ese orden social y político.

Se suele explicar y justificar la existencia del conflicto armado interno y las múltiples expresiones de violencia urbana por la pobreza estructural y coyuntural de millones de colombianos. Pobreza que suele enfrentarse con políticas asistenciales que poco o nada logran modificar los índices de pobreza (NBI), al tiempo que los gobiernos neoliberales logran concentra más la riqueza en el sistema financiero y en algunas reducidas familias. Pablo Dávalos considera que “para el capitalismo los pobres son fundamentales, son el engranaje que aceita sus relaciones de poder. Son la heurística de la escasez. Nunca se trató de aliviar ni mitigar la pobreza, se trató, en realidad, de ejercer el poder en condiciones  de hegemonía que permitan cerrar la historia a las propuestas alternativas  y emancipatorias…”[1]

Así, la lucha contra la pobreza es histórica. Y en medio de esa aparente lucha, parece que las organizaciones financieras, políticas y ONG de carácter  internacional olvidan que la pobreza se produce y se reproduce gracias al capitalismo. Pablo Dávalos señala que “…  lo que no se dice es que la pobreza es inherente al mismo desarrollo del capitalismo y que los proyectos que financia en Banco Mundial no solo que provocan  más pobreza sino que apelan a la violencia para sostenerla y en aquellos lugares en los que interviene las sociedades quedan fracturadas de manera irremisible y los conflictos sociales se agudizan y exacerban[2].

Sin duda, la lucha contra la pobreza no sólo es aparente, sino que deviene contradictoria y profundamente inocua porque hay un sistema que la produce y la reproduce. Poderoso sistema económico, nacional e internacional que ha logrado descentrar la política, restándole así poder a la lucha social, a los movimientos sociales y a los sectores opositores al modelo económico neoliberal.

Resulta contradictoria la lucha contra la pobreza cuando se diseñan y se implementan  políticas públicas como Familias en Acción (Plan Colombia), que llevaron a que madres receptoras de los subsidios recomendaran a sus hijas adolescentes embarazarse para que recibieran el dinero estatal. Sin duda, estamos ante una política pública contradictoria que termina por reproducir la pobreza con la anuencia del Estado.

La responsabilidad de este tipo de iniciativas gubernamentales no sólo recae en los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos, sino en los partidos políticos y en la sociedad misma. En particular en los partidos de izquierda que deben trabajar en la educación y en el cambio cultural de los más necesitados, en lugar de convertirlos en objetos a conquistar con subsidios y acciones paliativas que no confrontan el problema estructural de un sistema económico que segrega y reproduce la pobreza y la miseria.

Es allí en donde deben trabajar la Iglesia Católica, los partidos de izquierda y las ONG, entre otros actores. Es decir, educar, mejorar procesos civilizatorios y un cambio cultural que permita a todos los ciudadanos repensar sus vidas más allá de las ‘presiones’ que ejerce la sociedad sobre mujeres y hombres en el sentido en que deben reproducirse, sin revisar las condiciones económicas y de capital social acumulado para enfrentar el reto de ser padres.

Pero volvamos a ese omnímodo poder económico que produce y reproduce la pobreza.  La pregunta es: ¿Cómo enfrentarlo? Existe una forma aún no explorada para enfrentarlo, desde la perspectiva ciudadana y de los movimientos sociales. Se trata de una circunstancia que bien cabe dentro de lo que se conoce como biopoder, pero direccionado desde las huestes sociales. Hablo de la reproducción humana como elemento de un biopoder que se opone al poder económico y financiero que reproduce la pobreza.

De cara a enfrentar los efectos nocivos que dejan el mercado, la globalización económica, el capital financiero y sus agentes internacionales y locales en la condición humana,  un camino posible para enfrentar no sólo la pobreza, sino el empobrecimiento de la experiencia de la vida anclada como nunca al poder del dinero, del mercado y del consumo, es frenar el nacimiento de seres humanos, especialmente en aquellas comunidades urbanas[3] frágiles, vulnerables y pobres que viven del asistencialismo estatal y de la mirada y las acciones lastimeras de la Iglesia Católica, de ONG y de ciudadanos acomodados económicamente que desean exculparse haciendo obras benéficas. Y no se trata de imponer el control de la natalidad. Hablo de auto deliberación, de autoconciencia. Cada ciudadano debería ser capaz de discutir si quiere o no, si realmente puede o no garantizar una vida digna para los hijos que piensa tener.

Insisto en que reproducirse debe ser un factor político clave en el marco de una concepción distinta del biopoder. Y ese poder está especialmente concentrado en las mujeres y en su capacidad para manejar y disponer de sus cuerpos. Mujeres empoderadas social, política y económicamente pueden resultar decisivas para modificar sustancialmente los imaginarios y las representaciones sociales que circulan frente a la ‘obligatoriedad’ de ser madres. Tener o no tener hijos es hoy un asunto de indiscutible valor ético-político.



Nota: Publicado en www.programalallave.com  

http://www.programalallave.com/opinion.php?titulo=TENER%20O%20TENER,%20ESA%20ES%20LA%20CUESTI%C3%93N&autor=GERM%C3%81N%20AYALA

[1] Dávalos, Pablo. La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina. Colección del Congreso de los Pueblos. Ediciones Desde Abajo. p. 106

[2] Dávalos, Pablo. La democracia disciplinaria. p. 27.

