miércoles, 3 de diciembre de 2014

CON LOS DINEROS PÚBLICOS NO SE JUEGA, EL CONTROL DEBE ROMPER SU SILENCIO.

MOVIMIENTO CÍVICODE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA

BOLETÍN DE PRENSA

CON LOS DINEROS PÚBLICOS NO SE JUEGA, EL CONTROL DEBE ROMPER SU SILENCIO.

Es inaudito y es escandaloso: a los ciudadanos y a los medios de comunicación se les dijo, que Millicom le entregaría al Municipio de Medellín una prima de manejo por 1.4 billones, por el control de UNE, pero la respuesta que le entregó el Gerente General de EPM, al Concejal  MIGUEL QUINTERO CALLE, el día 29 de septiembre de 2013, resulta desconcertante: Pregunta  2. “Me informe cuando fueron transferidos los $1.4 billones y los 23.000 millones por parte de MILLICOM al Municipio de Medellín.
Respuesta: “Como aclaración se debe tener en cuenta que Millicom Spain Cable S.L. no realizó ninguna transferencia de dinero al Municipio de Medellín producto de la fusión con UNE.”
La grave denuncia que estamos presentando, no es producto de la imaginación sino el resultado de una investigación paciente y juiciosa. Veamos por ejemplo: en un comienzo se informó que los 1.4 billones se iban a pagar por cuotas y que ya habían entregado 218.000 millones, y resulta que esta transacción nada tiene que ver con la fusión UNE Millicom Spain Cable S.L. Posteriormente se informó que los 1.4 billones ya habían sido entregados,  y el Gerente General de EPM dice que esa plata no ha entrado al Municipio.
Pero ahí no para el asunto, UNE en el 2012 tenía unas demandas contra terceros por $599 mil millones de pesos, las cuales no fueron tenidas en cuenta en el proceso de fusión, pero que si se ganan a Millicom le corresponde la mitad porque los dineros los recibiría la compañía fusionada. En cambio los 179 millones de Colombia Móvil por la renovación de la licencia de 40 MHz, los  dejaron por fuera.
Esto es apenas un abre bocas del resultado de la investigación que hemos adelantado, y que no dudamos en calificar en que lo de Medellín es más grave que el carrusel de la contratación en Bogotá, pues aquí  está claro el peculado en favor de terceros, por lo que públicamente le solicitamos al señor Contralor General de Medellín, pare el proceso de entrega de UNE a Millicom a cambio de nada, y que de no hacerlo lo denunciaremos penalmente ante la Fiscalía, por omisión y prevaricato.
Ante el muro de silencio que se ha construido para proteger a los responsables de estos graves hechos, les solicitamos a todos nuestros amigos que nos ayuden a replicar esta denuncia por todas las redes sociales.
De la comunidad y los trabajadores, en general, 
Atentamente,
  
GONZALO ÁLVAREZ HENAO                                                               JESÚS MARÍA LÓPEZ VELÁSQUEZ
Presidente                                                                                                Presidente
Movimiento Cívico de Medellín                                                                UNIGEEP
Y El Área Metropolitana                                                                           Unión Sindical Grupo Empresarial EPM

jueves, 20 de noviembre de 2014

LA PRENSA Y EL GENERAL ALZATE

Periodistas sin contexto, sin antecedentes, sin criterio y sujetos al 'síndrome de la chiva', no son aptos para cubrir un proceso de paz[1].


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


El lenguaje periodístico-noticioso es un arma ideológica y política que medios y periodistas usan para coadyuvar a la consolidación del Establecimiento. Ese lenguaje no sólo tiene el respaldo de la cultura hegemónica, sino que a diario se legitima por la acción informativa que la prensa hace sobre unas audiencias poco preparadas para discutir asuntos públicos.

Se puede decir, con meridiana certeza, que ese lenguaje es universal[2], por lo menos para Occidente. El lenguaje periodístico-noticioso suele guiarse y expresarse a través de unos criterios de noticiabilidad que devienen, también, universales. Nadie les discute a los periodistas qué es noticia y cuáles hechos pueden o no elevarse al estatus de noticia. Esos criterios suelen ser su camisa de fuerza y guía para poder cumplir con la labor de informar a una sociedad mediatizada.  

