Por: Johana Cassaleth
A lo largo del mes de junio, Álvaro Uribe ha manifestado que se debe alargar el tiempo de cobro del impuesto de guerra, que fue implantado en 2006 para que rigiera desde 2007 hasta finales de 2010. Su propósito era financiar la guerra contra el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares, invertir en armamento y aumentar el pie de fuerza. Dicha contribución sería cobrada a personas o empresas con un patrimonio mayor a $3.000 millones, que darían al gobierno el 1.2%. Sin embargo, el dinero recaudado no le alcanzó al gobierno para financiar el desmesurado gasto militar y hoy el mandatario propone que se alargue el tiempo de cobro de este tributo y extenderlo a la clase media, cobrando entre el 0,5% y el 0,7%. En la clase media, este tributo se convertiría en permanente, mientras que para los ricos sería transitorio.
La explicación que da el presidente es que no se alcanzarán a recaudar los recursos suficientes para sostener ni para aumentar el pie de fuerza que requiere mantener la política de 'seguridad democrática'. Además, recuerda que EEUU redujo el dinero que está previsto en el Plan Colombia, puesto que no se han visto reducciones sensibles en los cultivos de coca y en la exportación de cocaína, que aumentaron en el 25% y el 15%, respectivamente, luego de nueve años de aplicación de dicho plan.
Por otro lado, el contralor general, Julio César Turbay, señaló el riesgo de no cumplir dicha meta, ya que no están asegurados los recursos para la Fuerza Pública de este año. En el periodo 2007-2008 los dineros recaudados ascendieron a $4,53 billones, siendo superiores éstos a los gastos en defensa, lo cual no sucede este año, pues sólo se recogerán $2,06 billones y el gasto será igual al del año pasado, dejando un desfase de $840.000 millones. La preocupación del contralor obedece a que no será nada fácil recaudar el monto necesario, puesto que la desaceleración de la economía, la devaluación del dólar y las dificultades que enfrentan las empresas declarantes del impuesto patrimonial son factores que lo desequilibran. Sin embargo, también insistió en que el gobierno debería revisar de nuevo la sostenibilidad de la 'seguridad democrática' y en que quienes deberían seguir pagando son las clases altas.
Pero no sólo la Contraloría se pronunció sobre la iniciativa presidencial. Fedesarollo presentó un informe en donde expone que, de continuar con el impuesto al patrimonio, éste no debería dedicarse a pagar el gasto militar sino para poder solventar el mal rendimiento en el recaudo tributario general. Desde 1990 hasta 2008 se ha aumentado el gasto en defensa con elevadas tasas: para este año, el presupuesto para la Fuerza Pública ocupa el 15% de las cuentas de la nación.
A lo largo del mes de junio, Álvaro Uribe ha manifestado que se debe alargar el tiempo de cobro del impuesto de guerra, que fue implantado en 2006 para que rigiera desde 2007 hasta finales de 2010. Su propósito era financiar la guerra contra el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares, invertir en armamento y aumentar el pie de fuerza. Dicha contribución sería cobrada a personas o empresas con un patrimonio mayor a $3.000 millones, que darían al gobierno el 1.2%. Sin embargo, el dinero recaudado no le alcanzó al gobierno para financiar el desmesurado gasto militar y hoy el mandatario propone que se alargue el tiempo de cobro de este tributo y extenderlo a la clase media, cobrando entre el 0,5% y el 0,7%. En la clase media, este tributo se convertiría en permanente, mientras que para los ricos sería transitorio.
La explicación que da el presidente es que no se alcanzarán a recaudar los recursos suficientes para sostener ni para aumentar el pie de fuerza que requiere mantener la política de 'seguridad democrática'. Además, recuerda que EEUU redujo el dinero que está previsto en el Plan Colombia, puesto que no se han visto reducciones sensibles en los cultivos de coca y en la exportación de cocaína, que aumentaron en el 25% y el 15%, respectivamente, luego de nueve años de aplicación de dicho plan.
Por otro lado, el contralor general, Julio César Turbay, señaló el riesgo de no cumplir dicha meta, ya que no están asegurados los recursos para la Fuerza Pública de este año. En el periodo 2007-2008 los dineros recaudados ascendieron a $4,53 billones, siendo superiores éstos a los gastos en defensa, lo cual no sucede este año, pues sólo se recogerán $2,06 billones y el gasto será igual al del año pasado, dejando un desfase de $840.000 millones. La preocupación del contralor obedece a que no será nada fácil recaudar el monto necesario, puesto que la desaceleración de la economía, la devaluación del dólar y las dificultades que enfrentan las empresas declarantes del impuesto patrimonial son factores que lo desequilibran. Sin embargo, también insistió en que el gobierno debería revisar de nuevo la sostenibilidad de la 'seguridad democrática' y en que quienes deberían seguir pagando son las clases altas.
Pero no sólo la Contraloría se pronunció sobre la iniciativa presidencial. Fedesarollo presentó un informe en donde expone que, de continuar con el impuesto al patrimonio, éste no debería dedicarse a pagar el gasto militar sino para poder solventar el mal rendimiento en el recaudo tributario general. Desde 1990 hasta 2008 se ha aumentado el gasto en defensa con elevadas tasas: para este año, el presupuesto para la Fuerza Pública ocupa el 15% de las cuentas de la nación.
Fuente: EL Turbion
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