[3] Las comunidades indígenas deben reproducirse porque son minoría y deben garantizar su permanencia en tanto sus proyectos de vida confrontan el modelo de vida basado en la acumulación económica. 

jueves, 21 de febrero de 2013

DEL CAGUÁN A LA HABANA: LA GUERRA, ASUNTO DE ESTADO; LA PAZ, ASUNTO DE GOBIERNOS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. www.laotratribuna1.blogspot.com


La paz en Colombia ha sido esquiva por cuanto en  los centros de poder social y político, la guerra  no se ha entendido de manera consensuada como un asunto político, de allí que específicos gobiernos le hayan dado un tratamiento exclusivamente policivo, debilitando aún más el carácter político que precede y sostiene a esta guerra interna. Lo que ha sucedido en Colombia es que la guerra ha sido un asunto de Estado, pero la búsqueda de la paz, por el contrario, ha sido y lo es aún, un asunto de Gobiernos.

Ha sido difícil que el Estado en su conjunto  y sectores tradicionales de la sociedad civil miren y comprendan que la guerra interna tiene un natural carácter político, que no puede simplemente desconocerse a juicio de sectores interesados en minimizar su impacto y sus características, a través de políticas públicas como la Política de Defensa y Seguridad Democrática en la que el conflicto como tal no existe y en la que se señala y se califica que lo que existe en Colombia son agrupaciones terroristas o una simple amenaza terrorista.

En ese camino de entender y comprender el conflicto interno como un asunto político, aparecen episodios en los que la política, como conjunto de reglas y como posibilidad de resolver los conflictos y las diferencias, se confunde con apuestas y coyunturas electorales[1] con las que la búsqueda de la paz queda contaminada por los afanes de quienes buscan llegar al poder del Estado. Y ese sentido electoral tiene en las regiones unas dinámicas bien particulares en las que conviven prácticas de economía ilegal (narcotráfico), con habilidades políticas asociadas al clientelismo y al poder de gamonales y familias poderosas, tradicionales y emergentes, con las que el conflicto, la guerra, adquiere dimensiones distintas que hacen compleja su comprensión.

La paz en el gobierno de Pastrana, la guerra en los dos periodos de Uribe y la paz, con Santos Calderón

En las elecciones de 1998, Pastrana Arango buscaba llegar a la Casa de Nariño, precedido de una amarga derrota electoral que le infringió Ernesto Samper Pizano. Acosado por su afán de convertirse en Presidente, Pastrana apostó su futuro político, jugando con la paz. Utilizó la paz, el sueño de millones de colombianos, como recurso electoral para llegar al Solio de Bolívar. Y a fe que lo logró: de la fina maniobra electoral de Pastrana en 1998, nació un nuevo proceso de paz con las Farc. Proceso que resultó fallido por la presión mediática y de sectores de poder económico, político y militar, a los que se sumaron errores políticos y militares tanto de las Farc como de quien fungió como Presidente de Colombia entre 1998 y 2002. De otro lado, las circunstancias generadas por los atentados terroristas en los Estados Unidos (9/11), fueron determinantes y definitivas para que el Gobierno que sucedió a Pastrana, asumiera ese elemento del contexto internacional para desconocer de manera tajante el carácter político del conflicto y el de las agrupaciones guerrilleras. 

Convertida la zona de distensión en tierra de nadie, en donde floreció por poco tiempo un soñado Estado fariano[2], la llamada opinión pública terminó no sólo desengañada del sueño de paz que cobró vida a partir del abrazo histórico entre el entonces Pedro Antonio Marín (alias Manuel Marulanda Vélez) y Andrés Pastrana Arango, sino que terminó convencida de que los diálogos no llevaron a la paz por culpa exclusiva de la cúpula de las Farc. La verdad es que el proceso se rompió en buena medida por el manejo irregular que le dio la agrupación armada ilegal, pero también, por el doble juego planteado por Pastrana en torno a que de un lado internacionalizó el conflicto, con el Plan Colombia  y la fuerte presencia de los Estados Unidos, y por el otro, permitió que la agrupación guerrillera usara a discreción una zona que por momentos fue un escenario de diálogo interesante en lo que se llamó en su momento las audiencias públicas. Fue el Plan Colombia de Pastrana el que abrió todas las posibilidades para que se fortaleciera la institucionalidad armada de la cual se beneficiaría el gobierno de Uribe Vélez.

Para destacar de ese fallido proceso, la Agenda Común para un Nueva Colombia, con 12 puntos de contenido que dieron muestra de que es posible que las fuerzas enfrentadas, las del Estado y las de las Farc, pueden llegar a coincidir en varios puntos y asuntos que terminan demostrando que el orden social y político establecido ofrece no sólo problemas de legitimidad histórica, sino dificultades en su viabilidad.    