La espectacularidad y el morbo son elementos que hacen parte sustantiva de ese lenguaje periodístico-noticioso que, convertido en arma ideológica y política, sirve para deslegitimar, subvaloar y/o ocultar  cualquier expresión, práctica cultural, o proyecto político que justamente vaya en contravía de lo establecido. Así entonces, los medios de comunicación y los periodistas, al usar a diario el lenguaje periodístico-noticioso para nombrar y cubrir hechos de especial relevancia o importancia pública, lo que hacen es defender la cultura hegemónica y el Establecimiento. Sobre y desde dichas circunstancias siempre ha operado el periodismo colombiano, en especial en lo que tiene que ver con el cubrimiento del conflicto armado interno.

La pretendida universalidad[3] de los criterios de noticia y del lenguaje periodístico-noticioso es el soporte con el que  medios y periodistas vienen cubriendo el conflicto armado interno desde los años 60.  No se puede desconocer que en anteriores periodos hubo mayor pluralidad informativa. El periodismo colombiano logró cubrir los hechos de la guerra irregular con cierto rigor, desde la perspectiva de contrastar las versiones castrenses con la de otras fuentes (académicos y voceros de las guerrillas). Recuérdese que en los años 80 y 90 existió un  número importante de noticieros de televisión que de alguna manera aseguraban pluralidad informativa. Claro, se trataba de empresas periodísticas ancladas a poderes políticos partidistas y poderosas familias.

Pero hoy, cuando las empresas mediáticas pertenecen a poderosos conglomerados económicos, no se puede hablar de pluralidad informativa en estricto sentido. Por el contrario, lo que subsiste hoy en Colombia es una suerte de unanimismo[4] ideológico, político y mediático, del que la prensa y el periodismo en general son responsables por la aplicación de unos criterios de noticiabilidad y de un lenguaje periodístico-noticioso contaminado, comprometido y acomodaticio.

El caso del Gral Alzate

Ejemplo de lo anterior es el tratamiento periodístico-noticioso dado por la gran prensa nacional al “secuestro”, “detención” o “apresamiento” del General Alzate Mora y de quienes lo acompañaban en el momento de su “desaparición”: un suboficial y la abogada, Gloria Urrego.

Todo el tiempo la gran prensa nacional habla de secuestro, en especial los noticieros de televisión privados, RCN y Caracol. La prensa escrita, de igual manera, habla de que se trató de un secuestro perpetrado por las Farc. Hasta en La Luciérnaga se usa la misma categoría.

Sin estar aún claras las circunstancias en las que el alto oficial decidió desconocer los protocolos de seguridad y viajar vestido de civil a una zona de presencia guerrillera y paramilitar, la prensa colombiana insiste en que se trató de un secuestro. Y más aún, con el reconocimiento que la cúpula de las Farc hizo sobre la suerte del General y la de sus acompañantes. Las Farc lo exhiben como un prisionero de guerra, pero la prensa desconoce esa categoría, con el claro fin de afectar la credibilidad del proceso de paz de La Habana, de cara a la posibilidad de que lo acordado sea refrendado a través de un referendo. Es claro que la prensa nacional busca confundir a la opinión pública y hacer que a la hora de votar de los acuerdos, la balanza se incline hacia la opción No aprobar.  

Así entonces, están las audiencias y los colombianos en general ante dos discursos. De un lado, el discurso oficial que señala que el General fue secuestrado. Esa versión es recogida sin ambages por el lenguaje periodístico-noticioso, lo que de inmediato produce una fusión discursiva[5] que convierte al lenguaje mediático en un arma ideológica y política de gran poder.  Y del otro lado, aparece el discurso de las Farc, que como actor político armado, asume que dentro de la lógica de un conflicto armado interno y en el marco de unas negociaciones que se pactaron en medio de las hostilidades, el enemigo debe y puede ser herido o  muerto en combate, o hecho prisionero.  La discusión técnica y jurídica deviene confusa cuando las dinámicas de las confrontaciones superan las valoraciones y las prescripciones de normas internacionales  y protocolos, como el II, que se aplicaría para el caso colombiano.

Más allá de esas normas, y en el contexto de un conflicto degradado en el que los actores armados no respetan la normatividad internacional (DIH), tanto el lenguaje de las Farc, como el de las Fuerzas Armadas, devienen legítimos. Y así debería de asumirlos la gran prensa nacional.

El problema radica cuando los medios masivos, el periodismo y un gran número de periodistas asumen como propio y único lenguaje válido, el que se emite desde las huestes castrenses. Cuando ello sucede, entonces la prensa y el lenguaje periodístico-noticioso se convierten en armas ideológicas y políticas al servicio de quienes defienden a dentelladas un orden político y económico cuya legitimidad viene siendo cuestionada y atacada sus estructuras de poder,  por quienes hoy creen que es posible, a través de los diálogos de paz,  modificar ese orden con el fin de hacerlo más justo e incluyente.