Mientras que las fuerzas estatales mejoraban y modernizaban el armamento con la ayuda técnica y militar allegada gracias a los recursos internacionales a través del Plan Colombia, las Farc hicieron lo mismo, usando la zona de distensión para recibir armamento a cambio de droga, hacer mantenimiento a los equipos, recuperar a los enfermos y someter a proceso de reentrenamiento a varios de sus frentes. Nuevamente, se dialogó en medio de la guerra, con la esperada mirada moralizante de los medios masivos y de otros sectores tradicionalmente reacios a que se dialogue con las guerrillas. Con cada ataque y golpe dado por las Farc a la fuerza pública, se generaban climas de opinión desfavorables en torno a la real voluntad de paz de uno de los actores de la guerra.

Roto el proceso de paz, el único camino que se abrió fue el de la confrontación militar. El escenario electoral de 2002 sirvió no para soñar con la paz, sino para delirar con la solución militar al conflicto, por la vía de la eliminación del enemigo. Uribe, ungido como el Mesías, asumió, como nunca lo había hecho un Presidente en la historia reciente, el papel de máximo comandante de las fuerzas armadas, con el claro propósito de acabar con las Farc, aprovechando las ventajas comparativas que su antecesor le dejó con el Plan Colombia. Uribe mandó entre 2002 y 2010.

Los duros golpes dados a las Farc, magnificados por una prensa hincada a su poder, fueron elementos suficientes para que sectores de la derecha colombiana apoyaran política, social y económicamente la aventura reeleccionista, que asegurar la victoria militar que para muchos estaba cerca. El fin del fin hacía parte de la euforia colectiva que generó un Gobierno de mano dura, que apeló al odio generado por la presencia otoñal de unas guerrillas cada vez más lumpenizadas por la penetración del narcotráfico y por la incapacidad técnica y operativa de sus comandantes para mantener la unidad y el control de los frentes, dado la presión militar de las fuerzas estatales. 

En una muy fina cirugía constitucional, la guerra a muerte contra las Farc se extendería cuatro años más. El resultado, una cúpula fariana golpeada y acosada por constantes bombardeos. Bastó la decisión política y militar de usar grandiosas ventajas militares aseguradas a través del Plan Colombia, para hacer posible que hoy presenciemos unos nuevos diálogos de paz, esta vez, y nuevamente[3], fuera del país.

Retomemos. Mientras que Pastrana jugó electoralmente con el carácter político del conflicto armado interno,  su sucesor, Álvaro Uribe Vélez desconoció dicho carácter y logró inocular en millones de colombianos, la idea de que efectivamente el país enfrentaba una amenaza terrorista. En parte lo logró con la aplicación técnica y política de su política de seguridad democrática, y por supuesto, lo pudo hacer gracias a las empresas mediáticas que cerraron filas en torno a su política de mano firme y claro está, a las muchas acciones desesperadas de las Farc, que merecían y merecieron el calificativo de terroristas.

Así, entonces, el carácter político de la guerra colombiana ha sido manoseado, desconocido, bien por coyunturas electorales o por apuestas político-militares, siempre en beneficio de someter a una fuerza ilegal que históricamente ha sido la única capaz de develar, confrontar y proponer cambios al injusto orden social, económico y político vigente en Colombia, dada la precariedad discursiva, operativa y política de los partidos políticos, los sindicatos y la academia.

Terminado el aciago periodo de Uribe Vélez, en medio de escándalos por corrupción y violación sistemática de los derechos humanos (‘falsos positivos’ y las ‘chuzadas’ del DAS[4]) y en medio del triunfalismo militar, el poder del Estado lo asumiría en 2010 quien fungió como Ministro de la Defensa de Uribe Vélez: Juan Manuel Santos Calderón. Hijo de la rancia élite bogotana, Santos Calderón daría un giro importante, devolviéndole el carácter político al conflicto armado. Lo hizo en dos momentos: el primero, reconociendo que efectivamente en Colombia había un conflicto armado, lo que le permitió crear, junto con el Congreso de la República lo que se conoce como la ley Marco para la Paz; y el segundo momento, cuando con la misma ayuda del Legislativo, se dio vida a la ley de víctimas y restitución de tierras. Con estos dos elementos jurídico-políticos se dio vida a un nuevo proceso de paz que, sin el consenso social y político del proceso de paz liderado por Pastrana, camina a pesar de los embates mediáticos y los de una férrea oposición de ganaderos y terratenientes, liderados por el hoy ex presidente Uribe. 

Devolverle el carácter político a la guerra, al conflicto y al principal actor ilegal, le permitió a Santos hablar de paz, sin que el país esté sintonizado completamente con el asunto. Es claro que en el plano interno el proceso de paz no cuenta con un amplio consenso. Por el contrario, hay un ambiente de incertidumbre, de duda y de un muy moderado optimismo alrededor de lo que pueda suceder en la mesa de diálogo instalada en La Habana. Contrasta lo anterior con el apoyo brindado por varios países y el buen recibo que del proceso de paz manifestó la ONU.

Contrario a lo que hizo Pastrana[5], Santos no sujetó su plan de gobierno a la paz, al proceso mismo. Es decir, la agenda de paz, su abordaje y discusión la entregó a sus negociadores, con el firme propósito de tratar de no amarrar la agenda pública de su Gobierno, a un proceso incierto del que no se sabe a dónde llegará.

La complejidad de los cinco puntos acordados en la agenda y la propia dinámica dada por los equipos negociadores de la cúpula de las Farc y del Gobierno de Santos, ha llevado a que los diálogos de paz queden sujetos, nuevamente, a la coyuntura electoral, esta vez con un significado especial: se trata de la reelección de Santos. Eso sí, con un agravante: existen sectores de poder que vienen haciendo oposición directa y soterrada a la gestión del presidente Santos, juego político en el que aparecen fuerzas uribistas que desean recuperar el poder para, nuevamente, desmontar el perfil político de la guerra colombiana.

Dada la debilidad manifiesta de los partidos políticos, de los sindicatos, de la Academia y la imposibilidad los medios de comunicación de mediar a favor de la superación del conflicto, los temas de la agenda de paz y los asuntos propios de la forma como opera el actual orden político en Colombia no se discuten de manera amplia entre sectores de la sociedad civil y en amplios escenarios públicos. Ese es quizás el mayor obstáculo que han enfrentado quienes de tiempo atrás agencian escenarios de paz en Colombia, de cara no sólo a la superación del conflicto, sino a la comprensión de su carácter político, que conlleve a aceptar que la solución debe tener ese mismo perfil.

A lo anterior se suma la débil institucionalidad estatal, producida por grupos de poder interesados en mantener dicha labilidad hasta límites sostenibles del orden establecido. Esa histórica circunstancia impide que el conflicto armado sea asumido por el Estado en su conjunto, como un asunto político, y por ese camino, se piensen y se diseñen salidas políticas negociadas que lo superen.


[1] Elemento y factor que hace parte de la política y que para el caso colombiano resulta nefasto en la medida en que con lo electoral, las fuerzas políticas enfrentadas y ganadoras en los escenarios electorales, terminan legitimando una democracia formal y excluyente y por ese camino, intentan desestimar la lucha política armada de las guerrillas e insistiendo en que es posible cambiar el injusto orden social y político, a través de las urnas, a pesar de la presencia del clientelismo y de la posibilidad de que grupos de poder alimenten episodios de violencia política.

[2] Que sirvió para probar que en el proyecto revolucionario de las Farc subsisten elementos propios de la ideología conservadora, en especial en lo que tiene que ver con el derecho de las personas al libre desarrollo de la personalidad y a la clara separación entre las esferas privada y pública. Las Farc ejercieron labores policivas de control cultural e ideológico que los hizo aparecer como una agrupación con unos ideales cercanos a los del partido conservador y de una cultura machista. Se convirtieron en una suerte de policía revolucionaria, que controlaba, vigilaba y castigaba prácticas sociales consideradas como negativas, como por ejemplo, episodios de violencia intrafamiliar, señalamientos y castigos a los hombres que golpearan a sus compañeras y a jóvenes que usaran aretes, pelo largo y exhibieran su homosexualidad. En lo económico, las Farc emitió la Ley 002 mediante la cual impusieron gravámenes a empresas y empresarios.

[3] En el periodo de Belisario Betancur Cuartas se dialogó en Tlaxcala, México y en otros países. Resultado de esos diálogos de paz fue la creación de la Unión Patriótica, brazo político de las Farc, con el que dicha agrupación armada ilegal pudo participar en política y en escenarios electorales. Una combinación de fuerzas del Estado, de grupos paramilitares y narcotraficantes, eliminó a más de 3.000 militantes de esa naciente colectividad.

[4] Departamento Administrativo de Seguridad. Esta entidad, que dependía directamente de la Presidencia, fue cooptada por el Paramilitarismo, cumplió el papel de policía política, para vigilar, perseguir y afectar la vida de quienes fueran señalados como enemigos del régimen o detractores del gobierno de Uribe. Entre las víctimas aparecen magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, académicos e intelectuales. El gobierno de Santos la liquidó. Hoy existe la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI.

[5] Sin retomar en forma directa los puntos de la Agenda lograda en el proceso de paz de Pastrana, tanto la cúpula de las Farc, como los negociadores del Gobierno de Santos, convinieron una agenda de cinco puntos: 1. Política de desarrollo agrario integral. 2. Participación política. 3. Fin del conflicto. 4. Solución al problema de las drogas ilícitas. 5. Víctimas y verdad.


 
 

viernes, 15 de febrero de 2013

INFORMAR EN MEDIO DE LA GUERRA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


En las guerras, los medios y los periodistas suelen tomar partido y por ese camino, terminan defendiendo los intereses y los proyectos políticos de los bandos enfrentados. En el contexto del conflicto armado interno de Colombia hay empresas mediáticas, en especial las que hacen parte de conglomerados económicos, que defienden a dentelladas a las fuerzas militares y en general al Establecimiento. Desde allí, editorial y políticamente, hay una evidente toma de posición que contamina el periodismo y la información entregada, hasta el punto que no se puede beber, literalmente, de esas fuentes informativas.

El  grueso de las audiencias no hace este tipo de disquisiciones, lo que asegura que los millones de ciudadanos que a diario consumen la información de noticieros de radio y televisión y en general, la que entrega la prensa escrita, terminen creyendo y confiando en que lo que dicho y mostrado por estos medios es la verdad. Esas audiencias replican el discurso y las nomenclaturas con las que las fuerzas legales suelen descalificar al enemigo. De esta forma, las audiencias entran casi inconcientemente, en el juego de quienes combaten, en la perspectiva de que cada uno busca ganar apoyo popular y ciudadano para la causa que dicen defender.