Con todo lo anterior, y con la posibilidad de que se dé una pronta liberación o “devolución” de los militares y la abogada, bien se podría pensar en la conformación de un grupo de periodistas, nacionales y extranjeros, que cubra el hecho político, humanitario y periodístico desde una perspectiva informativa que reconozca la validez de los discursos de los “guerreros” y pueda, de esa manera, entregar a las audiencias una información aséptica o quizás menos tendenciosa. Ello, de cara a minimizar la pérdida de confianza de la ciudadanía en el proceso. Confianza que se necesitará para el día en que se los colombianos debamos votar por la refrendación de lo que se acuerde en La Habana entre la cúpula de las Farc y el Gobierno de Santos.



Varios aforismos para pensar:

  1. No olvidemos que los medios masivos son actores políticos y económicos, de allí que debamos siempre dudar de lo que dicen.
  2. Cuando el periodismo no está de lado de los débiles, pero sí al servicio de los poderosos, se transforma en ideología.
  3.  Opinión pública acrítica, ahistórica e incapaz de comprender qué pasa, es fruto de las unidades de negocio en donde hoy se hace periodismo.
  4. Cuando el periodista admira o siente un desmesurado respeto por una fuente, allí muere el reportero y nace un estafeta.
  5. Nos preocupamos por la manera como informan los medios, cuando lo que debemos hacer es enseñar a las audiencias a consumir la información.
  6. Concibo al periodista como un intelectual. Aquel que se apega a la técnica del oficio, jamás lo será.
  7. En los tratamientos periodístico-noticiosos de la prensa es posible entrever cuán enferma están la sociedad y sus periodistas.
  8. Cuando un Gobierno no compra a la prensa con pauta publicitaria, la convierte en el más peligroso actor político.


martes, 26 de agosto de 2014

BOLETÍN DE PRENSA: MOVIMIENTO CÍVICO DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA

MILLICOM CON UNA EMPRESA FACHADA DE UN CAPITAL DE 20 MIL EUROS Y UN OBJETO SOCIAL DISTINTO AL DE LAS TELECOMUNICACIONES, SE APODERÓ DE  UNE
 
Esto es como para Ripley, Millicom fusiónó una empresa  de garaje constituida en julio de 2013. Esto es, dos meses después de aprobado el Acuerdo 17 de 2013. El capital social de la flamante empresa es de 20 mil euros, que convertidos a pesos colombianos son $ 49.472.779, con  un objeto social distinto al de las telecomunicaciones, como quiera que su principal actividad, es: “La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de sociedades  y otras entidades, sean éstas residentes o no en territorio español”. Dejando íntegra a COLOMBIA MÓVIL - TIGO.
 
Este es un negocio redondo para Millicom: dueño del 49.9999% de la propiedad de UNE EPM Telecomunicaciones, y sólo tuvo que poner  20 mil euros más 1.4 billones, los que va a pagar por cuotas con las mismas utilidades de UNE; y quedó con la presidencia y la mayoría en la junta directiva de la nueva empresa. Mientras COLOMBIA MÓVIL TIGO  sigue prestando los servicios de telecomunicaciones de manera independiente, habida cuenta que no se integró a UNE, ni se disolvió. No obstante la Superintendencia de Industria y Comercio, haber aprobado la fusión UNE-COLOMVIA MÓVIL – TIGO.
 
En la parte resolutiva de la Resolución 24527 de 2014, se dispuso:
 
(…)   RESUELVE:
 
“ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la fusión por absorción entre UNE y COLOMBIA MÓVIL – TIGO en los términos descritos en el considerando SEGUNDO de esta resolución, sujeto al cumplimiento del condicionamiento previsto en el considerando DECIMO OCTAVO de esta Resolución”. MILLICOM no puede dejar por fuera de esta fusión, a COLOMBIA MÓVIL –TIGO.
 
Para respaldar esta denuncia, citaremos la parte pertinente de  la escritura N° 2471 del 14 de agosto de 2014, de la Notaría (26) de Medellín, tal como aparece en el certificado de existencia de la Cámara de Comercio de Medellín: “Por la cual se solemniza el acuerdo de fusión entre las sociedades UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A. (365172-4) como Absorbente y la sociedad  MILLICOM SPAIN CABLE S.L (ABSORBIDA) (Domiciliada) en España), la cual se disuelve sin liquidarse”. ¡Cómo la iban a liquidar, sino posee nada!
 