Los noticieros de televisión, RCN y Caracol tomaron partido y desde un ideologizado lenguaje periodístico-noticioso defienden el Establecimiento, la Patria y la institucionalidad, dejando de lado los problemas de legitimidad del orden establecido. A diario, recogen, sin mayor discusión, las opiniones y la ideología de las fuerzas armadas. Son, entonces, estafetas de un bando que tiene intereses y que por el hecho de estar dentro de los marcos legales no significa que su legitimidad esté garantizada. Eso lo olvidan periodistas y medios, lo que asegura un ejercicio periodístico sesgado y discursivamente comprometido.

Las evidencias son muchas: son los mismos medios los que hablan de policías y militares secuestrados, cuando perfectamente podrían hablar de combatientes o miembros de la fuerza pública privados de la libertad, de rehenes o podrían buscar otras categorías para nombrar un hecho de guerra, que se produce en el contexto de un conflicto armado irregular, degradado, sucio y en donde no hay mayores compromisos de los bandos enfrentados por ‘humanizar’ los enfrentamientos y las acciones militares; y muchos menos, la voluntad de acogerse a normas del derecho internacional.

Desconfiar de las fuentes es un principio periodístico que la prensa colombiana anula cuando informa exclusivamente desde la perspectiva de las fuentes oficiales, específicamente, de la fuente castrense.

De otro lado aparecen los medios y los periodistas cercanos a la ideología de las Farc, a su proyecto político y en general,  a las de otros grupos guerrilleros. Y los hay. Aquí también quedan comprometidas la libertad, el respeto por la verdad y el derecho a dudar, valores de un ejercicio periodístico y ciudadano que en la guerra siempre quedan sometidos al poder de aquellos que portan un arma, un uniforme y que dicen defender una patria, un proyecto político o una revolución.

Tomemos el caso del canal de televisión venezolano Telesur, órgano y brazo ideológico del proyecto político que se concentra en lo que Chávez llamó  el socialismo del siglo XXI. Huelga recordar el apoyo económico y político y la simpatía ideológica que Chávez Frías brinda de tiempo atrás a los líderes farianos. Un canal que nació como respuesta al proyecto informativo hegemónico que encarna CNN, auspiciado, por supuesto, por los Estados Unidos, en el marco de un sistema capitalista. En cualquier sentido, no son confiables las informaciones que entregan las cadenas CNN y Telesur, puesto que ambas son brazos políticos e ideológicos de fuerzas y actores de dos sistemas políticos y económicos que históricamente evidencian problemas para dignificar la vida humana. 

El show de las liberaciones

Liberar prisioneros o secuestrados no es un acto de benevolencia o de buena voluntad. Ante todo, se trata de un acto político, de cálculo político, que difiere en lo profundo de lo que puede considerarse como una acción humanitaria.

Las liberaciones en Colombia, unas en mayor medida que otras, siempre se han convertidos en espectáculos mediáticos en donde todos los actores, políticos y armados, sacan provecho. Las Farc aprovechan para presentarse al mundo como una fuerza que ejerce control territorial y que puede poner en jaque al Establecimiento y hasta en la capacidad de capturar en combate o fuera de él, a miembros de las fuerzas legalmente constituidas.

De parte de las Fuerzas Armadas, éstas dejan ver su carácter político con el que no sólo pueden recuperar a sus miembros retenidos o secuestrados, sino con el que exhiben obediencia al Ejecutivo que les ordena, por ejemplo, cesar las hostilidades o despejar zonas, para facilitar la entrega o la devolución de los retenidos.

Ayer 14 de febrero de 2013 se frustró la entrega de dos policías que las Farc retuvieron, apresaron o que privaron de su libertad. En tono airado varios directores y periodistas de medios radiales se quejaron por la presencia de periodistas y cámaras de Telesur en la zona señalada para asegurar la ‘devolución’ de los uniformados. La primicia estaba asegurada para el medio venezolano, a juzgar por las incomprensibles razones que las Farc, voceros del CICR y  líderes de Colombianos y Colombianas para la Paz entregaron para explicar la suspensión pasajera del proceso de liberación.

Canales como RCN y Caracol, y medios locales y regionales hicieron presencia en la zona, con el firme propósito de registrar la liberación, lo que al parecer no estaba dentro de los cálculos políticos de las Farc, en el sentido en que periodísticamente el registro del hecho político estaba comprometido al canal Telesur. Si esto es así, estamos ante un hecho periodístico y político que compromete, ideológicamente a Telesur y que demostraría que la información tiene un valor económico y político incalculable para un canal extranjero, sostenido por un Gobierno que guarda afinidades ideológicas con el proyecto que exhiben las Farc.

De fondo no sólo hay una lucha por la primicia, sino un ladino manoseo de todas las partes implicadas, en relación con la vida de los uniformados privados de la libertad. Estos patrulleros de la Policía Nacional fueron usados como fichas, como instrumentos y como mercancías por los medios, los periodistas, las Farc y el Gobierno, por Piedad Córdoba, el CICR y el movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, para que cada uno justifique y legitime su papel.

¿Periodistas o estafetas?