COLOMBIA MÓVIL- TIGO  se tiene que disolver e integrarse a UNE ¿O que nos digan el Gerente General de EMP y el Doctor Iriarte, si UNE fue vendida por  1.4 billones? No se puede hablar de una potente empresa de telecomunicaciones, cuando UNE se fusionó con una criatura minusválida y de otra especie.
 
 
 
GONZALO ÁLVAREZ HENAO                                                                JESÚS MARÍA  LÓPEZ VELÁSQUEZ
Presidente                                                                                                 Presidente, UNIGEEP
MOVIMIENTO CÍVICO DE MEDELLÍN                                                     UNIÓN SINDICAL GRUPO
Y EL ÁREA METROPOLITANA                                                                EMPRESARIAL EPM

martes, 10 de junio de 2014

TENER O TENER, ESA ES LA CUESTIÓN

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. 


Colombia arrastra la ‘maldición’ de ser un país biodiverso mal administrado por sucesivos gobiernos, que con débiles instituciones y un torpe centralismo, pretenden dar cuenta de un desarrollo sostenible en medio de la aplicación de prácticas extractivistas que no respetan límites de resiliencia.

Tendría Colombia todo para ser una ‘potencia’ dicen muchos; otros menos ambiciosos dicen que con toda la riqueza y con la creatividad de su gente podría por lo menos ofrecer condiciones de vida digna para todos sus nacionales. Pero la verdad es que el país, como orden social y político avanza en medio de enormes dificultades que hacen imposible que lleguemos a elevarnos como ‘potencia’ y logre garantizar una vida digna para todos sus nacionales. Y es así porque no existe una mínima claridad en torno a nomenclaturas como autonomía, soberanía, solidaridad y reconocimiento del otro, entre otros elementos claves.  

La responsabilidad recae en muchos actores y factores. Podría decirse, por ejemplo, que el país no rompió del todo con su pasado colonial. Jamás hubo una revolución política y mucho menos cultural que permitiera romper con un pasado de dominación que parece haber dejado profundas secuelas en las formas como los colombianos se representan lo público, lo estatal y lo privado.

También se indica que sus élites han sido incapaces de liderar procesos civilizatorios y coadyuvar a la  consolidación de un proyecto de Nación incluyente. De igual manera, hay que señalar a la ignorancia supina de millones de sus nacionales y la pobreza material e inmaterial de otros tantos, como circunstancias que impiden que Colombia haya superado no sólo el conflicto armado interno, sino la pobreza urbana y rural, cada vez más visible y difícil de superar. Al final es claro que subsisten factores, actores y circunstancias contextuales que han impedido la consolidación del Estado como un orden social y político viable social, política, cultural y ambientalmente.

Pero con todo y los problemas, el orden social se mantiene y se reproduce porque las relaciones de dominación y de poder tienen un fuerte arraigo en la cultura y esa cultura se legitima por la acción u omisión del Estado, sin olvidar que existe un diseño constitucional que asegura unos mínimos de sostenibilidad para ese orden social y político.

Se suele explicar y justificar la existencia del conflicto armado interno y las múltiples expresiones de violencia urbana por la pobreza estructural y coyuntural de millones de colombianos. Pobreza que suele enfrentarse con políticas asistenciales que poco o nada logran modificar los índices de pobreza (NBI), al tiempo que los gobiernos neoliberales logran concentra más la riqueza en el sistema financiero y en algunas reducidas familias. Pablo Dávalos considera que “para el capitalismo los pobres son fundamentales, son el engranaje que aceita sus relaciones de poder. Son la heurística de la escasez. Nunca se trató de aliviar ni mitigar la pobreza, se trató, en realidad, de ejercer el poder en condiciones  de hegemonía que permitan cerrar la historia a las propuestas alternativas  y emancipatorias…”[1]

Así, la lucha contra la pobreza es histórica. Y en medio de esa aparente lucha, parece que las organizaciones financieras, políticas y ONG de carácter  internacional olvidan que la pobreza se produce y se reproduce gracias al capitalismo. Pablo Dávalos señala que “…  lo que no se dice es que la pobreza es inherente al mismo desarrollo del capitalismo y que los proyectos que financia en Banco Mundial no solo que provocan  más pobreza sino que apelan a la violencia para sostenerla y en aquellos lugares en los que interviene las sociedades quedan fracturadas de manera irremisible y los conflictos sociales se agudizan y exacerban[2].

Sin duda, la lucha contra la pobreza no sólo es aparente, sino que deviene contradictoria y profundamente inocua porque hay un sistema que la produce y la reproduce. Poderoso sistema económico, nacional e internacional que ha logrado descentrar la política, restándole así poder a la lucha social, a los movimientos sociales y a los sectores opositores al modelo económico neoliberal.

Resulta contradictoria la lucha contra la pobreza cuando se diseñan y se implementan  políticas públicas como Familias en Acción (Plan Colombia), que llevaron a que madres receptoras de los subsidios recomendaran a sus hijas adolescentes embarazarse para que recibieran el dinero estatal. Sin duda, estamos ante una política pública contradictoria que termina por reproducir la pobreza con la anuencia del Estado.

La responsabilidad de este tipo de iniciativas gubernamentales no sólo recae en los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos, sino en los partidos políticos y en la sociedad misma. En particular en los partidos de izquierda que deben trabajar en la educación y en el cambio cultural de los más necesitados, en lugar de convertirlos en objetos a conquistar con subsidios y acciones paliativas que no confrontan el problema estructural de un sistema económico que segrega y reproduce la pobreza y la miseria.

Es allí en donde deben trabajar la Iglesia Católica, los partidos de izquierda y las ONG, entre otros actores. Es decir, educar, mejorar procesos civilizatorios y un cambio cultural que permita a todos los ciudadanos repensar sus vidas más allá de las ‘presiones’ que ejerce la sociedad sobre mujeres y hombres en el sentido en que deben reproducirse, sin revisar las condiciones económicas y de capital social acumulado para enfrentar el reto de ser padres.

Pero volvamos a ese omnímodo poder económico que produce y reproduce la pobreza.  La pregunta es: ¿Cómo enfrentarlo? Existe una forma aún no explorada para enfrentarlo, desde la perspectiva ciudadana y de los movimientos sociales. Se trata de una circunstancia que bien cabe dentro de lo que se conoce como biopoder, pero direccionado desde las huestes sociales. Hablo de la reproducción humana como elemento de un biopoder que se opone al poder económico y financiero que reproduce la pobreza.

De cara a enfrentar los efectos nocivos que dejan el mercado, la globalización económica, el capital financiero y sus agentes internacionales y locales en la condición humana,  un camino posible para enfrentar no sólo la pobreza, sino el empobrecimiento de la experiencia de la vida anclada como nunca al poder del dinero, del mercado y del consumo, es frenar el nacimiento de seres humanos, especialmente en aquellas comunidades urbanas[3] frágiles, vulnerables y pobres que viven del asistencialismo estatal y de la mirada y las acciones lastimeras de la Iglesia Católica, de ONG y de ciudadanos acomodados económicamente que desean exculparse haciendo obras benéficas. Y no se trata de imponer el control de la natalidad. Hablo de auto deliberación, de autoconciencia. Cada ciudadano debería ser capaz de discutir si quiere o no, si realmente puede o no garantizar una vida digna para los hijos que piensa tener.

Insisto en que reproducirse debe ser un factor político clave en el marco de una concepción distinta del biopoder. Y ese poder está especialmente concentrado en las mujeres y en su capacidad para manejar y disponer de sus cuerpos. Mujeres empoderadas social, política y económicamente pueden resultar decisivas para modificar sustancialmente los imaginarios y las representaciones sociales que circulan frente a la ‘obligatoriedad’ de ser madres. Tener o no tener hijos es hoy un asunto de indiscutible valor ético-político.



Nota: Publicado en www.programalallave.com  

http://www.programalallave.com/opinion.php?titulo=TENER%20O%20TENER,%20ESA%20ES%20LA%20CUESTI%C3%93N&autor=GERM%C3%81N%20AYALA

[1] Dávalos, Pablo. La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina. Colección del Congreso de los Pueblos. Ediciones Desde Abajo. p. 106

[2] Dávalos, Pablo. La democracia disciplinaria. p. 27.

[3] Las comunidades indígenas deben reproducirse porque son minoría y deben garantizar su permanencia en tanto sus proyectos de vida confrontan el modelo de vida basado en la acumulación económica. 

jueves, 21 de febrero de 2013

DEL CAGUÁN A LA HABANA: LA GUERRA, ASUNTO DE ESTADO; LA PAZ, ASUNTO DE GOBIERNOS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. www.laotratribuna1.blogspot.com


La paz en Colombia ha sido esquiva por cuanto en  los centros de poder social y político, la guerra  no se ha entendido de manera consensuada como un asunto político, de allí que específicos gobiernos le hayan dado un tratamiento exclusivamente policivo, debilitando aún más el carácter político que precede y sostiene a esta guerra interna. Lo que ha sucedido en Colombia es que la guerra ha sido un asunto de Estado, pero la búsqueda de la paz, por el contrario, ha sido y lo es aún, un asunto de Gobiernos.