¿Es posible hacer periodismo sin acercarse a las fuentes castrenses o a la lucha política de las Farc? Creo que sí. Y es posible siempre y cuando la prensa entienda que debe revisar sus criterios de noticiabilidad, en especial, cuando de cubrir este tipo de eventos, presentados hábilmente como gestos humanitarios de uno de los bandos enfrentados.

Al revisar los valores/noticia, la prensa podría tomar distancia de los actores armados, y analizar el hecho mismo de la liberación, dándole el contexto real que tiene y entregando todas las lecturas posibles que ese hecho tiene. Una mirada así, aportaría más a las audiencias, en lugar de transmitir el lastimero discurso que acompaña siempre a estas liberaciones, en donde salen a relucir la compasión, el dolor, el pesar, el miedo, el valor y el patrioterismo, al tiempo que se oculta un hecho fundamental: estamos en guerra.

Cuando la prensa entienda que un conflicto degradado como el nuestro necesita de un ejercicio periodístico desideologizado, es posible pensar en que el abordaje de los hechos de guerra se pueda hacer sin deponer principios y sin someterse a los intereses de los combatientes, legales e ilegales, que siempre estarán dispuestos a justificar sus crímenes y a ocultar la verdad.

miércoles, 22 de agosto de 2012

EL CASO SANTOYO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Los confesos vínculos del general ( r ) de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo Velasco con los paramilitares, ante la justicia de los Estados Unidos, reconfirman un hecho que parece que no escandaliza a la opinión pública y al grueso de los colombianos: la penetración y cooptación del Estado por parte del paramilitarismo, a través de una fina red de relaciones de poder e intereses, entre oficiales de alta graduación de las fuerzas armadas, líderes paramilitares, políticos y clase dirigente empresarial.

Es posible que en las próximas revelaciones que el ex oficial haga ante los jueces norteamericanos se entreguen algunos nombres de otros oficiales y es posible que de políticos que usaron el poder político para poner el Estado al servicio de la empresa criminal más eficiente y criminal, puesta en marcha en Colombia, por sectores de extrema derecha (educada), enquistados en visibles organizaciones de la sociedad civil. 

El caso Santoyo sirve, además, para legitimar y extremar el tutelaje político y judicial de los Estados Unidos, frente a un Estado que, como el colombiano, apenas si logra mantener condiciones mínimas de operación a sus poderes públicos, en especial al poder judicial. Es vergonzoso que en Colombia no haya investigación alguna contra el alto oficial por los hechos confesados y que de manera tardía se inicien investigaciones alrededor de propiedades y bienes del hoy confeso criminal, para someterlas a extinción de dominio.

Como Santoyo, existe una lista de altos oficiales de las fuerzas armadas con presuntos o probados vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Baste con recordar a los generales del ejército, Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uscátegui y Farouk Yanine Díaz, procesados por sus presuntos o probados nexos con paramilitares y la participación de prácticas genocidas.

Si bien no podemos asegurar que se trata de una política oficial, si podemos decir que hubo prácticas sistemáticas que hacen pensar que el proyecto de Estado y de nación que imaginaron los paramilitares y sus colaboradores, tuvo amplia aceptación en sectores destacados de las filas castrenses. 

Lo confesado por Santoyo Velasco y los probados casos de otros oficiales de las fuerzas armadas confirman que el fenómeno paramilitar se sirvió de congresistas, gobernantes regionales y locales y miembros de las fuerzas armadas, para ejecutar los planes operativos, económicos y políticos de las AUC, que compartían sectores poderosos de la sociedad civil.

Pero el asunto no puede quedar en el establecimiento y el señalamiento de funcionarios que se pusieron al servicio de un grupo al margen de la ley. Por el contrario, el país debe conocer las finas redes criminales y clientelares con las que sectores poderosos de la sociedad civil se sirvieron de los paramilitares, para cooptar la institucionalidad estatal y varias instituciones del Estado y ponerlas al servicio de un proyecto político de extrema derecha, con el que pretendían desmontar el Estado social de derecho y en general el ordenamiento jurídico, político y constitucional logrado en 1991.

Gracias al trabajo de  profesores, académicos e  investigadores, ya el país conoce algunas de las redes y las formas de operación de ese proyecto de país que buscaron implementar políticos, militares, empresarios, ganaderos, periodistas y élites regionales, entre otros.  Pero aún faltan piezas de esas finas redes de poder establecidas por quienes desde instancias gubernamentales de diverso nivel y con la anuencia de actores de una sociedad civil que de tiempo atrás sostiene una relación patrimonial con el Estado, permitieron que dentro del orden establecido se inocularan los valores no democráticos y criminales de las AUC.

Ojalá el caso Santoyo Velasco sirva para que los colombianos comprendan bien qué buscaban los paramilitares y sus animadores ubicados estratégicamente en el Estado y en la sociedad civil.

Un proyecto de nación supuestamente soportado en la lucha antisubversiva, pero que en verdad ofrecía una idea de Estado y de orden social, político, económico y cultural con específicas características, que mantiene vigencia en grupos y movimientos políticos y en la seudo ideología uribista.

“… el histórico rechazo a la acción guerrillera sirvió de puente axiológico para legitimar las acciones y prácticas de un proyecto neoconservador agenciado y aupado por un conjunto de organizaciones, legales e ilegales, de fuerzas de poder local, regional y nacional (élites económicas y políticas), así como actores globales tales multinacionales, el sistema financiero nacional e internacional”.

El fenómeno paramilitar se podría concebir, entonces, como una estrategia de las élites para consolidar un modelo económico (neoliberal) y social, que con su expansión a zonas del territorio nacional donde el Estado históricamente ha estado ausente, propició procesos de exclusión y polarización social cada vez más fuertes. Un fenómeno que intensificó los procesos de confrontación, de expulsión de sus territorios de un número importante de colombianos y que tomó por mano propia acciones de justicia directa sobre los cuerpos de miles de personas. Sobre el valor contrainsurgente, aupado desde el Estado y desde actores de la sociedad civil, como los medios de comunicación, se sumaron intereses de disímiles grupos de presión nacionales e internacionales, que vieron en el fenómeno paramilitar la oportunidad para agenciar un proyecto político, ideológico, cultural, económico, social y agrario de gran envergadura, con asiento en un modelo económico extractivo y liberal, en el sentido en que se necesita menos Estado y más Mercado, concepción con especial arraigo en un proceso de globalización en el que lo más importante es la circulación libre del capital, socavándose las soberanías estatal y popular y generando prácticas clientelizadas de los ciudadanos”[1].




[1] Ayala Osorio, Germán. Paramilitarismo en Colombia, más allá de un fenómeno de violencia política. Cali: UAO, Noviembre de 2011. ISBN 9789588713120.

miércoles, 15 de agosto de 2012

LENGUAJE, TESTOSTERONA Y POLÍTICA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo



Como animal simbólico, el ser humano no sólo crea cultura, sino que se reproduce en ella, se hace histórico, le da sentido a su existencia y extiende en el tiempo su supremacía sobre la Naturaleza.

Con el habla el ser humano difunde, explica, da sentido y recrea prácticas, actividades y formas comportamentales que hacen parte de una o de unas culturas.

Boris Cyrulnik habla de un acontecimiento primordial que se explica en un hecho claro: el hombre está dotado de habla[1]. La capacidad se señalar con el dedo, por ejemplo, es un acto que ya enuncia esa capacidad humana que lo hace distinto de otros animales.

La política, parte fundamental de la cultura, es una ‘creación’ humana en tanto ésta guarda relación directa e indirecta con procesos históricos que exponen formas de dominación y de organización del poder. Con ella y desde la acción política, el ser humano busca condiciones de certidumbre frente a los desequilibrios que la propia naturaleza puede generar, o las propias inestabilidades forjadas por luchas de poder entre seres humanos, entre tipos específicos de organizaciones o  entre formas de gobierno o entre Estados.

En la actividad política y en general en todo el devenir humano, el lenguaje juega un papel fundamental en la medida en que con él no sólo nos representamos el mundo y los demás seres vivos y los entornos naturales, sino que a través de él se establecen ejercicios de poder y dominación que bien pueden llevar a demostraciones de fuerza, de poderío militar, político, social, económico, o servir como canal de expresión de líderes políticos que fundan su liderazgo en la potencia de sus actos de habla, así como en la debilidad mental y discursiva de quienes les siguen y en una empobrecida cultura política, circunstancias estas que viene siendo el contexto en donde dichos líderes actúan.

De igual manera, esos liderazgos suelen sostenerse en formas particulares (egos) de entender no sólo la política, sino lo público, y general, los asuntos de Estado. Líderes ególatras suelen reducir la política y el sentido público de ésta, así como los asuntos de Estado, a sus intereses, miedos, sentimientos y a una subjetividad femenina o masculina desde  donde esos líderes suelen expresarse.

En lo que corresponde a la subjetividad masculina, asociada o no al ejercicio de la política y a la política en tanto procedimientos y formas regladas, hay que decir que el mundo, en general, está diseñado y pensado desde y para una racionalidad masculina que hoy, cada vez más, se presenta tóxica[2], se torna enferma y enfermiza.

Esa misma racionalidad masculina, por tradición cultural, somete no sólo a la racionalidad femenina, que es mirada no como complemento, sino como opositora, sino a formas distintas desde las que otros hombres operan y asumen su masculinidad, por fuera, claro está, de la costumbre, de la usanza y de lo que la cultura señala como válido y legítimo.

La política quizás sea el ámbito humano en el que con mayor claridad se expone esa masculinidad tóxica que contamina lo público, violenta a los diferentes, impide el diálogo respetuoso y simétrico entra actores y discursos, entre seres humanos, entre hombres y mujeres.

Para la muestra hay dos botones de esas masculinidades enfermizas que actúan políticamente, y cuyos efectos nocivos resultan ser sistémicos.

Los liderazgos mesiánicos suelen ser un rasgo fundamental de esa racionalidad masculina que en política resulta nociva para el agenciamiento de asuntos públicos, el logro de entornos democráticos y la resolución pacífica de los conflictos, connaturales a la condición humana.   

Haré referencia a dos líderes políticos latinoamericanos que mantienen su vigencia gracias a un ejercicio mediático que se hace desde unos criterios de noticiabilidad que le hacen juego a esa tóxica masculinidad.  Hablo de Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010 y Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de Venezuela desde 1998, a la fecha.