Ha sido difícil que el Estado en su conjunto  y sectores tradicionales de la sociedad civil miren y comprendan que la guerra interna tiene un natural carácter político, que no puede simplemente desconocerse a juicio de sectores interesados en minimizar su impacto y sus características, a través de políticas públicas como la Política de Defensa y Seguridad Democrática en la que el conflicto como tal no existe y en la que se señala y se califica que lo que existe en Colombia son agrupaciones terroristas o una simple amenaza terrorista.

En ese camino de entender y comprender el conflicto interno como un asunto político, aparecen episodios en los que la política, como conjunto de reglas y como posibilidad de resolver los conflictos y las diferencias, se confunde con apuestas y coyunturas electorales[1] con las que la búsqueda de la paz queda contaminada por los afanes de quienes buscan llegar al poder del Estado. Y ese sentido electoral tiene en las regiones unas dinámicas bien particulares en las que conviven prácticas de economía ilegal (narcotráfico), con habilidades políticas asociadas al clientelismo y al poder de gamonales y familias poderosas, tradicionales y emergentes, con las que el conflicto, la guerra, adquiere dimensiones distintas que hacen compleja su comprensión.

La paz en el gobierno de Pastrana, la guerra en los dos periodos de Uribe y la paz, con Santos Calderón

En las elecciones de 1998, Pastrana Arango buscaba llegar a la Casa de Nariño, precedido de una amarga derrota electoral que le infringió Ernesto Samper Pizano. Acosado por su afán de convertirse en Presidente, Pastrana apostó su futuro político, jugando con la paz. Utilizó la paz, el sueño de millones de colombianos, como recurso electoral para llegar al Solio de Bolívar. Y a fe que lo logró: de la fina maniobra electoral de Pastrana en 1998, nació un nuevo proceso de paz con las Farc. Proceso que resultó fallido por la presión mediática y de sectores de poder económico, político y militar, a los que se sumaron errores políticos y militares tanto de las Farc como de quien fungió como Presidente de Colombia entre 1998 y 2002. De otro lado, las circunstancias generadas por los atentados terroristas en los Estados Unidos (9/11), fueron determinantes y definitivas para que el Gobierno que sucedió a Pastrana, asumiera ese elemento del contexto internacional para desconocer de manera tajante el carácter político del conflicto y el de las agrupaciones guerrilleras. 

Convertida la zona de distensión en tierra de nadie, en donde floreció por poco tiempo un soñado Estado fariano[2], la llamada opinión pública terminó no sólo desengañada del sueño de paz que cobró vida a partir del abrazo histórico entre el entonces Pedro Antonio Marín (alias Manuel Marulanda Vélez) y Andrés Pastrana Arango, sino que terminó convencida de que los diálogos no llevaron a la paz por culpa exclusiva de la cúpula de las Farc. La verdad es que el proceso se rompió en buena medida por el manejo irregular que le dio la agrupación armada ilegal, pero también, por el doble juego planteado por Pastrana en torno a que de un lado internacionalizó el conflicto, con el Plan Colombia  y la fuerte presencia de los Estados Unidos, y por el otro, permitió que la agrupación guerrillera usara a discreción una zona que por momentos fue un escenario de diálogo interesante en lo que se llamó en su momento las audiencias públicas. Fue el Plan Colombia de Pastrana el que abrió todas las posibilidades para que se fortaleciera la institucionalidad armada de la cual se beneficiaría el gobierno de Uribe Vélez.

Para destacar de ese fallido proceso, la Agenda Común para un Nueva Colombia, con 12 puntos de contenido que dieron muestra de que es posible que las fuerzas enfrentadas, las del Estado y las de las Farc, pueden llegar a coincidir en varios puntos y asuntos que terminan demostrando que el orden social y político establecido ofrece no sólo problemas de legitimidad histórica, sino dificultades en su viabilidad.    

Mientras que las fuerzas estatales mejoraban y modernizaban el armamento con la ayuda técnica y militar allegada gracias a los recursos internacionales a través del Plan Colombia, las Farc hicieron lo mismo, usando la zona de distensión para recibir armamento a cambio de droga, hacer mantenimiento a los equipos, recuperar a los enfermos y someter a proceso de reentrenamiento a varios de sus frentes. Nuevamente, se dialogó en medio de la guerra, con la esperada mirada moralizante de los medios masivos y de otros sectores tradicionalmente reacios a que se dialogue con las guerrillas. Con cada ataque y golpe dado por las Farc a la fuerza pública, se generaban climas de opinión desfavorables en torno a la real voluntad de paz de uno de los actores de la guerra.