Los enfrentamientos verbales de estos ególatras dejan entrever actos de habla contaminados por esa racionalidad masculina que se funda sobre la violencia, sobre el uso de la fuerza física, la amenaza, el matoneo y todo tipo de señalamientos propios de una testosterona que los visibiliza más que como seres humanos, como machos irascibles.

Al reducir los asuntos de la política al enfrentamiento hormonal, personajes como Uribe y Chávez dicen y se intercambian epítetos como sea varón, le faltaron cojones o le doy en la cara marica, con los que no sólo exhiben un carácter primitivo, cuasi salvaje, sino con los que pusieron en riesgo la estabilidad de la región, por un eventual enfrentamiento armado cuando fungía como Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Los actos de habla que se producen desde una subjetividad masculina enferma, que se soporta en una idea de dominación, tienen efectos perniciosos en la política, en el sentido de lo público y en las formas en las que deben transcurrir y resolverse los conflictos entre Estados, entre gobiernos o entre individuos.

En el largo periodo de Uribe estuvimos ad portas de una intervención militar de Colombia en territorio venezolano, tal y como sucedió con la incursión armada del Ejército colombiano en suelo ecuatoriano, en la que resultó asesinado el líder guerrillero, alias ‘Raúl Reyes’.

Es decir, el Estado colombiano pudo violar por segunda vez el ordenamiento jurídico internacional, tal y como sucedió con el operativo militar realizado en Angostura (Ecuador), por una decisión del entonces Jefe de Estado  y de Gobierno, que fundó y funda aún su discurso pacificador en actos ilocutivos y perlocutivos soportados en el metadiscurso del gran macho.

Justamente, cuando un Estado opera desde los impulsos hormonales de un individuo que buscó afanosamente el poder para vengar la muerte de su padre, que usó dicho poder para compensar puntos débiles de su personalidad y de su menuda contextura física, y que además le sirvió como mecanismo de identificación con fuertes adversarios, en la búsqueda de superarlos, las instituciones y la institucionalidad democráticas, la política misma y la tradición diplomática se ven desbordadas de tal manera que terminaron debilitadas.

Eso hizo Uribe en Colombia y eso ha hecho y hace Chávez Frías en Venezuela, en especial con un discurso y unas acciones intimidantes en contra de la Oposición y de quienes no aceptan el modelo socialista, en especial, la concentración del poder en una sola figura que se torna invencible, irremplazable y con visos de deidad.

Los medios masivos, otro lugar de exhibición

La prensa es el escenario privilegiado en donde esa masculinidad enfermiza se replica a diario a través de hechos noticiosos divulgados por periódicos y noticieros radiales y de televisión, en donde se exhiben actos violentos perpetrados por hombres, que van desde violaciones y asesinatos a mujeres y menores de edad, accidentes de tránsito provocados por conductores borrachos (hombres), hasta declaraciones de guerra entre pandillas, carteles o entre Estados.

Periodistas presos del afán noticioso, reviven la vieja enemistad de los dos políticos latinoamericanos. Veamos algunos textos noticiosos de EL TIEMPO y EL ESPECTADOR, diarios colombianos:

El expresidente tildó de cobarde al venezolano, luego de que este le dijo que le faltaban "cojones". Evocando viejos tiempos, los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez entraron de nuevo en un enfrentamiento verbal sin medir palabras. La reacción más reciente fue del exmandatario colombiano, quien a través de Twitter calificó a Chávez de "cobarde". "Cuando capturábamos a un terrorista en Venezuela, de manera cobarde (Chávez) nos decía que él nos lo había entregado (...) Por miedo a la Farc no los capturaba y a nosotros nos decía que los sacáramos de Venezuela como lo hicimos con Granda", escribió Uribe en uno de cinco trinos que escribió en la mañana de este miércoles[3].
El otro diario bogotano recoge las reacciones de la misma manera: “La confrontación entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente venezolano Hugo Chávez no se detiene. Pasaron unas pocas horas para que Uribe respondiera a la más reciente arremetida de Chávez en la que aseguraba que a Uribe "le faltaron cojones" para intervenir en Venezuela. Vía Twitter, el expresidente colombiano enumeró las razones que tiene para tildar a Chávez de "cobarde" entre las que asegura que "por miedo a Farc no los capturaba”[4].
Estos  negativos y peligrosos liderazgos deben ser enfrentados con altas dosis de responsabilidad mediática y ciudadana, en aras de evitar caer en la complacencia, la admiración y el seguimiento a pie juntillas de actuaciones y de expresiones discursivas abiertamente prepolíticas, seudodemocráticas, poco civilizadas, pero sobre todo, encarnadas en un viejo y caduco machismo, que resulta de una masculinidad temerosa de ofrecer actitudes y actos de habla distintos a los que acompañan el uso de la fuerza física.





[1] Cyrulnik, Boris. Del gesto a la palabra. La etología de la comunicación en los seres vivos. España: Gedisa editorial. 2004. p. 49.
[2] Sinay, Sergio. La masculinidad tóxica. Un paradigma que enferma a la sociedad y amenaza a las personas. Editorial B, grupo Z.