Roto el proceso de paz, el único camino que se abrió fue el de la confrontación militar. El escenario electoral de 2002 sirvió no para soñar con la paz, sino para delirar con la solución militar al conflicto, por la vía de la eliminación del enemigo. Uribe, ungido como el Mesías, asumió, como nunca lo había hecho un Presidente en la historia reciente, el papel de máximo comandante de las fuerzas armadas, con el claro propósito de acabar con las Farc, aprovechando las ventajas comparativas que su antecesor le dejó con el Plan Colombia. Uribe mandó entre 2002 y 2010.

Los duros golpes dados a las Farc, magnificados por una prensa hincada a su poder, fueron elementos suficientes para que sectores de la derecha colombiana apoyaran política, social y económicamente la aventura reeleccionista, que asegurar la victoria militar que para muchos estaba cerca. El fin del fin hacía parte de la euforia colectiva que generó un Gobierno de mano dura, que apeló al odio generado por la presencia otoñal de unas guerrillas cada vez más lumpenizadas por la penetración del narcotráfico y por la incapacidad técnica y operativa de sus comandantes para mantener la unidad y el control de los frentes, dado la presión militar de las fuerzas estatales. 

En una muy fina cirugía constitucional, la guerra a muerte contra las Farc se extendería cuatro años más. El resultado, una cúpula fariana golpeada y acosada por constantes bombardeos. Bastó la decisión política y militar de usar grandiosas ventajas militares aseguradas a través del Plan Colombia, para hacer posible que hoy presenciemos unos nuevos diálogos de paz, esta vez, y nuevamente[3], fuera del país.

Retomemos. Mientras que Pastrana jugó electoralmente con el carácter político del conflicto armado interno,  su sucesor, Álvaro Uribe Vélez desconoció dicho carácter y logró inocular en millones de colombianos, la idea de que efectivamente el país enfrentaba una amenaza terrorista. En parte lo logró con la aplicación técnica y política de su política de seguridad democrática, y por supuesto, lo pudo hacer gracias a las empresas mediáticas que cerraron filas en torno a su política de mano firme y claro está, a las muchas acciones desesperadas de las Farc, que merecían y merecieron el calificativo de terroristas.

Así, entonces, el carácter político de la guerra colombiana ha sido manoseado, desconocido, bien por coyunturas electorales o por apuestas político-militares, siempre en beneficio de someter a una fuerza ilegal que históricamente ha sido la única capaz de develar, confrontar y proponer cambios al injusto orden social, económico y político vigente en Colombia, dada la precariedad discursiva, operativa y política de los partidos políticos, los sindicatos y la academia.

Terminado el aciago periodo de Uribe Vélez, en medio de escándalos por corrupción y violación sistemática de los derechos humanos (‘falsos positivos’ y las ‘chuzadas’ del DAS[4]) y en medio del triunfalismo militar, el poder del Estado lo asumiría en 2010 quien fungió como Ministro de la Defensa de Uribe Vélez: Juan Manuel Santos Calderón. Hijo de la rancia élite bogotana, Santos Calderón daría un giro importante, devolviéndole el carácter político al conflicto armado. Lo hizo en dos momentos: el primero, reconociendo que efectivamente en Colombia había un conflicto armado, lo que le permitió crear, junto con el Congreso de la República lo que se conoce como la ley Marco para la Paz; y el segundo momento, cuando con la misma ayuda del Legislativo, se dio vida a la ley de víctimas y restitución de tierras. Con estos dos elementos jurídico-políticos se dio vida a un nuevo proceso de paz que, sin el consenso social y político del proceso de paz liderado por Pastrana, camina a pesar de los embates mediáticos y los de una férrea oposición de ganaderos y terratenientes, liderados por el hoy ex presidente Uribe. 

Devolverle el carácter político a la guerra, al conflicto y al principal actor ilegal, le permitió a Santos hablar de paz, sin que el país esté sintonizado completamente con el asunto. Es claro que en el plano interno el proceso de paz no cuenta con un amplio consenso. Por el contrario, hay un ambiente de incertidumbre, de duda y de un muy moderado optimismo alrededor de lo que pueda suceder en la mesa de diálogo instalada en La Habana. Contrasta lo anterior con el apoyo brindado por varios países y el buen recibo que del proceso de paz manifestó la ONU.

Contrario a lo que hizo Pastrana[5], Santos no sujetó su plan de gobierno a la paz, al proceso mismo. Es decir, la agenda de paz, su abordaje y discusión la entregó a sus negociadores, con el firme propósito de tratar de no amarrar la agenda pública de su Gobierno, a un proceso incierto del que no se sabe a dónde llegará.

La complejidad de los cinco puntos acordados en la agenda y la propia dinámica dada por los equipos negociadores de la cúpula de las Farc y del Gobierno de Santos, ha llevado a que los diálogos de paz queden sujetos, nuevamente, a la coyuntura electoral, esta vez con un significado especial: se trata de la reelección de Santos. Eso sí, con un agravante: existen sectores de poder que vienen haciendo oposición directa y soterrada a la gestión del presidente Santos, juego político en el que aparecen fuerzas uribistas que desean recuperar el poder para, nuevamente, desmontar el perfil político de la guerra colombiana.

Dada la debilidad manifiesta de los partidos políticos, de los sindicatos, de la Academia y la imposibilidad los medios de comunicación de mediar a favor de la superación del conflicto, los temas de la agenda de paz y los asuntos propios de la forma como opera el actual orden político en Colombia no se discuten de manera amplia entre sectores de la sociedad civil y en amplios escenarios públicos. Ese es quizás el mayor obstáculo que han enfrentado quienes de tiempo atrás agencian escenarios de paz en Colombia, de cara no sólo a la superación del conflicto, sino a la comprensión de su carácter político, que conlleve a aceptar que la solución debe tener ese mismo perfil.

A lo anterior se suma la débil institucionalidad estatal, producida por grupos de poder interesados en mantener dicha labilidad hasta límites sostenibles del orden establecido. Esa histórica circunstancia impide que el conflicto armado sea asumido por el Estado en su conjunto, como un asunto político, y por ese camino, se piensen y se diseñen salidas políticas negociadas que lo superen.


[1] Elemento y factor que hace parte de la política y que para el caso colombiano resulta nefasto en la medida en que con lo electoral, las fuerzas políticas enfrentadas y ganadoras en los escenarios electorales, terminan legitimando una democracia formal y excluyente y por ese camino, intentan desestimar la lucha política armada de las guerrillas e insistiendo en que es posible cambiar el injusto orden social y político, a través de las urnas, a pesar de la presencia del clientelismo y de la posibilidad de que grupos de poder alimenten episodios de violencia política.

[2] Que sirvió para probar que en el proyecto revolucionario de las Farc subsisten elementos propios de la ideología conservadora, en especial en lo que tiene que ver con el derecho de las personas al libre desarrollo de la personalidad y a la clara separación entre las esferas privada y pública. Las Farc ejercieron labores policivas de control cultural e ideológico que los hizo aparecer como una agrupación con unos ideales cercanos a los del partido conservador y de una cultura machista. Se convirtieron en una suerte de policía revolucionaria, que controlaba, vigilaba y castigaba prácticas sociales consideradas como negativas, como por ejemplo, episodios de violencia intrafamiliar, señalamientos y castigos a los hombres que golpearan a sus compañeras y a jóvenes que usaran aretes, pelo largo y exhibieran su homosexualidad. En lo económico, las Farc emitió la Ley 002 mediante la cual impusieron gravámenes a empresas y empresarios.

[3] En el periodo de Belisario Betancur Cuartas se dialogó en Tlaxcala, México y en otros países. Resultado de esos diálogos de paz fue la creación de la Unión Patriótica, brazo político de las Farc, con el que dicha agrupación armada ilegal pudo participar en política y en escenarios electorales. Una combinación de fuerzas del Estado, de grupos paramilitares y narcotraficantes, eliminó a más de 3.000 militantes de esa naciente colectividad.

[4] Departamento Administrativo de Seguridad. Esta entidad, que dependía directamente de la Presidencia, fue cooptada por el Paramilitarismo, cumplió el papel de policía política, para vigilar, perseguir y afectar la vida de quienes fueran señalados como enemigos del régimen o detractores del gobierno de Uribe. Entre las víctimas aparecen magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, académicos e intelectuales. El gobierno de Santos la liquidó. Hoy existe la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI.

[5] Sin retomar en forma directa los puntos de la Agenda lograda en el proceso de paz de Pastrana, tanto la cúpula de las Farc, como los negociadores del Gobierno de Santos, convinieron una agenda de cinco puntos: 1. Política de desarrollo agrario integral. 2. Participación política. 3. Fin del conflicto. 4. Solución al problema de las drogas ilícitas. 5. Víctimas y verdad.